Nueva publicación

Nueva publicación
Tres artículos: Medio ambiente y conflicto armado; Editoriales sobre el proceso de paz con las Farc; y Acción colectiva y asentamientos en Cali. Memorias, 2018.

Nueva Publicación: Investigación sobre dos asentamientos informales de la ciudad de Cali. 2018

Nueva Publicación: Investigación sobre dos asentamientos informales de la ciudad de Cali. 2018
2 asentamientos: Los Samanes del Cauca y Navarro, ubicados en el jarillón del río Cauca.

NUEVA PUBLICACIÓN. PERIODISMO Y DESPLAZAMIENTO FORZOSO EN COLOMBIA.

NUEVA PUBLICACIÓN. PERIODISMO Y DESPLAZAMIENTO FORZOSO EN COLOMBIA.
Resultado de un proceso investigativo, este libro en coautoría da cuenta del tratamiento periodístico dado por el Diario El País de Cali, a los hechos y circunstancias que hicieron posible el desplazamiento forzado en Colombia y la aparición de la categoría Desplazados. 2016

miércoles, 29 de mayo de 2019

FINITUD Y FRAGILIDAD EN CLAVE DE SOSTENIBILIDAD


Por Germán Ayala Osorio[1]

Al escuchar hablar al profesor Enrique Leff[2] del concepto Racionalidad ambiental, varios asuntos llegan a mi mente. Y  a manera de reflexión, los quiero recoger y dejar en esta columna, como parte de un ejercicio del pensamiento. Una primera reflexión gira en torno a ese orden cultural (simbólico) que la especie humana crea y recrea constantemente y que bien puede asemejarse al nicho ecológico en el que otras especies cumplen unas funciones biológicas determinadas, en el marco de complejas relaciones ecológicas y ecosistémicas. Y la segunda reflexión gira en torno a dos circunstancias y conceptos: la fragilidad y la finitud.

A ese  nicho artificial creado por el ser humano lo llamamos cultura. Convertida en una categoría difícil de asir, en el sentido en que ya todo lo que se haga, diga y se promueva cabe dentro de esa nomenclatura. Para efectos del sentido de esta columna, asumo la cultura  como un enorme albergue en el que damos cobijo a lo más sublime del ser humano, pero que también sirve para encubrir lo más  avieso de una especie y de una condición humana compleja.

Leff señala que hay una crisis del pensamiento humano. Por ese camino, se asiste a la crisis de la(s) cultura(s) creadas, recreadas y diseminadas a lo largo y ancho del Planeta. Podemos afirmar que ese marco en el que el ser humano se auto determinó unas funciones y responsabilidades está resquebrajado en su sentido ontológico y deontológico. Y peor es el escenario cuando ese “nicho” que es la cultura, está atravesado por el capital y por el valor material dado a las cosas e incluso, a la vida misma.

Si la cultura o en plural las culturas se asumen como el régimen ontológico en el que la especie humana ancla y determina sus actividades de transformación y sometimiento de la Naturaleza y si aquel régimen está orientado, atravesado o “manoseado” por el Capital, las críticas por los efectos ambientales y ecológicos que viene dejando la presencia incontrastable del ser humano, de lo humano, se tendrían que “resolver” dentro de ese régimen simbólico, lo que de inmediato da vida a acciones como adaptarse y mitigar, sin que ello suponga poner en crisis ese orden cultural dominante.  
Por esa vía argumental, el orden simbólico que estableció y que reproduce el capitalismo está soportado en actitudes y acciones humanas culturalmente legítimas, pero insostenibles o insustentables. Leff sostiene que “el régimen ontológico que degrada al mundo es el capital”.

A lo dicho por Leff en torno a las responsabilidades que le otorga al Capital solo agrego que los procesos civilizatorios echados a andar por el ser humano, con todo y sus desarrollos técnicos y científicos dejaron de lado dos elementos, factores, circunstancias o condiciones fundamentales: de un lado, la fragilidad de la vida, tanto la de los ecosistemas, como la de la propia especie humana; y del otro, la finitud.

El desarrollo técnico y científico y toda la capacidad que el ser humano desarrolló para someter a la Naturaleza a sus necesidades y caprichos, individuales y colectivos, subvaloró o desechó la condición de fragilidad que el ser  humano ostenta, la misma que ha sido incapaz, por ejemplo, de evitar las  guerras y otras formas de violencia física y simbólica. No hemos sido formados para comprender esa condición original que compartimos con otras especies y con los ecosistemas en su conjunto. Universalmente, el orden simbólico reprodujo la idea de que al ser capaces de habernos puesto en lo más alto de la cadena trófica, esa condición quedaría no solo superada, sino que serviría de elemento político e ideológico quizás para explicar niveles de subdesarrollo de sociedades que a lo mejor si han estado prestas, por lo menos, a visualizar la indiscutible fragilidad de los ecosistemas, aunque sigan dejando de lado lo quebrantable de la condición humana.

