Nueva publicación

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Tres artículos: Medio ambiente y conflicto armado; Editoriales sobre el proceso de paz con las Farc; y Acción colectiva y asentamientos en Cali. Memorias, 2018.

Nueva Publicación: Investigación sobre dos asentamientos informales de la ciudad de Cali. 2018

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2 asentamientos: Los Samanes del Cauca y Navarro, ubicados en el jarillón del río Cauca.

NUEVA PUBLICACIÓN. PERIODISMO Y DESPLAZAMIENTO FORZOSO EN COLOMBIA.

NUEVA PUBLICACIÓN. PERIODISMO Y DESPLAZAMIENTO FORZOSO EN COLOMBIA.
Resultado de un proceso investigativo, este libro en coautoría da cuenta del tratamiento periodístico dado por el Diario El País de Cali, a los hechos y circunstancias que hicieron posible el desplazamiento forzado en Colombia y la aparición de la categoría Desplazados. 2016

sábado, 22 de junio de 2019

MARÌA DEL PILAR HURTADO, CONCIENCIA EPISOMEDIÀTICA Y FÙTBOL


Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

Hoy, por cuenta del vil asesinato de María del Pilar Hurtado Montaño, en Tierralta, Córdoba, a manos de sicarios de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o de las Águilas Negras, recordé a esa otra María del Pilar Hurtado, exdirectora del entonces Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), quien me imagino que aún  purga su condena de 14 años por haber participado en el ignominioso caso de las Chuzadas del DAS.

Dicho episodio sirvió para probar que ese organismo de inteligencia fue usado por el entonces presidente Uribe Vélez como su policía política para perseguir a sus detractores, periodistas críticos, a la oposición, a intelectuales y a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que venían investigando y sancionando a congresistas afectos a su proyecto político y vinculados de tiempo atrás con el fenómeno paramilitar y con las actividades político-militares de las AUC o paramilitares. Baste con recordar los pactos de Chivolo, Pivijay y Ralito para señalar el contubernio que existió entre un sector importante de la clase política y la confederación de matones conocida como las Autodefensas Unidas de Colombia. Y baste también con recordar la penetración y captura del DAS por parte de las estructuras político-militares de las entonces AUC.

A pesar del proceso de sometimiento de las fuerzas paramilitares que se dio en el gobierno de Uribe, es sabido que el fenómeno paramilitar y las estructuras de los grupos de autodefensas no fueron desmontadas. Tanto el fenómeno paramilitar como las organizaciones de extrema derecha mutaron. Justamente, la vigencia y presencia de estos grupos de sicarios que actúan sin orientación política alguna y que operan con la anuencia de agentes estatales, clase política y gremial, hicieron posible el crimen de María del Pilar Hurtado, la recicladora, mujer afro y pobre.

Mientras media Colombia se indigna por la muerte de esta humilde mujer y se lamenta por el llanto desgarrador de uno de sus hijos que al parecer presenció el crimen, la otra María del Pilar Hurtado Afanador paga su condena (me imagino que así debe ser), al tiempo que guarda silencio ante la pregunta que el país le hizo en su momento: ¿quién le dio la orden para “chuzar” a magistrados, periodistas e intelectuales?

A estas dos mujeres las une no solo esa condición de género, sino un hecho político, social, económico y cultural: la naturalización del paramilitarismo[1]. La muerte de Hurtado Montaño se explica porque subsiste aún en el país ese espíritu paramilitar que empresarios, políticos, periodistas, militares y policías legitimaron entre 2002 y 2010. La muerte de esa mujer afro, a manos de las llamadas Águilas Negras o las AGC, debe llevarnos a entender que  las estructuras armadas de los paramilitares no fueron desmontadas en el gobierno de Uribe Vélez y que el paramilitarismo como fenómeno multidimensional  sigue presente por cuanto se incorporó en las pràcticas cotidianas de empresarios del campo y en sectores de la clase política que “necesitan” de los servicios sicariales que hoy prestan los hasta ayer “héroes paramilitares”, vistos así por sus patrocinadores, sectores poblacionales y por la propia prensa[2].

Ya la Fiscalía dijo que investigará los hechos. Se espera que la expresión “fue por líos de faldas” no sea lanzada a manera de tesis y sirva para desviar las investigaciones y ocultar los reales motivos que llevaron a que Hurtado Montaño fuera asesinada. Al parecer, detrás del crimen hay un conflicto de tierras. 

Ahora bien, fungiera o no como lideresa social, el crimen de María del Pilar Hurtado no puede quedar impune y mucho menos debe servir para consolidar en los colombianos esa conciencia episomediàtica que les permite reaccionar con vehemencia y rechazar este tipo de hechos violentos, al tiempo que les impide ver en contexto y establecer conexiones y responsabilidades en perspectiva histórica.

Por ello quizás, con esa conciencia episomediàtica, cada cierto tiempo los colombianos tenemos un motivo para protestar, escandalizarnos, movilizarnos e indignarnos. Los crímenes sistemáticos de lideresas y líderes sociales, defensores de derechos humanos y del ambiente en los últimos años han generado rechazo en cientos de miles de nacionales que no solo reconocen en estos asesinatos la participación de las manos de los sicarios de grupos paramilitares, sino a la anuencia de las autoridades estatales que poco hacen para evitar que la extrema derecha atente contra civiles inermes y contra aquellos que creen en un proyecto político diferente al que hoy opera en Colombia.

La indignación de hoy cuenta por el vil asesinato de María del Pilar Hurtado Montaño, perpetrado por un grupo paramilitar. A partir de la circulación en redes sociales de un video en el que se ve a uno de sus hijos lamentando la muerte de su madre, se activó en los colombianos esa conciencia episomediàtica que nos permite cada cierto tiempo indignarnos, mientras llega el otro hecho violento para, nuevamente, volver a levantar la voz para rechazarlo con vehemencia, pero a medias, porque con el siguiente partido de la Selección de Fútbol de Mayores, esa cólera se disipará con las sensacionalistas transmisiones de los locutores de radio y televisión y los triunfalistas comentarios de los periodistas deportivos.

Hoy nos lamentamos por la suerte del hijo de la humilde recicladora y por el crimen de su progenitora. Mañana lloraremos con una eventual clasificación a la final de la Copa América de la Selección Colombia. Así somos.

Adenda: a la Marìa del Pilar, la delincuente, la que usò su poder para violar la Constituciòn, el Estado la protege; a la otra Marìa del Pilar, la mujer pobre, afro y recicladora, el Estado nunca la protegiò. Y lo màs probable es que su muerte se produjo con la anuencia de agentes estatales. 

