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Tres artículos: Medio ambiente y conflicto armado; Editoriales sobre el proceso de paz con las Farc; y Acción colectiva y asentamientos en Cali. Memorias, 2018.

Nueva Publicación: Investigación sobre dos asentamientos informales de la ciudad de Cali. 2018

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2 asentamientos: Los Samanes del Cauca y Navarro, ubicados en el jarillón del río Cauca.

NUEVA PUBLICACIÓN. PERIODISMO Y DESPLAZAMIENTO FORZOSO EN COLOMBIA.

NUEVA PUBLICACIÓN. PERIODISMO Y DESPLAZAMIENTO FORZOSO EN COLOMBIA.
Resultado de un proceso investigativo, este libro en coautoría da cuenta del tratamiento periodístico dado por el Diario El País de Cali, a los hechos y circunstancias que hicieron posible el desplazamiento forzado en Colombia y la aparición de la categoría Desplazados. 2016

lunes, 28 de enero de 2019

DUQUE, CÚPULA DEL ELN Y BUSTAMENTE


Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo



Hay consenso alrededor de la idea de que  el actual Gobierno de Colombia, hasta hace pocos días,  no exhibía un rumbo claro que hiciera pensar, por ejemplo, en que había o hay un interés genuino en diseñar y aplicar un plan de desarrollo ambiental, social, económica, política y culturalmente sostenible; como es claro, también, que el Gobierno de Iván Duque no tenía o no tiene una Política de Paz asociada al compromiso de cumplir  a cabalidad con lo firmado en el Acuerdo Final (II) y mucho menos,  ha expuesto un plan integral (real y confiable[1]) que coadyuve a poner fin al sistemático asesinato de lideresas y líderes sociales, reclamantes de tierras, defensores del ambiente y de los DDHH. Por el contrario, la actual administración parece estar en total disposición de hacer todo lo institucionalmente posible para impedir la construcción y consolidación de escenarios de posconflicto en los que sea posible que el país transite hacia otros estadios en materia de paz y convivencia.

De allí que resulte no solo cómodo, sino políticamente rentable para el presidente Duque y la vice presidenta, Martha Lucía Ramírez, focalizar su interés en el “caso venezolano” y más recientemente en el destino final de los miembros de la cúpula del ELN que permanecen en Cuba. Es tal la fuerza inercial de lo que acontece en Colombia, que el presidente y la vicepresidenta se pueden ocupar de asuntos que si bien son relevantes, su abordaje tiene la clara intención de esconder los graves problemas que el país exhibe en materia de seguridad ciudadana, orden público, crecientes problemas y conflictos socio ambientales,  y una incontrolable corrupción público-privada, entre otros más. En materia de corrupción, el caso del Fiscal-Odebrecht-Grupo Aval es, sin duda, un caso emblemático y comprometedor, que merece todas las cortinas de humo necesarias para tratar de minimizar el impacto social, político, económico y cultural de estos actos de corrupción que terminan por desdibujar a connotados líderes del Establecimiento y a deslegitimar el orden establecido.

En esa línea, el gobierno de Iván Duque, ante su negativa imagen y su relativa capacidad para gestionar y manejar asuntos de Estado que busquen soluciones a graves problemas internos que tiene el país, opta por liderar en la región el proceso de desestabilización del régimen venezolano. De lo que se trata es de emprender acciones conducentes a presionar la caída de Nicolás Maduro Moros y por esa vía, desarticular las relaciones y las conexiones existentes entre ese régimen de poder y la guerrilla del ELN que, según las autoridades colombianas, hacen presencia en territorio venezolano.

Al tiempo que secunda al Departamento de Estado  de los Estados Unidos en su idea de desestabilizar al gobierno de Maduro, el presidente colombiano agita los ánimos intervencionistas asociando el atroz crimen perpetrado por el ELN contra la sede de formación de la Policía Nacional y que costó la vida de 21 cadetes, con la presencia de guerrilleros de esa organización armada ilegal en territorio venezolano, con la anuencia de las autoridades del régimen chavista.

Así entonces, Duque, con el respaldo del Centro Democrático[2], pero con la resistencia del partido Liberal, de la U y de Cambio Radical, pretende desconocer los protocolos firmados entre el Gobierno de Santos y el ELN, en lo que corresponde a la seguridad jurídica de los negociantes de la guerrilla que viajaron a Cuba para sentarse en la Mesa de Diálogo instalada para buscar una salida negociada al conflicto armado interno. Una vez levantada la Mesa, por los hechos acaecidos en la Escuela de Cadetes de la Policía Nacional en Bogotá, la presencia de los plenipotenciarios del ELN se convirtió, junto al proyecto regional y multilateral de desestabilizar a Maduro, en un proyecto político de gran trascendencia para el actual gobierno. Estamos, pues, ante la exhibición del rumbo que los elenos le ayudaron a vislumbrar al presidente Duque, por cuenta del execrable atentado contra los inermes cadetes de la Policía Nacional.

Moralmente superior

Desde una condición pretendidamente superior  y, desde una perspectiva moral, el Jefe de Estado y de Gobierno de Colombia le exige al presidente cubano que le devuelva a la cúpula del COCE, en calidad de detenidos, para que sus miembros respondan penalmente por el carro bomba que estalló en las instalaciones académicas de la Policía Nacional. Dejando de lado cualquier preocupación y sentimiento de responsabilidad política y moral por la pobreza de millones de colombianos, el desempleo estructural, la creciente deforestación de selvas húmedas y la muerte sistemática de lideresas y líderes sociales, Iván Duque Márquez conmina a su homólogo cubano a que incumpla con su papel de garante en las fallidas negociaciones de paz[3] dadas entre el ELN y los gobiernos de Santos y Duque.