Frente al asunto de la finitud, en una anterior columna señalé: “Si, por supuesto que la actual crisis socio ambiental tiene un fuerte arraigo cultural, pero dejamos de lado un hecho inexorable que explica el actuar del ser humano: la finitud. El sabernos finitos hace que todo lo que construimos (material e inmaterial) responde a esa condición que nos atormenta y que a la vez motiva a explotar sin consideraciones ecológicas, ambientales y sistémicas unos recursos que hacen parte de un gran ecosistema del que hace rato tomamos distancia. Por esa vía, entonces, la crisis no es tanto civilizatoria, sino ontológica. La especie humana, consciente de que va a morir, creó un mundo artificial con el que no solo justifica su estar en el mundo, sino que intenta sobrellevar la angustia que le produce vivir, intensamente, para fenecer. El problema de la actual crisis ambiental no es cultural o civilizatorio. Es del Ser. Por ello señalo que las preocupaciones ambientales por pensar y alcanzar un “desarrollo sustentable” llegan tarde. Es tarde para la sustentabilidad. Todo lo que el ser humano ha consolidado como especie dominante, lo llevó a enmascarar, con los avances tecnológicos y el sentido del progreso, la crisis ontológica de una especie, como la humana, que tardíamente entendió que hace parte de un gran ecosistema y que el error quizás esté en tener la capacidad de transformarlo anteponiendo sus angustias, miedos e intereses.  O quizás, el gran error esté en la capacidad o la creencia de que puede tomar distancia sistémica. 

La gran contradicción está en haber creado un sistema cultural que se (auto) reproduce, sin haber logrado matizar, entender y comprender la angustia que le produce al ser humano el saberse finito. Por ello, todo lo producido material e inmaterialmente esté impregnado con ese mismo carácter finito de la vida humana, de allí el impulso y la pulsión que está detrás del desarrollo extractivo: volver finita la Naturaleza”[3]

Mientras la capacidad de inventiva del ser humano siga al servicio del gran Capital y ancorada, ética y teleológicamente a una idea de bienestar y desarrollo que no ponga de presente la fragilidad y la finitud humanas y sirva para reorientar las culturas, la sostenibilidad seguirá siendo una quimera.




Imagen tomada de la uao.edu.co 


[1] Estudiante del Doctorado en Regiones Sostenibles de la Universidad Autónoma de Occidente, Cali, Colombia.
[2] Conferencia dictada el 29 de mayo de 2019, Universidad Autónoma de Occidente, Cali, Colombia.

martes, 28 de mayo de 2019

DESPUÉS DE LEER A JUAN MANUEL SANTOS


Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

Después de leer el libro La batalla por la paz, de Juan Manuel Santos, hay que decir que se trata de una obra interesante, bien escrita y un referente político importante para los estudiosos del conflicto armado y de la construcción de esa esquiva paz estable y duradera.

Planteo en esta columna un ejercicio, permítanme la exageración, de “exégesis política” de frases tomadas del libro, que bien pueden servir para decir que la batalla que Santos libró por la paz estuvo signada no solo por una historia política adversa a cualquier asomo de reconciliación, sino por señalamientos directos a personajes públicos que, en sus contextos y circunstancias, aportaron negativamente a la construcción de escenarios de paz y convivencia.

Inicio con un pasaje en el que Juan Manuel Santos recuerda la razón por la cual Otto Morales Benítez renunció a su cargo bajo el argumento de que había <<enemigos agazapados de la paz>> tanto dentro como fuera del Gobierno”. (p. 46).

Este episodio y lo expresado por Morales Benítez debe de servir para entender que dentro de los gobiernos y de la propia institucionalidad siempre aparecerán enemigos de la paz. Y esos “enemigos agazapados de la paz” de los que habló el exministro liberal, subsisten hoy en Colombia, pero quizás con una diferencia substancial: ya no están tan agazapados, por el contrario, además de que son gobierno, lo expresan con enorme claridad, cuando dicen que lo que quieren es una genuina paz, genuina justicia, genuina reparación, genuina verdad. A lo que se suma que  tienen el objetivo claro de “hacer trizas ese maldito papel que llaman el Acuerdo Final”.

Hay otra locución que tiene, sin duda alguna, un claro destinatario: “Cayó en esa maldita tentación de los caudillos de querer perpetuarse en el poder” (p.58). No vale la pena mentar el nombre de quien claramente es el receptor de este acto de habla.

Lo que si vale la pena señalar es que en este pasaje Santos llama la atención sobre un fenómeno sociocultural y político que guarda conexión con la cultura política y con las maneras, a todas luces equívocas, como muchos políticos profesionales entienden el papel del Estado.

En otro momento de la obra, Santos hace referencia a una situación política que muestra la pugnacidad política que ha caracterizado a los líderes, voceros y seguidores de los partidos políticos Liberal y Conservador. Estas dos agrupaciones y bandos son dignos representantes y co-responsables de los frustrados procesos civilizatorios echados a andar en Colombia.

Un artículo de fines de 1933 (cuando Gómez volvía de ser embajador en Alemania del gobierno liberal de Olaya Herrera contra el cual llamaba a resistir): “Nuestro deber (el de los conservadores) es hacer prácticamente invivible el ambiente de la república”. Y un discurso en el Senado el 15 de septiembre de 1940, bajo el gobierno de Eduardo Santos, anunciando la política de su partido: “Llegaremos hasta la acción intrépida y el atentado personal (…) y haremos invivible la república”.

