Nueva publicación

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Tres artículos: Medio ambiente y conflicto armado; Editoriales sobre el proceso de paz con las Farc; y Acción colectiva y asentamientos en Cali. Memorias, 2018.

Nueva Publicación: Investigación sobre dos asentamientos informales de la ciudad de Cali. 2018

Nueva Publicación: Investigación sobre dos asentamientos informales de la ciudad de Cali. 2018
2 asentamientos: Los Samanes del Cauca y Navarro, ubicados en el jarillón del río Cauca.

NUEVA PUBLICACIÓN. PERIODISMO Y DESPLAZAMIENTO FORZOSO EN COLOMBIA.

NUEVA PUBLICACIÓN. PERIODISMO Y DESPLAZAMIENTO FORZOSO EN COLOMBIA.
Resultado de un proceso investigativo, este libro en coautoría da cuenta del tratamiento periodístico dado por el Diario El País de Cali, a los hechos y circunstancias que hicieron posible el desplazamiento forzado en Colombia y la aparición de la categoría Desplazados. 2016

martes, 30 de abril de 2019

MISERIAS DEL VECINDARIO


Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

Desde que el Castrochavismo[1] nació como artificio y ‘coco’ ideológico, la Gran Prensa colombiana, en particular medios radiales y televisivos[2], han usado a Venezuela[3] para tapar las miserias del Régimen nacional, asumiendo que el único hedor existente y posible de percibir es el que emana el régimen de Maduro Moros.

Y apoyados en una suerte de fijación mediática, impulsada por los temores que les producen el pensamiento crítico, la Izquierda, el progresismo y el fortalecimiento de la Oposición en Colombia, los canales privados RCN y Caracol[4] y sus extensiones en la radio vuelven hoy sus ojos sobre lo que acontece en Venezuela. Hoy, una escaramuza político-militar que pretende tumbar al  Régimen de Nicolás Maduro Moros,  “obligó” a la Gran Prensa colombiana a poner sus interesados reflectores en territorio venezolano no para que los colombianos comprendan sistémica y geopolíticamente  lo que sucede en el vecino país, sino para evitar que los mismos nacionales miren y comprendan lo que viene sucediendo al interior del Régimen colombiano, comprometido claramente con torpedear y hacer fracasar el proceso de implementación[5] del Acuerdo Final II y por esa vía, evitar la consolidación de una paz estable y duradera.

Nuevamente la misma Gran Prensa[6] colombiana vuelve a demostrarse, sin que sus propios periodistas y varios despistados profesores de periodismo hagan conciencia de ello, que los criterios de noticiabilidad no solo devienen caprichosos y acomodaticios[7], sino que suelen servir para tapar los problemas sentidos y estructurales de un país como Colombia: corrupción enquistada en las institucionalidades privada y estatal; odios viscerales y férrea oposición de la clase política, dirigente y militar contra el proceso de paz, la implementación del Acuerdo Final II y contra todo lo que huela a reconciliación y verdad histórica.

En el momento en que las audiencias asistían al vergonzoso espectáculo que brindaba en el Senado  la bancada del Centro Democrático (CD), en relación con la votación a las objeciones presidenciales al proyecto de ley estatutaria (PLE) de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Gran Prensa salió expedita a poner sus reflectores en Venezuela, para continuar apoyando la mayor apuesta política del Gobierno de Duque: coadyuvar a tumbar a Maduro, en un claro desconocimiento de principios como la no intervención en asuntos internos de otros países, el respeto a las soberanías estatal y popular y a la autonomía del pueblo venezolano para darse su propio destino.

Y no se trata de no cubrir periodísticamente eventos y sucesos que son de interés regional, de lo que se trata es de no abandonar la obligación ética y moral que tienen los periodistas masivos de informar, con inusitada claridad, sobre los abundantes y desbordantes hechos sociales, políticos, económicos y culturales de la Colombia que se hunde en sus propias miserias, gracias al oprobioso régimen de poder que nos regresó a las aciagas noches que vivimos entre 2002 y 2010. Baste con saber que a los magistrados de la Corte Constitucional los están “chuzando” para entender que efectivamente con el gobierno de Iván Duque Márquez, el país regresó a las prácticas dolosas y mafiosas que en el marco del Todo Vale[8], hicieron posible no solo el enfrentamiento entre el entonces Presidente Uribe con los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que venía condenando a sus congresistas por tener probados vínculos con grupos paramilitares, sino la persecución y el asesinato de profesores, críticos, detractores y defensores de derechos humanos[9].

Con el propósito de esconder las propias miserias nacionales, la Gran Prensa colombiana, afecta al Establecimiento, prefiere ocuparse del efluvio que sale del Palacio de Miraflores, en lugar de cubrir con especial interés periodístico-noticioso la hediondez que emanan las institucionalidades estatal y privada, comprometidas con las prácticas corruptas, mafiosas y dolosas que hicieron posible que hoy en Colombia la corrupción[10] se haya naturalizado y enquistado en las relaciones Estado-Mercado-Sociedad.

