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Tres artículos: Medio ambiente y conflicto armado; Editoriales sobre el proceso de paz con las Farc; y Acción colectiva y asentamientos en Cali. Memorias, 2018.

Nueva Publicación: Investigación sobre dos asentamientos informales de la ciudad de Cali. 2018

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2 asentamientos: Los Samanes del Cauca y Navarro, ubicados en el jarillón del río Cauca.

NUEVA PUBLICACIÓN. PERIODISMO Y DESPLAZAMIENTO FORZOSO EN COLOMBIA.

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Resultado de un proceso investigativo, este libro en coautoría da cuenta del tratamiento periodístico dado por el Diario El País de Cali, a los hechos y circunstancias que hicieron posible el desplazamiento forzado en Colombia y la aparición de la categoría Desplazados. 2016

lunes, 11 de marzo de 2019

Lo dicho y lo no dicho por Duque en su alocución


Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo


En su alocución del domingo 10 de marzo, el presidente de la República de Colombia objetó, por inconveniencia política, el proyecto de ley estatutaria para el funcionamiento de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP). A través de un discurso ambiguo, el Jefe de Estado explicó el sentido de las objeciones.  Más allá de las consideraciones jurídicas de los reparos o impugnaciones hechas al señalado marco legal, lo que en adelante se expone  es un ejercicio de análisis político del discurso que dio vida a la alocución presidencial.

Alude el presidente a un elemento clave de la democracia: la división de poderes y los pesos y contrapesos. Al hacerlo, hace que su decisión, de carácter eminentemente político, se entienda como un hecho propio de un régimen democrático que opera en condiciones de equilibrio institucional, ocultando que estamos ante un régimen presidencialista, cuyo poder se maximiza por la cooptación histórica que siempre ha hecho el Ejecutivo del Congreso. Aunque no tiene garantizadas las mayorías en la corporación legislativa, muy seguramente apelará al ofrecimiento de “mermelada”, como lo han hecho históricamente todos los Gobiernos anteriores, para sacar adelante sus iniciativas y proyectos de ley.

Nos da a entender Duque Márquez que en el marco de esa división de poderes y  del ordenamiento jurídico colombiano, objetar o sancionar leyes parece ser un mecanismo rutinario del que no es posible hacer mayores cuestionamientos políticos, así las objeciones, como en este caso, tengan ese carácter. Duque señaló: “la Constitución le otorga un plazo el presidente de la República para sancionar las leyes o para objetarlas por inconveniencia. Se trata del principio de separación de poderes públicos y de los necesarios pesos y contrapesos democráticos en su más pura expresión”.

Nótese que se cuida de calificar sus objeciones como políticas. Intenta darle a su discurso un carácter jurídico que no tiene, por cuanto sus réplicas no tienen mayor sentido por cuanto quedaron resueltas en los fallos de la Corte Constitucional. Insistir en que hay temas por ajustar, es iniciar el camino de volver a “re-negociar” el Acuerdo Final en el Congreso, y en particular, de re-interpretar los fallos de un órgano de superior jerarquía como lo es la Corte Constitucional en lo que tiene que ver con declaratorias de exequibilidad.

Prosigue el mandatario en este sentido: “estamos ante una oportunidad única para construir un consenso institucional alrededor de la justicia transicional, una oportunidad que nos permita encontrar un camino para enfocarnos en lo que nos unen y no en lo que nos divide”.

Al decir que hay que construir consenso institucional alrededor de la justicia tradicional, Duque Márquez arguye que dicho modelo de justicia genera dudas éticas y políticas, lo que abre de inmediato la posibilidad para que su legitimidad y su aplicación sean cuestionadas, en aras a la urgente necesidad de alcanzar consensos. Olvida el presidente que sobre el disenso también es posible construir legitimidad y hacer viable la aplicación de un tipo de justicia distinto al modelo vindicativo sobre el que opera la justicia tradicional u ordinaria. De inmediato, justifica su cuestionamiento a la justicia restaurativa, derivada de la justicia transicional, señalando que ese modelo no une a los colombianos y que por el contrario, divide. No aporta elemento empírico alguno, como por ejemplo, el resultado de una encuesta que recoja, con rigurosidad, si la aplicación de la justicia transicional es el factor preponderante y único generador de los los niveles de polarización y crispación ideológica que vive el país desde 2002.

