Nueva publicación

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Tres artículos: Medio ambiente y conflicto armado; Editoriales sobre el proceso de paz con las Farc; y Acción colectiva y asentamientos en Cali. Memorias, 2018.

Nueva Publicación: Investigación sobre dos asentamientos informales de la ciudad de Cali. 2018

Nueva Publicación: Investigación sobre dos asentamientos informales de la ciudad de Cali. 2018
2 asentamientos: Los Samanes del Cauca y Navarro, ubicados en el jarillón del río Cauca.

NUEVA PUBLICACIÓN. PERIODISMO Y DESPLAZAMIENTO FORZOSO EN COLOMBIA.

NUEVA PUBLICACIÓN. PERIODISMO Y DESPLAZAMIENTO FORZOSO EN COLOMBIA.
Resultado de un proceso investigativo, este libro en coautoría da cuenta del tratamiento periodístico dado por el Diario El País de Cali, a los hechos y circunstancias que hicieron posible el desplazamiento forzado en Colombia y la aparición de la categoría Desplazados. 2016

viernes, 20 de septiembre de 2019

INDIGNO


Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

El 8 de octubre será un día especial para la Justicia y para el país político y mediático.  Ese día, el ciudadano y expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, comparecerá en calidad de investigado, ante los magistrados de una Sala especial de la Corte Suprema de Justicia que lo requieren por los delitos de fraude procesal, manipulación de testigos y soborno.

No haré un recuento de los hechos y mucho menos a las pruebas que tienen los magistrados de dicha corporación con las que vincularon al senador Uribe al señalado proceso judicial. Por el contrario, esta columna está dedicada a una reflexión alrededor de la dignidad presidencial que, en cabeza del señor Uribe Vélez, parece degradarse  por las circunstancias, razones o delitos que hacen parte de sendas investigaciones abiertas contra él en la Fiscalía, la propia Corte Suprema de Justicia y en la inoperante Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y  por su supuesto, por su lenguaje soez, vulgar, temerario y su carácter montaraz y camorrero, que le valió el calificativo de “rufián de esquina” por parte del entonces presidente Santos.

Más allá de los procesos penales que hay abiertos en contra del “combativo” político, y de la confrontación de las pruebas que en el marco del debido proceso se debe dar, es preciso que los magistrados consideren todo el acervo probatorio para fallar en contra del señor Uribe no por responsable directo o indirecto de los delitos que se le imputan, sino por indigno.

Al hacerlo así, la Corte Suprema de Justicia daría un golpe de autoridad no solo en el campo penal, sino en el ámbito de la moral y la ética. Declarar a Uribe como indigno es reconocer que, en sus ocho años de mandato, mancilló el decoro y la prestancia de ese cargo y de esa manera afectó el ejercicio de la Polìtica y la confianza de los ciudadanos en el Estado. Baste con recordar los episodios de los “Falsos Positivos”[1] para comprobar la pérdida de confianza en las autoridades y en el propio Estado de las familias de los jóvenes asesinados por agentes de las fuerzas militares.

Un pronunciamiento en ese sentido podría servir para que esa parte de la sociedad que aplaude la chabacanería, la vulgaridad, la informalidad en la toma de decisiones y los procesos desinstitucionalizantes vividos entre 2002 y 2010, entienda que esas circunstancias, anacrónicas por demás, nos atan a ese estadio del que parece que jamás saldremos como Nación: de la premodernidad. Y lo que es peor, de la aparente imposibilidad de abandonar esas actitudes y acciones propias de salvajes.

Que la Historia Oficial diga que Uribe fungió como Jefe de Estado entre 2002 y 2010, y que niegue las escabrosas y sucias maniobras con las que se logró reelegir, es apenas lógico. No se está pidiendo que se borre de la historia política el paso del hijo de Salgar por el Solio de Bolívar. La declaratoria de indignidad no busca eso. Sus alcances son mayores: es, en primer lugar, darle un fuerte pinchazo al (mega) ego de un individuo que cree poder estar por encima de la justicia, de las instituciones. Un ciudadano megalómano y mesiánico que, elevado por sus aúlicos a la condición de líder, jamás puso al servicio de los más altos intereses del país y de la Nación ese liderazgo. Por el contrario, lo usó para concentrar poder y formar un ejército de seguidores, ciegos, sordos y con una enorme capacidad para fungir como palaciegos[2].