Por esa vía, los medios masivos colombianos, esto es, los afectos al Gobierno de Duque y defensores del llamado “uribismo”, no solo se vienen consolidando como actores políticos[11], sino como feroces enemigos de la paz, de la reconciliación, de la Verdad de lo acontecido en el marco del conflicto armado interno; y por ese camino, se erigen hoy como hostiles y adversos agentes generadores de una opinión pública capaz de entender, con suficiencia histórica, el devenir del país. Paz en la tumba del Periodismo con P mayúscula.  




Imagen tomada de Semana.com


[2] La FM, BLU Radio y la W se erigen como espacios radiales desde donde se cubre, con especial interés, lo que sucede en Venezuela, en detrimento del deber de informar sobre lo que acontece en Colombia.
[9]Bajo su gobierno, la represión hacia las personas defensoras de derechos humanos se intensificó bajo la denominada “política de defensa y seguridad democrática”. Véase: https://www.colectivodeabogados.org/IMG/pdf/cajar_informe_presentacion.pdf Consulta: 20/04/2019

domingo, 28 de abril de 2019

DIMAR TORRES



Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

El cruel asesinato de Dimar Torres, reinsertado de las antiguas Farc-Ep a manos de uno o varios militares, deja entrever no solo la evidente sevicia con la que actuaron sus victimarios, sino el odio no superado que estos uniformados aún sienten por el antiguo enemigo interno, hoy desmovilizado en el marco del Acuerdo de Paz de La Habana.

El crimen mismo y los vejámenes a los que fue sometido el cuerpo del exmiliciano -fue cortado su pene y al parecer, fue violado-, exponen con dolorosa claridad que dentro de las fuerzas militares hay individuos que no han comprendido o quizás no quieren entender que los guerrilleros de las Farc que se acogieron al Acuerdo de Paz II hoy tienen el estatus de personas protegidas y que sus vidas e integridad son responsabilidad del Estado. 

Se agrava lo sucedido con esta “ejecución extrajudicial” por la actitud asumida por el ministro de la Defensa, Guillermo Botero y los dicientes silencios asumidos tanto por el presidente de la República y el comandante del Ejército, General Nicasio Martínez. Ninguno de los tres, a la publicación de esta columna, ha lamentado el hecho, que es lo mínimo que se puede esperar de quienes en estos momentos tienen la responsabilidad de cumplir con la implementación del Tratado de Paz firmado entre el Estado y las Farc-Ep.

El ministro de la Defensa, en varias ocasiones, dijo a los medios masivos que “en un forcejeo entre el exmiliciano y un cabo del Ejército, el arma se disparó”. Es decir, la versión oficial daba cuenta, sin mayores explicaciones, de un suceso accidental. De inmediato, en las redes sociales esa versión oficial empezó a ser cuestionada con videos que darían cuenta de la intención manifiesta de varios militares de la Fuerza de Tarea Vulcano, de enterrar el cuerpo de Torres y borrar así toda evidencia de lo ocurrido en la jurisdicción de la vereda Campo Alegre, en el municipio de Convención (Santander).

Después de la visita al lugar de los acontecimientos, la Comisión de Paz concluyó que se trató de un asesinato en persona protegida. La ejecución de Dimar Torres se suma a los más de 70 desmovilizados y miembros de sus familias que han sido asesinados después de la firma del Acuerdo Final II en el teatro Colón de Bogotá.

Quien sí dio la cara en nombre del Ejército y en particular, de la Fuerza de Tarea Vulcano, fue el general Diego Villegas, investigado por ‘falsos positivos[1]’, quien señaló públicamente que: “es que no mataron a cualquier civil, mataron a un miembro de la comunidad; lo mataron miembros de las fuerzas armadas y por lo tanto el comandante debía poner la cara, y aquí estamos… “lo lamento en el alma y en nombre de los 4.000, no de los 22.000, no los hay, sino de los cuatro mil hombres que tengo el honor de comandar, les pido perdónesto no debió haber pasado y esto no obedece a una acción militar, pero yo no soy quién para decir lo que pasó allí. Pero sí les doy la tranquilidad de que yo tampoco estoy tranquilo con lo que pasó, ni que voy a arropar con la cobija de la impunidad, a las personas que lo hicieron”.

A pesar de las investigaciones que en su contra reposan por la comisión de falsos positivos, hay que reconocer en el general Villegas algo de gallardía y honor militar al ponerse al frente de los hechos que involucran a miembros de su unidad. Eso sí, sus declaraciones, los hechos mismos y lo constatado tanto por la Comisión de Paz del Congreso y los miembros de la Misión de la ONU confirman que no se trató de un accidente y que efectivamente el Cabo y los soldados que lo acompañaban traspasaron unos límites éticos y morales y se instalaron en el terreno de la barbarie, muy cerca de las formas como actuaron los paramilitares.