Imagen tomada de publimetro.co


[2] Véanse:  https://www.youtube.com/watch?v=ayn9N9m5mBc&feature=youtu.be En este análisis se demuestra que el diario EL TIEMPO hizo un tratamiento periodístico que terminó por heroizar a los paramilitares. Y ver también: https://www.elespectador.com/noticias/judicial/fallo-acusa-medios-de-haber-sido-complacientes-auc-articulo-525339

martes, 18 de junio de 2019

ESTADO DE OPINIÓN, PAZ Y JEP: LAS OBSESIONES DEL “URIBISMO”


Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

Con el regreso al poder del llamado “uribismo[1]”, el país nuevamente quedó expuesto ante el Todo Vale[2] y a las acciones desinstitucionalizantes que hicieron carrera entre el 2002 y el 2010. Por lo anterior, no debe de sorprender que ante las confesiones de exmilitares comparecientes ante la JEP, sobre la política estatal de producir bajas a como diera lugar, el expresidente Uribe Vélez apoye públicamente el referendo propuesto por varios de sus áulicos, aduladores y admiradores, entre los que se destaca el periodista Herbin Hoyos, con miras a derogar a esa Jurisdicción Especial de Paz y evitar así que la sociedad colombiana conozca una  verdad que tanto el senador del Centro Democrático y otros agentes del Establecimiento insisten en ocultar.

El periodista Herbin Hoyos supo sacar provecho social y político de la inaceptable pràctica de la entonces guerrilla de las Farc-Ep de secuestrar civiles y de retener militares. Hoyos, con su famoso programa radial, Voces del Secuestro, logró cautivar a unas audiencias y por esa vía aportar al explicable rechazo y animadversión que aún se respira en el país hacia los exmiembros de esa agrupación subversiva, convertida en partido político en virtud de lo acordado en La Habana. Al tiempo que alentaba a sus oyentes hacia la venganza, su cercanía y admiración hacia Uribe crecía exponencialmente.  De allí que el respaldo dado por el ganadero y latifundista antioqueño se explique por la ciega admiración que el periodista siente hacia el Senador.

Acabar con las altas cortes, derogar la JEP y cambiar la composición del Congreso, entre otras medidas y acciones, son anhelos políticos - ¿obsesiones? - de sectores de poder que siguen conectados ideológica y éticamente con el proceder del combativo hijo de Salgar. Lo que buscan militares activos y retirados, operadores políticos, grupos de periodistas de noticieros radiales, periódicos y medios televisivos, empresarios y sectas religiosas es regresarnos al marco constitucional de 1886.

El Estado de Opinión del que habla Uribe como un estadio superior del Estado de Derecho, expresa con enorme claridad el espíritu mesiánico del político antioqueño, su enfermiza relación con el poder y su interés genuino por desviar la atención de los procesos que en su contra reposan en la Corte Suprema de Justicia y ahora en el Consejo de Estado, por una demanda que podría terminar con la perdida de su investidura de senador.

El Estado de Opinión no solo representa un riesgo institucional, sino que se convierte en una peligrosa herramienta de manipulación política de las audiencias, las mismas que RCN, Caracol, La W, la FM, medios impresos regionales y El Tiempo, entre otros medios[3]  se han encargado de engañar con la entrega de información sesgada y con cubrimientos noticiosos tendenciosos que han servido para proteger no solo la imagen de Uribe, sino la de otros “líderes” de un Régimen de poder que deviene ilegítimo y que se mueve en las fronteras que separan a lo legal de lo ilegal.

Paz sí, pero no así

Pocas frases de campaña electoral sirven para explicar la existencia de dos bandos en los que Colombia deviene dividida:  de un lado, está el grupo de ciudadanos que acompañan el proceso de paz y la reconciliación y del otro, cientos de miles de colombianos que de manera obstinada insisten en desconocer el enorme valor que tiene el haber negociado el fin del conflicto armado entre el Estado y las Farc-Ep. 

Aquellos que usan el estribillo Paz sí, pero no así,  hacen parte del llamado uribismo, sector de poder en el que confluyen ganaderos, latifundistas, cientos de miles de colombianos defensores de las ideas conservadoras y empresarios asociados a la práctica de los agrocombustibles; de igual manera, convergen en esa facción de poder político y económico militares y policías activos y retirados que ocultan tras una aparente cuestión de honor, sus intereses en mantener las dinámicas de la guerra interna porque, o bien se benefician de contratos para la producción o comercialización de pertrechos, o porque simplemente ven en la doctrina del enemigo interno un camino de realización militar que incluye, por supuesto, un odio visceral contra todo lo que huela a izquierda o hacia cualquier acción discursiva que invierta la relación dominante  expresada en Orden sobre Libertad (O/L).

Con el regreso del uribismo al poder político en cabeza del presidente Iván Duque Márquez, el proceso de implementación viene sufriendo tropiezos de todo tipo y ataques sistemáticos a la institucionalidad judicial que coadyuvó al blindaje constitucional y legal de lo acordado entre la entonces guerrilla de las Farc y el Estado colombiano durante el gobierno de Santos (2010-2018). Al ser visto el proceso de paz de La Habana como una amenaza, en particular lo acordado en el punto 1, Reforma Agraria Integral, ganaderos, latifundistas y sectores agroindustriales vienen apoyando el discurso desinstitucionalizador del senador Uribe Vélez.

Uribe Vélez viene agenciando e incentivando un agrio enfrentamiento entre el Ejecutivo y las altas cortes y en particular contra la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), por razones que no solo tienen que ver con lo negociado en La Habana en materia de reforma agraria integral, la presencia de líderes exguerrilleros en el Congreso y la operación de un modelo de justicia restaurativa, sino por asuntos que de manera directa afectarían su seguridad jurídica por estar comprometido su nombre y el de su hermano Santiago[4], en procesos e investigaciones tanto en el Consejo de Estado, como en la Corte Suprema de Justicia por hechos que tienen que ver, entre otros asuntos, con el financiamiento y apoyo político de grupos paramilitares.

El expresidente Uribe siente que la comparecencia de altos exoficiales del Ejército a la JEP puede servir para develar su directa o indirecta responsabilidad en la práctica sistemática conocida como Falsos Positivos[5]. Es tal el miedo que tiene el exgobernador de Antioquia ante la posibilidad de que esas declaraciones lo vinculen con la comisión de crímenes de lesa humanidad, que sus temerarias reacciones lo llevaron a respaldar tempranamente el referendo que el periodista y agente de la extrema derecha del país, Herbin Hoyos, viene liderando para desmontar no solo a la Jurisdicción Especial para la Paz, sino a las altas Cortes, calificadas por Uribe y sus áulicos, como cortesanas  y amigas del terrorismo.