Si miramos bien lo que viene haciendo el llamado “uribismo” en contra del proceso de paz y de la implementación misma del Acuerdo Final II, sus líderes y voceros muy seguramente lo que buscan es reeditar esas circunstancias de los años 30, para “hacer invivible la República”.

Lo escrito por Santos también tiene un especial valor académico y político en la medida en que sirve para dar sustento a tesis explicativas sobre la debilidad del Estado colombiano y sus problemas históricos para erigirse como un orden justo y legítimo.

Marquetalia y otras zonas similares en lugares alejados de los centros urbanos fueron denunciadas por el senador conservador Álvaro Gómez Hurtado, hijo de Laureano Gómez, como <<repúblicas independientes” en las que el Estado no ejercía ningún control. Y se convirtieron en un objetivo militar” (p. 59).

Hay que señalar que aún, dentro del territorio nacional, hay zonas y territorios en los que el Estado brilla por su ausencia, bien para facilitar las tareas de apropiación irregular de baldíos por parte de latifundistas y ganaderos; o para posibilitar las acciones violentas de narco y paras con la anuencia de agentes estatales conducentes a arrebatarle las tierras a campesinos, y sacar de sus territorios ancestrales a indígenas y afros.

La sentencia que viene a continuación tiene un enorme valor político y académico y sirve para corroborar la idea de que en Colombia subsiste un Doble Estado[1].  Fuerzas oscuras, lideradas por narcotraficantes y paramilitares, que en ocasiones obraban con la complicidad o la indiferencia de organismos del Estado… asesinaron a miembros de la UP”. (p. 51).

Entre tanto, como “prueba” de las pérfidas relaciones que existen entre clase empresarial (los llamados Cacaos) y la clase política se cita lo siguiente: “Sin embargo, mi relación con el industrial Julio Mario Santo Domingo –uno de los hombres más ricos del país, dueño de la mayor cervecera de Colombia y de influyentes medios de comunicación – estaba resquebrajada por causa de unos editoriales que había escrito años atrás contra el monopolio de la cerveza” (p. 103).

De igual manera, lo citado sirve para insistir en el poder que se reconoce a los editoriales de los medios escritos y a sus efectos políticos. Y más ahora con lo consignado recientemente por el poderoso New York Times en su editorial en relación con lo que ya el mundo entero sabe: que el gobierno de Iván Duque- Uribe se opone a la consolidación de una paz estable y duradera. Quizás por ello tenga razón Georges Clemenceau, citado por Santos, cuando señala que “es más fácil hacer la guerra que hacer la paz” (p.49).

Y en esa misma dirección, aunque en circunstancias temporales distintas, para los enemigos de la paz de Colombia, agazapados en instancias de gobierno, la siguiente frase que pronunciara Alfonso Cano tiene un sabor especial: “nos vemos dentro de diez mil muertos” (Alfonso Cano al levantarse de la mesa en Tlaxcala, México. p.56).  

Y termino con varias citas. Las dejo para que el lector de esta columna las interprete y les encuentre anclaje a hechos propios de la actual coyuntura política.

Hay una diferencia muy grande entre tener influencia y tener poder (Palacio Rudas a Santos p. 62).

El capital no es amigo de las guerras, no es amigo de la violencia, no es amigo de la inseguridad, ni física ni jurídica” (p.65).

La Tercera Vía es una concepción sobre el papel del Estado que busca un camino intermedio, pragmático, entre las dos corrientes que lideraron el mundo en el siglo XX: la del liberalismo clásico, que propendía por una libertad económica y del individuo en un sistema basado en la propiedad privada, y la del estatismo o intervencionismo, que defiende la propiedad y el control de los medios de producción por parte del Estado, y la preponderancia de los derechos colectivos sobre los particulares. La Tercera Vía no considera al Estado y al sector privado como actores antagónicos, sino que los ve como aliados que pueden ayudarse mutuamente para lograr la prosperidad social. Y se ha resumido en una frase sencilla, pero contundente: <<el mercado hasta sea posible; el Estado hasta donde sea necesario” (p.67)

La paz y el desarrollo son indivisibles” p. 74 (Mandela, conferencia UNCTAD, citado por Santos.

Lo que mal inicia, mal acaba…Tendrían que transcurrir más de tres años, en los que los atentados y secuestros alcanzaron récords históricos, para que el Gobierno (de Pastrana) entendiera que el proceso, en la forma irresponsable como fue planteado, no tenía futuro”. (p. 97).

 Decir que la fuerza puede algunas veces ser necesaria no es un llamado al cinismo: es un reconocimiento de la historia, las imperfecciones del ser humano y los límites de la razón” (Barack Obama, p. 122).






viernes, 24 de mayo de 2019

PERIODISMO: ¿PARA LA PAZ O PARA LA GUERRA?


Por Germán Ayala Osorio, comunicador social-periodista y politólogo

Por aquellos días en los que el Congreso de los Estados Unidos aprobó el Plan Colombia en medio de un fuerte lobby de empresas fabricantes de helicópteros Black Hawk, el analista político Fernando Cepeda Ulloa decía con vehemencia: si usted quiere conocer qué pasa realmente en el país, debe leer la prensa internacional, en particular, el New York Times (NYT).

