Nueva publicación

Nueva publicación
Tres artículos: Medio ambiente y conflicto armado; Editoriales sobre el proceso de paz con las Farc; y Acción colectiva y asentamientos en Cali. Memorias, 2018.

Nueva Publicación: Investigación sobre dos asentamientos informales de la ciudad de Cali. 2018

Nueva Publicación: Investigación sobre dos asentamientos informales de la ciudad de Cali. 2018
2 asentamientos: Los Samanes del Cauca y Navarro, ubicados en el jarillón del río Cauca.

NUEVA PUBLICACIÓN. PERIODISMO Y DESPLAZAMIENTO FORZOSO EN COLOMBIA.

NUEVA PUBLICACIÓN. PERIODISMO Y DESPLAZAMIENTO FORZOSO EN COLOMBIA.
Resultado de un proceso investigativo, este libro en coautoría da cuenta del tratamiento periodístico dado por el Diario El País de Cali, a los hechos y circunstancias que hicieron posible el desplazamiento forzado en Colombia y la aparición de la categoría Desplazados. 2016

lunes, 25 de febrero de 2019

La Paz y el talante de Duque


Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

Iván Duque Márquez decidió jugar el ingrato, indebido, inconveniente y peligroso papel de “agente liberador del Pueblo[1] venezolano”. Al hacerlo,  desconoce, de un lado,  las fuertes conexiones identitarias que Chávez y Maduro[2] lograron establecer con millones de venezolanos que desde hace 20 años viven del Estado y por esa vía, sostienen una fuerte relación que de muchas maneras alimenta expresiones nacionalistas que terminan defendiendo a dentelladas el “proyecto revolucionario socialista” que echó a andar el entonces coronel Hugo Rafael Chávez Frías[3]; y del otro, las finas complicidades establecidas con una burocracia armada[4] que dirige el conjunto de las fuerzas armadas venezolanas y maneja al Ejecutivo, la misma que funge como el pivote sobre el que Maduro viene soportando las embestidas internas de la Oposición y las externas, de parte de la derecha latinoamericana liderada hoy por el presidente de la República de Colombia, con el interesado apoyo del Gobierno de  Donald Trump.

En esas circunstancias, la intención “liberadora” en la que se sostiene el “cerco diplomático” establecido para aislar a Maduro Moros, al mejor estilo de lo acontecido con Cuba cuando se dio el triunfo militar de Fidel Castro Ruz[5] y el consecuente derrocamiento de Fulgencio Batista, se choca de frente con unas circunstancias y elementos culturales (identitarios) y de mística militar que si bien pueden resentirse ante la inocultable crisis económica (incontrolable inflación) que arrastra el régimen venezolano, terminan sobreponiéndose a esa condición macro económica porque subsiste el respaldo de una burocracia armada que goza de privilegios,  mantiene el control de las armas y del Ejecutivo. A lo que se suma el nacionalismo que con cada embestida externa, parece crecer en las huestes del chavismo y en un “pueblo” agradecido con el actual régimen de poder. 

A pesar de ello, el presidente Duque[6] insiste en liderar un proceso de intervención en los asuntos internos de Venezuela que bien puede terminar en una acción militar de alta cirugía por parte de los marines norteamericanos. O la insistencia en un bloqueo diplomático, político y económico, que busque ahogar al gobierno de Maduro, y de esa manera, provocar rupturas y luchas al interior de las fuerzas armadas bolivarianas.

Al demostrar ese talante intervencionista y belicista (¿belicoso?), el mandatario colombiano manda un negativo mensaje a sectores societales que de tiempo atrás sobreviven en condiciones de miseria, abandono o en condiciones de riesgo, al interior del país. Y ese mensaje negativo se expresa en rápidas conclusiones que indican que ante la incapacidad del presidente de manejar los asuntos internos de Colombia, prefiere dejar en la inercia institucional su abordaje, solución o su extensión en el tiempo; o el desinterés por asumir asuntos de Estado, como la implementación del Acuerdo Final II, que lo “obliga” a ocuparse del “caso venezolano”, asumiendo que se trata de una “acción humanitaria” que supera en interés ese estratégico asunto interno de consolidar escenarios de paz.

La insistencia de Duque en mantener el hostigamiento al régimen venezolano no solo aporta a la ya histórica fragmentación de Latinoamérica, sino que debilita de muchas maneras el multilateralismo al que le apuntó su antecesor, en particular, cuando Juan Manuel Santos buscó apoyo internacional al proceso de paz, más allá de los intereses de los Estados Unidos. 