Con el silencio cómplice del presidente Duque, el senador de Salgar y gran elector en Colombia viene presionando a su ungido y motivando a las huestes enemigas de la construcción de una paz estable y duradera tal y como se acordó en Cuba, para desestabilizar al país, hacer invivible a la República para, finalmente, instaurar lo que él mismo ha llamado un Estado de Opinión.  Un Estado de Opinión que no es más que el escenario natural en el que figuras mesiánicas como él concentran el poder político y por esa vía, anulan los pesos y contra pesos de la democracia y de esa manera buscan instaurar, nuevamente, el régimen de mano dura que orientó entre 2002 y 2010.

La llamada Comunidad Internacional debe saber que hoy en Colombia el expresidente Uribe Vélez lidera un proceso de desinstitucionalización cuyo objetivo máximo es neutralizar a la JEP y por ese camino, evitar que el país conozca la verdad de lo ocurrido en el marco de un conflicto armado interno cuyos actores armados (Paras, Militares y Guerrillas) violaron los derechos humanos y las normas del derecho internacional humanitario. Al final, es claro que el conflicto armado se degradó.

El proceso de paz y la implementación de lo acordado en La Habana están en riesgo inminente por las acciones temerarias emprendidas por sectores de poder político y económico interesados en mantener y extender en el tiempo sus privilegios de clase, y en particular, continuar con un modelo de desarrollo económico abiertamente insostenible desde las perspectivas ambiental, cultural, económica y política.

Todo lo anterior, en contexto

Lo dicho hasta el momento obedece a un proceso histórico y tiene, por supuesto, un complejo contexto que bien vale la pena comprender.

En el largo y sinuoso proceso de construcción de Estado, Sociedad y Mercado en Colombia, las dinámicas políticas, ideológicas y las acciones militares generadas en el marco del conflicto armado interno obnubilaron no solo los problemas, deficiencias y carencias que ya mostraba ese proceso, sino la incapacidad de autocrítica de sus élites y de la sociedad en general, señaladas las primeras de no poder pensar y liderar un proyecto de nación plural que diera cabida a todos los sectores poblacionales y étnicos.

El resultado de ese difuso proceso deja truncos y deficientes procesos civilizatorios echados a andar en territorios en los que la sociedad y el mercado se formaron sin Estado, o por lo menos con nociones precarias alrededor de su necesidad para ordenar el territorio de manera sostenible, imponerse a fuerzas anárquicas y a grupos de poder que desde tiempos remotos supieron servirse de esa forma de dominación que llamamos Estado, para garantizar y extender en el tiempo sus mezquinos y particulares intereses. Y donde hubo y hay aún Estado, instituciones y una institucionalidad derivada más o menos fuerte y legítima, emergieron élites incapaces de liderar la consolidación no solo de un Estado para todos, sino de erigirse como referentes de una eticidad capaz de conducir al resto de los sectores sociales por caminos comprensivos de lo Público, visto este último como un factor de congregación y de unión entre todos los colombianos alrededor de una idea consensuada de Bien común.

A pesar de acciones modernizadoras y modernizantes, gran parte de la sociedad colombiana, incluyendo a las élites del Establecimiento, se mueven entre escenarios premodernos y una modernidad tardía especialmente en materia de reconocimiento de derechos y libertades. En ese orden de ideas, no se puede ocultar que las ideas liberales[6] aún resultan incómodas y retadoras para grupos sociales y políticos que ven riesgos morales y éticos en esa manera de asumir la vida en sociedad.

En estos largos años de República, los colombianos hemos asistido a una lucha incesante entre sectores de poder político y económico responsables no solo del levantamiento armado de las guerrillas en los años 60, sino de la extensión en el tiempo del conflicto armado interno con miras a continuar ocultando la falta de visión y capacidad  de las élites para llevar al país hacia estadios de desarrollo económico en y para todo el territorio, fortalecer la democracia y  consolidar  un Estado de Derecho como condición mínima para construir un orden justo y legítimo y minimizar los riesgos que siempre habrá cuando se trata de vivir juntos en medio de diferencias de todo tipo.   

El conflicto armado interno, entonces, terminó no solo ocultando todo tipo de falencias y equívocos en los procesos civilizatorios echados a andar en el territorio colombiano, sino que sirvió para exacerbar el enfrentamiento ideológico entre quienes reconocieron en las guerrillas legitimidad para enfrentarse a un Estado premoderno y al servicio de una oligarquía que jamás sufrió derrota y cuyos miembros no asumieron la presencia de los grupos insurgentes como una oportunidad para cambiar o reorientar las maneras como ellos venían aportando a la consolidación de un Estado con las particularidades que hoy se le reconocen al colombiano: débil, precario, con visos de ilegitimidad, capturado por mafias de toda índole y frágil referente de orden.

Los procesos de paz, entonces, de muchas maneras han servido para dar cuenta del enfrentamiento ideológico entre los dos bandos a los que se aludió líneas arriba, lo que ha impedido lograr una verdadera reconciliación entre los colombianos.

El proceso de paz que se adelantó entre el Estado colombiano y la entonces guerrilla de las Farc- Ep, durante la administración de Juan Manuel Santos Calderón,  hoy sirve para dar cuenta de la permanencia de esos dos bandos, que derivaron en la construcción de igual número de países: uno, que claramente apoyó las negociaciones políticas llevadas a cabo en La Habana y extendió ese respaldo al decir SÌ al plebiscito del 2 de octubre de 2016; y el otro país, representado en una otoñal oligarquía que no solo se opuso a las negociaciones sino que dijo NO en la misma contienda electoral y plebiscitaria. Ese país del NO sigue atorado al pasado e insiste en impedir la implementación de lo acordado en el Tratado de Paz firmado en el teatro Colón de Bogotá. Esa parte de Colombia, además, pretende extender en el tiempo la precariedad estatal, la captura mafiosa del Estado y los privilegios de una clase dirigente y empresarial que viene consolidando un modelo de desarrollo económico insostenible, carácter este que se extiende a ámbitos sociales, políticos y culturales.

Así entonces, todo lo que venga del llamado “uribismo” está profundamente anclado a esos procesos civilizatorios que devienen truncos o fallidos, por cuenta de la incapacidad de unas élites de construir nación y de las acciones autocráticas de operadores políticos emergentes y mesiánicos, como Uribe Vélez, que insisten en anular el sentido que de lo público  tiene la Política.