Hoy más que nunca  esa sentencia cobra sentido y encuentra asidero si se examina el trabajo que la Gran Prensa colombiana viene cumpliendo en beneficio de la imagen y la gobernabilidad del gobierno de Iván Duque. Y para lograr ese cometido político de salvaguardar la imagen de un gobierno que no solo opera con bajos niveles de gobernabilidad, sino que de manera directa está haciendo trizas[1] el Acuerdo Final II, esa prensa afecta al círculo de poder económico, militar y político que acompaña al Jefe de Estado, prefiere callar  y autocensurarse para mantener de esa forma “buenas relaciones con el Gobierno”.

Y si resulta cierta la decisión política y editorial que parece que adoptó la revista Semana de “engavetar[2]” un informe periodístico que iba en la misma dirección del que publicó el influyente NYT, entonces lo dicho por Cepeda Ulloa se eleva al estatus de una incontrastable verdad que deja por el piso el profesionalismo del periodismo colombiano, en particular el de aquellos medios y periodistas que optaron por acompañar, sin mayor crítica, al actual gobierno colombiano (2018-2022).  

Olvidan los periodistas incorporados que el periodismo està para controlar al poder y para incomodar a todos aquellos que lo ostentan. Ejercer de otra forma el oficio màs bello del mundo como lo llamò Gabo, acerca a los periodistas al rol de estafetas, mandaderos y amanuenses. 

Huelga recordar que el informe publicado por el NYT[3] gira en torno a una directiva del actual comandante del Ejército Nacional, General Nicacio de Jesús Martínez Espinel, que podría incentivar a la tropa a producir más y mejores resultados, matando civiles, tal y como sucedió con los llamados “Falsos Positivos[4]”, durante la administración de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010). Hay que indicar que Martínez[5] Espinel es señalado por Human Rights Watch (HRW) de ser responsable de  falsos positivos.

Los efectos políticos que generó el informe periodístico, a cargo del periodista Nicholas Casey[6] no se hicieron esperar. El Canciller colombiano, la Senadora del partido de Gobierno, María Fernanda Cabal y el gobierno mismo de Iván Duque, reaccionaron inmediatamente. Las reacciones de estos agentes de poder fueron no solo desobligantes, sino que venían cargadas de un peligroso ánimo de desconocer el papel fundamental que en escenarios democráticos debe jugar la prensa. 

En particular, lo expresado por la congresista Cabal bien podría rayar con la calumnia y la injuria al sugerir que el informe que escribió el periodista Casey estaba motivado por el pago de dinero. Ante tal despropósito, el senador demócrata, Patrick Leahy[7] conminó al gobierno para que le exigiera a la senadora Cabal que entregara las pruebas que sustentaban su señalamiento. Posteriormente, la congresista colombiana le contesta al político americano, sin que en su misiva haya la menor intención de retractarse por lo señalado y por el contrario, sale en defensa a ultranza de las fuerzas militares, y en particular del Ejército colombiano al que la congresista del Centro Democrático (CD) considera como “una fuerza letal que entra a matar”[8].

Entre tanto, a la carta que dirigió al diario americano el Canciller Carlos Holmes Trujillo, el editor ejecutivo del NYT, Dean Baquet contestó: “No tenemos una agenda política ni nos interesa promover la ideología de ninguno de los lados involucrados en el conflicto en Colombia, ni en ningún otro país[9].

En la misiva, firmada por Holmes Trujillo y el ministro de la Defensa, Guillermo Botero, se critica el sentido del informe periodístico, porquemuestra una visión tendenciosa, parcial y distorsionada de los esfuerzos que el Estado colombiano y su Ejército hacen para estabilizar los territorios y consolidar el orden y la seguridad, como también para proteger a la población y los derechos y las libertades”.

Lo curioso es que después de publicado el señalado texto periodístico, el propio comandante del Ejército anunció que eliminaría los formatos (formularios)[10] con los que se consignaban los compromisos y las metas operacionales (producir bajas) que debían asumir los comandantes de brigada, de batallón y grupos específicos de combate como las fuerzas Fudra (Fuerzas de Despliegue Rápido). Ahora bien, la preocupación por el regreso de los falsos positivos no se supera con la eliminación de unos formatos, sino del retiro o cambio real en las orientaciones del comandante del Ejército a sus subalternos. 

Es decir, lo que se tiene que garantizar es que el sentido y los sinuosos propósitos de decretos y directrices ministeriales como el Boina y el 029 de 2005 no  vuelvan a orientar las acciones y las operaciones que las fuerzas militares deben cumplir para enfrentar a lo que estas mismas llaman Grupos Armados Organizados (GAO).

Al tiempo que se anunciaba el cambio en la orientación de la tropa, al interior del Ejército se inició una especie de “cacería de brujas” que tenía como objetivo identificar a los altos oficiales que dieron sus testimonios al periodista Nicholas Casey, y con los cuales el redactor pudo escribir el señalado informe.  

El agrio enfrentamiento con el acreditado medio internacional motivó que el mismo diario dedicara su editorial a las acciones políticas, jurídicas y administrativas emprendidas por el gobierno de Iván Duque que claramente van en contravía de la construcción de una paz estable y duradera. En este sentido se manifestó el NYT: “El actual presidente, Iván Duque, y sus aliados de derecha sabotearon el progreso pacífico bajo el pacto [para lograr la Paz], en el cual el gobierno debía trabajar [actualmente] con los rebeldes para reemplazar la producción de coca con otros cultivos. Ha recortado los fondos para esa iniciativa, y el año pasado las tierras utilizadas para la producción de coca alcanzaron un nuevo nivel, mientras que los paramilitares y las bandas criminales, también atraídas por los beneficios de la cocaína, dominan las regiones donde las FARC alguna vez dominaron”[11].