La exigencia[4] del presidente Duque al gobierno de Cuba de capturar y enviar a Colombia, en calidad de detenidos, a los miembros de la cúpula del ELN que están en su territorio, tiene varios propósitos a saber: el primero, invocar el apoyo político y diplomático de los gobiernos de derecha de la región y por esa vía, convertir un asunto interno y bilateral, en un caso regional y multilateral, con el que sea posible insistir en viejas lecturas maniqueas soportadas en nomenclaturas como “ejes del mal”,  con las que claramente hoy se  hace referencia a Venezuela y probablemente se intente incluir a Cuba en ese “selecto” grupo; el segundo, poner al régimen cubano en el radar de los Estados Unidos y de otros países que luchan contra el terrorismo, desconociendo en muchos casos que los actos terroristas perpetrados en sus territorios son una consecuencia y respuesta a diversas formas de intervencionismo militar, político y económico.

Un tercer propósito es probar, nacional e internacionalmente, hasta dónde es viable, diplomática, jurídica y políticamente desconocer los protocolos firmados por el Estado colombiano durante el gobierno de Juan Manuel Santos, quien como jefe de Estado y de Gobierno, estableció en Cuba una mesa de diálogo con la guerrilla del ELN y unos protocolos, en caso de que se diera una ruptura de las conversaciones que pusiera en riesgo la seguridad jurídica de los plenipotenciarios del grupo subversivo. En este caso, la postura asumida tanto por Cuba como por Noruega, de respetar lo establecido, puede quedar en simples llamados al Gobierno de Duque, dada la insistencia en que Cuba entregue a las autoridades, a los miembros del ELN. Además, el mandatario colombiano cuenta con el respaldo de los gobiernos de Chile y Brasil.

Un cuarto objetivo es mostrarse decidido y comprometido, nacional e internacionalmente, para afrontar una “amenaza terrorista[5] y por esa vía, ir insertando al país y a la opinión pública nacional en la necesidad, imperiosa para la derecha y la ultraderecha, de reactivar la Política de Defensa y Seguridad Democrática implementada por Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) durante sus dos periodos de gobierno. Y un quinto propósito, asociado al cuarto, está en exhibir sin tapujos que Iván Duque Márquez llegó a la Presidencia para dar continuidad a un efectivo tercer periodo de lo que se conoce como el uribismo[6]

Es decir, si Duque no logra el regreso de los guerrilleros-terroristas en las condiciones exigidas al gobierno de Díaz-Canel, de todas maneras obtendría un triunfo moral y político importante: lograría que una parte importante de la región y del mundo aplauda la consolidación de un régimen de mano dura contra el terrorismo, con todo lo que ello implica en materia de violación de derechos civiles y restricción de garantías constitucionales. Duque y sus asesores saben que es muy poco probable que Cuba incumpla con los protocolos firmados, lo que le daría los ímpetus suficientes para instalar en el país un gobierno de mano dura (al estilo de Uribe). Al final, al mantenerse el desacuerdo, se tendría que aceptar las condiciones para el regreso de los guerrilleros o buscar alternativas para que un tercero los reciba en su territorio.

Lo cierto es que la reacción del Gobierno colombiano después del ataque dinamitero perpetrado por el ELN contra inermes cadetes de la Escuela de Oficiales de la Policía, pone en cuestión y pretende invalidar el carácter vinculante de unos protocolos firmados durante el Gobierno de Santos. Con una fuerte lectura  moralizante, fruto de la dimensión social y humana  que acompaña y despierta el execrable atentado dinamitero perpetrado por el ELN, Iván Duque quiere liderar una nueva cruzada contra el terrorismo. El presidente colombiano cree tener la suficiente capacidad moral y política para ponerse al frente de un proyecto de esas dimensiones en una región convertida por los Estados Unidos, China y Rusia, en un escenario de luchas diplomáticas, políticas y económicas[7] que de muchas maneras recrean lo vivido durante la guerra fría.  Ejemplo de lo anterior es el régimen de Nicolás Maduro Moros, convertido en un asunto de interés mundial en la lógica de ese escenario de una “nueva guerra fría”, esta vez instalada en América Latina. Y todo por cuenta del control que las señaladas potencias buscan tener del petróleo venezolano.

Si Duque insiste y logra apoyo político y diplomático regional y mundial para desconocer el carácter vinculante de los protocolos firmados, estaríamos ante un cierre total de cualquier posibilidad de negociar con la guerrilla del ELN, o con cualquier otro grupo armado ilegal que, con aspiraciones políticas, pida, el día de mañana al gobierno de turno, un espacio para dialogar. Parece ser que en los cálculos políticos que hace el Gobierno y la cancillería, poco o nada les importaría comprometer la palabra y la imagen del Estado colombiano como un orden serio y respetuoso de lo firmado y de lo que se firme en lo consecutivo. Y es así, porque encontraron en el atentado terrorista perpetrado por el ELN, al mejor escudo o pararrayos, para recibir las críticas que reciben ya por la postura asumida frente al gobierno cubano con la que exigen el regreso  a territorio colombiano de la cúpula del ELN.

Estamos, pues, ante una situación delicada cuyo desenlace final aún no se puede advertir. Eso sí, el escenario es más apremiante para el régimen cubano, garante del proceso con el ELN. Si el gobierno de Cuba sigue los protocolos y devuelve a los elenos, tal y como indicó que lo haría en las condiciones previstas en aquellos, es posible que el gobierno de Duque esté pensando en la posibilidad de entrar a revisar las relaciones diplomáticas con Cuba, por alojar en su territorio a consagrados terroristas. Para lo primero, Cuba necesitará del concurso del Comité Internacional de la Cruz Roja y con el claro beneplácito de la ONU y por supuesto, con el visto bueno del gobierno colombiano. Para lo segundo, bastará con una declaración pública de Uribe,  o una sugerencia vía twitter para que se adopte la decisión de romper relaciones con el gobierno de Díaz-Canel.

Al complejo escenario se suma un elemento jurídico: la existencia de un tratado de extradición[8] entre Cuba y Colombia. Según el abogado, constitucionalista y ex alcalde de Bogotá,  Jaime Castro, dicho tratado podría ser invocado por el gobierno de Duque, lo que de todas maneras implicaría desconocer los protocolos firmados. Castro dijo en Semana en Vivo[9] que un tratado de extradición sí tiene un carácter vinculante entre Estados.