Y si la orden impartida por el Cabo o por otro superior a los soldados era someter el cuerpo a todo tipo de vejámenes y luego enterrarlo, estamos ante un proceder que acerca a estos militares a lo que Hannah Arendt llamó la “Banalidad del Mal”. Estos militares, desde lo propuesto por Arendt, habrían dejado de pensar, pues solo cumplían una orden. Orden que se les tornó “lógica y cumplible”, porque actuaron desde el odio que aún deben sentir y profesar estos soldados y cientos de militares  más, por quienes hasta hace unos años eran sus feroces enemigos.

Más allá de lo acontecido, este hecho debe motivar un proceso educativo, pedagógico y psicológico al interior de las Fuerzas Armadas, de lo significó y significa para el país y para los miembros de la Policía y del Ejército, especialmente, la desmovilización de las Farc-Ep.

Eso sí, poco se podrá hacer con ese proceso formativo y de cambio de mentalidad en militares y policías, si altos funcionarios del Estado continúan alimentando el odio contra los excombatientes desmovilizados, la JEP y contra todo lo que huela a Paz. Los silencios de Duque, de Martínez y el afán del ministro Botero de “tapar” lo verdaderamente sucedido, poco ayudan a la ambientación de un clima de perdón y reconciliación en quienes hoy tienen el deber constitucional, ético y moral de respetar y cuidar las vidas de quienes ayer también infringieron dolor y actuaron con sevicia, en muchos casos, contra policías y soldados.

El presidente y sus ministros están en la obligación de romper ese círculo vicioso de venganza en el que está encerrada parte de la sociedad. Y una forma de hacerlo es, por lo menos, lamentar la muerte de Dimar Torres, por insignificante que les parezca.

Adenda: y desde esta tribuna, me sumo al largo listado de ciudadanos que exigen la renuncia del ministro Botero. No puede resultar más peligroso, inconveniente y contradictorio que el jefe de esa cartera haya invitado a votar por el NO y evidencie un enorme desprecio por la vida de líderes sociales, por la protesta social y por los propios desmovilizados.





sábado, 27 de abril de 2019

LA JEP Y ALIAS EL PAISA


Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

La orden de captura emitida por la JEP en contra de Hernán Darío Velásquez, alias El Paisa, es un importante hecho jurídico y político que ocurre en medio de un sistemático proceso de desconocimiento institucional y de ataques contra la legitimidad de dicha jurisdicción de paz, del que han participado de manera coordinada voceros del partido de Gobierno, el Centro Democrático (CD), el Presidente Duque y el propio Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira (NHMN).

La decisión, adoptada en derecho se da porque el ex miembro de la extinta guerrilla de las Farc-Ep en varias ocasiones se negó a comparecer ante la JEP, aduciendo que no había garantías jurídicas y personales para su desplazamiento y comparecencia ante el tribunal de paz, ubicado en la capital del país. El excombatiente adujo inseguridad jurídica, después de ocurrida la captura de Jesús Santrich, con fines de extradición, asunto en el que está comprometido el propio Fiscal General, la DEA y otros agentes de poder interesados en desestabilizar el proceso de paz y deslegitimar a la JEP. Recordemos que el expresidente Uribe Vélez propuso el desmonte de dicho tribunal de paz.  

En torno a la decisión, la JEP, en su página web, publicó lo siguiente: “La Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó este viernes a la Policía Nacional y a la Interpol capturar a Hernán Darío Velásquez Saldarriaga para ser puesto a disposición de la JEP.  La decisión, de primera instancia, se tomó en la audiencia pública que se realizó este 26 de abril, donde la Sala concluyó que Velásquez Saldarriaga incumplió gravemente las condiciones para acceder y mantener los beneficios otorgados en virtud del Acuerdo de Paz, puesto que no compareció frente a los llamados que hasta el momento ha realizado la Jurisdicción, ni ha contribuido a la verdad y la reparación de las víctimas[1].
Sin duda, estamos ante un hecho que hace posible que la JEP gane credibilidad ante una opinión pública que ha visto y oído en los grandes medios masivos, en particular en los noticieros de televisión RCN y Caracol, información tendenciosa y feroces ataques por parte de voceros del Gobierno, de la bancada del CD y de manera directa de NHMN. La decisión adoptada por la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y Determinación de los Hechos y Conductas de la JEP claramente es una bofetada política a sus detractores.
A pesar de la decisión tomada por la JEP, tres voceros del Gobierno de Iván Duque exigieron la expulsión de Velásquez, alegando que dicho tribunal ha sido indulgente con el ex-guerrillero:  el Alto Comisionado para la paz, Miguel Ceballos, el Consejero para el Posconflicto, Emilio Archilla y el Consejero para los DDHH de la Presidencia, Francisco Barbosa[2]