Estamos, pues, ante un claro enfrentamiento entre el Gobierno de Duque, con el New York Times (NYT), que tiene como antecedente otro editorial[12], en 2016, en el que indicaba que Uribe Vélez fungía como un obstáculo para la paz de Colombia.

En lo que corresponde al ejercicio periodístico en Colombia, queda claro que medios[13] como EL TIEMPO y la revista Semana, y los diarios regionales de Colombia, están informando más para cuidar las relaciones políticas con el gobierno de Duque, que para entregarle a las audiencias en Colombia información veraz y oportuna tal y como està consignado en la Carta Política de 1991. 

Con lo acontecido por estos días con el NYT, las reacciones que produjo el ya señalado informe periodístico, la auto censura de la revista Semana y en general el prudente silencio que la Gran Prensa colombiana viene guardando en torno a un Gobierno que quiere a toda costa hacer trizas el Acuerdo Final II,   queda claro que Cepeda Ulloa tenía razón.

En adelante, entonces, la Oposición colombiana y los defensores de la paz tendrán que acudir al NYT para poder que este diario informe a los colombianos ante el evidente silencio de la prensa colombiana que no solo le está dando la espalda a la construcción de una paz estable y duradera, sino que está coadyuvando a que el Centro Democrático cumpla con el objetivo de hacer trizas ese maldito papel que llaman el Acuerdo Final[14].

En la tarde del 24 de mayo de 2019 el Gobierno de Duque anuncia la creación de una Comisión para la Excelencia Militar con el fin de evaluar las operaciones de los militares. Este anuncio del presidente es una respuesta propia de su gobierno. Ya el país està acostumbrado a declaraciones en el exterior que indican el "indeclinable compromiso de su gobierno para cumplir con lo pactado en La Habana", pero sabemos que al interior del país el proceso de implementaciòn avanza lentamente y con una enorme tendencia a que  fracase. Es posible, entonces, que la anunciada Comisión termine siendo un "saludo a la bandera" y sirviendo solo de contentillo ante las presiones internacionales que ya se sienten después de que el NYT publicara el informe periodístico y el editorial. 

La anunciada reunión entre el Canciller colombiano, Carlos Holmes Trujillo y el equipo editorial del NYT confirma no solo la preocupación del gobierno de Duque por la mala imagen que proyecta en Estados Unidos y Europa por querer hacer trizas el Acuerdo de Paz, sino la errada política internacional y sus fallas en el manejo de la diplomacia. Resulta por lo menos inconcebible que un Canciller vaya a dar explicaciones a un comité editorial de un diario sobre lo que, según el gobierno, acontece en Colombia. 

Al final, es importante que los periodistas colombianos se pregunten si el oficio periodístico està para defender la paz o para aupar la guerra. Esa es, hoy, la cuestión. Y a juzgar por lo visto hasta el momento, las empresas mediáticas colombianas, en su mayoría, le están apostando al retorno de la guerra. 




Imagen tomada de Semana.com


[6] Abandonó el país por amenazas.
[13] A los que se suman medios radiales y televisivos como RCN y Caracol. Véase: https://www.laorejaroja.com/la-prensa-y-la-crisis-institucional/

lunes, 20 de mayo de 2019

“Crisis institucional”: el caso Santrich


Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo


Para entender los hechos que rodean el “caso Santrich” hay que remitirse al proceso mismo de las negociaciones adelantadas en La Habana y anclar lo acordado en Cuba a las maneras como el Estado colombiano en su conjunto viene operando y del talante ético de la institucionalidad derivada de las acciones emprendidas por ese tipo de orden y forma de dominación que llamamos Estado nación.

Hay que decir, entonces, que el proceso de paz siempre fue mal visto por los sectores de poder económico y político que alimentan hoy el enfrentamiento institucional entre la justicia ordinaria, en cabeza de la Fiscalía General de la Nación y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). El desafío, entonces, no está en la decisión adoptada por la Sala de Revisión del transitorio tribunal de paz en torno a aplicar la garantía de no extradición a Santrich, de acuerdo con lo consignado en el Acuerdo Final II. Quedó claro en el Tratado de Paz, que se activaría dicho mecanismo unilateral después de que el compareciente a la JEP dijera la verdad y reparara a las víctimas, y claro, luego de haberse probado que el excomandante fariano efectivamente delinquió posterior al primero de diciembre de 2016. Los magistrados de la JEP no encontraron evidencias claras en las pruebas allegadas por la Fiscalía, que demostraran que el excomandante fariano hubiese delinquido.