Bustamente en Cuba

Al conocer el país, por cuenta de Noticias Uno, que el ex congresista por el Centro Democrático y ex guerrillero del M-19, Evert Bustamente[10] viajó a Cuba para dialogar con los miembros del COCE, se confirman dos asuntos: el primero, que el Gobierno de Duque mantuvo “congelada” la Mesa de Diálogo, al tiempo que aceptaba el envío del ex guerrillero para que conversara con los miembros de la cúpula del ELN. Y el segundo asunto, que la presencia de Bustamente en Cuba pudo obedecer más a la injerencia de Uribe Vélez. Es más, la manera de mantener en silencio ese hecho político y la acción de negarlo, es propio del talante con el que el hoy senador actuó en el pasado en su calidad de Presidente. 

En la nota de pie de página número 11 de este documento, se pueden ver los videos que dan cuenta del talante con el que Uribe solía exponer su particular forma de “negociar” el fin del conflicto armado interno con las guerrillas[11]. Es decir,  según el propio Comisionado de Paz, el viaje se produjo por “cuenta y riesgo” de Bustamente, esto es, sin autorización del Gobierno. Lo anunciado por Ceballos, confirma que la política de paz no está del todo en manos del presidente Duque; y que las decisiones que se toman y se tomen en materia de negociación e incluso, en lo que corresponda al manejo de operaciones militares, tampoco pasarían por el poder discrecional del comandante supremo de las Fuerzas Armadas, sino por la injerencia, a todas luces indebida, del ex presidente Uribe Vélez.

Habrá  que esperar  cómo evolucionan las acciones diplomáticas, políticas y económicas emprendidas por Washington, con la anuencia de Colombia, en contra del régimen de Maduro. Si se logra el desmonte de ese régimen, muy seguramente el régimen entrante pondría sus ojos en los frentes elenos que hacen presencia en el vecino país. Esa circunstancia terminaría por dinamizar el conflicto armado al interior del país, lo que permitiría el resurgir de la doctrina del enemigo interno[12].

Si al final los líderes de esa guerrilla son devueltos a Colombia en las condiciones pactadas en los protocolos[13],  muy seguramente las Fuerzas Militares activarán operativos para hacer una persecución en caliente, con todo y los riesgos que ello implica para las comunidades rurales.

Adenda: si es cierto que la cúpula del ELN, instalada en Cuba, no supo o no sabía del operativo que terminó con el atentado dinamitero contra la Escuela de Cadetes de la Policía Nacional, estamos ante un problema evidente de fractura en la línea de mando de esa guerrilla. Aquello de la autonomía operativa de sus frentes y su desconexión en materia de responsabilidad y aprobación del COCE, solo agrava y hace más compleja cualquier tipo de negociación a futuro.  Véase: https://www.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/entrevista-a-pablo-beltran-del-eln-desde-cuba-sobre-regreso-a-colombia-317422



Imagen tomada de Elespectador.com


[1] Hay cuestionamientos del alto oficial del Ejército, encargado por el Gobierno de Iván Duque para proteger la vida de las lideresas y líderes sociales amenazados por grupos paramilitares, a los que los voceros de la Fuerza Pública prefieren llamar como Grupos Armados Organizados (GAO). Véase: https://colombia2020.elespectador.com/pais/los-cuestionamientos-al-general-barrero-el-encargado-de-proteger-lideres-sociales
[2] Véase: https://www.semana.com/nacion/articulo/dos-partidos-de-gobierno-apoyan-que-duque-desconozca-los-protocolos-con-el-eln/598943 El partido conservador mantiene una postura ambivalente: de un lado, apoya al Presidente, pero indican sus voceros que no entrarían en la discusión jurídico-política en torno al carácter vinculante de los protocolos.
[6] No se cuenta como periodo uribista las dos administraciones de Santos, a pesar de que su elección se dio bajo la sombrilla de la seguridad democrática y obedeció a una especie de sentencia que ya se hizo popular en Colombia: “el que dijo Uribe”. Santos tomó distancia de Uribe y de su proyecto político-militar, cuando decidió dialogar con las Farc. Desde el punto de vista ambiental y económico, Santos dio continuidad a las políticas neoliberales implementadas por Uribe Vélez entre el 2002 y el 2010.
[7] La lucha por los recursos de la biodiversidad hacen parte de ese nuevo escenario político.
[11] Durante mucho tiempo negó que hiciera acercamientos con las Farc. Al final se supo que efectivamente hubo más que acercamientos. Véanse: https://www.semana.com/nacion/articulo/informe-genesis-dialogos-de-paz-de-alvaro-uribe-con-las-farc/581913 y https://www.youtube.com/watch?v=TFHzjyoAL-A (Uribe y sus propuestas a las Farc). https://canal1.com.co/noticias/traque-mandrake-mermelada-para-las-farc/ (Dinero para las Farc en el gobierno de Uribe).








viernes, 25 de enero de 2019

Cultura de Estado y Paz


Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

Los históricos problemas de legitimidad e incluso de viabilidad del Estado colombiano se pueden asociar al manejo discrecional que funcionarios, congresistas, políticos profesionales, jueces, magistrados y Presidentes de la República, hacen de asuntos públicos que comprometen la operación del Estado y el sentido que de lo colectivo y del bien común moralmente se atribuye a esta forma de dominación.

El tratado de paz firmado en el Gobierno de Juan Manuel Santos, en su calidad de Jefe de Estado, y la entonces guerrilla de las Farc, sirve de ejemplo para indicar que no existe en Colombia una noción compartida de lo que es el Estado en su concepción moderna.