Y a pesar de que sus acciones diplomáticas y su discurso intervencionista ya le dejan experiencias negativas,  parece que al presidente colombiano poco le importa que su ya relativa gobernabilidad termine erosionándose por completo, hasta generar una crisis política e institucional por desatender asuntos internos que no puede desconocer porque están anclados a la condición de asuntos de Estado. Es el caso, por supuesto, del Tratado de Paz firmado por el Estado colombiano, durante la presidencia de Juan Manuel Santos Calderón. La sola expectativa que genera su actitud de “revisar con lupa” el contenido de la ley estatutaria de la JEP, ya tiene efectos políticos adversos al interior del país y en mayor medida, genera preocupación en la ONU y en los países garantes del proceso de paz adelantando en La Habana.

De esa manera, el talante que hoy exhibe Duque bien se puede explicar por la animadversión que le genera el tema de la construcción de una paz estable y duradera, en los términos que se acordaron el Acuerdo Final II ratificado en el teatro Colón de la capital del país. Por todo lo anterior, tiene sentido señalar que  un Gobierno que es capaz de prestarse para agredir política, económica y quizás, militarmente a otro país, es porque está moral, ética y políticamente comprometido con el incumplimiento del Acuerdo Final II. 

Es claro que el talante que por estos días exhibe Iván Duque Márquez, entra en contradicción con el que debe ofrecer y exhibir un Jefe de Estado que está obligado a cumplir lo acordado[7] con la entonces guerrilla de las Farc y en consecuencia, cumplir con la palabra empeñada con una parte importante de la sociedad colombiana, con  la llamada comunidad internacional y por supuesto, con la ONU.





Imagen tomada de noticieros.televisa.com 


[1] La categoría Pueblo deviene en un largo proceso de vaciamiento de su sentido “original”, especialmente, desde las teorías políticas y sociológicas. Para el caso venezolano, Maduro habla del Pueblo de Venezuela; de igual manera, el diputado Guaidó, apela a la misma categoría y dice que su “lucha” es por el Pueblo venezolano. Lo mismo esgrime Iván Duque, quien pretende “ayudar” al Pueblo venezolano que sufre los rigores de la dictadura de Maduro.  Véase: http://germanayalaosoriolaotratribuna.blogspot.com/2017/04/el-pueblo.html
[4] Alude al grupo de militares, activos y retirados, que de manera directa apoyan al régimen de Nicolás Maduro. De igual manera, da cuenta de la entronización social del valor de ser militar chavista. Supone la reivindicación del militar venezolano, a través del manejo no solo de asuntos como la seguridad nacional, sino de temas económicos. Se está ante el fortalecimiento de una clase social y económica, con el poder que les da tener las armas de la República.
[6] Según el penalista, Elmer Montaña, el presidente de Colombia podría estar en curso en la comisión del delito de agresión. Véase: https://90minutos.co/ivan-duque-y-el-crimen-de-agresion-19-02-2019/

sábado, 23 de febrero de 2019

El Cerco Noticioso


Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

Los noticieros de televisión de los canales privados, Caracol y RCN, acaban de erigirse o mejor, de “graduarse, con honores”, como los instrumentos ideológicos y políticos del “cerco diplomático” que el presidente Duque Márquez lidera, aupado por el gobierno de Trump, en esta parte del hemisferio, con el propósito de tumbar[1] a su homólogo venezolano, Nicolás Maduro Moros[2].

El cubrimiento que han hecho en las últimas horas los noticieros Caracol y RCN, de lo acontecido en la frontera con Venezuela, da cuenta de una enorme pobreza periodística que se explica y se evidencia en el exiguo contexto en el que vienen presentando unos hechos selectiva y caprichosamente elevados al estatus de noticia por estos dos telediarios.

Tanto en el cubrimiento del concierto, Venezuela AID Live, como en la llegada y la pretendida penetración forzada de la “ayuda humanitaria” enviada por los Estados Unidos y otros países, los periodistas y sus empresas mediáticas mostraron el rostro y el carácter más peligroso e inconveniente que pueden tener o adoptar unos medios masivos que, al estar sujetos a principios constitucionales, están obligados a entregar información veraz, objetiva y oportuna. Hago referencia, entonces, al rostro y al carácter de actores políticos[3], al servicio de un régimen de poder que comparte, con el venezolano, enormes visos de ilegitimidad social y política. De esa manera, RCN y Caracol, caen en la enorme contradicción y en la trampa de hacerse partícipes del proyecto de intervención que se diseñó desde los Estados Unidos para desestabilizar al gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros[4].

Como actores políticos, RCN y Caracol, a través de sus periodistas y presentadores, desconocieron principios fundamentales del ordenamiento jurídico-político mundial, como el respeto a las soberanías estatal y popular, a la autodeterminación de los pueblos[5] y al de la no intervención en asuntos internos.

RCN y Caracol traspasaron una línea que jamás debió cruzarse: sus políticas editoriales se articularon de tal forma a los propósitos intervencionistas del gran país del Norte, que sus agendas informativas solo responden a los intereses de los Estados Unidos de recuperar para sí, el control del petróleo venezolano.