En segundo lugar, la declaratoria de indignidad deberá servir para que esa parte de la sociedad que se dejó llevar o guiar por ese ethos sobre el que recaen todo tipo de dudas y señalamientos, logre salir de esa caverna en la que sobrevive en medio de una inconmensurable confusión moral. Baste con aludir a las actuaciones de este ciudadano cuando fungió como director de la Aerocivil, gobernador de Antioquia, como presidente de la República y ahora en su condición de Senador, para entender la gravedad de ese estado de desconcierto en el que devienen millones de colombianos.

En tercer lugar, declarar a Uribe[3] como indigno o en condición de indignidad le daría a la justicia colombiana un respiro, un segundo aire, para recuperar la legitimidad perdida por todos los  años que han pasado, sin que se hubiese llamado a indagatoria al expresidente por algunos de los delitos por los cuales se pidió en su momento, desde el Tribunal Superior de Medellín[4], compulsar copias para que fuese investigado por las masacres de El Aro y la Granja, cuando fungió como Gobernador de Antioquia.

Y, por último, y en el marco de una justicia restaurativa, una vez declarada la indignidad del expresidente Uribe[5], y como agente involucrado en el devenir del conflicto armado interno en su calidad de Gobernador y como comandante supremo de las FFAA, cuando estuvo al frente de la República, todos los procesos llevados en su contra, su vida pública y sus actuaciones deben dar vida a una Cátedra de Ética Aplicada, para colegios y universidades. El objetivo de dicha cátedra será proscribir el ethos que guió la vida pública de Uribe[6]. Ese mismo ethos por el que deberá responder el 8 de octubre ante los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.



jueves, 19 de septiembre de 2019

Posnaturaleza: el fin de un dilema




Por Germán Ayala Osorio[1]

Los avances tecnológicos y en particular la ciega confianza en que la tecnología pueda resolver o solucionar los problemas ecológicos que actividades productivas- extractivas vienen produciendo en los aún vigentes, resistentes y resilientes ecosistemas naturales- históricos, terminarán por llevar al planeta y al proyecto humano universal, hacia un estadio definitivo: la pos naturaleza. Una vez en ese estadio, las preocupaciones por los ecosistemas, por la Naturaleza, por los daños ocasionados, dejarán de estar en la agenda pública y ya no harán parte de las preocupaciones que hoy tienen ambientalistas moderados y los que se oponen a las lógicas que impulsan el desarrollo económico.

Señalo entonces, que una vez lleguemos a ese estadio de la postnaturaleza, e incluso un poco antes, se advierte la necesidad de desligar la sostenibilidad y al discurso ambiental que ontológicamente devienen conectados a la Naturaleza y al equilibrio ecológico. Y es así porque cuando el ser humano logre transformar totalmente los entornos naturales-históricos, esa sostenibilidad deberá dar cabida al concepto de Viabilidad de un proyecto humano que logró superar el eterno problema de estar, seguir conectado o no a la Naturaleza.

Una vez instalados en ese entorno, serán otras las preocupaciones y los miedos que surgirán para un ser complejo como el humano, hasta que esa misma humanidad logre ser remplazada por máquinas, etapa final para una civilización que universalmente sigue atada a una Naturaleza con la que sigue compitiendo, en la perspectiva de quién vence a quién primero. Una vez logre vencer su resistencia y su hostilidad, entonces el ser humano entrará en una etapa distinta, sin que ello logre invisibilizar una real preocupación: que por efectos de una especie de big ban, esa condición humana como la conocemos hoy, sea eliminada totalmente.

Llegar a ese estadio de posnaturaleza supondrá el absoluto triunfo de la racionalidad económica occidental fruto de la homogeneización cultural lograda por la vía de la globalización. Y por esa vía,  terminará, en el mediano plazo, sometiendo, proscribiendo o haciendo  desaparecer las ontologías incómodas o inviables, vistas así desde esa perspectiva economicista, como lo son las de los afros, indígenas y campesinos. Finalmente, en esa lucha hemos estado en Colombia y en América Latina desde la llegada de los colonizadores europeos.

