Nueva publicación

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Tres artículos: Medio ambiente y conflicto armado; Editoriales sobre el proceso de paz con las Farc; y Acción colectiva y asentamientos en Cali. Memorias, 2018.

Nueva Publicación: Investigación sobre dos asentamientos informales de la ciudad de Cali. 2018

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2 asentamientos: Los Samanes del Cauca y Navarro, ubicados en el jarillón del río Cauca.

NUEVA PUBLICACIÓN. PERIODISMO Y DESPLAZAMIENTO FORZOSO EN COLOMBIA.

NUEVA PUBLICACIÓN. PERIODISMO Y DESPLAZAMIENTO FORZOSO EN COLOMBIA.
Resultado de un proceso investigativo, este libro en coautoría da cuenta del tratamiento periodístico dado por el Diario El País de Cali, a los hechos y circunstancias que hicieron posible el desplazamiento forzado en Colombia y la aparición de la categoría Desplazados. 2016

domingo, 31 de marzo de 2019

LAS LUCHAS DE LA MINGA INDÌGENA


Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

La Minga[1] indígena que por estos días tiene en jaque las economías de por lo menos tres departamentos del suroccidente del país, bien puede considerarse como el último bastión de resistencia contra un modelo de desarrollo abiertamente insostenible desde las perspectivas socio ambiental, política y ecológica. Desde una visión exclusivamente económica, ese modelo de desarrollo, fundado en actividades extractivas (minero energéticas) y en una agricultura anclada a la gran plantación tecnificada, sigue siendo sostenible para unos pocos, por cuanto a los dueños del gran capital poco o nada les importan asuntos como el Cambio Climático y la pérdida de ecosistemas valiosos, estratégicos y frágiles. Y mucho menos, a los grandes capitalistas les interesa eso de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Por el contrario, al gran capital le interesa seguir produciendo riqueza y concentrándola en pocas manos; ampliar la frontera agrícola (léase agroindustrial) y apropiarse de baldíos y acaparar tierras con fines de especulación inmobiliaria. Baste con mirar lo que viene sucediendo en la altillanura y los procesos de deforestación en la Amazonia, Vichada y Arauca.

Es contra ese “proyecto de muerte” que luchan de tiempo atrás los NASA y otras comunidades campesinas y afrocolombianas asentadas en varios territorios del país. Y lo vienen haciendo, sin el apoyo de ambientalistas y de expertos que han advertido de los riesgos ambientales y ecológicos que tiene continuar ejecutando un modelo de desarrollo que sigue viendo a la Naturaleza como una fuente inagotable de recursos. 

Por eso la Minga de hoy debería de entenderse en ese contexto, sin llegar a desconocer que el taponamiento de la Panamericana afecta a sectores vulnerables que exhiben, hasta cierto punto, simpatías hacia los pueblos indígenas que con dignidad defienden sus cosmovisiones. No se puede desconocer que las acciones de la Minga generan una colisión de derechos que no es fácil dilucidar y explicar a quienes inmersos en las lógicas del capitalismo y de la urbe como el lugar del capital, ven con naturalidad que el desarrollo económico avance sin controles y cortapisas, hasta lograr someter y transformar a los últimos ecosistemas naturales- históricos que quedan sin intervenir.

Las lecturas y las críticas cargadas de animosidad étnica en contra de los Mingueros aparecen de inmediato cuando los bloqueos afectan no solo al gran capital, sino a quienes sobreviven de negocios que dependen de manera directa de la apertura de la vía Panamericana. 

Mantener la coherencia y la cohesión de la lucha indígena es un proyecto ético-político complejo y cada vez más incierto debido a que el capitalismo apela a fuertes dispositivos ideológicos que tienen como función generar fisuras al interior de las organizaciones indígenas como la ONIC, OREWA, ACIN y CRIC.

Si bien es cierto que a las comunidades indígenas del Cauca se les reconoce su organización y capacidad logística y espíritu combativo, algunos de sus miembros advierten fisuras y procesos de cooptación de líderes comuneros, con el claro propósito de erosionar el proceso de resistencia que de tiempo atrás lideran los NASA en el centro y norte del departamento del Cauca. Baste con recordar la acción política y organizativa con la que el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez buscó horadar la férrea organización del CRIC, al establecer en territorio caucano a la OPIC[2].

A esa acción política muy propia del talante de Uribe, se suman hechos y cambios culturales al interior de los pueblos indígenas del Cauca.  Pensar que la televisión, la llamada “cultura moderna”, el consumo y el poder del dinero no vienen afectando la cohesión identitaria de esos pueblos indígenas, es como intentar ocultar el sol con un dedo. A lo anterior se suma la llegada de la marihuana a los territorios ancestrales.

Sin desconocer los principios éticos con los que los indígenas Nasa del Cauca suelen explicar la relación consustancial que sostienen con la Madre Tierra, es válido preguntar por los efectos negativos que pueden estar generando de tiempo atrás en esa relación, la llegada del monocultivo de la marihuana a sus territorios. Como negocio, la producción de medicamentos a base de las propiedades del cannabis parece estar erosionando la cohesión al interior de las organizaciones indígenas y horadando esa relación inmanente con la que los indígenas históricamente han enfrentado el discurso del desarrollo y las actividades agroindustriales, la minería, legal e ilegal, y la deforestación.