El nocivo y perverso ejercicio periodístico de los actores políticos, RCN y Caracol, deja hoy una enorme confusión en sus audiencias y en cada colombiano alrededor del concepto de “ayuda humanitaria”. El propio jefe de la delegación del CICR en Colombia, Christoph Harnisch,  expone con claridad la consecuencia que hoy deja el interesado ejercicio periodístico realizado por estos dos noticieros de televisión: “Hoy estamos en una situación en la que desafortunadamente la primera víctima de lo que está pasando es la palabra ‘humanitaria‘, porque hay un debate, hay una controversia pública, hay una manipulación de todas partes de este término. Para nosotros ‘humanitario’ es algo que no debe ser controversial, debe ser del interés de las personas. Y en este sentido, estamos en una situación que no es totalmente nueva, pero que lamentamos mucho, porque esto no es necesario. No hay que crear condiciones que compliquen la búsqueda de una solución en el interés de todos y con esto estamos en una complejidad importante. Yo diría que más allá de cómo llamamos esto -si humanitario o no- la pregunta realmente importante es, ¿la ayuda que se define es adecuada a las necesidades que tienen?”[6]

Es de tal magnitud el giro procedimental y misional de RCN y Caracol, que sus exclusivas emisiones de lo que acontecía en la frontera colombo-venezolana crearon un enorme vacío noticioso en Colombia, situación esta que puede producir los siguientes efectos en las audiencias: en primer lugar, los asiduos consumidores de los señalados noticieros pueden pensar, imaginar o sentir, que al interior del país todo marcha tan bien, que nada lo acontecido en sus regiones, alcanzó el estatus de noticia; en segundo lugar y de manera contraria, esas mismas audiencias pueden llegar a la conclusión que situaciones problemáticas, altamente probables de convertirse en noticia, fueron obviadas de manera deliberada por estos dos telediarios. Es el caso vivo de las inundaciones en varias poblaciones del Chocó, desatendidas por la gran prensa colombiana. Una prueba más, de lo acomodaticios- y no universales- que son los criterios de noticiabilidad[7] que aplican los periodistas a unos hechos para elevarlos al estatus de lo noticioso.

Claro, para que las audiencias hagan este tipo de disquisiciones, se requiere de una cultura política y mediática que millones de colombianos no pueden exhibir, porque justamente vienen siendo “víctimas” de un empobrecido ejercicio periodístico. Y finalmente, el mayor efecto político y cultural que dejan los nocivos, perversos e inconvenientes tratamientos periodístico-noticiosos[8] de los ya señalados noticieros es el de macartizar todo lo que haga referencia al “socialismo”. 

Es decir, de cara a las elecciones regionales en Colombia, RCN y Caracol hicieron la tarea de ideologizar el debate electoral, sobre la base de recrear e insistir en odios hacia todo lo que huela a izquierda. Y para ello, los periodistas de estos noticieros dejaron de explicar a sus audiencias las diferencias entre un régimen socialista y el venezolano, que apenas si alcanzó a edificar lo que se conoce como Estatismo. Baste con recordar los miedos generados en las audiencias por la Gran Prensa colombiana en torno “a los riesgos de convertirnos en otra Venezuela”, mientras se guardaba silencio y distancia de los avances sociales y económicos alcanzados en su momento por Ecuador, durante el Gobierno de Rafael Correa.

De esta manera, al “cerco diplomático”, repetido por Duque como una especie de mantra, se suma el del “cerco noticioso”, al que nos sometieron por largas semanas, y en particular, durante las últimas 24 horas, los incorporados[9] medios, RCN y Caracol.

Adenda: comparar las "escaramuzas liberadoras" acontecidas en la frontera con Venezuela con la caìda del Muro de Berlìn, deja entrever no solo un desconocimiento del valor político, económico, social y cultural de ese hecho histórico, sino la arrogancia y la estulticia de quien prefiere jugar a la guerra, que ocuparse de los graves problemas de su país



Imagen tomada de colombian.com.co 


lunes, 18 de febrero de 2019

La encrucijada del alma de Iván Duque: objeto la ley estatutaria, o no la objeto


Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo


Mientras el país se preparaba para discutir y pensar en escenarios de futuro ante la posibilidad de que el presidente Duque objetara el Proyecto de Ley Estatutaria (PLE), el diario El Colombiano anunciaba lo siguiente: “El presidente de la República, Iván Duque Márquez, aseguró que pese a las preocupaciones que tiene en relación con la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que hace varios días fue enviada por el Congreso a sanción Presidencial, piensa no objetarla porque ya pasó revisión constitucional. “Yo no voy a entrar a controversias con la Corte Constitucional, tengo una preocupación, pero desafortunadamente esa preocupación no es objetable porque salió del texto. A mí me parece que no le hace bien al país que delitos como la violación de niños puedan ser considerados, entre comillas, delitos del conflicto porque para mí no hay nada que justifique el atropello a un menor”, dijo el presidente[1].