Por el contrario, el desafío institucional y político viene de las entrañas del Estado, orden que además de débil y precario, de tiempo atrás deviene capturado por mafias políticas y clientelares que se alimentan el actuar mafioso de históricos partidos políticos y de recientes microempresas electorales.  A ese intestinal desafío, por supuesto que se suma el gobierno de Iván Duque (2018-2022), quien desde sus primeras horas como presidente ha demostrado total desprecio por la JEP y por todo lo que implica para él, como Jefe de Estado y en términos de obligaciones, el proceso de implementación del Acuerdo Final que se firmó en el teatro Colón de Bogotá.  Huelga recordar aquí, las objeciones que presentó el presidente al proyecto de ley estatutaria de la JEP y el posterior manejo que Ernesto Macías le dio a las plenarias en el Senado en donde finalmente las objeciones fueron derrotadas[1].

Las desafiantes acciones realizadas por el CTI y por la propia Fiscalía General y los desinstitucionalizantes discursos del entonces Fiscal, Néstor Humberto Martínez Neira[2] (NHMN) vienen moral y éticamente anclados al resultado del plebiscito por la paz del 2 de octubre de 2016. Es decir, sigue el país dando vueltas en el círculo vicioso en el que giran tanto los “amigos de la paz”, como los “enemigos de la paz y del sentido de lo acordado en Cuba”. 

Lo que sucede es que los segundos, es decir, los “enemigos y detractores de la paz”- paz sí, pero no así, solían decir en campaña- hacen parte de la institucionalidad estatal y desde allí buscan hacer trizas[3] el Acuerdo Final tal y como lo fijó como objetivo del Centro Democrático (CD), uno de sus más connotados miembros, el exministro Fernando Londoño Hoyos[4]. Y estos cuentan con el apoyo de poderosos alfiles de esa parte del Establecimiento que acompaña el anhelo de los integrantes del partido de Gobierno de torpedear el proceso de implementación del Acuerdo Final II, aduciendo que lo que el país necesita es “genuina verdad, genuina justicia, genuina reparación y genuina no repetición[5]. Hay que señalar que dentro del Establecimiento parece haber una división entre sus élites alrededor de apoyar o no el actual proceso de implementación.

En cuanto a los primeros, es decir, a los “amigos de la paz” y del proceso de negociación política adelantado en La Habana, hay que decir que también hacen parte de instituciones del Estado y cuentan con el apoyo de ciertos agentes de poder económico y político del Establecimiento, que efectivamente acompañan los esfuerzos para lograr una paz estable y duradera.

Por lo anterior, los últimos acontecimientos en torno al caso Santrich advierten un agrio enfrentamiento interinstitucional cuyo origen está atado a la animadversión que generó en su momento el proceso de negociación llevado a cabo en Cuba entre el Gobierno de Santos, en representación del Estado colombiano, y las entonces Farc-Ep; igualmente, ancorado dicho enfrentamiento por asuntos como la elegibilidad de los miembros de la cúpula del partido de la Rosa y la reforma agraria integral, en cumplimiento de lo consignado en el Acuerdo Final II. Así entonces, insistir en que la actual “crisis política o institucional” obedece exclusivamente a la decisión adoptada en derecho por la JEP, en torno a Santrich, es desconocer hechos políticos y jurídicos que claramente dan cuenta de la existencia no de sectores críticos del proceso de paz, sino de enemigos de la reconciliación política y social entre los colombianos que claramente están asociados a prácticas agroindustriales (latifundistas) y a la ganadería extensiva.

¿Crisis política, crisis institucional o enfrentamiento institucional?

Volvamos a la decisión que en derecho adoptó la Sala de Revisión de la JEP. Una vez conocido el fallo, varios periodistas y empresas mediáticas[6]  afectas a esa parte del Establecimiento que no acompaña el proceso de paz, asumieron la tarea de posicionar la negativa representación social, expresada en la nomenclatura “crisis institucional”.

La acción político-mediática[7] seguía, al pie de la letra, el guión que desde el CD, la Casa de Nariño y poderosos agentes económicos del Establecimiento se propuso para enfrentar a la “desafiante” JEP. Al no conceder la JEP la extradición de Santrich, como suponían que sucedería en las huestes del llamado “uribismo”, entonces, y soportados en los periodistas incorporados[8], el entonces Fiscal General, NHMN[9] salió a cumplir con el papel que previamente le habían asignado: exponerse como víctima de un tribunal cuya decisión no podía validar, porque iba en contra de ese gran amor que Martínez Neira profesa por el Estado de derecho; el mismo estado de derecho que él manoseó varias veces durante sus años como Fiscal General. 

De esta manera, la “crisis institucional” terminó validando y dándole sustento jurídico-político al único camino que el Centro Democrático y varios terceros civiles con poder económico tienen para hacer trizas el Acuerdo Final II: convocar a una Asamblea Nacional Constituyente[10] (ANC) y derogar la Carta de 1991 y por ese camino, dejar sin piso legal y constitucional el Tratado de Paz.

Lo que enfrentan los colombianos y el gobierno de Duque no es una crisis institucional que obligue a pensar y a convocar a una ANC. No. A lo que asistimos es a un proceso de desinstitucionalización aupado por operadores judiciales y políticos que buscan a toda costa desconocer a la JEP y sus fallos, desprestigiarla y generar por ese camino el ambiente propicio para que el presidente de la República, presionado directamente por el senador  Uribe Vélez, declare  la Conmoción Interior y pueda adoptar medidas entre las que se contemplaría, entre otras, “derogar” a la JEP o quizás remplazar a sus magistrados con amigos cercanos al gobierno y al llamado uribismo. Aunque el presidente Duque señaló que no declararía la Conmoción Interior, no se descarta que mañana termine cediendo ante presiones externas e internas.