Imagen tomada de youtube.com

[1] No existe como doctrina política. Se usa el término para dar cuenta de grupos de ciudadanos admiradores y seguidores de Uribe Vélez. No se trata, ni mucho menos, de un “tanque de pensamiento”. No, más bien son ciudadanos que confluyen en la defensa ciega del expresidente, de sus ideas retardatarias, belicosas y autoritarias. Véase: http://viva.org.co/cajavirtual/svc0618/pdfs/4_Duque_y_el_regreso_de_un_ethos_pernicioso_insano_y_mafioso.pdf
[6] Discusiones alrededor de temas como el reconocimiento de derechos a parejas del mismo sexo, la eutanasia y la despenalización del aborto, entre otros, han servido para mostrar que una parte de la sociedad colombiana sigue siendo conservadora y en temas sexuales, mojigata y con posturas anacrónicas, guiadas especialmente por sectores de la Iglesia Católica y congregaciones cristianas.














lunes, 10 de junio de 2019

¿QUÉ SIGUE PARA COLOMBIA?


Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo


Después de la derrota jurídica y política que sufrió en el Congreso de la República el presidente Duque y las bancadas del Centro Democrático y el partido Conservador, entre otras,  al hundirse las objeciones[1] planteadas al entonces proyecto de ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y el haber tenido que sancionarla  a regañadientes, la confrontación entre el Ejecutivo con las altas cortes se mantiene, en particular con la Corte Constitucional. 

El reciente fallo de dicha Corporación que afectó a dos artículos del Código de Policía nuevamente provocó malestar en el Ejecutivo, aupado el disgusto por una equivocada y malintencionada comprensión y lectura que medios y periodistas hicieron del sentido del fallo. Medios y periodistas de emisoras y noticieros de televisión (Caracol y RCN) informaban que la Corte desconocía los derechos de los menores y ponía por encima de estos los de “borrachos y consumidores de alucinógenos” que de manera libre podrían beber y fumar en parques sin ninguna restricción. Sin duda, hicieron una lectura moralizante del fallo y por esa vía engañaron a las audiencias.

Y nuevamente apareció la frase célebre “acato el fallo, pero no lo comparto”, expresión clara que evidencia y expone un claro enfrentamiento institucional que debilita a la institucionalidad democrática y la separación de poderes, al tiempo que aúpa a quienes de tiempo atrás, y por variados intereses, insisten en la idea de crear una sola corte con la clara intención de poder manipular a los magistrados que hagan parte de esta. Incluso, fueron más allá y plantearon declarar la Conmoción Interior, para luego insistir en convocar a una Asamblea Nacional Constituyente[2] con el firme propósito de hacer trizas[3] el Tratado de Paz firmado por el Estado para poner fin al conflicto armado con la entonces guerrilla de las Farc-Ep.

Después de que la prensa tergiversara el sentido de lo expresado por la Corte Constitucional en torno a los dos artículos del Código de Policía demandados, de inmediato los contradictores del espíritu liberal que acompaña a muchos fallos de dicha corporación, invitaron a marchar contra la decisión de la alta corte. Con la frase “contra las cortes corruptas”, incluida a la JEP, el senador Uribe Vélez señaló que “rechazamos esa sentencia de la Corte Constitucional y nos disponemos a salir a las calles, nos están llamando a volcarnos a la calle. Lo único que Gobierno anterior no pudo quitarnos fue la calle”. “Vamos para la calle y vamos a pedir que se tomen medidas contundentes para que el decreto presidencial que le ordena a la Policía decomisar la droga que circula en las calles, se pueda aplicar sin obstáculo[4].
Lo dicho por el expresidente Uribe Vélez no pasaría de ser una simple opinión de quien de tiempo atrás profesa una fuerte animadversión contra todo fallo que garantice libertades y derechos a los ciudadanos, en particular en lo que tiene que ver con el libre desarrollo de la personalidad, si no fuera por la dependencia moral y política del presidente Duque frente a lo que pueda pensar, decir y hacer el senador y líder del partido de gobierno, el Centro Democrático.
De esta manera, el presidente de la República y esa parte del país que se opone al Acuerdo Final continúan enfrascados en una lucha política e ideológica que tiene como fuente inspiradora el resultado del plebiscito del 2 de octubre de 2016, cuando por estrecho margen ganó el NO la consulta. Y a pesar de que varios puntos del Acuerdo Final I se ajustaron atendiendo los reparos de los sectores del NO, el Centro Democrático y el “país uribista” continúan generando un clima adverso a la necesidad de ambientar escenarios de reconciliación para que sea en estos en donde se pueda asentar esa paz estable y duradera que cada vez se torna más lejana a juzgar por los obstáculos políticos, legales, financieros, presupuestales y administrativos que el gobierno de Duque viene poniendo al proceso de implementación del Acuerdo Final II.
Las 16 curules

Durante la revisión del expediente de las objeciones tramitadas en el Congreso, la Corte Constitucional no solo reconoció y validó su hundimiento de acuerdo con las votaciones surtidas en Cámara de Representantes y Senado, sino que abrió la posibilidad de revivir las 16 curules[5] que de acuerdo con el Tratado de Paz deben asignarse a las víctimas de los actores armados que actuaron en el marco del conflicto armado interno. Hay que recordar que tanto en la votación de las objeciones como del proyecto que daba vida a las circunscripciones especiales de paz (16 curules territoriales para las víctimas) se presentaron discusiones numéricas alrededor de la mayoría absoluta necesaria para aprobar o no los textos o expedientes sometidos a votación.

Al confirmar la Corte Constitucional cómo se define las mayorías en el Congreso, el senador Roy Barreras interpuso una acción de tutela con el propósito de exigir que las curules de las víctimas que se negaron en su momento al descontar los cuatro senadores que estaban detenidos, sean reconocidas como aprobadas para poder que las siete millones de víctimas vayan en octubre a elecciones y puedan ocupar su sitio para defender sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación[6]. No quiero imaginar las reacciones del llamado “uribismo”, en cabeza del presidente Duque, si a través de dicho mecanismo expedito de la tutela se logran revivir las 16 curules para las víctimas.

El escenario electoral

Las elecciones regionales que se avecinan muy probablemente estarán atravesadas ideológica y políticamente por quienes de un lado buscan afanosamente incumplir con lo acordado en el Tratado de Paz y por aquellos que, apegados a la institucionalidad y acompañados por la ONU y una buena parte de los países europeos, insisten en que el Estado en su conjunto debe implementar el Acuerdo Final en las condiciones pactadas.

Muy seguramente el Centro Democrático y los sectores de poder militar, empresarial, económico, político y social que rechazan lo acordado en La Habana apelarán nuevamente a la estratagema usada en la campaña para el plebiscito que no fue otra que la  de mentir, tergiversar y hacer que la gente salga verraca a votar.

