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2 asentamientos: Los Samanes del Cauca y Navarro, ubicados en el jarillón del río Cauca.

NUEVA PUBLICACIÓN. PERIODISMO Y DESPLAZAMIENTO FORZOSO EN COLOMBIA.

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Resultado de un proceso investigativo, este libro en coautoría da cuenta del tratamiento periodístico dado por el Diario El País de Cali, a los hechos y circunstancias que hicieron posible el desplazamiento forzado en Colombia y la aparición de la categoría Desplazados. 2016

lunes, 20 de mayo de 2019

“Crisis institucional”: el caso Santrich


Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo


Para entender los hechos que rodean el “caso Santrich” hay que remitirse al proceso mismo de las negociaciones adelantadas en La Habana y anclar lo acordado en Cuba a las maneras como el Estado colombiano en su conjunto viene operando y del talante ético de la institucionalidad derivada de las acciones emprendidas por ese tipo de orden y forma de dominación que llamamos Estado nación.

Hay que decir, entonces, que el proceso de paz siempre fue mal visto por los sectores de poder económico y político que alimentan hoy el enfrentamiento institucional entre la justicia ordinaria, en cabeza de la Fiscalía General de la Nación y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). El desafío, entonces, no está en la decisión adoptada por la Sala de Revisión del transitorio tribunal de paz en torno a aplicar la garantía de no extradición a Santrich, de acuerdo con lo consignado en el Acuerdo Final II. Quedó claro en el Tratado de Paz, que se activaría dicho mecanismo unilateral después de que el compareciente a la JEP dijera la verdad y reparara a las víctimas, y claro, luego de haberse probado que el excomandante fariano efectivamente delinquió posterior al primero de diciembre de 2016. Los magistrados de la JEP no encontraron evidencias claras en las pruebas allegadas por la Fiscalía, que demostraran que el excomandante fariano hubiese delinquido.

Por el contrario, el desafío institucional y político viene de las entrañas del Estado, orden que además de débil y precario, de tiempo atrás deviene capturado por mafias políticas y clientelares que se alimentan el actuar mafioso de históricos partidos políticos y de recientes microempresas electorales.  A ese intestinal desafío, por supuesto que se suma el gobierno de Iván Duque (2018-2022), quien desde sus primeras horas como presidente ha demostrado total desprecio por la JEP y por todo lo que implica para él, como Jefe de Estado y en términos de obligaciones, el proceso de implementación del Acuerdo Final que se firmó en el teatro Colón de Bogotá.  Huelga recordar aquí, las objeciones que presentó el presidente al proyecto de ley estatutaria de la JEP y el posterior manejo que Ernesto Macías le dio a las plenarias en el Senado en donde finalmente las objeciones fueron derrotadas[1].

Las desafiantes acciones realizadas por el CTI y por la propia Fiscalía General y los desinstitucionalizantes discursos del entonces Fiscal, Néstor Humberto Martínez Neira[2] (NHMN) vienen moral y éticamente anclados al resultado del plebiscito por la paz del 2 de octubre de 2016. Es decir, sigue el país dando vueltas en el círculo vicioso en el que giran tanto los “amigos de la paz”, como los “enemigos de la paz y del sentido de lo acordado en Cuba”. 

Lo que sucede es que los segundos, es decir, los “enemigos y detractores de la paz”- paz sí, pero no así, solían decir en campaña- hacen parte de la institucionalidad estatal y desde allí buscan hacer trizas[3] el Acuerdo Final tal y como lo fijó como objetivo del Centro Democrático (CD), uno de sus más connotados miembros, el exministro Fernando Londoño Hoyos[4]. Y estos cuentan con el apoyo de poderosos alfiles de esa parte del Establecimiento que acompaña el anhelo de los integrantes del partido de Gobierno de torpedear el proceso de implementación del Acuerdo Final II, aduciendo que lo que el país necesita es “genuina verdad, genuina justicia, genuina reparación y genuina no repetición[5]. Hay que señalar que dentro del Establecimiento parece haber una división entre sus élites alrededor de apoyar o no el actual proceso de implementación.

En cuanto a los primeros, es decir, a los “amigos de la paz” y del proceso de negociación política adelantado en La Habana, hay que decir que también hacen parte de instituciones del Estado y cuentan con el apoyo de ciertos agentes de poder económico y político del Establecimiento, que efectivamente acompañan los esfuerzos para lograr una paz estable y duradera.