Entre tanto, desde Valledupar y sin aludir a la JEP, el presidente de la República se extralimitò en sus funciones al ordenar la captura del ex-guerrillero, a sabiendas de que el abogado de Velàsquez puede presentar recursos jurídicos en torno a la decisión adoptada por la JEP. Esto dijo el presidente: “hoy se ha producido una decisión judicial… y estoy ordenando a las autoridades avanzar en la captura de alias El Paisa porque ese criminal debe responder a la justicia y no más burlas, porque los colombianos queremos genuina verdad, genuina justicia, genuina reparación y genuina no repetición[3].
Estamos pues ante dos órdenes. De un lado, la tomada por la JEP que puede ser controvertida por el abogado del excombatiente y la que dio de manera ilegal el presidente Duque. Sin duda, un elemento màs que se suma al agrio enfrentamiento institucional que se viene dando entre el Gobierno y el Fiscal General, en contra de la JEP. 

Sobre lo dicho por Iván Duque Márquez hago hincapié en lo siguiente: el presidente desconoce a la JEP como una institución que hace parte del ordenamiento jurídico del país. Nótese que habla de una “decisión judicial y de justicia” en general, sin aludir a la existencia de dicha jurisdicción transitoria de paz. No se trata de un simple olvido, por el contrario, el jefe de Estado no solo no aludió a la JEP como ente judicial que ordenó la captura del exfariano, sino que nuevamente expuso lo que ya pueden reconocerse como “engañosos mantras[4]”: “genuina justicia, genuina reparación, genuina verdad y genuina no repetición”. De manera directa, el presidente deja ver su animadversión hacia la Jurisdicción Especial de Paz.
Frente a la no expulsión de Velásquez, voceros de la JEP explicaron que esa decisión se tomará una vez se demuestre que alias El Paisa volvió a delinquir.  Con la orden de captura, el ex-guerrillero perderá los beneficios que venía recibiendo en materia de libertad condicional o restrictiva y en lo que tiene que ver con la asignación en dinero, según lo acordado en el Tratado de Paz.
De inmediato, el ministro de la Defensa, Guillermo Botero, ofreció públicamente el pago de 3.000 millones de pesos para quien dé con el paradero que coadyuve a la captura de Velásquez. Dicho ofrecimiento puede alentar acciones temerarias de claro revanchismo, que pueden terminar con la muerte del ex-guerrillero, sin que dicho desenlace se dé, necesariamente, en el contexto de un combate. Ello, sin duda, afectaría a las víctimas en su proceso de reparación y a la construcción de la verdad de lo ocurrido en el marco del conflicto armado interno. 
Y ese escenario es probable no solo por lo ocurrido con los “Falsos Positivos”, sino por las extrañas circunstancias en las que fue asesinado recientemente, a manos de un soldado, el desmovilizado y reincorporado exfariano, Dimar Torres. Videos que circulan en la Red registraron que el cuerpo del excombatiente fue sometido a vejámenes (violado y su pene cercenado).
La JEP tomó una decisión en derecho. Y a pesar de que la orden de captura no està aún en firme, esperemos que las autoridades que cumplan con la orden de captura presidencial, mas no la de la JEP, actúen dentro del marco jurídico y entreguen vivo al ex-guerrillero al transitorio tribunal de paz. 




viernes, 26 de abril de 2019

Mockus y Robledo: ¿dieron ‘papaya’?


Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

Con la anulación de las curules a Antanas Mockus y Ángela María Robledo, sin duda, pierden la democracia, las discusiones con altura en un Congreso en el que suelen asistir acomodaticios e incapaces operadores políticos que poco o nada discuten y proponen, por su pobreza discursiva y mental; pierden igualmente, el Estatuto de la Oposición en lo que tiene que ver con su reconocimiento jurídico-político y el voto popular, en tanto su poder quedó expuesto a los tecnicismos jurídicos y al juego político que se vislumbra en las dos decisiones adoptadas por el Consejo de Estado.

Las acciones de nulidad ejecutadas por el Consejo de Estado se dan, justamente, en una difícil coyuntura política: la votación de las objeciones a la ley estatutaria de la JEP. Pero el contexto en el que hay que entender las decisiones de esa corporación es mucho más amplio y complejo, porque tiene que ver con el regreso y la consolidación del proyecto[1] ético-político con el que se golpeó seriamente el equilibrio de poderes, se restringió la democracia y se invocó a anular, estigmatizar, perseguir y desaparecer a todo lo que oliera a izquierda, a progresismo y por esa vía, a todo lo que incitara a la crítica al orden establecido y a la movilización social. Hablo del proyecto ético-político que lideró y lidera aún Álvaro Uribe Vélez, con el apoyo irrestricto de poderosos agentes sociales y económicos de la sociedad civil, y claro, con el silencio cómplice y los temores fundados  de sectores políticos. Huelga decir que esa misma idea de país viene ejecutándose desde 2002.