Cuando esas resistencias logren ser sometidas o avasalladas totalmente, entonces la inercia de la producción económica y la lógica de la acumulación terminarán consolidando ese nuevo mundo que subyace ya a la post naturaleza.

Una vez en ese estadio, las preocupaciones ecológicas disminuirán drásticamente. Y las ambientales, terminarán erigiéndose en el "nuevo problema" para los seres humanos, en la medida en que solo quedará por decidir quiénes sobreviven y en qué condiciones. Y es allí en donde surge la categoría de la Viabilidad, en remplazo de lo que hoy conocemos como sostenibilidad y sustentabilidad.  

Es decir, las preocupaciones serán exclusivamente humanas, lo que por supuesto pondrá de presente lo tediosa que pueda resultar la vida humana cuando esta esté supeditada a las relaciones tecnológicas e informáticas, bajo el espectro de la Inteligencia Artificial (IA), de un mundo artificial y artificioso; y peor aún, una vida humana alejada de la noción de lo Natural (de la naturaleza). Noción que desaparecerá para dar paso a entornos simulados en los que será posible re-crear el pasado e incluso, para recordar las viejas discusiones que sobre la sostenibilidad/sustentabilidad el mundo dio. 

Las mismas que serán superadas cuando ya no existan ecosistemas naturales-históricos, sino remedos e instalaciones y hologramas que simularán una neo naturaleza. Sobre ese ya vestigio, habrá que recordar que durante siglos  fue asumida por muchos agentes económicos como hostil, de allí la imperiosa necesidad de someterla sin mayores consideraciones ecosistémicas, tal y como lo estamos haciendo hoy.

Ese será el “gran triunfo” de una humanidad que logró, por fin, finiquitar una aparentemente eterna discusión: hacer parte o no  de la Naturaleza. En cualquier sentido que se den las señaladas transformaciones, la condición humana siempre estará allí para sorprender por su inteligencia para adaptarse, y de manera concomitante, para exhibir sus problemas para convivir con sus semejantes en condiciones de paz y armonía.

Por todo lo anterior, es posible que en ese escenario posible de la Posnaturaleza, se logre poner fin al dilema en el que se sostienen las actuales discusiones en torno al desarrollo sostenible, la sostenibilidad y la sustentabilidad.




Imagen tomada de compromisoempresarial.com 





[1] Candidato a Doctor, Doctorado en Regiones Sostenibles, Universidad Autónoma de Occidente, Cali, Colombia.

sábado, 14 de septiembre de 2019

LO QUE SIGUE DESPUÈS DE NOTICIAS UNO


Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

La ya confirmada salida del aire del varias veces galardonado noticiero de televisión, Noticias Uno, debe entenderse como un lamentable hecho político, democrático y periodístico. Sin lugar a duda, sobre este noticiero, su directora Cecilia Orozco y sus periodistas se impuso una mordaza de origen político y financiero que asegura el regreso del unanimismo ideológico y político que el país ya vivió entre 2002 y 2010.
Después de este duro golpe al periodismo crítico que durante años ejerció este Noticiero, es poco lo que se puede esperar de los noticieros RCN, Caracol y CM&, para hablar solo de los informativos televisivos.

Lo más probable es que los directores y periodistas de esos noticieros se estén frotando las manos por el mayor logro político del uribismo y del Grupo AVAL: deshacerse del incómodo Noticias Uno. Quizás pensarán, unos y otros, que sus emisiones aumentarán el rating, el mismo que cada vez pierden más por la equivocada línea editorial pro-establecimiento asumida y los negativos tratamientos periodísticos dados a hechos de corrupción, el proceso de paz y en general, asuntos públicos de interés nacional.

Lo cierto es que deberán esforzarse no para ganarse a los consumidores habituales del saliente noticiero, sino para tratar de matizar en algo sus evidentes compromisos e intereses por lavar la imagen de un gobierno, como el de Iván Duque, que, con inusitada convicción, está buscando que el Acuerdo Final de Paz fracase en el mediano plazo.  Saben los directores y periodistas de los señalados medios, que la guerra es el único escenario que les puede garantizar audiencia y por esa vía, la recuperación económica.