Ese y otros desafíos enfrentan hoy los NASA y muy seguramente otras comunidades indígenas que ven cómo sus jóvenes poco a poco se alejan de la sabiduría de sus Mayores y de manera concomitante, aportan a los procesos erosivos que ya sufren las relaciones de inmanencia establecidas con la Madre Tierra. Mientras el paro continúa, los líderes de la Minga continuarán luchando no solo contra la férrea posición adoptada por la dupla Duque-Uribe, sino contra las pugnas internas que amenazan con resquebrajar ese último bastión de resistencia contra los proyectos de muerte que propone el capitalismo, en particular en esas últimas fronteras y territorios en donde aún no llega el “desarrollo y el progreso”.

lunes, 25 de marzo de 2019

Vallas, Miedo, Verdad y ANC


Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

El miedo a la verdad histórica de lo sucedido en más de 50 años de conflicto armado entre el Estado y las Farc, puede llevar al país hacia el oscuro abismo que implica convocar a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC)[1].  Y así lo propuso el enemigo número 1 del proceso de paz y de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el hoy senador y expresidente, Álvaro Uribe Vélez (2002-2010).

El latifundista y ganadero de Salgar cuenta con el apoyo de gran parte de agentes económicos, sociales y políticos del Establecimiento, los mismos que están, como el propio exmandatario, comprometidos, de manera directa e indirecta, con el patrocinio y por haber aupado la creación, operación y crecimiento de los grupos paramilitares. Y por supuesto, por haber facilitado la penetración de estos grupos y de sus lógicas, en estamentos oficiales como el DAS, el Congreso (2002-2006) y la Superintendencia de Notariado y Registro, entre otras instituciones estatales.  

Uribe tiene en sus manos al presidente de la República, quien no dudará en cumplir con la convocatoria a esa ANC, para derogar la Carta de 1991 y por esa vía, “hacer trizas ese maldito papel que llaman el Acuerdo Final[2]. Cuenta, para esos efectos, con el insepulto Partido Conservador, con el MIRA, con las bancadas de los cristianos y la del Centro Democrático (CD), y con congresistas “indisciplinados” de los partidos Liberal, de la U y Cambio Radical.

Los sectores sociales, políticos y económicos que acompañan el proceso de paz y apoyan la implementación de lo acordado en La Habana[3] deben estar atentos a lo que se está cocinando dentro del Centro Democrático y con el Gobierno de Iván Duque. Lo advirtió el ladino Ernesto Macías, quien claramente dijo que lo que suceda con las objeciones presidenciales en el Congreso, no pasaría por la revisión de la Corte Constitucional. Al desconocer de esa manera el ordenamiento constitucional, el camino hacia la convocatoria de una ANC queda despejado para el Gobierno de Duque y para el propio Álvaro Uribe Vélez.

Así como al uribismo solo le queda convocar a una ANC para hacer trizas el Acuerdo Final, a los sectores que apoyan el proceso de paz, solo les queda denunciar ante el Consejo de Seguridad de la ONU, ante la Corte Penal Internacional (CPI) y los países garantes, lo que al interior de esa colectividad se está orquestando en contra del ordenamiento jurídico.   Es evidente que no solo está en entredicho el Acuerdo Final[4], sino el espíritu liberal y garantista de la Constitución de 1991. Y todo lo anterior, por el terror, pánico, miedo, pavor y espanto que sienten Uribe y reconocidos empresarios al saber que sus nombres y acciones harán parte de los testimonios y expedientes que se recogerán tanto en la JEP, como en la Comisión de la Verdad. Está claro que no están dispuestos a soportar una Verdad que los desnude política, ética y moralmente. Saben que eso sería debilitar el Régimen y harán todo lo que esté a su alcance para evitar la erosión de este ignominioso, cruel y criminal orden establecido.   

Dejo varias preguntas: ¿de llegarse a dar ese escenario de la ANC, hasta dónde estarán dispuestos a llegar los países garantes y acompañantes de los diálogos de La Habana y del proceso de implementación de lo acordado? ¿Liderarán un “cerco diplomático” contra Colombia? ¿Está interesada la CPI en entrar a operar en Colombia, ante la incapacidad del Estado de condenar a quienes cometieron delitos de lesa humanidad?

Elecciones regionales: vuelven las mentiras

El escenario electoral que el país vivirá en pocos meses servirá de termómetro para el llamado uribismo. Podrán sus líderes palpar el ambiente, para emprender las acciones que conduzcan a justificar el llamado a una Asamblea Nacional Constituyente.  Las sempiternas fuerzas oscuras cumplirán con la tarea de desestabilizar el orden público, generar miedo en la población civil y coadyuvar a la generación de un sentimiento generalizado de crisis de gobernabilidad y debilitamiento de las instituciones.  Por ese camino, es probable que Iván Duque no termine su mandato y, por el contrario, sea él quien convoque a la instalación de una ANC para los fines ya señalados.

Para lograr ambientar semejante escenario jurídico-político,  los uribistas pura sangre, como la congresista Paola Holguín[5], retomaron la estrategia de mentir y confundir al electorado que elegirá a gobernadores, alcaldes, concejales y diputados.  En la campaña para el plebiscito[6] del 2 de octubre de 2016, los mismos sectores del uribismo apelaron a varias estratagemas para lograr que la “gente votara berraca” y con miedo. Entonces, sobrevinieron el “rayo homosexualizador, el castrochavismo, le están entregando el país a las Farc (o a lafar) y seremos la segunda Venezuela”.

Cumplida la tarea en el caso del plebiscito, ahora el CD enfila baterías para meter nuevamente al país en un escenario de crispación ideológica-política-moral, a partir de un falso dilema alrededor de la operación de la JEP (Véase la imagen de la valla con la que se ilustra este documento). Así las cosas, apoyar a los magistrados de esa jurisdicción especial, será ponerse del lado de los victimarios, en particular, de aquellos combatientes de las Farc que cometieron delitos sexuales en el marco del conflicto armado interno. Por supuesto que nadie querrá ser señalado de apoyar a una justicia que no castigará a violadores[7] de niñas y niños con todo el rigor y el carácter vindicativo de la justicia ordinaria, a pesar de sus altos niveles de impunidad.