Ahora bien, dirán  que el periodo presidencial de Juan Manuel Santos fue distinto, a pesar de  haberse hecho elegir bajo la sombrilla de la Seguridad Democrática y la bendición del combativo político antioqueño. Lo cierto es que Santos mantuvo, en lo económico y en lo ambiental, los mismos principios neoliberales del primer mandato del operador político nacido en Salgar. Baste con leer una frase célebre de su Plan Nacional de Desarrollo para demostrar que efectivamente el hoy Nobel de Paz y entonces jefe de Estado, cumplió a cabalidad con aquellos principios: “El mercado hasta donde sea posible, el Estado donde sea necesario”. 

Es decir, Santos Calderón  solo tomó distancia de Uribe en dos aspectos: el primero, intentar devolverle en algo la decencia a la política, y lo hizo, con un factor poco reconocido por sus detractores: respetar la institucionalidad, en particular, mantener relaciones cordiales y de mutuo respeto con las altas Cortes. Y el segundo, habérsela jugado por ponerle fin al conflicto armado con las Farc por la vía de una negociación compleja, alejada totalmente de esa idea de una paz exprés y sin concesiones que alentaba Uribe Vélez.

Frente a los hechos que facilitaron las demandas de interesados abogados, cercanos ideológicamente a lo que se conoce como “el uribismo” y todo lo que de allí se desprende y lo que motiva esa “marca (in)moral” en sectores legales e ilegales, hay que decir que Antanas Mockus y Ángela María Robledo “dieron papaya”. ¿Por qué no renunció el senador a su  condición de Representante Legal de Corpovisionarios? Quizás no gestionó recursos oficiales, pero esa condición legal lo ponía en un riesgo ético y jurídico, que fue aprovechado por los interesados abogados, que parecen actuar más desde sus vínculos políticos y simpatías ideológicas con sectores de derecha y ultraderecha, que con el genuino interés de aportar al fortalecimiento jurídico de las doctrinas y beneficiar a la institucionalidad democrática. 

Aunque el caso de la congresista Robledo[2] es mucho más complejo que el de Mockus porque su llegada al Legislativo se dio en el marco del Estatuto de la Oposición, mecanismo y realidad jurídico-política que aún, infortunadamente, está presta a interpretaciones jurídicas. Es decir, urge una revisión jurídica y política del Estatuto de la Oposición en torno a los asuntos sobre los cuales falló la Sala Quinta del Consejo de Estado, porque la misma decisión deja entrever “grietas que llevan a vericuetos jurídicos” en temas como la doble militancia, en particular cuando al movimiento de la Colombia Humana se le negó su personería jurídica.

Pero más allá de los tecnicismos jurídicos, lo acaecido con las curules de Mockus y Robledo dejan una lección para los sectores de centro-izquierda: en temas legales, hay que actuar con mucha cautela, pues está claro que el actual Régimen de poder está al acecho y en constante vigilancia de las actuaciones de aquellos que osan enfrentarlo. Si al final se concluye, más allá de las suspicacias que genera lo fallado por los magistrados del Consejo de Estado, que los congresistas Mockus y Robledo dieron “papaya”, entonces en adelante estas dos dolorosas lecciones se tienen que aprender y tener en cuenta para no volver a caer en los vericuetos jurídicos en los que los abogados de la Derecha saben moverse muy bien. ¿Dieron papaya?



Imagen tomada de caracol.com.co 



[2]Lo anterior significa, según la legisladora –quien llegó al Capitolio para el periodo 2018-2022 en representación de la Colombia Humana-, que si se hubiera presentado al cargo por otro partido y hubiese resultado electa popularmente (mas no producto de la aplicación de una norma), “sí tenía que haber renunciado a la Alianza Verde”, argumenta la congresista. Además, Robledo explica que la Constitución tampoco prevé inhabilidades relacionadas con doble militancia para los senadores que quieren postularse como candidatos a la Presidencia o Vicepresidencia de la República. Por ende, señala, no tenía por qué haber renunciado con ese tiempo de antelación, como tampoco lo hizo el candidato ganador de las elecciones de 2018, el hoy presidente Iván Duque”. Tomado de https://www.elespectador.com/noticias/politica/angela-maria-robledo-en-defensa-de-su-curul-articulo-851108


jueves, 25 de abril de 2019

VACÍO EDUCATIVO


Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

Colombia es una fuente inagotable de hechos sociales, políticos, ambientales, ecológicos y económicos, todos inmersos en procesos civilizatorios que, aunque con heterogeneidad regional, comparten una  débil identidad nacional, así como una relativa y poco clara idea de lo que es el Estado y sobre todo, para qué sirve y a quién le debe servir.

Lo que sí creo que compartimos todos los colombianos, o por lo menos, el grueso de su población, es un vacío educativo, que deviene ético y por lo tanto, civilizatorio: no fuimos educados-formados para comprender, disfrutar estéticamente y convivir éticamente con la biodiversidad.