Si lo registrado por el medio regional es verdad y obedece a una decisión irreversible del presidente, el contenido y la perspectiva de análisis planteada líneas adelante en esta columna, no tendrían mayor sentido si no fuera por la necesidad histórica de registrar un hecho político que de haberse producido, sus consecuencias políticas al interior del país y los efectos diplomáticos en el exterior serían inconmensurables. Así entonces, se registra la intención de un Gobierno que abiertamente no acompaña, con toda devoción, el proceso de implementación[2] de lo acordado en La Habana entre el Estado colombiano y la cúpula de la entonces guerrilla de las Farc, durante el gobierno de Juan Manuel Santos Calderón (2010-2018).

Después de ajustar el sentido de la columna de acuerdo con lo registrado en el diario El Colombiano[3], surgen varias preguntas: ¿Realmente el presidente pensó en la posibilidad de objetar la mencionada ley estatutaria? ¿Qué hizo cambiar de opinión al presidente? ¿El anuncio de que se tomaría el tiempo para leer el contenido de la norma, obedeció a una salida en falso porque Iván Duque desconocía los límites de su potestad de objetar normas? Más claro: ¿el presidente creyó inicialmente que podría discutir con la Corte Constitucional sobre una materia que entró en los términos de la cosa juzgada? Y dos últimos interrogantes: ¿Alcanzó a recibir presiones de la ONU o de gobiernos amigos del proceso de paz con las Farc, si decidía objetar el PLE? ¿Sirvió el pronunciamiento de 227[4] organizaciones que solicitaron al presidente sancionar la señalada norma?

Si la hubiese objetado

Miremos entonces el escenario político e ideológico que el propio presidente recreó y generó en torno a su decisión inicial de revisar con lupa el contenido de la ley estatutaria de la JEP. En primer lugar, queda claro ante la opinión pública, nacional e internacional, que para su gobierno la construcción de una paz[5] estable y duradera, en los términos establecidos en el Acuerdo Final II, se asumió como una imposición del anterior gobierno, lo que de manera consecuente activa la intención de ponerle trabas al objetivo estratégico de cumplir, como Estado, la palabra empeñada tanto con la ONU, las Farc y los países garantes y acompañantes del proceso de paz que se surtió en La Habana. Más claro: para Duque, la construcción de esa paz en los términos en los que fue pactada en Cuba y firmada en el teatro Colón no constituye un asunto de Estado, sino una imposición para su gobierno y para él, como presidente, a lo que suma el acompañamiento de la ONU a través de sus dos misiones y la sujeción misma a las condiciones del orden jurídico internacional del tratado de paz.

Hay dos hechos que ilustran muy bien lo señalado líneas atrás: el primero, su insistencia, como Jefe de Estado, en desconocer los protocolos firmados durante la administración de Santos y el Comando Central del ELN, en el marco de las conversaciones de paz que se dieron entre sus plenipotenciarios tanto en Quito, como en La Habana. Y el segundo hecho, es el condicionado[6] lugar que le da a la paz en su propuesta de Plan Nacional de Desarrollo (2018-2022).

Es decir, estamos ante un Jefe de Estado que asume una actitud proclive a desconocer todo lo que su antecesor firmó en materia de paz y reconciliación. Al actuar de esa manera, Duque se instala en un peligroso e inconveniente escenario diplomático, ideológico y jurídico-político, cuyas consecuencias no se pueden medir por ahora.

Si el presidente de la República, Iván Duque Márquez, decide (hubiese decidido) objetar el proyecto de Ley Estatutaria (PLE) de la JEP, confirmará al país, a la ONU y a la comunidad internacional, que tiene el interés genuino de deslegitimar a la Jurisdicción Especial de Paz y por esa vía, golpear el corazón del Tratado de Paz.

El solo hecho de que el presidente se tome el tiempo de leer[7] en detalle el texto que da vida a la Ley Estatutaria es suficiente para indicar que, en su condición de Jefe de Estado, Iván Duque Márquez no está comprometido con el cumplimiento de lo acordado en La Habana entre el Estado colombiano, representado durante el gobierno de Juan Manuel Santos, y la cúpula de la entonces guerrilla de las Farc. Y no se trata de que deje de lado la potestad de objetar esta y cualquier otra ley. Lo que hay que poner de presente es que el presidente está desconociendo (estuvo a punto de hacerlo) el análisis jurídico-político que en su momento hizo la Corte Constitucional a través de la sentencia C-80/18[8] y se dispone a hacer una lectura ideologizada de la norma, a la que deberá darle un carácter político cuando exponga la razón por la cual decida no sancionarla.

Al desconocer el juicioso análisis que hizo la Corte Constitucional, el presidente de la República podría caer en un equívoco jurídico, escenario este que el profesor Uprimny explica en reciente columna. El exmagistrado señala que “el presidente no puede objetar el PLE por inconstitucionalidad pues, por tratarse de un proyecto de ley estatutaria, su constitucionalidad ya fue revisada integralmente por la Corte, que declaró en la sentencia C-80/18 que la casi totalidad de ese extenso texto es constitucional[9].