Aunque pareciera que Uribe Vélez como figura política viene perdiendo seguidores y sobre todo admiradores, no se puede desconocer que hay sectores de la sociedad que no aceptan lo acordado en La Habana y firmado en el teatro Colón de Bogotá. Esos colombianos que fungen como detractores y críticos del Tratado de Paz suelen ser usados por políticos “uribistas” no solo para que expresen su oposición a lo acordado con la entonces guerrilla de las Farc-Ep, sino para ocultar los verdaderos intereses de ganaderos, latifundistas, promotores de las Zidres y de los agro combustibles quienes se oponen al cumplimiento del punto 1 que alude a la Reforma Agraria Integral. Por ejemplo, en materia de actualización catastral hay sectores de poder que ven riesgos en este compromiso consignado en el Tratado de Paz. ¿Acaso hay situaciones de testaferrato que algunos quieren ocultar?

A los agrios enfrentamientos institucionales provocados desde el uribismo y validados y apoyados por la figura del presidente alrededor del proceso de implementación del Acuerdo Final II, se suma el rifirrafe suscitado entre el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla  y el presidente del Banco de la República, Juan José Echavarría por declaraciones que hizo el segundo en torno al comportamiento de la economía colombiana. El jefe del Emisor dijo que la economía estaba estancada[7]. La respuesta, grosera por demás, de Carrasquilla, no se hizo esperar y señaló que lo dicho por Echavarría no tenía sustento en cifras (que era, por lo tanto, paja). Y lo conminó a cumplir con sus funciones constitucionales y a evitar dar opiniones.  

El economista Mario Valencia, en reciente columna señala que “para ser justos, el estancamiento de la economía que advirtió el gerente del Banco de la República, Juan José Echavarría, no ocurrió exclusivamente durante el gobierno de Iván Duque. Sin embargo, en los nueve meses al mando tuvo oportunidad de corregir el rumbo y no lo hizo. No es porque no ha podido, sino porque no quiere y no lo hará. Duque se encontró con una economía delicada de salud, pero entró a la unidad de cuidados intensivos con un bate[8].

Así entonces, el gobierno de Duque no solo debe enfrentar los problemas que genera una economía estancada, sino las dificultades que se desprenden de insistir en hacer trizas el Acuerdo de Paz, cuando claramente del éxito de su implementación dependerá la llegada de inversionistas y del mejoramiento de los indicadores económicos.

Parece olvidar el gobierno de Duque que la paz de Santos tuvo y tiene un carácter más económico[9] que político, de allí que insistir en torpedear el proceso de implementación de lo acordado en Cuba es afectar el clima de certidumbre y tranquilidad que requieren los dueños del gran capital.

Sería recomendable que el presidente Iván Duque leyera el libro del expresidente Juan Manuel Santos, en particular la página 65, en la que se lee lo siguiente: El capital no es amigo de las guerras, no es amigo de la violencia, no es amigo de la inseguridad, ni física ni jurídica (Santos, 2019).

Así entonces, convendría que el jefe de Estado dejara de seguir a pie juntillas las ideas de su mentor y “presidente eterno”, para dedicarse a resolver los problemas económicos que en menos de un año de su administración ya preocupan a los industriales y a los economistas.

De continuar enfrascado en la lucha ideológica en torno al reconocimiento o no del conflicto armado interno, a la conversión de las Farc en partido político y a la “incómoda” presencia de sus miembros en el Congreso y a la imparable acción de la JEP, el presidente Duque estará abonando el terreno no solo para provocar una crisis económica, sino para consolidar las dudas que circulan en torno a la continuidad de su gobierno.  Así las cosas, ¿qué sigue para Colombia?




Imagen tomada de canal1.com.co




miércoles, 5 de junio de 2019

EL GENERAL NICACIO MARTÍNEZ


Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo


Los “Falsos Positivos”[1] son la expresión clara de la degradación del honor militar y de una inconveniente y peligrosa reorientación misional del Ejército y de los miembros que participaron de la ignominiosa práctica de matar civiles, muchos de ellos con enfermedades mentales, para hacerlos pasar como guerrilleros “dados de baja” en supuestos operativos contra insurgentes.

Obtener ascensos, ganar permisos, recibir bonificaciones[2]  y alcanzar anotaciones positivas en la hoja de vida hicieron parte de los estímulos que impulsaron a cientos de miembros del Ejército, en todos los grados, a participar, por acción u omisión, en la comisión de semejantes delitos. No se debe descartar que los crímenes perpetrados hubiesen estado motivados también por el odio hacia los civiles y en particular por su condición de pobreza y las circunstancias de discapacidad, física y mental.

Este doloroso capítulo del degradado conflicto armado interno aún no se cierra. Por el contrario, con cada cierto tiempo vuelven a la palestra pública estos inocultables desmanes y delitos cometidos por miembros de la fuerza pública que monetizaron la vida de civiles inermes. Y en ese regreso o no del tema de los Falsos Positivos tiene mucho que ver el ejercicio periodístico.

Ante la decisión de la revista Semana de engavetar una investigación sobre la posibilidad de que se reeditara en el gobierno de Iván Duque el capítulo de los Falsos Positivos, lo más probable es que la prensa colombiana en general asuma actitudes y acciones propias de la autocensura, tal y como lo hizo la señalada publicación hebdomadaria.

En ese inquietante silencio de las empresas mediáticas de Colombia, medios internacionales como el New York Times[3] y EL PAÍS[4] de España vienen publicando informes periodísticos que no solo fustigan la directriz del general Nicacio Martínez Espinel de producir bajas (body count), sino que le esculcan su pasado como comandante de la  Décima Brigada Blindada.  En ese mismo sentido, pero de tiempo atrás, Human Rights Watch[5] (HRW) ha hecho lo propio.

El alto oficial y hoy comandante del Ejército está pendiente de que el Senado defina su ascenso a general de cuatro soles, en medio de cuestionamientos de los ya  referidos medios internacionales y del director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, quien justamente en la edición del diario EL ESPECTADOR de hoy 6 de junio de 2019 señala que “el general Nicacio nunca ha dado explicaciones a la Justicia”[6].  Hay que señalar que recientemente el procurador general de la Nación, Fernando Carrillo Flórez informó sobre la apertura de una investigación[7] preliminar y de carácter disciplinario contra el general Martínez Espinel.

Si el Senado de la República concede el ascenso al controvertido General Martínez Espinel, los efectos políticos y militares no se harían esperar. En lo político, por ejemplo, el senado se estaría alineando con el interés del gobierno de Duque de consolidar la línea tropera y dura que representa el alto oficial, y con la cual se insiste en la presencia y operación de un enemigo interno, a pesar de la desaparición de la guerrilla fariana, hoy convertida en el partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC[8]).