Al apelar a categoría universal de los colombianos, Duque se instala como símbolo de unidad de la Nación. Sin duda, un intento desesperado por cuanto sabemos que él representa a un sector del Establecimiento que claramente tiene miedo a las decisiones que en derecho se adopten al interior de la JEP.  Se trata, sin duda, de una estratagema discursiva por cuanto, insisto, no hay evidencia empírica que demuestre que ese modelo de justicia es responsable de la “división entre los colombianos”. De esta manera, el jefe de Estado se auto proclama como el único capaz de unirnos, lo que implica, necesariamente, ajustar o derogar ese tipo de justicia.

Continúa la alocución: “He decidido realizar objeciones a seis de los 159 artículos de la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz por razones de inconveniencia”. Se cuida el ungido de Uribe Vélez de calificar que se trata de objeciones de carácter político y moral.
Y en su intención fallida de no polarizar al país, en tono amable invita al “Congreso para que los debatan constructivamente”. En un discurso “conciliador”, pero al mismo tiempo, exhibiendo con claridad que invalida las decisiones tomadas por la Corte Constitucional, Iván Duque aclara que “no estamos ante un choque de trenes con la Corte Constitucional. Corte por la que tengo el mayor respeto pues es la guardiana de la Carta Política y sobre los temas de constitucionalidad tiene la última palabra”. En su retórica meliflua, el presidente de la República reconoce la importancia del rol que juega la Corte Constitucional, mientras anuncia que invalida y desconoce la legitimidad social y política de sus fallos y también, la prestancia moral de sus sentencias, al exponer seis objeciones alrededor de  asuntos o temas sobre las que dicha corporación ya falló.

En este sentido continúa el discurso presidencial: “Todos los colombianos con excepción de quiénes son y son incapaces de renunciar a la violencia y dejan sus crímenes, queremos que haya paz en nuestra nación. No existe la falsa división entre amigos y enemigos de la paz, pero queremos una paz que garantice de manera genuina la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición”.

Su postura moralizante frente al proceso de paz de La Habana, le impide señalar, con nombre propio, a quienes insisten en la violencia. Además, se cuida Duque de hablar de violencia política para reconocer allí, por ejemplo, al ELN. Opta por el término genérico Violencia, para desconocer las motivaciones políticas de “aquellos” que permanecen levantados contra el Estado. Y aclara que no existe división entre amigos y enemigos de la paz. Lo que hace Duque es validar la frase que usó en su campaña y que a diario utilizan los miembros y amigos cercanos al Centro Democrático (CD): “paz sí, pero no así”. Y deja en el olvido las amenazas que hiciere en su momento el ex ministro y miembro del CD, Fernando Londoño Hoyos, cuando señaló que “uno de los objetivos del CD es hacer trizas ese maldito papel que llaman el Acuerdo final”. Y por esa misma vía de ocultar una realidad política, Duque echa en el olvido la intención manifiesta de su mentor, cuando propuso, días atrás, derogar a la JEP.

Cuando Duque usa la conjunción Pero, de inmediato activa el mecanismo o la posibilidad de que haya oposición frente a algo. En este caso, la conjunción activa la sentencia que ya funge como una especie de mantra que repiten los “uribistas-duquistas” y que señalé líneas atrás: “paz sí, pero no así”. El sentido de esta frase le sirve al presidente para “justificar” o validar no solo sus objeciones al PLE, sino las acciones legislativas que dijo que emprenderían en lo sucesivo, para modificar lo que ya la Corte Constitucional falló y que entra en el ámbito de cosa juzgada.