Más bien, a lo que hemos asistido en estos largos años de República, es a la naturalización de una idea que ha guiado la acción de funcionarios de mediano nivel, operadores judiciales y políticos: los Gobiernos están por encima del Estado. Idea que se explica y se sustenta en una realidad: hay asuntos de Estado cuyo origen y naturaleza están inexorablemente asociados a los intereses particulares y a la ideología de un Presidente, compartida por el gabinete que lo acompaña, los partidos políticos que lo sostienen; por los electores que respaldaron su elección y por supuesto, por específicos actores de la sociedad civil que financiaron la campaña presidencial y por el aparente conjunto de las Fuerzas Armadas.

Todo lo anterior bien se puede recoger en una categoría: cultura de Estado. Es decir, en Colombia, ni el sistema político ni el sistema educativo han logrado generar una cultura de Estado que guíe la vida institucionalizada[1] de los miembros de la burocracia oficial. Esa misma deficiencia cultural la exhiben millones de ciudadanos que no solo desconocen sus derechos, y los mecanismos para hacerlos valer, sino que confunden los objetivos del Estado con la acción interesada y particular de funcionarios, operadores judiciales y políticos profesionales que han permitido la institucionalización del clientelismo y por esa vía, naturalizado la corrupción.

Los triunfos electorales en Colombia, siempre asociados al objetivo de “hacerse con el Estado”, han sido el camino social, económico y político que hemos trasegado para impedir la generación de una cultura de Estado que no solo garantice una eficiente operación estatal, sino que el régimen de poder gane en legitimidad y sea  un faro moral para sus asociados.

El mejor  ejemplo de la no existencia de una cultura de Estado en Colombia está representado en las maneras como manejó el Estado el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez[2]. Su llegada al poder estatal está comprometida, culturalmente, al propósito de “hacerse con el Estado”. Hay evidencias claras de que Uribe supo hacerse con el Estado, hasta el punto que elevó a razón de Estado, su ideología y su particular manera de entender lo público y en particular, el conflicto armado interno. Por esa vía, Uribe no solo desconoció la existencia del conflicto armado interno durante sus ocho años de gobierno, sino que hoy, a través de Duque, quiere volver a imponer la tesis negacionista con la que anula y desconoce cualquier responsabilidad personal con el escalamiento de las hostilidades; al debilitar las instituciones, Uribe impuso un ethos pernicioso, mafioso e inconveniente, que hizo posible la imposición del Todo Vale como principio orientador de la función estatal, el mismo que terminó diseminándose en casi todos los ámbitos de lo privado.

Y en lo que corresponde a su visión de desarrollo, apoyada esta en los valores de la subcultura arriera que representa, Uribe Vélez lideró procesos de domesticación de la Naturaleza, a través de la entrega, sin mayores exigencias, de licencias de exploración y explotación minera. Se trató de una feria de licencias ambientales y de permisos. Jamás adoptó medidas de Estado con miras a mitigar el impacto de ciertos proyectos de infraestructura y de las mismas concesiones mineras. Por el contrario, actuó en materia ambiental, desde sus intereses personales y corporativos y por supuesto, desde sus motivaciones como ganadero y latifundista. Finalmente, Uribe, al "hacerse con el Estado", le dio a las cuestiones ambientales y a la biodiversidad, un lugar secundario. 

Y ahora que está de regreso ese ethos y esa no cultura de Estado en “las carnitas y los huesitos” de su ungido, Iván Duque Márquez,  nuevamente evidenciamos manejos discrecionales de lo que es el Estado. Para la muestra, un botón: las acciones conducentes a torpedear y/o desconocer los compromisos adquiridos con la firma del Acuerdo Final (II) entre Juan Manuel Santos, en su calidad de Jefe de Estado y la entonces guerrilla de las Farc, dan cuenta del empobrecimiento cultural, de la baja o nula cultura estatal (cultura de Estado)  y de la mezquindad de los miembros del Centro Democrático (CD), la misma que es compartida por agentes económicos de la sociedad civil, comprometidos históricamente con la extensión en el tiempo de las condiciones que en los años 60, de muchas maneras, auparon y legitimaron el levantamiento armado de las guerrillas. A lo que se suma, la actitud de desconocer los protocolos firmados, durante la administración de Santos, con la guerrilla del ELN, en el marco del establecimiento de los diálogos de paz en La Habana, Cuba.

Para aquellos que desconocen el carácter vinculante del Acuerdo de Paz, basta exponer principios ideológicos para anular el compromiso estatal adquirido no solo con el actor armado ilegal con el que se negoció y se pactó, sino con la sociedad colombiana que lee, en clave cultural, los artículos de los títulos I y II, de la Constitución Política (1991), en particular el 22, que señala que “la Paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”.

Quizás, entonces, las explicaciones a los problemas de corrupción pública y privada, a la debilidad del Estado, a la precaria institucionalidad[3] y a su escasa o nula presencia simbólica en amplios territorios de su geografía, se puedan dar desde esa empobrecida noción que del Estado exhiben poderosos agentes del Establecimiento. Así entonces, la construcción de una paz estable y duradera y por ese camino, la consolidación de escenarios de respeto y convivencia social, dependen en buena medida de la generación de una cultura de Estado que nos lleve a proscribir el ethos mafioso que hoy guía la vida de millones de ciudadanos en Colombia y el perverso principio electoral de buscar, en cada elección, “hacerse con el Estado”.


Imagen tomada de pulzo.com




martes, 22 de enero de 2019

DUQUE Y LA CÚPULA DEL ELN


Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo


La exigencia[1] del presidente Duque al gobierno de Cuba de capturar y enviar a Colombia a los miembros de la cúpula del ELN que están en su territorio tiene varios propósitos, a saber: el primero, invocar el apoyo político y diplomático de los gobiernos de derecha de la región y por esa vía, convertir un asunto interno y bilateral, en un caso regional y multilateral, con el que sea posible insistir en viejas lecturas maniqueas soportadas en nomenclaturas como “ejes del mal”,  con las que claramente hoy se  hace referencia a Venezuela y probablemente, se intente incluir a Cuba en ese “selecto” grupo; el segundo, poner al régimen cubano en el radar de los Estados Unidos y de otros países que luchan contra el terrorismo, desconociendo en muchos casos que los actos terroristas perpetrados en sus territorios son una consecuencia y respuesta a diversas formas de intervencionismo militar, político y económico.