Por lo anterior, los últimos acontecimientos en torno al caso Santrich advierten un agrio enfrentamiento interinstitucional cuyo origen está atado a la animadversión que generó en su momento el proceso de negociación llevado a cabo en Cuba entre el Gobierno de Santos, en representación del Estado colombiano, y las entonces Farc-Ep; igualmente, ancorado dicho enfrentamiento por asuntos como la elegibilidad de los miembros de la cúpula del partido de la Rosa y la reforma agraria integral, en cumplimiento de lo consignado en el Acuerdo Final II. Así entonces, insistir en que la actual “crisis política o institucional” obedece exclusivamente a la decisión adoptada en derecho por la JEP, en torno a Santrich, es desconocer hechos políticos y jurídicos que claramente dan cuenta de la existencia no de sectores críticos del proceso de paz, sino de enemigos de la reconciliación política y social entre los colombianos que claramente están asociados a prácticas agroindustriales (latifundistas) y a la ganadería extensiva.

¿Crisis política, crisis institucional o enfrentamiento institucional?

Volvamos a la decisión que en derecho adoptó la Sala de Revisión de la JEP. Una vez conocido el fallo, varios periodistas y empresas mediáticas[6]  afectas a esa parte del Establecimiento que no acompaña el proceso de paz, asumieron la tarea de posicionar la negativa representación social, expresada en la nomenclatura “crisis institucional”.

La acción político-mediática[7] seguía, al pie de la letra, el guión que desde el CD, la Casa de Nariño y poderosos agentes económicos del Establecimiento se propuso para enfrentar a la “desafiante” JEP. Al no conceder la JEP la extradición de Santrich, como suponían que sucedería en las huestes del llamado “uribismo”, entonces, y soportados en los periodistas incorporados[8], el entonces Fiscal General, NHMN[9] salió a cumplir con el papel que previamente le habían asignado: exponerse como víctima de un tribunal cuya decisión no podía validar, porque iba en contra de ese gran amor que Martínez Neira profesa por el Estado de derecho; el mismo estado de derecho que él manoseó varias veces durante sus años como Fiscal General. 

De esta manera, la “crisis institucional” terminó validando y dándole sustento jurídico-político al único camino que el Centro Democrático y varios terceros civiles con poder económico tienen para hacer trizas el Acuerdo Final II: convocar a una Asamblea Nacional Constituyente[10] (ANC) y derogar la Carta de 1991 y por ese camino, dejar sin piso legal y constitucional el Tratado de Paz.

Lo que enfrentan los colombianos y el gobierno de Duque no es una crisis institucional que obligue a pensar y a convocar a una ANC. No. A lo que asistimos es a un proceso de desinstitucionalización aupado por operadores judiciales y políticos que buscan a toda costa desconocer a la JEP y sus fallos, desprestigiarla y generar por ese camino el ambiente propicio para que el presidente de la República, presionado directamente por el senador  Uribe Vélez, declare  la Conmoción Interior y pueda adoptar medidas entre las que se contemplaría, entre otras, “derogar” a la JEP o quizás remplazar a sus magistrados con amigos cercanos al gobierno y al llamado uribismo. Aunque el presidente Duque señaló que no declararía la Conmoción Interior, no se descarta que mañana termine cediendo ante presiones externas e internas.

Lo acaecido con Santrich al momento en que se cumplía, con varias horas de retraso, la decisión del Tribunal Superior de Cundinamarca consistente en una orden perentoria al INPEC para que dejara en libertad al compareciente exguerrillero, amparada no solo en el fallo de la JEP, sino en la figura del habeas corpus, es la expresión clara de una institucionalidad sujeta a los caprichos de operadores  jurídicos y políticos dispuestos a hacer lo que sea para evitar que Zeuxis Pausias Hernández Solarte, alias Jesús Santrich, asumiera su curul como Congresista.  Sabían estos agentes desinstitucionalizantes que permitir que aquel asumiera su curul y de esa manera quedara con el fuero de congresista, complicaría aún más el camino con el que buscan, a como dé lugar, entregar a Hernández Solarte a las autoridades norteamericanas.


Manoseado el concepto de libertad, el excomandante fariano fue “recapturado” sin que haya estado física y emocionalmente libre para moverse y poder decidir de manera autónoma a dónde ir, después de haber permanecido detenido por más de un año. No se trata de defender a ultranza al ciudadano Hernández. Si delinquió después del primero de diciembre de 2016, debe pasar a la justicia ordinaria, en las condiciones previstas en el Tratado de Paz[11].