Sobre lo señalado por el columnista, hay que decir que está soportado en una sentencia de la Corte Constitucional. En la sentencia C-11/94 se lee que “en principio las objeciones presidenciales son por inconstitucionalidad o inconveniencia (arts. 166 y 167 C.P.). En el caso de los proyectos de leyes estatutarias debe concluirse que no puede haber objeciones por inconstitucionalidad, como quiera que la Corte Constitucional ya dictó sentencia con efectos de cosa juzgada constitucional (art. 243 C.P.), en la que encontró conforme con la Constitución el texto que remitió al presidente de la República. Sólo puede haber por tanto objeciones por inconveniencia[10].

Así entonces, al presidente solo le queda(ba) un camino: declarar la inconveniencia de la norma por “razones políticas” que, ancladas a su ideología, podría justificar apelando al criterio de discrecionalidad presidencial y por esa vía, acercándose a una caprichosa “razón de Estado”. La declaratoria de inconveniencia no será (sería) suficiente argumento para sostener la decisión de objetar la PLE. Muy seguramente, cuando sea interpelado por agentes jurídicos de la sociedad civil, Duque Márquez apelará a su ya acostumbrado estilo de responder de manera ambigua y con evasivas.

A lo consignado en las sentencias citadas y a lo expresado por el profesor Uprimny, se suma el concepto emitido por el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, quien señaló que “la Jurisdicción Especial para la Paz es la columna vertebral del proceso de paz y es un compromiso de Estado. Esta jurisdicción ya tiene la bendición de la Corte Constitucional, que avaló esa justicia especial. El momento de las objeciones terminó. Y es muy importante tener eso en cuenta[11].

Aunque el concepto del jefe del Ministerio Público no es vinculante y mucho menos puede erosionar la potestad presidencial de sancionar o no una ley, sí tiene la fuerza política suficiente para llamar la atención del propio mandatario. Lo que hace Carrillo es reconocer y legitimar a la JEP[12] y de esa manera, se opone a la contraria acción política de Duque de desconocer a dicha jurisdicción. Sin duda, estamos ante una situación apremiante, en la que las futuras actuaciones, acciones y decisiones que en derecho adopte la JEP, podrían ser demandadas porque justamente se tomaron sin el sustento jurídico que de manera natural le daría la Ley Estatutaria.

El miedo a la verdad

Más allá de la intención manifiesta de objetar la Ley Estatutaria de la JEP, hay un asunto que inquieta a quienes, desde diversos intereses, acompañamos el devenir del proceso de paz y en particular, estamos atentos a lo que se suceda con el proceso de implementación del Acuerdo Final II. Y ese tópico es la Verdad. Y es claro que hay agentes del Establecimiento que le tienen miedo a la Verdad judicial que saldrá de las actuaciones y decisiones que adopten los magistrados de la JEP y a la verdad histórica que se desprenda de los ejercicios investigativos, analíticos e interpretativos que hagan los miembros de la Comisión de la Verdad.

En particular, el expresidente y hoy senador de la República, Álvaro Uribe Vélez, debe tener enormes prevenciones y miedos alrededor de las versiones, documentos, hechos y testimonios que logren recogerse en las dos instancias señaladas, y que de muchas maneras lo pueden vincular a hechos delictivos como la conformación de grupos paramilitares y la connivencia con las masacres cometidas por miembros de las AUC. Por ejemplo, la masacre del Aro, a la que su nombre está vinculado cuando fungió como Gobernador de Antioquia; o de manera directa con delitos como el desplazamiento forzado, la apropiación de tierras por la vía del despojo y las responsabilidades políticas que deberá asumir por los más de 5.000 casos de Falsos Positivos[13] ocurridos durante sus 8 años de mandato, en su calidad de comandante supremo de las Fuerzas Armadas.

Lo expresado recientemente por el ex general Rito Alejo del Río, conocido como el Pacificador de Urabá, debe de generar alguna preocupación en el senador Uribe Vélez, por cuanto el exoficial tomó la decisión de acogerse a la JEP. “Yo he sido de los más sacrificados por defender a Álvaro Uribe, pero no lo vuelvo a hacer[14] señaló recientemente el alto exoficial del Ejército.

De igual manera, otros agentes del Establecimiento deben guardar cierta prevención ante la posibilidad latente de que, en esas dos instancias del Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, sus firmas, representantes legales y accionistas, se vean involucrados en hechos relacionados con la comisión de delitos de lesa humanidad perpetrados por las fuerzas paramilitares, en contubernio con fuerzas estatales y agentes políticos y gremiales de los órdenes regional y nacional.