Un tercer propósito es probar, nacional e internacionalmente, hasta dónde es viable, diplomática, jurídica y políticamente desconocer los protocolos firmados por el Estado colombiano durante el gobierno de Juan Manuel Santos, quien como jefe de Estado y de Gobierno estableció en Cuba una mesa de diálogo con la guerrilla del ELN y unos protocolos en caso de que una ruptura de las conversaciones pusieran en riesgo la seguridad jurídica de los plenipotenciarios del grupo subversivo. En este caso, cualquier duda que manifieste la ONU y los países garantes sobre el carácter vinculante del protocolo firmado por las partes, motivará al gobierno colombiano a insistir en el regreso  al país de los miembros del COCE, en calidad de detenidos.

Un cuarto objetivo es mostrarse decidido y comprometido, nacional e internacionalmente, para afrontar una “amenaza terrorista” y por esa vía, ir insertando al país y a la opinión pública nacional en la necesidad, imperiosa para la derecha y la ultraderecha, de reactivar la Política de Defensa y Seguridad Democrática implementada por Uribe Vélez durante sus dos periodos de gobierno. Y un quinto propósito, asociado al cuarto, está en exhibir sin tapujos que Iván Duque Márquez llegó a la Presidencia para dar continuidad a un efectivo tercer periodo de lo que se conoce como el uribismo[2]. Es decir, si Duque no logra el regreso de los guerrilleros-terroristas en las condiciones exigidas al gobierno de Díaz-Canel, obtendría un triunfo moral y político importante: lograría que una parte importante de la región y del mundo aplauda la consolidación de un régimen de mano dura contra el terrorismo, con todo lo que ello implica en materia de violación de derechos civiles y garantías constitucionales.

Lo cierto es que la reacción del Gobierno colombiano después del ataque dinamitero perpetrado por el ELN contra inermes cadetes de la escuela de oficiales de la Policía, pone en cuestión y pretende invalidar el carácter vinculante de unos protocolos firmados durante el Gobierno de Santos. Con un fuerte soporte moral, fruto de la dimensión social y humana del execrable atentado dinamitero perpetrado por el ELN, Duque quiere liderar una nueva cruzada contra el terrorismo. El presidente colombiano cree tener la suficiente capacidad moral y política para liderar un proyecto de esas dimensiones en una región convertida por los Estados Unidos, China y Rusia, en un escenario de luchas diplomáticas, políticas y económicas[3] que de muchas maneras recrean lo vivido durante la guerra fría.  Ejemplo de lo anterior es el régimen de Nicolás Maduro Moros, convertido en un asunto de interés mundial en la lógica de ese escenario de una “nueva guerra fría”, esta vez instalada en América Latina.

Si Duque insiste y logra apoyo político y diplomático regional y mundial para desconocer el carácter vinculante de los protocolos firmados, estaríamos ante un cierre total de cualquier posibilidad de negociar con la guerrilla del ELN o con cualquier otro grupo armado ilegal que, con aspiraciones políticas, pida el día de mañana al gobierno de turno, un espacio para dialogar. Parece ser que en los cálculos políticos que hace el Gobierno y la cancillería, poco o nada les importaría comprometer la palabra y la imagen del Estado colombiano como un orden serio y respetuoso de lo firmado y de lo que firme en lo consecutivo. Y es así, porque encontraron en el atentado terrorista perpetrado por el ELN, al mejor escudo para recibir las críticas que puedan recibir por la postura asumida frente al gobierno cubano y frente a la condición en la que piden que regrese  a territorio colombiano la cúpula del ELN.

Estamos pues ante una situación delicada cuyo desenlace final aún no se puede advertir. Eso sí, el escenario es más apremiante para el régimen cubano, garante del proceso con el ELN. Si el gobierno de Cuba sigue los protocolos y devuelve a los elenos en las condiciones previstas en aquellos, es posible que el gobierno de Duque esté pensando en la posibilidad de entrar a revisar las relaciones diplomáticas con Cuba. Para lo primero, Cuba necesitará del concurso del Comité Internacional de la Cruz Roja y con el claro beneplácito de la ONU. Para lo segundo, bastará con una declaración pública de Uribe,  o una sugerencia vía twitter para que se adopte la decisión de romper relaciones con el gobierno de Díaz-Canel.

Al complejo escenario se suma un elemento jurídico: la existencia de un tratado de extradición[4] entre Cuba y Colombia. Según el abogado, constitucionalista y ex alcalde de Bogotá,  Jaime Castro, dicho tratado podría ser invocado por el gobierno de Duque, lo que de todas maneras implicaría desconocer los protocolos firmados. Castro dijo en Semana en Vivo[5] que un tratado de extradición sí tiene un carácter vinculante entre Estados.

Hay que esperar qué postura asumen, finalmente, los países garantes del proceso de diálogo y de los protocolos[6] firmados entre la cúpula del ELN y el entonces gobierno de Juan Manuel Santos Calderón.  Si al final los líderes de esa guerrilla son devueltos a Colombia en las condiciones pactadas, muy seguramente las fuerzas militares activarán operativos para hacer una persecución en caliente, con todo y los riesgos que ello implica para las comunidades rurales.