De lo que se trata es de que, a pesar de las contradicciones y animadversiones que genera el proceso de paz con las antiguas Farc-Ep, los operadores judiciales y políticos actúen dentro del marco legal con la clara intención de generar la mayor confianza posible de los ciudadanos en las instituciones del Estado y por esa vía, hacer que estas ganen en legitimidad.  Lo acontecido, por el contrario, puso la institucionalidad judicial al servicio de un sector de poder político interesado en evitar a toda costa que la JEP entregue en unos años una verdad jurídica que demuestre, entre otros asuntos, la complicidad de altos funcionarios del Estado y de la clase política y dirigente con la comisión de delitos de lesa humanidad cometidos en el marco, por ejemplo, de la Política de Seguridad Democrática (PPDSD) y con el cumplimiento de directrices ministeriales que terminaron por desviar moral y éticamente las actuaciones de militares que finalmente terminaron comprometidos con las ejecuciones ilegales de civiles, conocidas como “Falsos Positivos”[12]

Además, el caso Santrich claramente genera incertidumbre jurídica en el resto de los exguerrilleros, en particular en excomandantes como alias Iván Márquez, quien en varias ocasiones se ha negado a comparecer a la JEP, al aducir problemas de seguridad (física) y miedo a ser capturado quizás por los mismos delitos que se le imputan a Santrich.

Habrá que esperar la decisión de la JEP ante el recurso interpuesto por el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, quien solicitó al alto tribunal de paz echar para atrás la garantía de no extradición otorgada recientemente a Santrich, apoyada dicha solicitud en las nuevas pruebas con las que la Fiscalía General le imputó cargos por narcotráfico a Hernández Solarte. Hay que reconocer que Carrillo apeló a los mecanismos institucionales existentes, lo que sin duda fortalece la institucionalidad. Por el contrario, los otros funcionarios que participaron de la “recaptura” de Santrich, claramente aportaron negativamente al proceso de consolidación de instituciones estatales comprometidas naturalmente con las garantías que debe ofrecer un Estado de derecho. Y de parte del gobierno, es claro que el respaldo que dio el presidente Duque a las razones que expuso Martínez Neira públicamente y que habrían motivado su renuncia[13] y el rechazo del primer mandatario a la decisión adoptada por la Jurisdicción Especial de Paz, afectó el equilibrio de poderes y por esa vía, debilitó la armonía institucional que se debe mantener en un Estado democrático y constitucional de derecho.

Sin duda, está el país y la institucionalidad judicial ante un conflicto de competencias entre dos jurisdicciones.  Parar el enfrentamiento, agrio por demás, entre la justicia ordinaria en cabeza de la Fiscalía y la JEP, puede hacer parte de las discusiones que ya sostiene desde el 20 de mayo el presidente Duque con las bancadas de los partidos Liberal, Conservador, la U, Cambio Radical y Mira, entre otros.

¿Pacto político?

Sin haber convocado a la Oposición, Iván Duque llamó a los directores de los partidos de la coalición de gobierno a reuniones separadas en la Casa de Nariño para superar el enfrentamiento institucional dado entre estas dos jurisdicciones y que viene siendo aupado desde la misma Casa de Nariño.

Llama la atención aquello que el Gobierno de Duque busca: un gran pacto nacional para mantener la extradición y ponerle límites a la JEP. Es decir, el jefe del Estado insiste en desconocer lo acordado en La Habana y por ese camino, busca apoyo político para enfrentar, muy seguramente, las presiones que el Consejo de Seguridad de la ONU, la Misión de la ONU y los países garantes del proceso de paz le harán para que respete el Tratado de Paz.

Muy seguramente Duque despreciará al organismo multilateral y a Noruega, en particular, porque siente total respaldo de los Estados Unidos a su decisión de torpedear la implementación de lo acordado en Cuba. En cualquier sentido que se llegue a un pacto político, lo que es claro es que el presidente Duque siente fuertes presiones del gobierno de Trump en temas como la lucha contra los cultivos de uso ilícito y en específico, para que vuelva a asperjar los cultivos de coca con glifosato. Y principalmente, que Santrich sea enviado a los Estados Unidos, así sea violando los procedimientos reglados y desconociendo a la propia JEP.