Es por demás urgente que el país discuta la conveniencia económica, militar y política de insistir en la tesis de que aún existe un enemigo interno con la capacidad operativa y militar que tenían las antiguas Farc-Ep. De ser así, el principio del body count seguirá aplicándose y por ese camino se aseguraría el regreso o la continuidad  de la práctica sistemática de los Falsos Positivos. Eso sí, muy seguramente quienes al interior del Ejército  impulsan este tipo de práctica criminal ajustarán los procedimientos, los “protocolos” y harán controles a la información al interior de las guarniciones para evitar filtraciones a la prensa, en especial  a la extranjera.

Es importante que se dé la discusión sobre la permanencia o no del enemigo interno por varias razones: la primera, porque dentro del espectro castrense ya no se habla de grupos guerrilleros o de guerrillas, sino de Grupos Armados Organizados (GAO). Dicha nomenclatura tiene el genuino objetivo de desconocer el ropaje político que le puede quedar  al Ejército de Liberación Nacional (ELN). El calificativo de terroristas se mantiene, lo que imposibilita cualquier tipo de negociación que en adelante se proponga por ejemplo con el Comando Central (COCE) del ELN[9].

Así las cosas, reconocer o insistir en la presencia de un enemigo interno en las señaladas condiciones tiene el enorme riesgo de extender en el tiempo la vieja práctica de los organismos de seguridad del Estado y de la propia fuerza pública de conectar y asociar el pensamiento de izquierda y a quienes critican al Régimen, con las antiguas guerrillas. Hay que recordar que en esas condiciones contextuales fueron perseguidos, torturados, amenazados y asesinados defensores de los derechos humanos, del ambiente, sindicalistas, profesores, académicos y líderes sociales y políticos con la anuencia de las autoridades.  Sin duda, los asesinatos que se vienen produciendo de lideresas y líderes sociales desde el 2016 están atados a los principios de esa viaje práctica.

Y en el mismo ámbito de lo político, el ascenso del general  Nicacio Martínez serviría para consolidar las dos tesis complementarias que gravitan al interior de las Fuerzas Militares. La primera tesis señala que en el gobierno de Santos el honor militar se afectó no solo por la presencia de oficiales y exoficiales en la Mesa de Diálogos de La Habana, sino por los cambios misionales que lideraron los llamados generales de la paz, Alberto José Mejía y Javier Flórez, quienes acompañaron al gobierno de Santos en su empeño por poner fin al conflicto armado con las Farc.

Quienes defienden esta tesis insisten en que la moral de los combatientes se vio afectada, a lo que sumó la inseguridad jurídica asociada a asuntos como la responsabilidad en la línea de mando tal y como quedó acordado en el Tratado de Paz. Y la segunda tesis apunta a la necesidad de recuperar el liderazgo, que no es otra cosa de desatar los nudos que la paz de Santos impuso a la tropa. El presidente de Acore señaló en su momento que "el daño que le generó al país, es muy evidente", y señala que también afectó a las Fuerzas Armadas debido a las "restricciones que impuso". "Desescalar el conflicto era amarrar a las tropas para no cumplir su función constitucional"[10].

En lo militar, el ascenso a general de cuatro soles de Martínez Espinel serviría para validar y legitimar no solo la forma de pensar y de operar del alto oficial, sino sus motivaciones ideológicas y militares que lo caracterizan como un militar tropero. De igual manera, su ascenso podría servir para poner fin a las carreras de los oficiales que, siguiendo la línea operativa y ética de los entonces generales  Mejía y Flórez, acompañaron institucionalmente los diálogos de paz adelantados en La Habana y al final respaldaron el Acuerdo Final II.

Está en manos del Senado tomar una decisión que sin duda es política, pero que tiene incidencia en el campo de lo militar. Para consolidar la paz no basta con que las Farc-Ep hayan hecho dejación de las armas. Se requiere de una reorientación misional de las Fuerzas Armadas. En particular, urge que los comandantes rompan las relaciones y conexiones que suelen establecer entre grupos armados ilegales, ahora los GAO, con el pensamiento  de izquierda y con los líderes instalados en esa orilla ideológica.  Defender los derechos humanos y los ecosistemas (la Naturaleza) no puede verse como una acción “revolucionaria y propia de enemigos del Estado”.



Imagen tomada de ElColombiano


[2] Decreto Boina y la directriz 029 de 2005.

 








domingo, 2 de junio de 2019

DUQUE: PRESO DE UNA GENUINA ADMIRACIÓN


Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

A poco menos de un año de haberse instalado en la Casa de Nariño, la imagen de Iván Duque Márquez como presidente se mueve en el péndulo mismo de la confrontación política entre quienes insisten, desde el propio Establecimiento, en continuar apoyando el “proyecto político uribista[1]” y quienes desde orillas e instancias bien distintas desean pasar las páginas de la guerra y de los odios, pero  sobre todo, buscan superar el ethos mafioso[2] que el señalado proyecto logró inocular en las institucionalidades privada y estatal. Es decir, para unos, Duque es el presidente de Colombia en propiedad y para otros, simplemente fue puesto allí para cumplir con unas órdenes emanadas por quien realmente parece ostentar el poder: Álvaro Uribe Vélez.

Con la gobernabilidad mínima que entrega y asegura un Establecimiento históricamente capaz de mantener a flote a cualquier gobernante[3] a pesar de sus bajos niveles de aceptación social y política, Iván Duque Márquez intenta hacerle creer a una parte de los colombianos (a los que votaron por el Sí en el plebiscito) de que efectivamente es él quien gobierna en Colombia. A juzgar por los imaginarios individuales y colectivos y las ya negativas Representaciones Sociales (RS) que en torno a su imagen circulan a travès de diversos discursos[4], pareciera que quien realmente señala derroteros, la toma de decisiones y le indica al presidente de la República cómo actuar, es el hoy senador, expresidente (2002-2010) y jefe único del Centro Democrático (CD).

Por ser el ungido de Uribe, Iván Duque ha expresado una inconveniente admiración por el político nacido en Salgar. Recuérdese que lo llamó “presidente eterno”, acto de habla que no es más que la expresión genuina, como diría el propio jefe de Estado, no solo de su veneración, lealtad y fidelidad, sino de la dependencia política y moral de quien claramente se “encontró” con la Presidencia de Colombia.

El proyecto político

La administración de Iván Duque y el propio proyecto político de Uribe Vélez enfrentan hoy el desafío o quizás al enemigo más grande de la corta existencia de lo que se conoce como “el uribismo”: la construcción de la Paz. Es claro que para el ganadero y latifundista la consolidación de una paz estable y duradera es toda una provocación y obstáculo para el desarrollo del proyecto de país que de tiempo atrás tienen en mente no solo el senador y expresidente, sino los ricos empresarios, varios académicos, militares y exmilitares que lo respaldan.