Adenda: si es cierto que la cúpula del ELN, instalada en Cuba, no supo o no sabía del operativo que terminó con el atentado dinamitero contra la escuela de cadetes de la Policía Nacional, estamos ante un problema evidente de fractura en la línea de mando de esa guerrilla.  Véase: https://www.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/entrevista-a-pablo-beltran-del-eln-desde-cuba-sobre-regreso-a-colombia-317422






[2] No se cuenta como periodo uribista las dos administraciones de Santos, a pesar de que su elección se dio bajo la sombrilla de la seguridad democrática y obedeció a una especie de sentencia que ya se hizo popular en Colombia: “el que dijo Uribe”. Santos tomó distancia de Uribe y de su proyecto político-militar, cuando decidió dialogar con las Farc. Desde el punto de vista ambiental y económico, Santos dio continuidad a las políticas neoliberales implementadas por Uribe Vélez entre el 2002 y el 2010.
[3] La lucha por los recursos de la biodiversidad hacen parte de ese nuevo escenario político.

lunes, 21 de enero de 2019

El síndrome del enemigo interno


Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

Dos decisiones afectan hoy el lento, complejo y difícil proceso de consolidación de una paz completa[1] en Colombia, iniciado a partir de la firma del Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y la entonces guerrilla de las Farc[2]. Ambas disposiciones comparten la estolidez propia de quienes insisten en la acción militar para alcanzar sus propósitos políticos, los cambios económicos y las transformaciones sociales  y culturales. De un lado, está la decisión político-militar del Comando Central (COCE) del ELN, de atacar[3] con explosivos a la Escuela de formación de oficiales de la Policía en Bogotá. Y del otro, la decisión del presidente Iván Duque de levantar la mesa de diálogo instalada en La Habana, como reacción a la acción dinamitera perpetrada por el ELN contra la instalación policial.

Así como comparten el carácter temerario, las dos decisiones bien se pueden entender en el marco de lo que aquí llamo el “síndrome del enemigo interno”. Tanto el Ejército de Liberación Nacional (ELN), como el presidente Duque[4] y el “uribismo”[5], en representación del Establecimiento, comparten los padecimientos de este síndrome que afecta la posibilidad de consolidar la paz en Colombia, el mismo que sirve a la radicalización de la opinión pública y que al tiempo, crea y re-crea las condiciones para que el país regrese a las aciagas noches y circunstancias de la Seguridad Democrática[6] y por supuesto, a las ya conocidas dinámicas propias de un conflicto armado que una parte de la sociedad creyó que era posible superar.

Por el lado del ELN, queda claro que su envejecida dirigencia aún no está preparada para dar el paso hacia la firma de un Acuerdo de Paz con el Estado, contrario a lo demostrado por la también otoñal dirigencia de las FARC, cuyos miembros entendieron, aunque tardíamente, que a través de la lucha armada no alcanzarían el poder del Estado. Hoy, a pesar del asesinato de por lo menos 80 exguerrilleros de base, de los incumplimientos del Estado y de los ingentes esfuerzos del llamado “uribismo” para hacer trizas[7] el Acuerdo de paz, los ex guerrilleros farianos se mantienen en el compromiso pactado y están en camino de fortalecer el partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc).

Quizás subsiste una razón fundamental para que la guerrilla del ELN se mantenga en pie de lucha: su implacable, férrea y por momentos irracional “fe revolucionaria”,  circunstancia que la convierte en una guerrilla dogmática y ortodoxa, que prefiere extender en el tiempo una anacrónica lucha armada que solo sirve a los propósitos guerreristas de los agentes del Establecimiento que al sufrir del mismo “síndrome del enemigo interno”, harán todo lo posible para mantener las condiciones sociales, políticas, económicas y culturales de un país inmiscuido en un conflicto armado interno.

En esas condiciones, las páginas de la prensa nacional se enfocarán en cubrir los atentados dinamiteros, los combates entre la fuerza pública y el ELN y los secuestros de civiles, entre otras actividades y acciones. Atrás quedarán, probablemente, las denuncias por corrupción contra el Fiscal General de la Nación y el enmascaramiento que el gobierno de Duque  está haciendo de lo que ayer llamaron “mermelada” los detractores del gobierno de Juan Manuel Santos.

Y por el lado del Gobierno de Iván Duque Márquez, se confirma su nulo interés por establecer condiciones para mantener el diálogo, poner fin a las hostilidades con la guerrilla del ELN y por alcanzar un acuerdo de paz, como el que lograra su antecesor con la entonces  guerrilla de las Farc. Se suma a lo anterior,  su actitud complaciente frente a las acciones legislativas de su partido, el Centro Democrático (CD), cuyo objetivo es torpedear el proceso de implementación de lo acordado en La Habana y por esa vía, impedir la construcción de una paz estable y duradera.

Volverá entonces a imponerse la tesis negacionista y el no reconocimiento de la guerrilla del ELN como un actor político con el que es posible negociar el fin del conflicto armado. Esa misma tesis que no solo negaba la existencia del conflicto armado interno, sino que insistía en calificar los hechos y acciones de guerra, bajo el concepto de “amenaza terrorista”. Huelga recordar que esa nomenclatura fue el sustento político, conceptual e ideológico de la Política de Defensa y Seguridad Democrática (2002-2010).

Hay que decir que no solo padecen del “síndrome del enemigo interno” el Gobierno de Duque, una parte importante del Establecimiento y la guerrilla del ELN, sino sectores claves y decisivos de la sociedad civil y de la sociedad colombiana. En las marchas ciudadanas de rechazo por el atentado con carro bomba, efectuadas el domingo 20 de enero, se pudieron ver reacciones agresivas de ciudadanos que no aceptan y creen en los diálogos de paz, al tiempo que exhiben una incomprensible actitud de rechazo hacia quienes consideran que las circunstancias contextuales vividas en Colombia y en el mundo en los convulsionados años 60 legitimaron el levantamiento armado. El “síndrome del enemigo interno” les permite no solo descalificar las pretensiones de las guerrillas, sino calificar como “enemigos”, “amigos de los terroristas” o “terroristas vestidos de civil”  a quienes piensan distinto, se atreven a criticar al Gobierno o a la fuerza pública por hechos como los Falsos positivos[8], la corrupción política y el contubernio con fuerzas paramilitares, entre otros asuntos.

Así entonces, el “síndrome del enemigo interno” representa el azaroso regreso a los procesos de estigmatización social y política de grupos sociales y sectores políticos de izquierda, o grupos de ambientalistas, libre pensadores, críticos y analistas, cuyas acciones y discursos eran y son asociados al proyecto político-militar de las guerrillas.