Ese hecho cultural, que también es ético y político, hizo posible que cada colombiano, de acuerdo con sus propias circunstancias y posibilidades para acumular poder político y económico, asumiera su propia idea de desarrollo, de relacionamiento con y de apropiación de los ecosistemas.

Ahora que asistimos a la programada deforestación de la Amazonia, por cuenta de la potrerización y de la extensión del modelo de la gran plantación (siembra extensiva de palma aceitera), se ve con claridad el inmenso daño que ese vacío educativo provoca tanto en las autoridades ambientales, en los gobernantes de turno y en el conjunto de la sociedad. Es tal la magnitud de dicha carencia, que a los agentes ambientales los priva de asumir su rol, yuxtaponiendo valoraciones estéticas-éticas, a los planteamientos técnicos y a los estudios de impacto ambiental que suelen revisar, por ejemplo, los funcionarios de la ANLA[1].

No creo que Colombia, como Estado, pueda cumplir con los compromisos ambientales asumidos internacionalmente. Y lo digo no solo por las incontrolables intervenciones humanas en la Amazonía y en el Chocó Biogeográfico, para nombrar solo dos territorios,  sino por los graves problemas de contaminación que ya exhiben Bogotá y Medellín, que ha obligado a sus autoridades a declarar emergencias ambientales. A lo anterior se suma un hecho político insoslayable: dentro del partido de gobierno hay congresistas que en doble vía buscan no solo apropiarse de tierras baldías en el sur del país, sino que buscan hacer trizas el Acuerdo Final firmado entre el Estado y la entonces guerrilla de las Farc,  insistiendo en el acaparamiento de tierras para potrerizar e instalar monocultivos, en particular el de la palma aceitera para producir “comida para los carros”.

La situación en el sur del país, que no es muy distinta a lo que ocurre en el Chocó Biogeográfico, se explica de la siguiente manera: “Mientras Colombia no controle y haga presencia en esas áreas, seremos un Estado fallido. El país no puede seguir dejando que esos territorios sean despojados. La esperanza que guardamos muchos ambientalistas es que el gobierno del Presidente Duque tome seriamente ese control en los cuatro años que vienen”, como el Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete y la Sierra de La Macarena. “Allí podría iniciar la lucha del gobierno, llevando la deforestación a cero en estos sitios al final del gobierno. En el control territorial está la esperanza. Hay que convencer a las fuerzas armadas de que una bandera positiva para ellos es derrotar la deforestación. Como ambientalistas, debemos educar a las fuerzas militares sobre el significado de los bosques y la misión que cumplen[2].

Lo anterior ocurre porque las instituciones ambientales son débiles. Y lo son, en parte, porque los funcionarios que deben tomar decisiones obedecen a intereses políticos, se dejan amedrentar de poderosos latifundistas, ganaderos y cuanto empresario del campo aparece y por supuesto, están sometidos al poder de narcos y paras que suelen actuar de la mano de agentes legales. Y lo que es peor, con la anuencia y en ocasiones, en contubernio con agentes estatales. Y en todo lo anterior el vacío educativo al que se hizo referencia en las primeras líneas de esta columna, juega un papel fundamental en tanto que no hay soporte ético y mucho menos estético para defender los ecosistemas boscosos en particular.

Claro, no podemos exigirle a narco-paramilitares e incluso, a los “guerrilleros” del ELN que actúen bajo una ética ambiental que los haga proclives a abandonar sus prácticas depredadoras. Lo más desesperanzador es que tampoco podemos esperar mucho, desde la perspectiva ética-estética, de esos empresarios del campo que solo buscan, detrás de poner 5 ó 10 vacas, o de instalar un monocultivo de caña de azúcar o de palma, concentrar grandes extensiones de tierra, aguardando que el negocio inmobiliario continúe aupando el desorden urbanístico y un ordenamiento territorial insostenible de las capitales de los departamentos amazónicos de Colombia. Lo que hoy está sucediendo en varias de las capitales de los departamentos de Arauca, Casanare, Vaupés, Vichada, Meta, Guaviare, Caquetá, Guainía, Putumayo y Amazonas es un proceso acelerado y caótico de urbanización.  

Y poco podemos esperar del Gobierno del presidente Duque en materia de conservación de los bosques, no solo por su débil talante, sino porque quien lo ayudó a que llegara a la Casa de Nariño no solo es un consagrado latifundista y acaparador de tierras baldías[3], sino un montaraz ganadero cuya racionalidad no le permite considerar la discusión sobre qué es eso de la sostenibilidad ambiental y mucho menos, de qué es eso de la sustentabilidad. Dirán en privado que esos temas hay que dejárselos a los ambientalistas, a la academia que piensa, pero que no puede actuar políticamente. En esa línea, tanto Uribe, como los demás ganaderos y aupadores del modelo del gran latifundio, dan cuenta de procesos civilizatorios truncos desde una perspectiva de la ética ambiental. Es decir, son inteligentes, pero actúan con total irracionalidad en lo que concierne al cuidado de la casa común.  De acuerdo con Ramón Folch, los señalados operadores políticos, y los ciudadanos de la agroindustria y la ganadería extensiva bien podrían considerarse poco evolucionados. Dice Folch que "los humanos más evolutivamente avanzados, en definitiva, son los humanos que se auto proporcionan una ética reguladora de sus actuaciones ambientales. Por eso, a mi entender, la ética ambiental es más que necesaria: es el fatal corolario de la propia evolución humana"(Folch, R 1998:32). 