Ahora detengámonos un instante en la palabra, término y concepto de lo Genuino. He aquí algunos sinónimos: “legítimo, cierto, auténtico, legal, lícito, oficial, permitido, razonable, probado, seguro, verdadero, propio, puro, natural, verdadero, auténtico, acreditado”. Así entonces, el presidente le dijo a todos los colombianos, en su alocución dominical, que tanto el modelo de justicia transicional, como la JEP misma y el tratado de paz firmado en La Habana son ilegítimos, poco razonables, impuros moralmente; o fraudulentos, ficticios, aparentes, artificiosos, engañosos,  o simulados”. 

Y continúa con su discurso homogeneizador sobre la base de imponer sus propios juicios morales. Dice Duque: “los colombianos queremos y necesitamos una paz que nos una y todos debemos contribuir de manera permanente para lograr ese objetivo. Una paz que nos una para zanjar de una vez por todas las discusiones que han marcado la historia reciente del país. Una paz que nos una.  Para resolver los justificados temores de un gran número de compatriotas frente a la impunidad y también cumplirles a aquellos que genuinamente han escogido la ruta de la legalidad; aquellos que han cumplido sus compromisos y hoy respetan la ley, no tienen nada que temer con nuestras objeciones. El gobierno continuará con la implementación efectiva y ejecutiva de los compromisos a todas las personas que se encuentran en la reincorporación y en las regiones que han sido afectadas inmisericordemente por la violencia”.

En varios pasajes de su discurso, el presidente de Colombia reedita lo vivido en el plebiscito del 2 de octubre de 2016. Es decir, Duque nos instala nuevamente en ese episodio y momento histórico del país. Y al hacerlo, activa un sentimiento de venganza en torno a una idea generalizada que impusieron los “uribistas”, con la ayuda de la Gran Prensa: “nos robaron el plebiscito; los ajustes al Acuerdo Final fueron mero maquillaje”.

Duque se excluye del grupo de colombianos que tienen prevenciones en torno a la impunidad que pueda derivarse del modelo de justicia restaurativa. Y lo hace, hábilmente, para ocultar su incapacidad para aceptar que dicho modelo de justicia es la vía para resolver un conflicto armado que por la vía de las armas nos puede llevar a 50 años más de múltiples formas de  violencia que han aparecido al lado de las dinámicas propias del enfrentamiento entre Estado-Paras y las guerrillas. Insiste, entonces, en la salida militar, antes que darle la oportunidad a una justicia que no opera como lo hace la actual: sobre la venganza.

Y vuelve a insistir Duque en lo genuino. “La administración de justicia en la Jurisdicción Especial para la Paz es producto de los acuerdos. Es necesaria en este esfuerzo histórico insoslayable asegurar la genuina verdad, la genuina justicia, la genuina reparación y la genuina no repetición.  Este objetivo ha sido el faro ético y jurídico que guió nuestra revisión de la ley estatutaria y que nos ayuda a identificar nuestras objeciones para buscar una genuina reparación”. Se cuida el investido de Uribe Vélez de ubicar los acuerdos, territorial y geopolíticamente, en La Habana. Su animadversión hacia las Farc, heredada de su mentor, le impide nombrarlas y mucho menos al país que fue sede y garante de las conversaciones y negociaciones de paz. Sobre la segunda frase subrayada, Duque advierte que lo guía una acción de análisis jurídico, cuando queda claro que sus reparos a lo fallado por la Corte Constitucional solo le caben juicios políticos. Por ello habló de inconveniencia a secas, cuando es apenas evidente que sus observaciones devienen con un inocultable carácter político (diría, moral), aupado por Uribe Vélez y el Fiscal, NHMN.