Insistir en la existencia de una amenaza interna (terrorista) posibilita al Establecimiento y a los sectores guerreristas, proscribir de las agendas públicas-políticas las reformas estructurales que por ejemplo exige lo pactado en La Habana entre el Estado colombiano y las Farc. El cerramiento democrático, la debilidad del Estado y su cooptación mafiosa, son temas que quedarán proscritos de las agendas ciudadanas.

Vuelve la guerra

Antes de conocerse el comunicado con el que el ELN se atribuye la responsabilidad del atentado dinamitero contra las instalaciones policiales, el Gobierno de Iván Duque Márquez, doblemente presionado, de un lado, por la dimensión del acto criminal y, del otro, por los sectores de poder militar, empresarial y político simpatizantes con la tesis negacionista del conflicto armado interno, decidió levantar las órdenes de captura y por esa vía, poner fin a  la mesa de diálogo que el gobierno anterior dejó instalada en Cuba.

A la decisión presidencial se suma la petición al gobierno de Cuba, para que capture y entregue a las autoridades nacionales a los miembros de la cúpula del ELN que hacen presencia en La Habana. Contrariando y desconociendo lo pactado por el Gobierno de Santos, en nombre del Estado colombiano, Duque insiste en que los hechos acaecidos en Bogotá obligan[9] moral y políticamente al gobierno cubano a cumplir con la captura y entrega de los líderes guerrilleros, lo que no solo va en contravía de lo pactado por el anterior gobierno, sino que dejaría al Estado colombiano en una situación por lo menos incómoda ante el mundo, por el incumplimiento de los protocolos y las condiciones de seguridad que en su nombre se firmaron para adelantar las conversaciones de paz con el ELN en territorio extranjero.

Al cerrar la puerta a la negociación política, Duque vuelve a poner en riesgo la vida de las comunidades afro colombianas, campesinas e indígenas que sobreviven en los territorios en los que esa guerrilla hace presencia. Pero la responsabilidad por lo que suceda con esas comunidades no solo la debe asumir el gobierno de Iván Duque y el conjunto del Estado, sino la propia dirigencia del ELN.
El atentado en Bogotá corresponde a una acción aleve y criminal que se produce en un momento histórico clave para el país, como quiera que se respiraba un ambiente de tranquilidad, a pesar por la crispación política y social provocada por  las denuncias y los reclamos ciudadanos ante los actos de corrupción que comprometen al Fiscal General de la Nación; igualmente,  por las negativas representaciones sociales que se vienen construyendo en torno a la gestión y el talante del presidente de la República, llamado por varios sectores de opinión como el “subpresidente” de Uribe.  Podría decirse que desde la firma del Acuerdo Final con las Farc, venía generándose una creciente opinión pública cualificada para debatir sobre temas distintos a los que la agenda castrense tenía acostumbrados a los colombianos a discutir: ataques y tomas de pueblos por parte de las guerrillas, toma de rehenes y combates con la fuerza pública.

Con la acción criminal, el ELN rompió con un proceso importante de re-construcción de una agenda política y de construcción de una ciudadanía cada vez más consciente de que los reales problemas del país pasan por el modelo económico neoliberal, la enorme, costosa y naturalizada corrupción (pública y privada)  y el regreso al poder del ethos mafioso  que operó en Colombia entre 2002 y 2010.  Además, con la muerte de una veintena de cadetes de la Policía, el ELN termina invalidando y debilitando al movimiento ciudadano que estaba intentando acorralar políticamente a un alfil importante del llamado “uribismo”: el Fiscal[10] General, Néstor Humberto Martínez Neira (NHMN). Es decir, al no medir las consecuencias que generaría y generará en lo consecutivo la explosión del carro bomba en la Escuela General Francisco de Paula Santander, el ELN termina “dándole” una mano a esa parte del Establecimiento que venía siendo cuestionada y acorralada por un conjunto variopinto de ciudadanos cansados de la corrupción política que se respira al interior del aparato de justicia, de la Fiscalía, en las altas cortes y dentro del propio gobierno.

Así mismo, el ELN contribuye en gran medida a debilitar la discusión por la muerte sistemática de lideresas y líderes sociales, defensores del medio ambiente, de los derechos humanos y reclamantes de tierras, en la medida en que quienes continúen presionando el esclarecimiento de esos hechos y las denuncias por la anuencia de instituciones del Estado en la comisión de los crímenes, serán vistos como “amigos de la guerrilla”, en el marco del “síndrome del enemigo interno” que hoy vuelve a imperar en el país.

El ELN “justifica” su accionar en contra de la Escuela de Cadetes, señalando lo siguiente:

El Presidente no le dio la dimensión necesaria al gesto de paz que el Ejército de Liberación Nacional realizó para las fechas de navidad y fin de año, su respuesta fue realizar ataques militares en contra nuestra, en todo el territorio nacional. Pese a ello, cumplimos rigurosamente el cese unilateral de operaciones ofensivas entre el 23 de diciembre de 2018 y el 3 de enero de 2019.
Las Fuerzas Armadas gubernamentales aprovecharon este cese para avanzar las posiciones de sus tropas de operaciones, ganando ubicaciones favorables difíciles de conseguir sin el cese. También bombardeó un campamento nuestro el 25 de diciembre, lanzando más de 12 bombas de centenares de libras de explosivos cada una, afectando a una familia de campesinos que estaba cerca de dicho campamento.
La Escuela de Cadetes de la Policía Nacional, es una instalación militar; allá reciben instrucción y entrenamiento los oficiales que luego realizan inteligencia de combate, conducen operaciones militares, participan activamente en la guerra contrainsurgente y dan trato de guerra a la protesta social.
Por tanto la operación realizada contra dichas instalaciones y tropas, es lícita dentro del derecho de la guerra, no hubo ninguna víctima no combatiente. Valoramos necesario que instituciones internacionales autorizadas den su opinión sobre el carácter de dichas instalaciones y el tipo de acción realizada”.[11]
Considero no solo desproporcionado el ataque contra los cadetes, sino cobarde en la medida en que se trataba de jóvenes desarmados. Y más aún, el ELN actuó bajo el innoble principio de la Ley del Talión[12]. Encontrar justificaciones en el derecho de la guerra, alejó a los miembros del COCE de la posibilidad de comprender el momento histórico por el que atravesaba el país. Ni era el momento de atacar, ni la forma de hacerlo. Con todo y lo anterior, queda claro que mientras el ELN, el Gobierno y una parte del Establecimiento extrañen la presencia y la operación de un enemigo interno, la consolidación de una paz[13] estable y duradera quedará en una simple ilusión. Ahora, por cuenta de las posturas radicales y obtusas de unos y otros, el país está de regreso a la tesis negacionista del conflicto armado interno. Y por esa vía, junto a la opinión pública, elenos, fuerzas militares, el “uribismo” y otros sectores de poder  político y económico, vuelven a sufrir del “síndrome del enemigo interno”.