Insisto entonces en que el no haber sido educados-formados para comprender, disfrutar estética y convivir éticamente con la biodiversidad, a los amigos del desarrollo rural basado en la ganadería extensiva y en el modelo de la gran plantación les queda fácil tomar decisiones.  Y es así, porque a través de ese vacío educativo se filtra con enorme facilidad, tanto en los amigos de esas actividades y en los funcionarios que las deben controlar y limitar, esa idea universal de desarrollo económico que no reconoce límites  y derechos en y a los ecosistemas. Al final, ese vacío educativo nos fue llevando al abismo ético en el que cual caímos todos los colombianos. O por lo menos, una gran mayoría.



Imagen tomada de elespetacor.com 

jueves, 18 de abril de 2019

LA JUDICIALIZACIÒN DE LA POLÌTICA


Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

Los escándalos por corrupción que se asocian de tiempo atrás a la operación de la multinacional Odebrecht y a la clase política de varios países latinoamericanos, dejan entrever no solo las siempre sinuosas operaciones de las multinacionales en América Latina y en el resto del mundo, sino el sometimiento ético y moral que suelen lograr quienes aúpan y creen ciegamente en una visión de desarrollo. Visión esta, que suele, naturalmente, ir de la mano del enriquecimiento ilícito de quienes de manera directa terminan haciendo posible la construcción de grandes obras de infraestructura, como las que se ejecutaron en Colombia en la llamada Ruta del Sol (I y II) y del consabido sometimiento y transformación de ecosistemas naturales, sin mayores consideraciones ecológicas y ambientales. No se puede esperar que, en medio de actos de corrupción generalizada, se den prácticas y se adopten decisiones sostenibles desde el punto de vista socio ambiental.

La operación de Odebrecht en países como Colombia y Perú se dio gracias a las finas relaciones establecidas entre Marcelo Odebrecht y su avanzada de directivos, con presidentes en ejercicio, situación que no solo expuso a la institución presidencial de los dos países a un inusitado desgaste en su legitimidad, sino que activó eso que muchos llaman la judicialización de la política.  

Para el caso colombiano, no olvidemos que la entrada al país de esa multinacional se dio durante el gobierno de Uribe Vélez (2002-2010). Y en los escándalos de corrupción están comprometidos tanto el propio senador oriundo de Salgar, el excandidato presidencial Oscar Iván Zuluaga, Andrés Felipe Arias y el entonces senador, Iván Duque Márquez[1], hoy presidente de Colombia. En el mismo escándalo está comprometida la campaña presidencial[2] de Juan Manuel Santos, entonces ungido de Uribe Vélez.

Con el suicidio del expresidente peruano Alan García, investigado por la justicia de su país por presuntamente recibir coimas de la multinacional brasilera, aquello de la judicialización de la política se activó y vuelve a cobrar sentido y vigencia para algunos. El expresidente colombiano, Ernesto Samper Pizano, aludió a esa circunstancia en su cuenta de tuiter. Dijo el exmandatario: “La lamentable muerte de mi copartidario y amigo, Alan García, nos obliga a reflexionar sobre la judicialización de la política. No podemos seguir convirtiendo los estrados judiciales en escenarios de confrontación política”.

Apenas comprensible la postura asumida por Ernesto Samper, por su doble condición de amigo de Alan García y expresidente.  Pero sociedades comprometidas en históricos casos de corrupción pública y privada como Perú, Brasil y Colombia, necesitan, con especial urgencia, que la institución presidencial pueda ser requerida por los jueces, menguando en algo ese poder casi omnímodo con el cual son investidos quienes llegan a ser Jefes de Estado.

En particular y especialmente  para el caso colombiano, urge que el poder presidencial sea sometido al ojo escrutador de los jueces, por cuanto de tiempo atrás hay evidencias de que muchos de los que llegaron a la Casa de Nariño lo hicieron por obra y gracia de disímiles mafias o expresiones mafiosas del poder, que encontraron  flaquezas y grietas éticas y morales en las élites del Establecimiento, lo que finalmente abriò el camino para la consolidación de un ethos mafioso que guió y guía hoy las actuaciones de políticos, empresarios, gerentes, directivos y operarios, cuando se trata de ejecutar obras de infraestructura.