El doble rasero con el que Uribe y sus palaciegos[8] suelen medir crímenes socialmente sensibles, les permite ocultar que grupos paramilitares violaron a niñas y mujeres, tomadas estas como “trofeos de guerra[9]” para golpear psicológica y moralmente al enemigo. Y que estos grupos recibieron los beneficios concebidos en el marco de Justicia y Paz. Aunque fuera de la órbita del conflicto armado interno, el propio Uribe, rezandero y conservador, guarda cómplice silencio ante las sistemáticas violaciones de niñas y niños al interior de la Iglesia Católica. Sus cortesanos asumen la misma actitud, hecho que les permite seguir auto proclamándose como el faro moral de una sociedad que deviene moralmente confundida.




Imagen tomada de Publimetro.co


[5] Se hacen llamar “los Paolos”, quienes instalaron las vallas. Se trata de seguidores de la congresista Paola Holguín. ¿Está Colombia ante el surgimiento de un nuevo partido político o el de una secta que sigue las orientaciones del envejecido Mesías, para luego dar paso a la nueva Mesías? El nombre es negativamente sugerente.

martes, 19 de marzo de 2019

Duque y la minga indígena-campesina

Por Germán Ayala Osorio, Comunicador Social y Politólogo


En el desarrollo de la Minga indígena y campesina que se adelanta en la parte media del departamento del Cauca están expuestas dos posturas, inspiradas o motivadas en igual número de concepciones, aunque disímiles, alrededor de lo que es el Estado. 

Del lado de los indígenas y campesinos que bloquean la vía Panamericana a la altura de Cajibío (Cauca), se asume el Estado como un todo indivisible que supera en tiempo los alcances político-electorales-administrativos de gobiernos que jamás asumieron con seriedad y celeridad las demandas sentidas expuestas de unas comunidades históricamente maltratadas no solo por los modelos económico y político,  sino por la sempiterna animadversión[1] cultural que la clase “blanca” (mestiza) profesa por y hacia los pueblos indígenas y las comunidades campesinas y afrocolombianas asentadas en ese territorio. En esa animosidad étnica[2], por supuesto que les cabe responsabilidad a los medios masivos que insisten en informar exclusivamente desde la perspectiva oficial y hacer eco de la inquina o la antipatía que generan en las huestes de la “Colombia Blanca”, las cosmovisiones[3] y formas de vida de los pueblos y comunidades que participan de la Minga.

Por el contrario, del lado del presidente Duque, él mismo se auto limita en su accionar como Jefe de Estado, al negar las responsabilidades que asumieron gobiernos anteriores (jefes de Estado como él) con los indígenas en mingas pasadas, en las que también hubo bloqueos a la importante arteria vial, y los ya naturalizados choques con la fuerza pública que dejaron a policías y marchantes heridos y retenidos, así como la muerte de varios comuneros[4].  

Es claro, entonces, que el primer mandatario asume el Estado exclusivamente desde la perspectiva del imperio de la ley. Al instalarse en el Estado de derecho, el presidente de Colombia invalida y deslegitima la protesta social y por ese camino hace posible que las vías de hecho se integren peligrosamente en el ámbito del orden público alterado, lo que justifica no solo el envío del ESMAD, sino la presencia, a todas luces inconveniente, del Ejército en la zona en donde se presentan los bloqueos. Al involucrar al Ejército en un conflicto social, económico, político y cultural, Iván Duque Márquez pone a las comunidades indígenas y campesinas en la órbita del “enemigo interno”, lo que por supuesto agrava el problema, al tiempo que lo simplifica peligrosamente.

En ese marco político-conceptual se radicalizan las posturas asumidas tanto por el presidente Duque como por los líderes de la protesta. Insiste el primer mandatario en enviar a delegados de su gobierno que exhiben no solo una enorme incapacidad de negociación, sino un desconocimiento de los complejos problemas de lo que bien se puede llamar la causa indígena-campesina, en un departamento manejado históricamente por una élite “blanca” que se consolidó sobre la base del maltrato, el despojo de tierras y la persecución étnica. Al desconocer la autoridad de los emisarios enviados por Iván Duque Márquez, los manifestantes radicalizan su postura, lo que los obliga a mantener las vías de hecho en espera de que el presidente haga presencia en el territorio para entablar, de manera directa, un diálogo que evite extender en el tiempo las millonarias pérdidas que ya dejan los bloqueos de la vía Panamericana.

Al negarse a hacer presencia en territorio caucano, Duque no solo desconoce las demandas sentidas del movimiento indígena-campesino, sino que atiza el conflicto étnico-cultural que subsiste entre quienes hablan de territorio, apuestan por un Buen Vivir e insisten en mantener una relación inmanente con la Madre tierra y, aquellos que solo buscan explotarla a través de monocultivos  y la potrerización, en el marco de una concepción de desarrollo que de tiempo atrás viene mostrando visos de insostenibilidad ambiental, social, política y cultural. Así entonces, la colisión entre dos formas de asumir la vida y las relaciones con la Naturaleza, obliga a que la discusión y el diálogo que de todas maneras deberá darse entre indígenas-campesinos y el Gobierno[5] en representación del Estado, se amplíe y se  haga con el resto de la sociedad y sectores de la sociedad civil, en aras de discutir alrededor de la urgente necesidad de ponerle límites a un modelo de desarrollo que, en perspectiva indígena, es asumido como un “plan de muerte”.  