Dicho proyecto de país tiene, por supuesto, varias dimensiones. En la dimensión política, sueñan con un Partido Único al mejor estilo de regímenes socialistas o estatista como el venezolano. En la dimensión económica, insisten en mantener y extender en el tiempo privilegios para las élites de poder y los mesocontratos con los que suelen asegurar la gobernabilidad autoritaria de la que habla Édgar Revèiz (1997). Es decir, creen en el mercado, pero en uno controlado que les permita exhibir una relativa competitividad. Desde esta dimensión, continúan promoviendo un desarrollo insostenible pues solo creen en el modelo de la gran plantación (monocultivo como práctica líder), en el fracking, en la ganadería extensiva (potrerización de zonas selváticas). 

Al final logran ordenar los viejos territorios nacionales con fines de especulación inmobiliaria por el crecimiento desordenado de ciudades capitales de aquellos departamentos en los que siguen en pie selvas y ecosistemas biodiversos, a pesar de la arremetida de enormes retroexcavadoras que militares y policías no ven pasar y mucho menos se percatan de su instalación, en ríos y bosques, para adelantar actividades de minería, legal e ilegal.

En la dimensión sociocultural, seguirán intentando la generación de estados de opinión asociados a la idea de un inquebrantable unanimismo ideológico con el que sea posible abrazar y premiar  a quienes decidan instalarse en esa idea y de perseguir y castigar a todos aquellos que insistan en mantenerse por fuera de ese obligado círculo y critiquen lo peligroso que resulta para la democracia eliminar, simbólica y políticamente, a la diferencia.  

Objeciones, Santrich y la JEP

Lo que ha venido pasando en el país es un inocultable enfrentamiento entre instituciones del Estado[5], lo que claramente demuestra, de un lado, que el actual gobierno está empeñado en hacer trizas[6] el Acuerdo Final y del otro, que el presidente Duque, al mejor estilo de su mentor, desconoció los fallos de la Corte Constitucional cuando objetó[7] seis artículos del proyecto de ley estatutaria de la JEP.

Justamente, la más fuerte reacción en contra del proceso de construcción de una paz estable duradera la tuvo el gobierno de Duque debido a la decisión que en derecho adoptó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en torno a conceder la garantía de no extradición al compareciente exguerrillero, Jesús Santrich[8].  Las reacciones de voceros y funcionarios de alto nivel en el gobierno buscaron generar una crisis institucional de tal magnitud, que los hizo pensar en la posibilidad de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente[9] y por esa vía intentar quitarle el ropaje y el estatus constitucional que tiene el Acuerdo Final II; y por ese mismo camino, pensaron en declarar la Conmoción Interior, buscando a toda costa saltarse el estado de derecho y extraditar a los Estados Unidos al controversial excomandante fariano.

En reciente publicación, el diario EL ESPECTADOR titula así una nota informativa: Uribe explica por qué Duque no decretó la conmoción interior [10]. En otras circunstancias, el titular no tendría por qué generar suspicacias pues se trataría de una simple opinión política. Pero no nos llamemos a engaños: Uribe no es un político cualquiera. No solo indicó a sus admiradores[11], sino que acordó con empresarios que su candidato a la presidencia para el periodo 2018-     ¿?) era Iván Duque Márquez. Al final, con el respaldo de unos y otros, esa parte de Colombia votó por el que dijo Uribe, bien por simpatía, conveniencia o por miedo a una eventual presidencia de Gustavo Petro Urrego[12].

Al revisar el contenido del artículo publicado en el diario bogotano, queda claro que en el alto gobierno sí se contemplaron escenarios jurídico-políticos para responder a ese desafiante enemigo en el que se convirtió tener que cumplir con lo establecido en el Tratado de Paz firmado entre el Estado colombiano y la entonces guerrilla de las Farc[13].

En dicho texto se lee lo siguiente: “Me preguntan que por qué Duque no decretó la conmoción interior. Porque el gobierno Santos prometió que no elevaría los acuerdos de La Habana a la Constitución, incumplió su promesa, los elevó y la conmoción interior no puede suspender la Constitución”, dijo Uribe. Con lo anterior, Uribe ratificó que la idea sí se puso sobre la mesa tan pronto se dio la decisión de la JEP, a pesar de que ese mismo día la vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, desmintió los rumores surgidos al respecto”[14].

En cuanto a la convocatoria a una peligrosa Asamblea Constituyente, EL ESPECTADOR recoge así lo dicho por el expresidente Uribe: “La otra idea planteada abiertamente por el partido de Gobierno fue la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente para derogar el sistema de justicia transicional. Una propuesta que acogió el expresidente Uribe pero que, al mismo tiempo, criticó por las condiciones que plantea la Constitución para convocarla. “La Constitución de 1991, incluyó la Constituyente. Sin embargo, creó tanto formalismo para convocarla que es casi una creación sin posibilidades de realidad”, dijo el expresidente”.

De lo publicado quedan varias conclusiones. La primera, que Uribe Vélez ostenta un inconveniente poder político que no solo afecta el buen juicio y contamina las decisiones políticas del presidente Duque, sino que debilita la institución presidencial y revive viejos enfrentamientos entre el Ejecutivo y la rama judicial, en particular con las altas cortes, ocurridos durante el periodo 2002-2010.

La segunda, que las explicaciones dadas por Uribe Vélez debilitan aún más la imagen de un presidente que en casi un año de gobierno no ha podido imponer su propio estilo, o por lo menos fijar su propio proyecto político. A pesar de haber sido elegido bajo la sombra de Uribe, el entonces presidente Juan Manuel Santos[15] supo tomar distancia, por lo menos política, con el mayor elector que tiene hoy Colombia.

Al final, Santos se la jugó por ponerle fin al conflicto armado con las Farc y les dejó a los sucesivos gobiernos la obligación ética, moral, jurídico-política y constitucional de cumplir con lo acordado en La Habana.  Así entonces, lo que está esperando la Colombia no “uribizada” son dos cosas: la primera, que Duque tome la decisión de hacer a un lado a su “presidente eterno” para erosionar la consistencia de los negativos imaginarios y representaciones sociales que en torno a su talante se vienen consolidando en el país; y la segunda, que asuma como Jefe de Estado el compromiso de cumplir con lo que se firmó en el teatro Colón.  

Y la tercera conclusión es que esas explicaciones las debió dar el propio presidente Duque, o incluso, su gris ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez. El protagonismo de Uribe y su enfermiza necesidad de figurar como el principal y poderoso enemigo de la paz en Colombia termina no solo alimentando la polarización política, sino debilitando la imagen de su ungido.