Eso sí, hay que registrar en la historia judicial y política del país, los ataques que desde la Fiscalía General de la Nación se han producido en contra de la JEP. Al caer la tarde del 18 de febrero de 2019, varios medios masivos informaban sobre un llamado que el Fiscal General[15], Néstor Humberto Martínez Neira, le hizo al presidente Duque para que objete el PLE. El mismo diario, que en tempranas horas de la tarde informó sobre la decisión del presidente de Colombia de no oponerse a la ley estatutaria de la JEP, a eso de las 5 y 50 PM, señalaba que “a través de un documento de nueve páginas, el fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínezle manifestó al presidente de la República, Iván Duque, su preocupación por el proyecto de Ley “Estatutaria de la Administración de Justicia en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Para Martínez, el texto que había sido consensuado en el Congreso de la República sufrió modificaciones, que tienen graves impactos en la política criminal del Estado[16]. En ese mismo sentido, pero sin hacer mención a la versión que indicaba que Duque habría decidido no objetar la ley estatutaria, la revista Semana[17] informaba que el Fiscal habría solicitado al presidente rechazar dicha norma.  

Pero si de ataques institucionales y políticos se trata, hay que mencionar los que se han producido desde las huestes del Centro Democrático (CD), con la complacencia del presidente Iván Duque Márquez.

Mientras unos exhiben sus prevenciones, miedos y animadversiones en contra de la Jurisdicción Especial para la Paz, los miembros de la cúpula de las Farc vienen compareciendo ante el tribunal especial. Recientemente, se recibieron las versiones de alias Timochenko sobre asuntos relacionados con la actividad criminal del secuestro.

Digamos que con la decisión presidencial de no objetar la ley estatutaria se despeja una enorme sombra que ya se posaba amenazante sobre el futuro de la JEP. Pero sabemos que el camino que aún queda por recorrer seguirá lleno de obstáculos y de ataques. Ahora bien, al cierre de este artículo no hay certeza de que efectivamente lo informado por el diario El Colombiano sea una realidad política, en torno a la decisión de Duque de, finalmente, sancionar la PLE como medio país espera que lo haga.


Imagen tomada de elespectador.com 


[3] Al tiempo que se consultó al diario El Colombiano, se hizo lo mismo con los portales de Semana y El Espectador. En ambos no se registraba la versión ya publicada por el periódico regional antioqueño. A las 2 y siete minutos de la tarde del lunes 18 de febrero, los portales de Semana, El Espectador y de El País de Cali, no registraban el hecho noticioso que El Colombiano de manera temprana ya había alojado en su portal web.
[7] No necesariamente lo tiene que hacer el propio presidente. Lo más probable es que esa tarea la desarrolle su equipo jurídico, con el posible direccionamiento político del Centro Democrático, el partido de gobierno.
[10] Véase: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1994/C-011-94.htm
[12] La JEP es una jurisdicción especial de paz que asumirá los procesos investigativos y sancionatorios de todos aquellos jefes o comandantes (militares y guerrilleros) que se encuentren responsables por la comisión de delitos de lesa humanidad, ocurridos en el marco del conflicto armado interno. La JEP nace del proceso de negociación política adelantado entre los plenipotenciarios del gobierno de Santos y los de las Farc. Se entiende su funcionamiento en el marco de un modelo de justicia transicional, lo que implica que habrá penas alternativas y con un carácter reparativo o restaurativo en relación con las víctimas que todos los actores armados produjeron de manera directa o indirecta. La JEP hace parte del Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición que fue aprobado en La Habana y que hace parte del Acuerdo Final II.
[15] Néstor Humberto Martínez Neira viene siendo cuestionado por sus actuaciones como abogado, en el caso de corrupción en el que están comprometidas las firmas Odebrecht y el Grupo Aval. Véase: http://germanayalaosoriolaotratribuna.blogspot.com/2018/11/el-fiscal-no-se-cae.html

martes, 12 de febrero de 2019

La Paz condicionada del Plan Nacional de Desarrollo (2018-2022)


Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

Es claro que el presidente de República, Iván Duque Márquez, el gobierno en su conjunto y el Centro Democrático (CD), niegan la existencia del conflicto armado interno. Y por esa vía, no solo tienden a desconocer los derechos de las víctimas de los actores armados, legales e ilegales, sino que incitan a que funcionarios, y futuros alcaldes y gobernadores, entre otros, desconozcan el sentido de lo acordado en La Habana con la entonces guerrilla de las Farc. Y esto puede darse, tanto al interior de las instituciones ya existentes y que hoy deberían estar operando para dar cumplimiento a lo ratificado en el teatro Colón, especialmente en materia de tierras, y las que deben crearse, conforme a lo estipulado en el Acuerdo Final II.