Así entonces, el presidente debería de instalar en el Cauca, en perspectiva macro regional, una mesa de diálogo en la que tengan asiento el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y las otras carteras, articuladas y comprometidas en la discusión del actual de modelo de desarrollo económico, en particular, lo que tiene que ver con la creciente deforestación y la consecuente instalación en esos territorios de grandes plantaciones tipo palma aceitera y la potrerización que se viene presentando en el sur del país y que ya toca las entrañas de la selva amazónica y otros ecosistemas en lo que se conoce como la Altillanura colombiana[6].




[6] Véase el informe de la Contraloría General de la República en el que se exponen casos de empresas agrícolas y banqueros que se apropiaron de manera irregular de baldíos. Detrás de la deforestación de la amazonia y de otras selvas en Colombia están poderosas familias y empresas nacionales y extranjeras que buscan instalar en esos territorios el modelo de la gran plantación. El modelo agroindustrial y de la gran plantación es aupado por el Banco Mundial. Los gobiernos de Uribe, Santos y ahora el de Duque promovieron y promueven dicho modelo. Como ya fue demostrado en un gran número de países (incluídos China, Chile, Tailandia, Taiwán, Brasil, México y Kenia) la actividad agroindustrial –o los  agronegocios- pueden ser una importante fuente de crecimiento, diversificación  y reducción de la pobreza. Los sistemas agroalimentarios contribuyen en gran  medida al crecimiento del PBI, empleo y el ingreso en la mayor parte de los países  en desarrollo y en los países industrializados. En el curso de su desarrollo, su peso  se incrementa a la vez que el de las actividades primarias disminuye (Banco Mun- dial, 2003:vii). Tomado de: https://www.researchgate.net/publication/323671710_Agroindustrias_biotecnologia_y_desarrollo_reflexiones_acerca_del_discurso_y_praxis_del_Banco_Mundial_en_Argentina_1997-2010 Consulta: 20 de marzo de 2019.



Imagen tomada de Bluradio.com



lunes, 11 de marzo de 2019

Lo dicho y lo no dicho por Duque en su alocución


Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo


En su alocución del domingo 10 de marzo, el presidente de la República de Colombia objetó, por inconveniencia política, el proyecto de ley estatutaria para el funcionamiento de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP). A través de un discurso ambiguo, el Jefe de Estado explicó el sentido de las objeciones.  Más allá de las consideraciones jurídicas de los reparos o impugnaciones hechas al señalado marco legal, lo que en adelante se expone  es un ejercicio de análisis político del discurso que dio vida a la alocución presidencial.

Alude el presidente a un elemento clave de la democracia: la división de poderes y los pesos y contrapesos. Al hacerlo, hace que su decisión, de carácter eminentemente político, se entienda como un hecho propio de un régimen democrático que opera en condiciones de equilibrio institucional, ocultando que estamos ante un régimen presidencialista, cuyo poder se maximiza por la cooptación histórica que siempre ha hecho el Ejecutivo del Congreso. Aunque no tiene garantizadas las mayorías en la corporación legislativa, muy seguramente apelará al ofrecimiento de “mermelada”, como lo han hecho históricamente todos los Gobiernos anteriores, para sacar adelante sus iniciativas y proyectos de ley.

Nos da a entender Duque Márquez que en el marco de esa división de poderes y  del ordenamiento jurídico colombiano, objetar o sancionar leyes parece ser un mecanismo rutinario del que no es posible hacer mayores cuestionamientos políticos, así las objeciones, como en este caso, tengan ese carácter. Duque señaló: “la Constitución le otorga un plazo el presidente de la República para sancionar las leyes o para objetarlas por inconveniencia. Se trata del principio de separación de poderes públicos y de los necesarios pesos y contrapesos democráticos en su más pura expresión”.

Nótese que se cuida de calificar sus objeciones como políticas. Intenta darle a su discurso un carácter jurídico que no tiene, por cuanto sus réplicas no tienen mayor sentido por cuanto quedaron resueltas en los fallos de la Corte Constitucional. Insistir en que hay temas por ajustar, es iniciar el camino de volver a “re-negociar” el Acuerdo Final en el Congreso, y en particular, de re-interpretar los fallos de un órgano de superior jerarquía como lo es la Corte Constitucional en lo que tiene que ver con declaratorias de exequibilidad.

Prosigue el mandatario en este sentido: “estamos ante una oportunidad única para construir un consenso institucional alrededor de la justicia transicional, una oportunidad que nos permita encontrar un camino para enfocarnos en lo que nos unen y no en lo que nos divide”.

Al decir que hay que construir consenso institucional alrededor de la justicia tradicional, Duque Márquez arguye que dicho modelo de justicia genera dudas éticas y políticas, lo que abre de inmediato la posibilidad para que su legitimidad y su aplicación sean cuestionadas, en aras a la urgente necesidad de alcanzar consensos. Olvida el presidente que sobre el disenso también es posible construir legitimidad y hacer viable la aplicación de un tipo de justicia distinto al modelo vindicativo sobre el que opera la justicia tradicional u ordinaria. De inmediato, justifica su cuestionamiento a la justicia restaurativa, derivada de la justicia transicional, señalando que ese modelo no une a los colombianos y que por el contrario, divide. No aporta elemento empírico alguno, como por ejemplo, el resultado de una encuesta que recoja, con rigurosidad, si la aplicación de la justicia transicional es el factor preponderante y único generador de los los niveles de polarización y crispación ideológica que vive el país desde 2002.