Si el presidente Duque no invita a la Oposición a discutir soluciones que paren la inconveniente colisión entre la JEP y la justicia ordinaria, lo acordado no podrá considerarse como un Pacto Nacional. Estaremos ante el surgimiento de una especie de Frente Nacional de nuevo cuño, esta vez no para frenar la violencia bipartidista en el país, sino para generar la desbandada de los jóvenes exguerrilleros que creyeron en el Estado y que pueden estar dándole la razón a alias Iván Márquez quien sostiene de tiempo atrás que fue un error haber entregado las armas. Lo que se tiene que advertir en el manejo dado al caso Santrich es que  el enfrentamiento institucional entre las dos jurisdicciones, la ordinaria y la JEP, genera incertidumbre jurídica y política en los ETCR.







[7]  El diario El Espectador sostiene que la difícil situación político-jurídica fue provocada por la negativa de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) de conceder la extradición del exjefe guerrillero Jesús Santrich y ordenar a la Fiscalía su libertad inmediata. No comparto esa lectura. Tomado de:https://www.elespectador.com/noticias/politica/gobierno-condiciona-dialogo-con-los-partidos-de-oposicion-articulo-861649
[9] Es claro que la renuncia de Martínez Neira está realmente asociada al conocimiento de un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia en torno al manejo de varios expedientes del caso Odebrecht, al que el exfiscal está comprometido, por lo menos, desde el punto de vista ético. Martínez Neira le hacía mucho daño a la institucionalidad y a la Fiscalía misma por sus conflictos de intereses, denunciados por la Oposición.
[11] Véase el numeral 72, que señala: No se podrá conceder la extradición ni tomar medidas de aseguramiento con fines de extradición respecto de hechos o conductas objeto de este Sistema, ocasionados u ocurridos durante el conflicto armado interno o con ocasión de este hasta la finalización del mismo, trátese de delitos amnistiables o de delitos no amnistiables, y en especial por ningún delito político, de rebelión o conexo con los anteriores, ya hubieran sido cometidos dentro o fuera de Colombia. Dicha garantía de no extradición alcanza a todos los integrantes de las Farc-EP y a personas acusadas de formar parte de dicha organización, por cualquier conducta realizada con anterioridad a la firma del acuerdo final, para aquellas personas que se sometan al SIVJRNR. Cuando se alegue, respecto de un integrante  de las Farc-EP o de una persona acusada de ser integrante de esa organización, que la conducta atribuida en la solicitud de extradición hubiere ocurrido con posterioridad a la firma del Acuerdo Final, la sección de Revisión del Tribunal para la Paz evaluará la conducta atribuida para determinar la fecha precisa de su realización y decidir el procedimiento apropiado. En el evento de que la conducta hubiere ocurrido con anterioridad a la firma del Acuerdo Final, la remitirá a la Sala de Reconocimiento para lo de su competencia, en este supuesto excluyendo siempre la extradición. De haber sido posterior a la firma del Acuerdo Final, la remitirá a la autoridad judicial competente para que sea investigada y juzgada en Colombia, sin excluir la posibilidad de extradición. Únicamente respecto de conductas cometidas con anterioridad a la firma del acuerdo final, cuando exista una solicitud de extradición  respecto de familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o primero de afinidad, de integrantes de las Farc-EP o de una persona acusada o señalada de ser integrante de dicha organización, este supuesto podrá ser sometido a la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz para que decida si la solicitud obedece  a hechos o conductas relacionados con la pertenencia, o acusación de pertenencia, a las Farc-EP del familiar solicitado en extradición. De obedecer a esta causa, por tratarse de un señalamiento  o acusación por conductas que nunca  antes han sido objeto de solicitudes de extradición ni reúnen las condiciones para ello, la Sección podrá denegar la extradición y en ese caso decidir  si el hecho  o la conducta es competencia del SIVJRNR o si debe ser investigada o juzgada por la jurisdicción penal ordinaria colombiana. El anterior supuesto deberá ser sometido  a la Sección de Revisión por cualquiera de los antiguos integrantes de las Farc-EP que hubieren suscrito el Acuerdo Final de Paz. La JEP deberá resolver las cuestiones que se le planteen referidas a la extradición en un plazo no superior a 120 días, salvo en casos justificados que dependan de la colaboración de otras instituciones. (p. 170, del Acuerdo Final, 24.11.2016).
[13] Estamos ante una renuncia calculada. Ahora que se conocen detales del informe del Fiscal ad hoc, se entiende que la renuncia de Martínez Neira no estuvo motivada por la decisión de la JEP en torno a Santrich. Véase: https://www.elespectador.com/noticias/politica/oposicion-le-cobra-duque-su-respaldo-nestor-humberto-martinez-video-862158

Imagen tomada de elpoliticon.com




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