Eso sì, hay una realidad que no se puede esconder: la opinión pública cambió, así como los mecanismos y canales de generación. Hoy en Colombia hay millones de colombianos que dejaron de consumir la información emitida por RCN y Caracol, porque entendieron que esos dos noticieros trabajan denodadamente para incumplir con aquello que dice la Carta Política de “entregar información veraz e imparcial”.  Además, las redes sociales, los medios alternativos y los blogs, han venido ganando espacio y simpatía en los jóvenes y en otros segmentos poblacionales que paulatinamente abandonan el consumo de la información contaminada que entregan Noticias Caracol y Noticias RCN.

Hay que lamentar, eso sì, el estruendoso silencio de las Facultades de Periodismo y de otros agentes de la sociedad civil, ante la mordaza financiera y política que se impuso sobre Noticias Uno.  Eso prueba la débil cultura democrática que exhiben no solo los agentes de la sociedad civil que debieron manifestarse preocupados por la salida del aire del incómodo Noticias Uno, sino de los ciudadanos en general.

Un pueblo desinformado es fácil presa de líderes mesiánicos y autárquicos que, con un discurso patriotero, ocultan sus reales objetivos: enriquecer a los miembros de su familia y consolidar un Estado mafioso-privatizado, al servicio de unos pocos. Ya el país vivió, entre 2002 y 2010, bajo ese ethos mafioso que escaló a todos los niveles y estamentos de la vida societal colombiana.  

Y hay que recordar que para esa época el ÚNICO noticiero que se enfrentó al gobierno de Uribe Vélez fue Noticias Uno. Los demás medios aportaron cada uno lo suyo para consolidar un espantoso y peligroso unanimismo ideológico y político[1]. El mismo que hoy está de regreso en Colombia. Por lo anterior, ya sabemos de antemano lo que le espera al país una vez deje de emitirse Noticias Uno.






Imagen tomada de youtube.com En la imagen, el entonces periodistas de Noticias Uno, Juliàn Martìnez le pregunta a Uribe por sus vínculos con Luis Carlos Molina, en el contexto del asesinato de Guillermo Cano. 

[1] Véase el libro De la democracia radical al unanimismo ideológico: medios de comunicación y seguridad democrática.

jueves, 12 de septiembre de 2019

LOS “EJES DEL MAL”


Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

Por estos días se conmemoran 18 años de los atentados terroristas del 11 de septiembre en territorio norteamericano. La conexión de esos hechos con el devenir del conflicto armado interno de Colombia se establece con la tesis negacionista con la que el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez negó o desvirtuó las circunstancias históricas y las dinámicas mismas de la confrontación interna y en adelante impuso la tesis de la “amenaza terrorista”.  

De la lectura maniquea que en su momento hicieron los gringos de lo acontecido ese 11S, quedó la nomenclatura el “Eje del Mal”. Hoy, 18 años después, esa misma idea y nomenclatura la usa el “uribismo” y el gobierno de Duque para denunciar a Venezuela y Cuba, por respaldar y acoger a “terroristas colombianos” en sus territorios.

En el caso del hermano país bolivariano, la presencia  en territorio venezolano de las disidencias farianas en cabeza de alias Iván Márquez, facilita al gobierno de Duque el reciente ejercicio diplomático de denunciar ante la ONU al gobierno de Maduro Moros por acoger en su territorio a esta “nueva[1]” guerrilla.

Es decir, Venezuela hace- haría-  parte de ese “eje del mal” que hoy se permite reconstruir el régimen de Iván Duque Márquez, con el propósito claro de ambientar un nuevo intento para desestabilizar al régimen de Nicolás Maduro Moros.  Huelga recordar que el gobierno colombiano de tiempo atrás intenta desestabilizar a su homólogo, usando como pretexto la entrega de “ayuda humanitaria” y a través del reconocimiento político y diplomático que hizo a Juan Guaidó, como presidente interino.

En el caso de Cuba, el presidente de Colombia señala al gobierno cubano de dar cobijo a los terroristas del ELN. De manera maliciosa, Duque olvida que él, como jefe de Estado, desechó los protocolos que el Estado colombiano firmó con los plenipotenciarios de esa guerrilla y los países garantes, con el fin de garantizar el regreso de los negociadores del ELN, en caso de rompimiento de los diálogos de paz que se adelantaban en la isla. Si no hubiera procedido de esa manera, muy seguramente los líderes elenos estuvieran hace rato en territorio colombiano.