Al apelar a categoría universal de los colombianos, Duque se instala como símbolo de unidad de la Nación. Sin duda, un intento desesperado por cuanto sabemos que él representa a un sector del Establecimiento que claramente tiene miedo a las decisiones que en derecho se adopten al interior de la JEP.  Se trata, sin duda, de una estratagema discursiva por cuanto, insisto, no hay evidencia empírica que demuestre que ese modelo de justicia es responsable de la “división entre los colombianos”. De esta manera, el jefe de Estado se auto proclama como el único capaz de unirnos, lo que implica, necesariamente, ajustar o derogar ese tipo de justicia.

Continúa la alocución: “He decidido realizar objeciones a seis de los 159 artículos de la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz por razones de inconveniencia”. Se cuida el ungido de Uribe Vélez de calificar que se trata de objeciones de carácter político y moral.
Y en su intención fallida de no polarizar al país, en tono amable invita al “Congreso para que los debatan constructivamente”. En un discurso “conciliador”, pero al mismo tiempo, exhibiendo con claridad que invalida las decisiones tomadas por la Corte Constitucional, Iván Duque aclara que “no estamos ante un choque de trenes con la Corte Constitucional. Corte por la que tengo el mayor respeto pues es la guardiana de la Carta Política y sobre los temas de constitucionalidad tiene la última palabra”. En su retórica meliflua, el presidente de la República reconoce la importancia del rol que juega la Corte Constitucional, mientras anuncia que invalida y desconoce la legitimidad social y política de sus fallos y también, la prestancia moral de sus sentencias, al exponer seis objeciones alrededor de  asuntos o temas sobre las que dicha corporación ya falló.

En este sentido continúa el discurso presidencial: “Todos los colombianos con excepción de quiénes son y son incapaces de renunciar a la violencia y dejan sus crímenes, queremos que haya paz en nuestra nación. No existe la falsa división entre amigos y enemigos de la paz, pero queremos una paz que garantice de manera genuina la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición”.

Su postura moralizante frente al proceso de paz de La Habana, le impide señalar, con nombre propio, a quienes insisten en la violencia. Además, se cuida Duque de hablar de violencia política para reconocer allí, por ejemplo, al ELN. Opta por el término genérico Violencia, para desconocer las motivaciones políticas de “aquellos” que permanecen levantados contra el Estado. Y aclara que no existe división entre amigos y enemigos de la paz. Lo que hace Duque es validar la frase que usó en su campaña y que a diario utilizan los miembros y amigos cercanos al Centro Democrático (CD): “paz sí, pero no así”. Y deja en el olvido las amenazas que hiciere en su momento el ex ministro y miembro del CD, Fernando Londoño Hoyos, cuando señaló que “uno de los objetivos del CD es hacer trizas ese maldito papel que llaman el Acuerdo final”. Y por esa misma vía de ocultar una realidad política, Duque echa en el olvido la intención manifiesta de su mentor, cuando propuso, días atrás, derogar a la JEP.

Cuando Duque usa la conjunción Pero, de inmediato activa el mecanismo o la posibilidad de que haya oposición frente a algo. En este caso, la conjunción activa la sentencia que ya funge como una especie de mantra que repiten los “uribistas-duquistas” y que señalé líneas atrás: “paz sí, pero no así”. El sentido de esta frase le sirve al presidente para “justificar” o validar no solo sus objeciones al PLE, sino las acciones legislativas que dijo que emprenderían en lo sucesivo, para modificar lo que ya la Corte Constitucional falló y que entra en el ámbito de cosa juzgada.

Ahora detengámonos un instante en la palabra, término y concepto de lo Genuino. He aquí algunos sinónimos: “legítimo, cierto, auténtico, legal, lícito, oficial, permitido, razonable, probado, seguro, verdadero, propio, puro, natural, verdadero, auténtico, acreditado”. Así entonces, el presidente le dijo a todos los colombianos, en su alocución dominical, que tanto el modelo de justicia transicional, como la JEP misma y el tratado de paz firmado en La Habana son ilegítimos, poco razonables, impuros moralmente; o fraudulentos, ficticios, aparentes, artificiosos, engañosos,  o simulados”. 

Y continúa con su discurso homogeneizador sobre la base de imponer sus propios juicios morales. Dice Duque: “los colombianos queremos y necesitamos una paz que nos una y todos debemos contribuir de manera permanente para lograr ese objetivo. Una paz que nos una para zanjar de una vez por todas las discusiones que han marcado la historia reciente del país. Una paz que nos una.  Para resolver los justificados temores de un gran número de compatriotas frente a la impunidad y también cumplirles a aquellos que genuinamente han escogido la ruta de la legalidad; aquellos que han cumplido sus compromisos y hoy respetan la ley, no tienen nada que temer con nuestras objeciones. El gobierno continuará con la implementación efectiva y ejecutiva de los compromisos a todas las personas que se encuentran en la reincorporación y en las regiones que han sido afectadas inmisericordemente por la violencia”.

En varios pasajes de su discurso, el presidente de Colombia reedita lo vivido en el plebiscito del 2 de octubre de 2016. Es decir, Duque nos instala nuevamente en ese episodio y momento histórico del país. Y al hacerlo, activa un sentimiento de venganza en torno a una idea generalizada que impusieron los “uribistas”, con la ayuda de la Gran Prensa: “nos robaron el plebiscito; los ajustes al Acuerdo Final fueron mero maquillaje”.

Duque se excluye del grupo de colombianos que tienen prevenciones en torno a la impunidad que pueda derivarse del modelo de justicia restaurativa. Y lo hace, hábilmente, para ocultar su incapacidad para aceptar que dicho modelo de justicia es la vía para resolver un conflicto armado que por la vía de las armas nos puede llevar a 50 años más de múltiples formas de  violencia que han aparecido al lado de las dinámicas propias del enfrentamiento entre Estado-Paras y las guerrillas. Insiste, entonces, en la salida militar, antes que darle la oportunidad a una justicia que no opera como lo hace la actual: sobre la venganza.