Así entonces, la judicialización de la política no debe verse como una fatalidad o un sometimiento del poder político. Por el contrario, puede resultar ejemplarizante para una sociedad confundida moral y éticamente como la colombiana, ver a expresidentes procesados[3] y condenados por actos de corrupción y por haber actuado en detrimento de la confianza pública y de la legitimidad de institución presidencial, e incluso, de la propia viabilidad del orden establecido. Y por haber comprometido la moral estatal, a los venalidades y banalidades que el dinero produce y reproduce. 

Ahora bien, no se trata de creer a pie juntillas en la justicia y en el “gobierno de los jueces”. De lo que se trata es que los ciudadanos, los propios jueces y la sociedad civil en su conjunto, asuman la institución presidencial como un ejercicio honroso del poder y no como una oportunidad para saciar la avidez de aquellos que ven en la dignidad presidencial solo una oportunidad para enriquecer a su familia y devolver los favores electorales recibidos, en forma de millonarios contratos (para unos pocos); y con platos de lentejas y tejas, para cientos de miles.

Quizás haya que volver a escuchar a Pepe Mujica, en particular cuando advirtió sobre lo peligroso que puede llegar a ser un político al que le gusta mucho la plata: “Deberían dedicarse al comercio y la industria aquellos políticos que entienden que la política es para hacer plata, porque ella no es una profesión y está para servir, no para acumular dinero. Ésta no se hizo para la repartición de grupos, sino que es una pasión creadora que lucha por la suerte y por la convivencia mejorada de la sociedad[4].

Vuelvo a insistir en que la sociedad colombiana necesita de acciones ejemplarizantes en contra de aquellos expresidentes sobre los cuales recaen todo tipo de señalamientos por actos de corrupción política (administrativa), por beneficiar económicamente a sus familias e incluso, señalados jurídica, social y políticamente por sus cercanías con grupos criminales y por haber usado el Estado para ejecutar acciones de venganza y abocar soluciones violentas contra grupos armados ilegales e incluso, por rencillas y enemistades contra viejos amigos que osaron controvertir sus decisiones de gobierno.

De lo que se trata, con o sin la judicialización de la política, es pasar las páginas de la gobernabilidad económica y política autoritaria de la que habla Edgar Revèiz en su libro El Estado como mercado (1997). La misma de la que se han servido varios presidentes para gobernar en Colombia.

El suicidio de García

La decisión que tomó el expresidente peruano de quitarse la vida ante su inminente captura por haber recibido, según la justicia peruana, coimas de Odebrecht, es un hecho lamentable desde las perspectivas política, humana, jurídica y social. Inocente o no, con su muerte pierde el conjunto de la sociedad peruana y en particular la institución presidencial.

Quienes jocosamente han invitado a varios expresidentes, en particular a Uribe Vélez, para que sigan el ejemplo de García, caen en un error insalvable. Con el suicidio se silencian los procesos judiciales, se golpea en doble vía la credibilidad de los jueces, en tanto que la presunción de inocencia no caduca con la muerte del investigado o procesado y por ese camino se abre camino a la sanción moral (religiosa) por la presión a la que fue sometido el expresidente peruano por parte de la justicia peruana.

Por el contrario, y para el caso colombiano, lo que debemos desear los colombianos es una larga vida a nuestros expresidentes. Es posible que, con el paso del tiempo, logremos como sociedad llegar a asquearnos de verdad de la corrupción y salgamos a exigir la judicialización de la política, en contravía de lo que señala el expresidente Samper Pizano[5]. A lo mejor nos baste como sociedad que por lo menos la justicia logre procesar y condenar a un expresidente o más adelante quizás, a un presidente en ejercicio.

Pero debemos empezar, primero, por rechazar el ethos mafioso que emerge en las actividades cotidianas. Luego, salir masivamente a exigir la renuncia de un presidente señalado de corrupto. Para lograr lo anterior, debemos comprender el sentido de lo dicho por Álvaro Gómez Hurtado:El régimen transa las leyes con los delincuentesinfluye sobre el Congreso y lo soborna, tiene preso al Presidente de la República…Samper es una persona llena de buenas intenciones, pero está preso por el establecimiento. No puede hacer nada, está rodeado de intereses creados. Con los jueces pasa lo mismo… El régimen es un conjunto de complicidades. No tiene personería jurídica ni tiene lugar sobre la tierra. Uno sabe que el Gobierno existe porque uno va a Palacio y alguien contesta, que resulta ser por ejemplo el Presidente de la República, y va al Congreso y ahí sale su presidente, pero el régimen es irresponsable, está ahí usando los gajes del poder, las complicidadesEl Presidente es el ejecutor principal del régimen, pero está preso. A mi me da pena repetirlo, pero el Presidente es un preso del régimen. El régimen es mucho más fuerte que él, tiene sus circuitos cerrados, forma circuitos cerrados en torno de la Aeronáutica Civil, de las obras públicas, de los peajes, y en ellos no deja entrar ninguna persona independiente"[6].






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