Si seguimos la misma línea moral y moralizante planteada, hay que decir que estamos ante dos “ejes del mal”. El primero, en cabeza de Maduro, que buscaría desestabilizar a Colombia, al brindarle apoyo a la “nueva” guerrilla fariana. Y el segundo, en cabeza del gobierno de Duque, quien, al acoger la política exterior de los Estados Unidos, busca derrocar a Maduro para montar allá un gobierno con el que sea posible que Venezuela regrese, aconductado, a las lógicas del capitalismo y del orden internacional asociado,  lo que implicaría el desmonte de su experimento socialista (realmente, se trata de un modelo estatista-militarista).

De esos dos “ejes del mal”, se desprenden las actitudes belicosas y belicistas que de ambos lados se despertaron para ambientar una guerra binacional, que termine involucrando a China y Rusia, en defensa de Venezuela y a Estados Unidos, en defensa de Colombia. Sin duda, una acción irresponsable con la que se pretende reeditar los viejos conflictos armados en el marco de la Guerra Fría.  Claro, se trata de escaramuzas que sirven a los propósitos de dos gobiernos que afrontan problemas de legitimidad, debido a los altos niveles de corrupción público-privada.

Ambos regímenes buscan eclipsar, con sus juegos de guerra, los problemas internos que los aquejan. Del lado de Venezuela, la crisis institucional y migratoria, que pone en calzas prietas la legitimidad de ese experimento que han llamado socialismo del siglo XXI, pero que realmente parece más un ejercicio de poder político y militar, que recuerda al modelo de la entonces URSS. Del lado colombiano, el régimen busca ocultar las prácticas corruptas sobre las que se sostiene no solo el establecimiento, sino el propio gobierno de Iván Duque. Además, intenta distraer a la opinión pública que cada vez toma conciencia de quién realmente gobierna en Colombia: Uribe, siguiendo las instrucciones del banquero, Luis Carlos Sarmiento Angulo.





martes, 3 de septiembre de 2019

KARINA GARCÍA: FEMINICIDIO POLÍTICO



Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

En el cruel asesinato de Karina García, candidata a la alcaldía de Suárez (Cauca), confluyen por los menos tres fenómenos: violencia política, “violencia ambiental” y una evidente animadversión por ser mujer.

El primero se explica por esa parte del Establecimiento que se opone a la construcción de escenario de paz y a la profundización de la democracia, que todavía controla la circulación de armas, legales e ilegales, con las que suelen producirse atentados contra candidatas y candidatos a cargos de elección popular. Sacar las armas de la política es quizás el mayor obstáculo para consolidar una paz estable y duradera. Y por supuesto, esa parte del Establecimiento que mantiene relaciones cercanas con grupos paramilitares que se disputan el control territorial de Suárez (Cauca) con grupos residuales de la guerrilla y narcotraficantes que a su vez tienen vínculos con redes internacionales.

El segundo fenómeno aparece por las prácticas de minería legal e ilegal que se vienen dando  en zonas específicas del departamento del Cauca y que tienen conexión con los proyectos mineros desarrollados en el Pacífico colombiano. Llamo “violencia ambiental” a todas las actividades, agrícolas desarrolladas bajo el modelo de la gran plantación, la minería a cielo abierto y el cultivo de coca y su procesamiento para producir el alcaloide. Todas actividades generan condiciones de insostenibilidad sistémica, que incluye, por supuesto, las variables económica, política, social y cultural.

Y el tercer fenómeno, tiene que ver con expresiones claras de una profunda animadversión hacia la mujer que decide actuar  en el espacio de la política, tradicionalmente dominado por Hombres. Una cosa es que una mujer aspire a ser alcaldesa de Bogotá, y otra muy distinta es que Karina García haya querido llegar a la alcaldía de un municipio como Suárez, ente territorial cuya institucionalidad no solo es débil, sino que viene siendo confrontada por actores armados ilegales; y además, capturada por mafias y dominada por el clientelismo y las prácticas corruptas.