Y vuelve a insistir Duque en lo genuino. “La administración de justicia en la Jurisdicción Especial para la Paz es producto de los acuerdos. Es necesaria en este esfuerzo histórico insoslayable asegurar la genuina verdad, la genuina justicia, la genuina reparación y la genuina no repetición.  Este objetivo ha sido el faro ético y jurídico que guió nuestra revisión de la ley estatutaria y que nos ayuda a identificar nuestras objeciones para buscar una genuina reparación”. Se cuida el investido de Uribe Vélez de ubicar los acuerdos, territorial y geopolíticamente, en La Habana. Su animadversión hacia las Farc, heredada de su mentor, le impide nombrarlas y mucho menos al país que fue sede y garante de las conversaciones y negociaciones de paz. Sobre la segunda frase subrayada, Duque advierte que lo guía una acción de análisis jurídico, cuando queda claro que sus reparos a lo fallado por la Corte Constitucional solo le caben juicios políticos. Por ello habló de inconveniencia a secas, cuando es apenas evidente que sus observaciones devienen con un inocultable carácter político (diría, moral), aupado por Uribe Vélez y el Fiscal, NHMN.

Sigue el mandatario: “cada una de nuestras observaciones busca la mejora y la corrección de la justicia transicional. Para corregir estos aspectos y avanzar en la construcción de una paz que nos une, no podemos tenerle miedo a abordar estos cambios de manera constructiva y sin ánimo de polarizar. La honorable Corte Constitucional cumplió con su mandato y se pronunció con respecto a la exequibilidad de la ley. El fuero que me corresponde como presidente es el de la conveniencia para la sociedad y en esa línea presentamos está 6 objeciones”.

¿Qué es lo que es posible corregir de un modelo de justicia transicional que opera sobre la urgente necesidad de cambiar el paradigma sobre el que gira la justicia ordinaria? Queda claro que el presidente de la República no solo objeta seis artículos del PLE, sino que incita al Congreso a que toque los fundamentos éticos, jurídicos y morales de la justicia restaurativa. ¿A qué grupos de la sociedad se refiere Iván Duque Márquez? ¿A los cientos de miles de “uribistas” que de tiempo atrás se opusieron a los diálogos de paz?

Sigue el texto de la alocución: “Adicionalmente quiero informarle a Colombia que existen al menos tres aspectos del actual ordenamiento constitucional sobre la justicia transicional qué debemos avanzar para ser modificados y que estoy convencido son necesarios para el país. Para ello, presentaremos al Congreso una reforma constitucional para modificar el Acto Legislativo 01 de 2017 que incluya estos tres puntos que mejoran la jurisdicción especial para la paz. El primer punto es la exclusión de los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes de la justicia transicional. Ninguna ideología… justifica la aberrante agresión a los más vulnerables de la sociedad. Los colombianos no debemos ahorrar ningún esfuerzo en la protección de los menores. En segundo lugar, esta iniciativa de reforma constitucional debe dejar claro que quien reincida las actividades criminales perderá todos los beneficios.  Por último, este acto legislativo debe dejar Claro que todas las conductas delictivas que se hayan iniciado antes del primero de diciembre 2016 y que continúen ejecutándose después de la fecha serán competencia de la justicia ordinaria para asegurar los principios de justicia y no repetición. Tan pronto se reanuden las sesiones ordinarias del Congreso de la República radical hemos este acto legislativo e invitaremos a los congresistas a discutir respetaré las decisiones finales sobre las objeciones y el proyecto de reforma constitucional que tome el Congreso de la República. Estamos convencidos de la fuerza y la legitimidad que genera la colaboración armónica entre los poderes, juntos la rama ejecutiva, el legislativo y la Corte Constitucional podremos reformar y diseñar una jurisdicción especial para la paz que asegure genuina justicia y reparación y no repetición.  Que Dios bendiga”.

Y para que no queden dudas de sus intenciones políticas, el presidente informa sobre la arremetida legislativa que emprenderá en breve contra la JEP. Estamos ante una evidente acción propia de un poder público que busca chocar con otro y por esa vía, deslegitimarlo y someterlo a su voluntad. En este caso, Duque busca usar el Congreso para invalidar los ejercicios de constitucionalidad hechos por la Corte Constitucional.  Luego, para matizar, Duque Márquez señala que respetará las decisiones que se adopten al interior del Congreso. ¿Acaso tiene otro camino? ¿O es que acaso está contemplando la posibilidad de que, ante un revés en sus pretensiones legislativas contra la JEP, cerrar el Congreso y llamar a una Asamblea Nacional Constituyente? 

Termina su alocución haciendo mención a Dios. Apela a esta figura, porque sabe que este es un país creyente. Un país que contradictoriamente cree en Dios y en santos, pero siente un enorme desprecio por la vida, en especial, por la de  humildes soldados, paras y guerrilleros, enfrentados entre sí, para mantener a una oligarquía sucia y criminal. ¡Vaya país, este!