Imagen tomada de eltiempo.com


[1] Una vez firmado el tratado de paz con las Farc, se habló de una paz incompleta por cuanto aún quedaba levantado en armas el ELN. Iniciado los diálogos con esta agrupación armada ilegal, el país pensó en que era posible pensar en una Paz completa, esto es, lograr el desmonte de las dos viejas estructuras guerrilleras, levantadas en armas contra el Estado desde los años 60.
[6] Véase el libro De la democracia radical al unanimismo ideológico, medios de comunicación y seguridad democrática. Ayala, et al. UAO, 2016.
[12] Recuérdese lo ocurrido durante el proceso de paz entre el Gobierno de Santos y las Farc, el caso de los militares asesinados y la respuesta inmediata de las fuerzas militares. Véase: http://laotratribuna1.blogspot.com/2015/05/ojo-por-ojo-diente-por-diente.html

sábado, 19 de enero de 2019

RAZONES PARA NO MARCHAR


Por Germàn Ayala Osorio, comunicador social y politólogo 

Como  que al abstenerme de marchar mañana domingo en protesta por el ataque dinamitero contra la escuela de formación de la Policía Nacional en Bogotà, muchos pueden pensar que apoyo o veo con simpatía este tipo de acciones violentas,  aclaro que rechazo, con vehemencia, tanto las acciones terroristas de los grupos subversivos, como las de los narco paramilitares y también, el terrorismo de Estado.  

Hecha esta aclaración, quiero exponer las razones en las que soporto mi decisión de no acompañar a los colombianos y colombianas que saldrán mañana a las calles a condenar el execrable crimen de una veintena de jóvenes estudiantes de la Escuela de Oficiales Francisco de Paula Santander, de la Policía Nacional. 

1. No me parece coherente acompañar a las personas y sectores políticos que han guardado silencio cómplice frente al sistemático asesinato de màs 300 líderes y  lideresas sociales, reclamantes de tierras y defensores de los DDHH y de los recursos naturales. No acepto lecturas moralizantes e ideologizadas con las que se clasifican los asesinatos y de esa forma se protesta o se deja de hacerlo, según el origen social, político, económico  o las circunstancias que rodearon sus muertes. 

2. Si la marcha resulta multitudinaria, muy seguramente el Gobierno, con la ayuda de la prensa que tiene a su servicio, le dará un sentido plebiscitario con el que buscarà distraer los problemas de legitimidad y gobernabilidad que afronta, por cuenta no solo de las acciones emprendidas entre el Ejecutivo y el Legislativo en contra del proceso de implementaciòn del Acuerdo Final de La Habana, sino por las decisiones económicas y políticas tomadas por el gobierno de Duque,  con las que se consolida una verdadera plutocracia en Colombia. La sola devolución del manejo de millones de pesos de los parafiscales a Fedegan, constituye una forma de naturalización de la corrupción en Colombia y del paramilitarismo, como quiera que hay denuncias y cuestionamientos contra dicho agente de la sociedad civil por sus relaciones con los grupos paramilitares y con acciones de despojo de tierras, además de las irregularidades encontradas por organismos de control fiscal, en el manejo de millones y millones de pesos.  

3. Al existir aún dudas, preguntas y cuestionamientos en torno a las versiones entregadas por el Fiscal, el ministro de la Defensa y el conjunto del Gobierno alrededor de la forma como se dieron los hechos e incluso, sobre la identidad de los responsables del ataque dinamitero, salir a marchar terminarà por convalidar esos informes y ocultar, por ejemplo, las posibles omisiones conscientes en las que pudieron incurrir los organismos de seguridad del Estado, y que pudieron facilitar el actuar criminal de quien finalmente irrumpió en la instalaciones de la Escuela de la Policía, con los resultados y consecuencias ya conocidas por la opinión pública. 

4. Siento una profunda desconfianza en el actual Régimen de poder, hecho que me obliga a abstenerme de marchar mañana y de apoyar cualquier otra iniciativa ciudadana con la que se pretenda ocultar la corrupción, y las claras intenciones del Gobierno de Duque de retornar a los tiempos de la Seguridad Democrática, política pública que sirvió para violar los derechos humanos y para perseguir a críticos y detractores del entonces gobierno de Uribe Vèlez.  

5. Y finalmente, considero peligroso e inconveniente hacerle el juego a los medios de comunicación que, afectos al Gobierno, agitan a las audiencias y a las masas, con un discurso lastimero y profundamente heroizante, con el que no solo sirven de caja de resonancia al Régimen de poder, sino que terminan ocultando acciones criminales como los falsos positivos cometidos por la Fuerza Pública y los desmanes del ESMAD, entre otras situaciones; esa misma prensa, està coadyuvando al lanzamiento de una enorme cortina de humo con la que el Gobierno y el Establecimiento buscan hacer olvidar y quizás proscribir, las razones por las cuales los estudiantes venìan marchando para exigir màs recursos para la universidad pública y las protestas de cientos de miles de ciudadanos que exigen la salida del Fiscal General, comprometido en actos de corrupción en lo que se conoce como el escándalo de Odebrecht. 


Imagen tomada de colombianoindignado.com

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