Así entonces, de la confluencia de esas tres  circunstancias o fenómenos se deriva un feminicidio político de especiales características, por cuanto la condición de Mujer en Suárez, en el Cauca y en Colombia, genera miedo y preocupación en los círculos tradicionales del poder político, en cabeza, por supuesto, de Machos (políticos) acostumbrados a manejar los asuntos públicos desde esa racionalidad y los valores que de allí se desprenden, los mismos que la candidata se atrevió a cuestionar en su momento. 

Se tipifica el feminicidio político cuando la mujer que actúa en el escenario de lo público trata de erosionar el poder masculino y las prácticas masculinizantes derivadas de una sociedad patriarcal. De igual manera, cuando esa mujer o grupo de mujeres intentan o rompen con los roles tradicionales que la sociedad les impuso: reproducirse y atender al marido. Esa sumatoria de decisiones y actuaciones coadyuvan a calificar lo sucedido con Karina García como un feminicidio político.

En la masacre murieron, además de Karina García, su madre y dos mujeres más relacionadas con la actividad proselitista que se adelantaba en esa zona del departamento del Cauca. Esto confirma que detrás de la masacre hay una clara perspectiva masculina que, con este tipo de “acciones ejemplarizantes” claramente buscan, los perpetradores y los autores intelectuales, generar miedo en aquellas candidatas que osen cuestionar el poder tradicional masculino y en particular, aquellos que de tiempo atrás dominan en el territorio en asocio con mafias de diferente pelambre.

Estamos pues ante un crimen que da cuenta no solo de las complejidades socio políticas del territorio caucano en general, sino de las particularidades de lo que sucede en Suárez, municipio cercado por grupos paramilitares, la presencia otoñal de las guerrillas y sicarios asociados a actividades de minería ilegal y siembra de coca.

Las reacciones del gobierno y las medidas adoptadas de poco servirán: ya el daño está hecho. O en el argot criminal, la “vuelta ya se hizo”. Se esperaría una reacción mayor por parte del Gobierno. Por ejemplo, debería de suspenderse indefinidamente las elecciones en el municipio. El suceso lo amerita. Las condiciones en las que fueron asesinadas estas mujeres y los otros miembros de la comitiva ameritan una decisión también ejemplarizante desde la institucionalidad política y electoral.

No solo se confirma que no hubo garantías para Karina García, sino que los candidatos que continúan en la lucha electoral deberán cuidarse de tocar los poderosos intereses ilegales que tienen capturada la vida social, económica y política en Suárez (Cauca).

Y como siempre, nadie en el alto gobierno asume responsabilidades políticas. El ministro de la Defensa  debería de renunciar por el manejo que le ha dado a los problemas de orden público que acosan, de tiempo atrás, al departamento y al municipio de Suárez.

Por todo lo anterior, señalo que el atroz asesinato de Karina García y de los miembros de su comitiva confluyen el odio por ser mujer, la competencia electoral armada, la crisis de liderazgo de los candidatos hombres; y la crisis institucional de un departamento cuyas élites jamás comprendieron sus complejas realidades.



Imagen tomada de lafm.com.co

lunes, 2 de septiembre de 2019

ADIÓS AL PERIODISMO


Por Germán Ayala Osorio, comunicador social-periodista y politólogo

El anuncio de la salida del aire del noticiero más premiado de la televisión colombiana, Noticias Uno, debe asumirse como un golpe a la pluralidad informativa, factor esencial no solo en la generación de estados de opinión pública divergentes, sino en la ampliación de la democracia, régimen de poder que debe garantizar la circulación de las ideas y las libertades de expresión y prensa.

Las razones económicas expuestas por Jorge Acosta, gerente de Noticiero, al final de la emisión del día domingo 1 de septiembre de 2019, deberían de ser suficientes para comprender no solo la decisión adoptada por los máximos accionistas, sino las difíciles condiciones económicas por las que atraviesan los medios colombianos. Pero no. Y no son suficientes porque la clausura de dicho medio informativo se da en medio de un largo proceso de hostigamiento, censura[1], persecución, y estigmatización que sufren de tiempo atrás los periodistas y directores de Noticias Uno, por cuenta de lo que se conoce como el “uribismo”, que no es, como pocos creen, una doctrina política o una suerte de ideología. No.