Imagen tomada de Semana.com



martes, 5 de marzo de 2019

LA JEP: EN LA MIRA DEL ESTABLECIMIENTO

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

La negociación misma del fin del conflicto armado con las Farc, el lento proceso de implementación[1] de lo acordado en La Habana, los ataques institucionales  contra  el Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, perpetrados desde sectores del Congreso, de la opinión pública y desde la propia Fiscalía General de la Nación; el evidente desprecio que exhibe el gobierno de Duque por los compromisos adquiridos, en nombre del Estado, por el anterior gobierno, así como el relativo compromiso con la construcción de una paz[2] estable y duradera que se colige después de leer el proyecto de Plan de Desarrollo (2018-2022); el caso Santrich[3] y recientemente la confusa captura del fiscal de apoyo de la JEP, Carlos Julián Bermeo, junto al parapolítico,  Luis Alberto Gil, son hechos que no se pueden comprender de manera aislada. Por el contrario, todos, en algún nivel, hacen parte de un proceso sistemático de deslegitimación del tratado de paz[4] firmado entre el Estado colombiano y las guerrillas de las Farc. Dicho proceso, tiene en la tesis negacionista del conflicto y en la intención manifiesta del llamado “uribismo” de reescribir la historia política de Colombia, a sus principales orientaciones morales y políticas. 

No se puede desconocer que la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, pasa hoy por sus peores momentos por cuenta de hechos, acciones y decisiones que tocan de manera directa a las  formas regladas y no regladas  con las que opera el Poder político en un país como Colombia, cuya sociedad internalizó el ethos mafioso que por largos años ha guiado la vida privada y pública de sus élites. Distingo por lo menos 4 elementos, factores o circunstancias que coadyuvan de manera directa a que el proceso de deslegitimar al señalado tribunal de paz y a toda aquella iniciativa que busque consolidar la paz y active procesos de reconciliación, se dé en forma progresiva y constante.

En primer lugar, todo lo anterior se da por una vieja confusión conceptual entre lo que es el Estado, los asuntos estatales y lo que es el Gobierno y los temas de interés para una particular y limitada administración. La negativa de Duque de reconocer los protocolos firmados entre el Estado y la cúpula del ELN da cuenta de esa confusión conceptual, fruto, por supuesto, de una postura moralizante con la que el gobierno y el propio mandatario, aupados por la Gran Prensa y las abyectas acciones violentas[5] ordenadas por el COCE, pretenden seguir mirando las acciones de guerra generadas en el marco de un degradado conflicto armado que aún persiste entre esa guerrilla[6] y el Estado colombiano. Esa vieja confusión se explica por la cooptación y captura mafiosa que del Estado[7] han hecho miembros selectos de la clase dirigente, empresarial y política del país, que les ha permitido concebir un orden justo a la medida de sus intereses de clase. Es claro, en esa perspectiva, que se ha construido Estado para unos pocos[8].

En segundo lugar, aparece la lucha ideológica que subyace a la confrontación armada y que después del silenciamiento de los fusiles y la reincorporación de los exguerrilleros de las Farc a la vida social, económica y política del país, emerge como un factor desequilibrante para los anhelos de consolidar procesos de reconciliación, en el marco de la justicia restaurativa con la que serán cobijados penalmente tanto los excomandantes farianos, como los altos mandos militares, comprometidos todos con la violación de los derechos humanos y el DIH.

En tercer lugar, entran en el juego de la confrontación política, poderosos agentes del Establecimiento, temerosos de que sus nombres y sus reputaciones se vean comprometidas por las medidas judiciales que se adopten al interior de la JEP y por las conclusiones a las que se llegue en la Comisión de la Verdad. Es claro, por ejemplo, que Álvaro Uribe Vélez le tiene miedo a la verdad histórica y a la verdad jurídica a las que lleguen, en ese orden, la Comisión de la Verdad y la JEP.  Como alfil  y pararrayos de los sectores del Establecimiento comprometidos, directa e indirectamente con las dinámicas del conflicto armado interno, Uribe Vélez, junto al Fiscal Martínez, están detrás de los ataques sistemáticos en contra del tribunal de paz y del proceso de implementación del Acuerdo Final II. Es más, la propuesta del senador-ganadero-latifundista de “derogar a la JEP”, claramente lo visibiliza como un claro enemigo de la jurisdicción de paz. Cuando se produjo el escándalo por el “cartel de la toga”, nadie se atrevió a proponer el cierre las cortes y los entes comprometidos en los bochornosos casos de corrupción.

Y en cuarto lugar, aparecen las circunstancias de tiempo y lugar en las que opera aquello de la independencia de los poderes públicos y una consecuente institucionalidad que funciona a pesar de la histórica debilidad del Estado para erigirse como un orden legítimo y moralmente superior a sus asociados. Para esta circunstancia, hay que señalar la decisión que tomó el Consejo de Estado en el sentido de mantener la investidura a Santrich como Representante a la Cámara. Ese fallo en derecho ya es leído como una acción más que hace parte del “proceso de entrega, del país, a las Farc”.  Esa interpretación se entiende en el marco de lo que se conoce como “el castrochavismo[9]”, nomenclatura inventada por la derecha latinoamericana para invalidar los proyectos “socialistas”  adelantados en la Región.

Todos los cuatro elementos arriba señalados están fuertemente ancorados al ambiente de crispación ideológica que se produjo desde el instante mismo en el que se dio inicio a las negociaciones de paz en La Habana entre el gobierno de Santos (2010-2018) y las antiguas Farc. Convulsión ideológica que prosiguió con el resultado del plebiscito[10] del 2 de octubre. Es más, con la llegada al poder de Iván Duque[11], amparado en el discurso guerrerista de Uribe Vélez, y en su tesis negacionista del conflicto armado interno, los conflictos ideológicos, entre izquierda y derecha se incrementaron, así como los niveles de intolerancia y persecución a quienes defienden los principios de la primera orilla ideológica.