Esa tesis negacionista[1] del conflicto armado interno se hace sentir en el capítulo del Plan Nacional de Desarrollo (2018-2022) intitulado Pacto por la construcción de Paz. A pesar de  que las circunstancias descritas en este acápite y los propósitos teleológicamente formulados en dicho documento dan cuenta de manera intrínseca a lo que se conoce como las condiciones objetivas que legitimaron el levantamiento armado que mantuvieron por largo tiempo las dinámicas políticas, incluyendo la violencia armada, el gobierno de Duque se cuidó de no usar la nomenclatura conflicto armado interno. En dicha política se habla de violencia, término y categoría claramente insuficiente para explicar y dar cuenta de las complejidades de un largo y degradado conflicto armado interno.   

En el documento se lee que “la construcción de paz en Colombia se fundamenta en cinco elementos o factores relacionados entre sí: (1) el imperio de la ley y convivencia: justicia accesible, oportuna y en toda Colombia, para todos; (2) la seguridad y orden para la libertad: fuerza pública, compromiso ciudadano y tecnología para proteger la vida, honra y bienes de todos los colombianos; (3) la participación: promoción del diálogo social y la inclusión democrática para la equidad; (4) las acciones efectivas para la política de estabilización: intervención coordinada en zonas estratégicas con seguridad, justicia y equidad; y (5) la atención y reparación a las víctimas[2]

El concepto de Paz que está detrás del texto citado es sinónimo de imperio de la ley, idea que pone como prioridad la acción coercitiva del Estado, lo que deja de soslayo la búsqueda de la esquiva legitimidad del orden establecido en Colombia, lo que quiere decir que el cerramiento democrático no hace parte sustancial del concepto de paz que el gobierno tiene y que cobrará vida con la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo.

Incluso, en el mismo capítulo se reconoce, en estos términos,  la debilidad del Estado: “Por ello, se requiere que el país transite gradualmente hacia la definición de un conjunto de políticas de Estado a partir de elementos prácticos de consolidación de la presencia institucional y su extensión hacia los territorios con vacíos de autoridad[3]; que respondan a las realidades locales para enfrentar las distintas amenazas desde perspectivas integrales; que vinculen el control institucional, la recuperación y la estabilización de los territorios afectados, junto a la reducción de la vulnerabilidad social a partir de la acción conjunta y unificada del Estado[4].

El acápite al que se hace referencia en esta columna, en lo que concierne al tema del control territorial por parte del Estado, está anclado al sentido dado al mismo asunto en la propuesta de Álvaro Uribe Vélez, cuando en su mandato habló de las Zonas de Rehabilitación y Consolidación[5]. Es decir, se prioriza el carácter y las acciones coercitivas del Estado, lo que redundará en la criminalización de la protesta social, y por esa vía, se incentiva a los grupos paramilitares para que, en connivencia con fuerzas estatales, continúen con el sistemático asesinato de lideresas y líderes sociales, reclamantes de tierras, y defensores del ambiente y de los derechos humanos. No se descartan, por supuesto, las acciones ideológicas, económicas y políticas conducentes a cooptar a líderes sociales. La criminalización de la protesta social se trasladará a los conflictos socio ambientales que en adelante se seguirán suscitando por cuenta de la ejecución de proyectos de minería legal y la instalación de monocultivos de caña y palma africana en la Orinoquia y en la potrerización en el Amazonas.

En el citado documento se lee: “En este camino de la Construcción de Paz, la estabilización definitiva del territorio se hace imperioso. Es necesario corregir las fallas estructurales que se han hecho evidentes en las reparación moral, reparación material, reparación económica por parte de sus victimarios y que nunca, nunca, serán agredidos por la impunidad. En ese sentido cualquier iniciativa de adelantar diálogos y negociaciones para alcanzar acuerdos con Grupos Armados Organizados al Margen de la Ley debe cimentarse en el cese total de acciones criminales, con estricta supervisión internacional y tiempos definidos, siempre en el marco de la cultura de la legalidad, dentro del cual, cualquier uso de la violencia como mecanismo de presión e intimidación al Estado y a la sociedad, impedirá avanzar en una paz real y sostenible… Finalmente, es importante recordar que la política de estabilización se enmarca según el mandato constitucional y la Sentencia C-630 del 11 de octubre de 2017 emanada de la Corte Constitucional. Dado lo anterior, cabe mencionar que las obligaciones asumidas corresponden a <<obligaciones de medio>> y no de resultado, para cuyo cumplimiento el Gobierno nacional llevará a cabo los mejores esfuerzos para cumplir lo establecido en el Acuerdo Final, cuyo cumplimiento se rige por la condicionalidad y la integralidad de los compromisos plasmados en el mismo. Los contenidos y finalidades serán cumplidas de buena fe, para lo cual, en el ámbito de sus competencias, el Gobierno nacional goza de un margen de apreciación para elegir los medios más apropiados para ello, en el marco de lo convenido, bajo el principio de progresividad[6].