Es apenas evidente que las negativas representaciones sociales que en torno al presidente Duque circulan en redes sociales y en los propios “mentideros políticos”, alimentadas, sin duda, por el humor político de caricaturistas como Vladdo y Matador, las reconocen dentro del llamado uribismo. De allí que las explicaciones dadas por el expresidente Uribe  y opiniones de la propia ministra del Interior, lo que hacen es confirmar de que Duque no parece actuar de manera autónoma.

Expongo tres comentarios que tienen que ver directamente con lo que se viene exponiendo en esta columna. El primero sucedió durante la plenaria del senado en la que se hundieron las objeciones presidenciales.   En la misma plenaria del martes 30 de abril, el senador Uribe pidió la palabra y señaló lo siguiente: Hombre, respetemos al presidente Duque, él es dueño de su criterio jurídico. Él como senador fue a la corte a presentar la demanda contra el ‘fast track’; él con su criterio jurídico fue ahora a defender la necesidad de modular la sentencia sobre las fumigaciones. Yo creo que esa cosa de estar poniendo al presidente Duque como alguien susceptible a influencias extrañas, es un irrespeto, no solo a su persona sino a su persona y trayectoria”. Al salir en defensa del Presidente, Uribe no solo confirma que sabe de los comentarios que en redes sociales y otros espacios se viene construyendo la idea de que quien realmente manda en el país es el hijo de Salgar y no Iván Duque Márquez, sino que genera el efecto contrario al que ya produce en la opinión pública el imaginario social con el que se duda de la real capacidad del Presidente para gobernar y tomar decisiones”.

Y el segundo comentario lo hizo la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez. En entrevista concedida al diario El Espectador y ante la pregunta, “Finalmente, ¿siente que sus relaciones con el Centro Democrático están bien?, contestó: Las mejores relaciones, claro. Es mi partido, respeto a cada uno, obviamente somos parte de una visión de país y en eso nos movemos. La cabeza es el presidente Iván Duque y el presidente Álvaro Uribe[6].

Al parecer, estamos ante un gobierno bifronte que, en lugar de fortalecer la institucionalidad estatal, la debilita, por cuanto al final los colombianos que con sus votos eligieron a Duque, no saben si realmente es él quien gobierna[16].

Y termino con lo dicho por Uribe Vélez y que aparece consignado al final de la nota ya referida y publicada por EL ESPECTADOR. Dice el diario que “finalmente (Uribe), se refirió a las denuncias que publicó el diario estadounidense The New York Times que revelaron una directriz emitida por la alta comandancia del Ejército y con la que, presuntamente, se corría el riesgo de que regresaran los denominados ‘falsos positivos’ al país. El exmandatario aseguró que lo dicho por el periódico norteamericano no es más que una estrategia para desprestigiar no solo a las Fuerzas Armadas sino al Gobierno del presidente Duque.  “Duque, ahora que está recuperando el sentido de la autoridad, lo que quieren es desacreditarlo a él y al Ejército. Le entregaron el país al narcoterrorismo y ahora que hay un gobierno diferente lo que quieren es desacreditar a este gobierno y a los generales de la patria para que el país siga en manos del terrorismo”, señaló en referencia al comandante del Ejército, general Nicacio Martínez, cuyo ascenso está pendiente de ser aprobado en la plenaria del Senado la próxima semana”.


Ciertas o no las dudas que subsisten hoy en torno a quién gobierna en Colombia, lo más probable es que el presidente Duque esté preso de una genuina admiración y lealtad por su mentor, lo que lo pone en desventaja a la hora de discutir asuntos de gobierno y otros que derivan en obligaciones que como jefe de Estado debe asumir. 



Imagen tomada de internet. Corresponde al caricaturista Matador.


[2] Ese ethos mafioso hace referencia a prácticas sinuosas que hicieron posible consolidar la idea de que en Colombia hay un “Doble Estado”. Véase:  https://germanayalaosoriolaotratribuna.blogspot.com/2018/04/doble-estado.html  Esas mismas prácticas permitieron que entre el 2002 y el 2010 funcionarios, empresarios, militares, académicos y ciudadanos del común actuaran bajo el principio del Todo Vale. Véase: http://laotratribuna1.blogspot.com/2010/01/se-impuso-el-todo-vale.html Durante ese periodo, una parte importante de la sociedad legitimó la trampa, la mentira y la corrupción, convencidos sus miembros de que el real y único problema del país eran las Farc (o lafar). De esa forma, la lucha “contra el terrorismo” fue la enorme cortina de humo con la que el gobierno de Uribe, con el concurso de la Gran Prensa, tapó el clientelismo y la corrupción y los desastres socio ambientales generados por quien mandó en el país más con criterio de latifundista y ganadero, que como el estadista que aún sigue esperando Colombia.
[3] Los momentos críticos que soportó la institucionalidad estatal en los tiempos del proceso 8.000 son prueba clara de que el propio régimen de poder o el establecimiento actuó para proteger el orden institucional, así la institución presidencial se hubiese visto comprometida por la entrada de dineros de la mafia (Cartel de Cali) a la campaña Samper Presidente (1994-1998). Al final, la ínfima gobernabilidad con la que pudo medianamente gobernar Ernesto Samper Pizano provino de la tradición y de la inercia institucional de un régimen de poder que se autorreproduce y se autorregula sin que ello se traduzca en beneficio para los colombianos. Por eso quizás Álvaro Gómez Hurtado señaló en su momento que: “El régimen transa las leyes con los delincuentes, influye sobre el Congreso y lo soborna, tiene preso al Presidente de la República… Samper es una persona llena de buenas intenciones, pero está preso por el establecimiento. No puede hacer nada, está rodeado de intereses creados. Con los jueces pasa lo mismo… El régimen es un conjunto de complicidades. No tiene personería jurídica ni tiene lugar sobre la tierra. Uno sabe que el Gobierno existe porque uno va al Palacio y alguien contesta, que resulta ser por ejemplo el Presidente de la República, y va al Congreso y ahí sale su presidente, pero el régimen es irresponsable, está ahí usando los gajes del poder, las complicidades. El Presidente es el ejecutor principal del régimen, pero está preso. A mí me da pena repetirlo, pero el Presidente es un preso del régimen. El régimen es mucho más fuerte que él, tiene sus circuitos cerrados, forma circuitos cerrados en torno de la Aeronáutica Civil, de las obras públicas, de los peajes, y en ellos no deja entrar ninguna persona independiente”. Revista Diners 303, de junio de 1995.
[4] Pensado el humor como discurso, a travès de este se insiste en proyectar la imagen de un presidente manipulado por los hilos del poder que controla Álvaro Uribe Vélez; el mismo discurso periodístico noticioso ha recogido en varias ocasiones esa imagen y la ha puesto en titulares y en informes.  En particular la prensa internacional. Véase: https://germanayalaosoriolaotratribuna.blogspot.com/2019/05/visados-morales.html

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