El Fiscal

Las actuaciones del ladino Fiscal General, Néstor Humberto Martínez Neira[12] (NHMN) en contra de la JEP, deben conectarse a los cuatro elementos señalados líneas atrás. En particular, con el punto tres, dado que el director del ente investigador funge como “defensor de oficio” de líderes de conglomerados económicos y de sectores políticos que de disímiles maneras están comprometidos con el financiamiento de grupos paramilitares o están enredados con la comisión de delitos como el desplazamiento forzado, y la consecuente concentración, por desposesión, de millones de hectáreas de tierra.

Ya son varios los enfrentamientos entre el Fiscal[13] y la JEP. Los casos más significativos tienen que ver con la calidad y el manejo de los recursos económicos que las Farc entregaron para la reparación de las víctimas y de tiempo atrás, los choques institucionales se produjeron por la captura de alias “Jesús Santrich”, con fines de extradición, a petición del departamento de Justicia de los Estados Unidos. De la mano de la DEA, con la anuencia del gobierno de Trump, NHMN dispuso de la Fiscalía para “armar un proceso” en contra del exguerrillero, lo que ocasionó un enfrentamiento con la JEP. Después de la petición al Fiscal Martínez, y a las autoridades americanas de las pruebas sobre las que se sustenta la petición de extradición del exmiembro del Secretariado de las Farc, la JEP quedó en la mira de la DEA, del uribismo y de otros sectores del Establecimiento, pues el tribunal de paz deberá examinar si Santrich cometió el delito del que se le acusa, antes o después de firmado el Acuerdo Final. 

A lo que se suma, la molestia, interna y externa, que genera la decisión adoptada al interior de la JEP en torno a que las solicitudes de extradiciones que conozca y tramite  dicho tribunal, serán sometidas a la doble instancia, bajo el criterio de garantizar los derechos de las víctimas, a la verdad y a la reparación. Las lecturas equívocas no se hicieron esperar por parte del “uribismo” y de los sectores sociales que apoyan las ideas políticas del Centro Democrático. De inmediato se comparó con el caso  del prófugo de la justicia, Andrés Felipe Arias, condenado por la Corte Suprema de Justicia por los irregulares manejos dados a millonarios recursos de la política pública Agro Ingreso Seguro (AIS). Hay que recordar que el fallo condenatorio proferido por el alto tribunal, se produjo antes de la reforma a la justicia que dio vida a la segunda instancia[14] para los congresistas procesados por la comisión de diversos delitos.  

En cuanto a la captura de Bermeo y el excongresista condenado por vínculos con grupos paramilitares, Luis Alberto Gil, hay que decir que subsisten y persisten muchas dudas alrededor de la tesis que de manera temprana construyó la Fiscalía; dicha tesis señala que el fiscal de la JEP, Carlos Bermeo, abogaría para la no extradición de Santrich, a cambio de un cobro millonario en dólares. De inmediato, la presidenta de la JEP, Patricia Linares, salió al paso y explicó que Bermeo no hace parte de la sección o sala de la revisión que deberá asumir el caso del exguerrillero de las antiguas Farc.  Sin duda, estamos ante una estratagema judicial de la Fiscalía, para enlodar a la JEP y producir el efecto político-mediático que hoy tiene en la mira de los sectores más recalcitrantes del Establecimiento, a dicho tribunal. Sobre este asunto hay que señalar, de un lado, que la tesis lanzada por el Fiscal General buscaba afectar la imagen del tribunal de paz, su legitimidad y su prestancia moral e institucional. A pesar de las aclaraciones de su presidenta, el daño está hecho, por cuanto la Gran Prensa afecta al Establecimiento continúa replicándola sin asomo alguno de querer cuestionar al ente investigador por la falsedad de la tesis y de la imputación que le dio vida.

Lo que si resulta cuestionable, y así lo hizo la propia presidenta de la JEP, es el procedimiento mediante el cual se dio la elección como fiscal de la JEP del ciudadano Carlos Julián Bermeo. Su militancia y cercanía a movimientos políticos vinculados con los paramilitares le resta prestancia moral  y ética. No es posible que se haya revisado con lupa el activismo político del Fiscal de apoyo de la JEP, en particular, su militancia en el movimiento Convergencia Ciudadana  (antiguo PIN), que operaba como una suerte de brazo político de los grupos paramilitares. Esta situación supone ya, un agrio enfrentamiento al interior de la JEP. Esa será una consecuencia no esperada por quienes vienen orquestando los sistemáticos ataques en contra de la jurisdicción de paz.

Así las cosas, estamos ad portas de dos escenarios posibles: de un lado, que se dé un enfrentamiento al interior de las instituciones estatales, que bien puede terminar en la generación de condiciones de inseguridad política y jurídica para los magistrados de la JEP. Baste con que grupos paramilitares o de sicarios, en contubernio con organismos de seguridad del Estado, se unan para atentar contra la vida de la presidenta o de otro miembro de la JEP, para asegurar así la parálisis de ese tribunal de paz. Y el segundo escenario, tiene que ver con la posibilidad de que los miembros del partido Farc hagan uso del mecanismo de reclamo[15] ante evidentes incumplimientos del Acuerdo Final. 

Ello significa que la Farc, como parte de la Comisión de Seguimiento y Verificación del Acuerdo, eleve una queja formal ante el Consejo de Seguridad de la ONU, lo que podría desatar la intervención de dicho organismo y de los países garantes, para garantizar el cumplimiento de lo firmado por el Estado colombiano. Mientras el segundo escenario se da, muy seguramente las arremetidas desde el Establecimiento continuarán en contra de la JEP y de todo el Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.  Y todo, por el pavor o el pánico que produce en un sector del Establecimiento las conclusiones que en materia de Verdad Histórica y Verdad Jurídica se puedan construir en las instancias diseñadas para ello.



Imagen tomada de jep.gov.co





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