Nótese que no se habla de guerrillas, ni de grupos subversivos. Y este asunto no es de menor valía, en la medida en que el desconocimiento del estatus político y del sentido político de la lucha, por ejemplo del ELN, claramente se reflejarán en los puntos que se puedan discutir en una eventual mesa de negociación con lo que el gobierno de Duque ya llama como Grupo Armado Organizado al Margen de la Ley[7].

De igual manera, de lo citado podemos colegir que la prioridad de la administración de Duque Márquez no está en el cumplimiento a cabalidad del Acuerdo Final, sino en la toma de acciones paralelas con las que el Estado pueda hacerse con los territorios que aún hoy, continúan en disputa con la guerrilla del ELN, y diversas agrupaciones armadas que se alimentan de manera concomitante del narcotráfico y de la minería legal e ilegal.

A qué se refiere exactamente el Gobierno de Duque cuando señala que “goza de un margen de apreciación para elegir los medios más apropiados para ello…” ¿Acaso se refiere a que hará uso del poder discrecional para adoptar o no medidas y acciones conducentes a cumplir con lo acordado en La Habana? ¿Será, entonces, esa la directriz que entregará en adelante a quienes sean elegidos por el Centro Democrático y otros partidos de la coalición de gobierno en gobernaciones y alcaldías? ¿Acaso se aplicarán criterios y orientaciones de tipo fiscal (sostenibilidad fiscal), para cumplir a medias con lo acordado?

Habrá que estar muy atentos a las maneras como el actual gobierno dará cumplimiento al Tratado de Paz firmado en La Habana y a la confianza depositada por la ONU y los países garantes del proceso de paz. Queda claro que, por ahora, la incertidumbre ronda el lento proceso de implementación. Son varios los hechos  que coadyuvan a la consolidación de un sombrío escenario de postacuerdo: el sistemático asesinato de líderes sociales, el incumplimiento con las víctimas a través de las 16 curules[8] de las Circunscripciones Especiales de Paz; el asesinato de ex combatientes de las Farc y la inseguridad jurídica que se desprende del caso Santrich[9]; a lo que se suman, los ataques institucionales perpetrados desde el Gobierno, el Congreso y la Fiscalía contra la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) y el manejo dado por Iván Duque al nombramiento de personajes anodinos en instituciones claves para el manejo de un asunto neurálgico: la Reforma Rural Integral. El último caso, da cuenta de la elección, como director del CNMH, del historiador Darío Acevedo Carmona, quien comparte, con el Gobierno y con el Centro Democrático, la tesis que niega el conflicto armado interno y lo reduce a una “amenaza terrorista”.



Imagen tomada de conexióncapital.co


[2] Tomado del Plan Nacional de Desarrollo (1998-2022). p. 692.
[3] Los mismos territorios que, una vez dejados por las Farc, no fueron copados por el Estado, lo que es un claro indicador no solo de la incapacidad institucional para hacerse con esos territorios, sino del conveniente desinterés por no hacerlo, para que en esas zonas, autoridades locales y actores armados ilegales puedan según transando y aprovechándose de la debilidad estatal. Véase:
[4] Ibid., Plan Nacional de Desarrollo.
[5] “Las "Zonas de Rehabilitación y Consolidación" son áreas geográficas afectadas por acciones de grupos criminales en las cuales el Gobierno podrá aplicar medidas excepcionales para garantizar la protección de la población civil y la estabilidad institucional. Restablecer el orden constitucional y la integridad del territorio nacional. Las Zonas serán delimitadas por el Presidente de la República quien, además, deberá designar a un Comandante Militar para que asuma el mando de todos los efectivos de la Fuerza Pública que se encuentren en el área. En las "Zonas de Rehabilitación y Consolidación" se podrán reglamentar los derechos de movilización y residencia mediante medidas como el toque de queda, permisos especiales para el libre tránsito, circulación o permanencia. El Gobernador podrá adoptar medidas para exigir a personas determinadas comunicar con dos días de antelación todo desplazamiento fuera de la zona. El Comandante Militar podrá recoger, verificar, conservar y clasificar la información acerca del lugar de residencia y ocupación de los residentes y de las personas que ingresen o transiten por el área bajo su mando, así como de las armas, explosivos, accesorios, municiones, equipos de telecomunicaciones, vehículos y medios de transporte terrestre, fluvial, marítimo y aéreo que circulen o presten sus servicios en forma regular u ocasional. Los habitantes de las "Zonas de Rehabilitación y Consolidación" tienen la obligación de informar sobre la tenencia, porte o uso de armas, explosivos, accesorios, municiones o equipos de telecomunicaciones. Quien incumpla esa obligación podrá ser capturado por la Fuerza Pública y deberá ser puesto a órdenes de la autoridad judicial dentro de las 36 horas siguientes”. Tomado de: http://www.alvarouribevelez.com.co/es/content/definidas-zonas-de-rehabilitacion-y-consolidacion Consultado: febrero 12 de 2019.
[6] Op cit, págs. 695-696.

Entradas populares

Páginas vistas en total

Etiquetas