Lo acaecido con Santrich al momento en que se cumplía, con varias horas de retraso, la decisión del Tribunal Superior de Cundinamarca consistente en una orden perentoria al INPEC para que dejara en libertad al compareciente exguerrillero, amparada no solo en el fallo de la JEP, sino en la figura del habeas corpus, es la expresión clara de una institucionalidad sujeta a los caprichos de operadores  jurídicos y políticos dispuestos a hacer lo que sea para evitar que Zeuxis Pausias Hernández Solarte, alias Jesús Santrich, asumiera su curul como Congresista.  Sabían estos agentes desinstitucionalizantes que permitir que aquel asumiera su curul y de esa manera quedara con el fuero de congresista, complicaría aún más el camino con el que buscan, a como dé lugar, entregar a Hernández Solarte a las autoridades norteamericanas.


Manoseado el concepto de libertad, el excomandante fariano fue “recapturado” sin que haya estado física y emocionalmente libre para moverse y poder decidir de manera autónoma a dónde ir, después de haber permanecido detenido por más de un año. No se trata de defender a ultranza al ciudadano Hernández. Si delinquió después del primero de diciembre de 2016, debe pasar a la justicia ordinaria, en las condiciones previstas en el Tratado de Paz[11].

De lo que se trata es de que, a pesar de las contradicciones y animadversiones que genera el proceso de paz con las antiguas Farc-Ep, los operadores judiciales y políticos actúen dentro del marco legal con la clara intención de generar la mayor confianza posible de los ciudadanos en las instituciones del Estado y por esa vía, hacer que estas ganen en legitimidad.  Lo acontecido, por el contrario, puso la institucionalidad judicial al servicio de un sector de poder político interesado en evitar a toda costa que la JEP entregue en unos años una verdad jurídica que demuestre, entre otros asuntos, la complicidad de altos funcionarios del Estado y de la clase política y dirigente con la comisión de delitos de lesa humanidad cometidos en el marco, por ejemplo, de la Política de Seguridad Democrática (PPDSD) y con el cumplimiento de directrices ministeriales que terminaron por desviar moral y éticamente las actuaciones de militares que finalmente terminaron comprometidos con las ejecuciones ilegales de civiles, conocidas como “Falsos Positivos”[12]

Además, el caso Santrich claramente genera incertidumbre jurídica en el resto de los exguerrilleros, en particular en excomandantes como alias Iván Márquez, quien en varias ocasiones se ha negado a comparecer a la JEP, al aducir problemas de seguridad (física) y miedo a ser capturado quizás por los mismos delitos que se le imputan a Santrich.

Habrá que esperar la decisión de la JEP ante el recurso interpuesto por el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, quien solicitó al alto tribunal de paz echar para atrás la garantía de no extradición otorgada recientemente a Santrich, apoyada dicha solicitud en las nuevas pruebas con las que la Fiscalía General le imputó cargos por narcotráfico a Hernández Solarte. Hay que reconocer que Carrillo apeló a los mecanismos institucionales existentes, lo que sin duda fortalece la institucionalidad. Por el contrario, los otros funcionarios que participaron de la “recaptura” de Santrich, claramente aportaron negativamente al proceso de consolidación de instituciones estatales comprometidas naturalmente con las garantías que debe ofrecer un Estado de derecho. Y de parte del gobierno, es claro que el respaldo que dio el presidente Duque a las razones que expuso Martínez Neira públicamente y que habrían motivado su renuncia[13] y el rechazo del primer mandatario a la decisión adoptada por la Jurisdicción Especial de Paz, afectó el equilibrio de poderes y por esa vía, debilitó la armonía institucional que se debe mantener en un Estado democrático y constitucional de derecho.

Sin duda, está el país y la institucionalidad judicial ante un conflicto de competencias entre dos jurisdicciones.  Parar el enfrentamiento, agrio por demás, entre la justicia ordinaria en cabeza de la Fiscalía y la JEP, puede hacer parte de las discusiones que ya sostiene desde el 20 de mayo el presidente Duque con las bancadas de los partidos Liberal, Conservador, la U, Cambio Radical y Mira, entre otros.

¿Pacto político?

Sin haber convocado a la Oposición, Iván Duque llamó a los directores de los partidos de la coalición de gobierno a reuniones separadas en la Casa de Nariño para superar el enfrentamiento institucional dado entre estas dos jurisdicciones y que viene siendo aupado desde la misma Casa de Nariño.

Llama la atención aquello que el Gobierno de Duque busca: un gran pacto nacional para mantener la extradición y ponerle límites a la JEP. Es decir, el jefe del Estado insiste en desconocer lo acordado en La Habana y por ese camino, busca apoyo político para enfrentar, muy seguramente, las presiones que el Consejo de Seguridad de la ONU, la Misión de la ONU y los países garantes del proceso de paz le harán para que respete el Tratado de Paz.