Sigue el mandatario: “cada una de nuestras observaciones busca la mejora y la corrección de la justicia transicional. Para corregir estos aspectos y avanzar en la construcción de una paz que nos une, no podemos tenerle miedo a abordar estos cambios de manera constructiva y sin ánimo de polarizar. La honorable Corte Constitucional cumplió con su mandato y se pronunció con respecto a la exequibilidad de la ley. El fuero que me corresponde como presidente es el de la conveniencia para la sociedad y en esa línea presentamos está 6 objeciones”.

¿Qué es lo que es posible corregir de un modelo de justicia transicional que opera sobre la urgente necesidad de cambiar el paradigma sobre el que gira la justicia ordinaria? Queda claro que el presidente de la República no solo objeta seis artículos del PLE, sino que incita al Congreso a que toque los fundamentos éticos, jurídicos y morales de la justicia restaurativa. ¿A qué grupos de la sociedad se refiere Iván Duque Márquez? ¿A los cientos de miles de “uribistas” que de tiempo atrás se opusieron a los diálogos de paz?

Sigue el texto de la alocución: “Adicionalmente quiero informarle a Colombia que existen al menos tres aspectos del actual ordenamiento constitucional sobre la justicia transicional qué debemos avanzar para ser modificados y que estoy convencido son necesarios para el país. Para ello, presentaremos al Congreso una reforma constitucional para modificar el Acto Legislativo 01 de 2017 que incluya estos tres puntos que mejoran la jurisdicción especial para la paz. El primer punto es la exclusión de los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes de la justicia transicional. Ninguna ideología… justifica la aberrante agresión a los más vulnerables de la sociedad. Los colombianos no debemos ahorrar ningún esfuerzo en la protección de los menores. En segundo lugar, esta iniciativa de reforma constitucional debe dejar claro que quien reincida las actividades criminales perderá todos los beneficios.  Por último, este acto legislativo debe dejar Claro que todas las conductas delictivas que se hayan iniciado antes del primero de diciembre 2016 y que continúen ejecutándose después de la fecha serán competencia de la justicia ordinaria para asegurar los principios de justicia y no repetición. Tan pronto se reanuden las sesiones ordinarias del Congreso de la República radical hemos este acto legislativo e invitaremos a los congresistas a discutir respetaré las decisiones finales sobre las objeciones y el proyecto de reforma constitucional que tome el Congreso de la República. Estamos convencidos de la fuerza y la legitimidad que genera la colaboración armónica entre los poderes, juntos la rama ejecutiva, el legislativo y la Corte Constitucional podremos reformar y diseñar una jurisdicción especial para la paz que asegure genuina justicia y reparación y no repetición.  Que Dios bendiga”.

Y para que no queden dudas de sus intenciones políticas, el presidente informa sobre la arremetida legislativa que emprenderá en breve contra la JEP. Estamos ante una evidente acción propia de un poder público que busca chocar con otro y por esa vía, deslegitimarlo y someterlo a su voluntad. En este caso, Duque busca usar el Congreso para invalidar los ejercicios de constitucionalidad hechos por la Corte Constitucional.  Luego, para matizar, Duque Márquez señala que respetará las decisiones que se adopten al interior del Congreso. ¿Acaso tiene otro camino? ¿O es que acaso está contemplando la posibilidad de que, ante un revés en sus pretensiones legislativas contra la JEP, cerrar el Congreso y llamar a una Asamblea Nacional Constituyente? 

Termina su alocución haciendo mención a Dios. Apela a esta figura, porque sabe que este es un país creyente. Un país que contradictoriamente cree en Dios y en santos, pero siente un enorme desprecio por la vida, en especial, por la de  humildes soldados, paras y guerrilleros, enfrentados entre sí, para mantener a una oligarquía sucia y criminal. ¡Vaya país, este!



Imagen tomada de Semana.com



1 comentario:

  1. Muy acertado profesor Ayala. Su análisis cala muy hilado en lo que se dice entre líneas y lo que hay detrás de ese discurso.

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