Por Germán Ayala Osorio, comunicador social-periodista y politólogo
Con la decisión adoptada por
la Contraloría
General de la República (CGR) consistente en la imputación de cargos de
responsabilidad fiscal a Sergio Fajardo y a otros tantos ciudadanos vinculados
con la concepción y ejecución del proyecto de hidroituango,
las suspicacias sobre lo decidido no se hicieron esperar. Los recelos los
expusieron algunos miembros del partido Verde y el senador Jorge Enrique
Robledo, quienes, junto a periodistas afectos a Fajardo, dejaron entrever que
detrás de la decisión del órgano de control había intereses políticos y
electorales. Las dudas y miedos se
expresaron señalando que se trata de una decisión política y no técnica.
La verdad es que todas las
actuaciones de la CGR, per sé, constituyen un acto político en la medida en que
como órgano de control tiene no solo el poder, sino la autoridad legítima para
investigar hechos relacionados con el detrimento patrimonial de obras de
interés público, en donde se invierten recursos estatales bajo las actuaciones
de empresas públicas y agentes de Estado. Además, la escogencia del Contralor General
corresponde a una decisión política, ancorada en finos procesos de clientelismo
y pactos electorales-burocráticos suscritos por los partidos que avalaron su
nombramiento. Es el caso del actual Contralor, Carlos
Felipe Córdoba.
Así las cosas, la decisión de
la CGR, sin duda, es política desde el punto de vista de las relaciones de
poder, el ejercicio del mismo y la autoridad que como órgano de control tiene
para investigar a los exgobernadores de Antioquia, Sergio Fajardo y Luis
Alfredo Ramos, y al exalcalde de Medellín, Aníbal Gaviria, entre otros
ciudadanos.
Otro asunto es que los
hallazgos y las pruebas allegadas por el equipo de la Contraloría General de la
República hayan sido “ensuciados” por Carlos Felipe Córdoba, siguiendo
instrucciones políticas de los sectores de poder político interesados en
afectar la precandidatura presidencial de Fajardo, quien de tiempo atrás es el consentido
del Grupo Empresarial Antioqueño (GEA) y de otros agentes económicos de la
sociedad civil que lo quieren llevar a la presidencia signado como una opción
de centro, “no polarizante” y sobre todo, “decente”. Huelga señalar que Fajardo
es un uribista enclosetado, un político de Derecha, godo y camandulero, como
los miembros de la élite empresarial antioqueña que lo quiere poner en el Solio
de Bolívar.
Como hecho político, la imputación
de cargos a Fajardo Valderrama “calienta” el ambiente preelectoral y obliga a
que las cabezas visibles del régimen político empiecen desde ya a recomponer
alianzas, a establecer pactos y a reorientar apoyos gremiales, electorales y
políticos, de cara a las elecciones de 2022. Ahora, más allá de las tensiones
político-gremiales que genera la decisión de la CGR, lo cierto es que la imagen
de Fajardo Valderrama cada vez se desdibuja más, proceso que va de la mano de
la caída de su mascarada democrática, con la que él mismo se ha vendido como un
político sin tacha, amigo del diálogo y ecológica y ambientalmente responsable
y sostenible. Sobre este último aspecto, hay que señalar que con los crímenes
ecológicos y socio ambientales cometidos durante la construcción de hidroituango,
nunca jamás podrá ser considerado Fajardo como un político verde y amigo de la
sostenibilidad.
En adelante se vendrán todo
tipo de presiones contra la CGR para desestimar los hallazgos que harían
responsable a Sergio Fajardo por los delitos y las faltas graves cometidas en
el desarrollo de la obra en cuestión. Si al final el exgobernador Fajardo es
encontrado responsable fiscalmente, su candidatura presidencial podría estar en
riesgo. Si por el contrario, él mismo logra desvirtuar cada uno de los
elementos probatorios con los que la CGR le imputó los cargos; o si logra salir
airoso por la decisión no autónoma de Córdoba, de ordenar el cierre del caso y reorientar las responsabilidades en
Ramos y Gaviria, entre otros, de todas
maneras las suspicacias volverán, pero esta vez desde las huestes de quienes se
oponen a la posibilidad de que el matemático llegue a la Casa de Nariño. Eso
sí, en cualquier caso, la decisión devendría, como deviene la actual imputación
de cargos, con un carácter político. Lo claro es que Fajardo pasó muy
rápidamente de ser un gran simulador, a estar imputado.
Imagen tomada de elespectaor.com
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