Muy seguramente Duque despreciará al organismo multilateral y a Noruega, en particular, porque siente total respaldo de los Estados Unidos a su decisión de torpedear la implementación de lo acordado en Cuba. En cualquier sentido que se llegue a un pacto político, lo que es claro es que el presidente Duque siente fuertes presiones del gobierno de Trump en temas como la lucha contra los cultivos de uso ilícito y en específico, para que vuelva a asperjar los cultivos de coca con glifosato. Y principalmente, que Santrich sea enviado a los Estados Unidos, así sea violando los procedimientos reglados y desconociendo a la propia JEP.

Si el presidente Duque no invita a la Oposición a discutir soluciones que paren la inconveniente colisión entre la JEP y la justicia ordinaria, lo acordado no podrá considerarse como un Pacto Nacional. Estaremos ante el surgimiento de una especie de Frente Nacional de nuevo cuño, esta vez no para frenar la violencia bipartidista en el país, sino para generar la desbandada de los jóvenes exguerrilleros que creyeron en el Estado y que pueden estar dándole la razón a alias Iván Márquez quien sostiene de tiempo atrás que fue un error haber entregado las armas. Lo que se tiene que advertir en el manejo dado al caso Santrich es que  el enfrentamiento institucional entre las dos jurisdicciones, la ordinaria y la JEP, genera incertidumbre jurídica y política en los ETCR.







[7]  El diario El Espectador sostiene que la difícil situación político-jurídica fue provocada por la negativa de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) de conceder la extradición del exjefe guerrillero Jesús Santrich y ordenar a la Fiscalía su libertad inmediata. No comparto esa lectura. Tomado de:https://www.elespectador.com/noticias/politica/gobierno-condiciona-dialogo-con-los-partidos-de-oposicion-articulo-861649
[9] Es claro que la renuncia de Martínez Neira está realmente asociada al conocimiento de un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia en torno al manejo de varios expedientes del caso Odebrecht, al que el exfiscal está comprometido, por lo menos, desde el punto de vista ético. Martínez Neira le hacía mucho daño a la institucionalidad y a la Fiscalía misma por sus conflictos de intereses, denunciados por la Oposición.
[11] Véase el numeral 72, que señala: No se podrá conceder la extradición ni tomar medidas de aseguramiento con fines de extradición respecto de hechos o conductas objeto de este Sistema, ocasionados u ocurridos durante el conflicto armado interno o con ocasión de este hasta la finalización del mismo, trátese de delitos amnistiables o de delitos no amnistiables, y en especial por ningún delito político, de rebelión o conexo con los anteriores, ya hubieran sido cometidos dentro o fuera de Colombia. Dicha garantía de no extradición alcanza a todos los integrantes de las Farc-EP y a personas acusadas de formar parte de dicha organización, por cualquier conducta realizada con anterioridad a la firma del acuerdo final, para aquellas personas que se sometan al SIVJRNR. Cuando se alegue, respecto de un integrante  de las Farc-EP o de una persona acusada de ser integrante de esa organización, que la conducta atribuida en la solicitud de extradición hubiere ocurrido con posterioridad a la firma del Acuerdo Final, la sección de Revisión del Tribunal para la Paz evaluará la conducta atribuida para determinar la fecha precisa de su realización y decidir el procedimiento apropiado. En el evento de que la conducta hubiere ocurrido con anterioridad a la firma del Acuerdo Final, la remitirá a la Sala de Reconocimiento para lo de su competencia, en este supuesto excluyendo siempre la extradición. De haber sido posterior a la firma del Acuerdo Final, la remitirá a la autoridad judicial competente para que sea investigada y juzgada en Colombia, sin excluir la posibilidad de extradición. Únicamente respecto de conductas cometidas con anterioridad a la firma del acuerdo final, cuando exista una solicitud de extradición  respecto de familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o primero de afinidad, de integrantes de las Farc-EP o de una persona acusada o señalada de ser integrante de dicha organización, este supuesto podrá ser sometido a la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz para que decida si la solicitud obedece  a hechos o conductas relacionados con la pertenencia, o acusación de pertenencia, a las Farc-EP del familiar solicitado en extradición. De obedecer a esta causa, por tratarse de un señalamiento  o acusación por conductas que nunca  antes han sido objeto de solicitudes de extradición ni reúnen las condiciones para ello, la Sección podrá denegar la extradición y en ese caso decidir  si el hecho  o la conducta es competencia del SIVJRNR o si debe ser investigada o juzgada por la jurisdicción penal ordinaria colombiana. El anterior supuesto deberá ser sometido  a la Sección de Revisión por cualquiera de los antiguos integrantes de las Farc-EP que hubieren suscrito el Acuerdo Final de Paz. La JEP deberá resolver las cuestiones que se le planteen referidas a la extradición en un plazo no superior a 120 días, salvo en casos justificados que dependan de la colaboración de otras instituciones. (p. 170, del Acuerdo Final, 24.11.2016).
[13] Estamos ante una renuncia calculada. Ahora que se conocen detales del informe del Fiscal ad hoc, se entiende que la renuncia de Martínez Neira no estuvo motivada por la decisión de la JEP en torno a Santrich. Véase: https://www.elespectador.com/noticias/politica/oposicion-le-cobra-duque-su-respaldo-nestor-humberto-martinez-video-862158

Imagen tomada de elpoliticon.com




Entradas populares

Páginas vistas en total

Etiquetas