En trinos publicados por el expresidente Uribe Vélez se explicitan su particular animadversión hacia el equipo periodístico y el “miedo al loguito” que el mismo hijo de Salgar reconoció al aire. De igual manera, se deja ver una clara amenaza con el tema de las futuras licitaciones, en las que el alto gobierno buscaría no favorecer a los empresarios o firmas que están detrás de Noticias Uno. Ya no habrá necesidad de esperar a esas instancias.

Nadie niega que el noticiero atraviese por problemas económicos fruto de un bajo rating, pero esas circunstancias no son las únicas que derivaron en la decisión adoptada. No. Por el contrario, estoy seguro de que hubo presiones políticas de alto nivel. De la misma manera como el régimen de poder calificaba a los jefes de la guerrilla de las Farc como objetos de alto valor militar, de la misma manera, Noticias Uno fue elevado a la categoría de objetivo político de gran valor. ¿Veamos por qué?

Los periodistas de Noticias Uno y en particular su directora Cecilia Orozco incomodaban a los poderosos: banquero, el presidente Duque y sus ministros y en general, la derecha y la ultraderecha. Hay que decir que los políticos de izquierda tampoco se salvaron de Noticias Uno. A través de un ejercicio periodístico de confrontación de las versiones oficiales y sobre todo, dirigido a esculcar las andanzas de funcionarios de medio nivel, de ministros y en general de políticos deshonestos, Noticias Uno se fue consolidando no solo como el mejor noticiero, sino que sus sagaces periodistas se erigieron como los únicos capaces de preguntar lo que todo periodista riguroso, serio, responsable y no comprometido moral y éticamente con el Establecimiento, debe preguntar y cuestionar.

Con la salida de Noticias Uno, el gobierno de Duque, el propio Uribe y esa parte anacrónica del Establecimiento que se niega a cambiar, descansan y celebran porque saben que no hay en Colombia un equipo periodístico con esas características. Por el contrario, ya cooptaron a noticias RCN[2] y no muy lejos de esa situación están los noticieros Caracol Noticias y CM&. Sobre este último y a propósito del poder intimidante de Uribe, su director Yamid Amat se vio en la penosa situación de retractarse y por esa vía corregir una pregunta que daba cuenta de la dualidad en la que nos volvió a meter la reaparición de “una nueva-vieja guerrilla[3]” y claro, el discurso belicoso y belicista del “uribismo”. Ante el reclamo del senador Uribe, el viejo zorro del periodismo prefirió -debió- matizar la pregunta ya emitida al final de la emisión de su noticiero (del mismo Canal en el que se emite aún Noticias Uno). Sin duda, Amat optó por mantener “buenas relaciones con el poder”, y abandonar o dejar de lado su rol como periodista.

Noticias Uno hizo y hace aún un periodismo ejemplar, que debería de servir en las Facultades de Comunicación Social- Periodismo para formar periodistas críticos, rigurosos, éticos, pero sobre todo, valientes y decididos a confrontar a quienes instalados en instancias de poder, están acostumbrados a intimidar periodistas que les esculcan sus andanzas, es decir, sus prácticas dolosas y corruptas.

Como periodista y profesor, lamento la salida de Noticias Uno. Sin duda alguna, está de regreso el unanimismo[4] ideológico, mediático y político que se impuso entre 2002 y 2010 en Colombia. Retornó al país el pensamiento único del que habla Ramonet.

Se va del aire el noticiero más premiado de la televisión colombiana. Ese honor y esa permanente distinción valieron muy poco para quienes tomaron la decisión.

Por todo lo anterior, es urgente diseñar una ley de medios que garantice el mantenimiento y la financiación de medios alternativos que hagan lo que otros no pueden hacer porque sus poderosos propietarios se los impiden. Pero para ello se requiere cambiar varias nociones: la primera, la de Estado y por esa vía, de políticas de Estado que estén por encima de los caprichos y las prácticas autárquicas de gobernantes megalómanos; la segunda, la noción de democracia. Y la tercera, de pluralidad informativa. Pero el cambio más significativo debe darse en la urgente diferenciación que debemos hacer en Colombia entre Periodistas y Amanuenses-Estafetas. De los primeros, hay muy pocos en Colombia. De los segundos, todos sabemos en dónde están. Por eso, hoy digo, Adiós al Periodismo.






jueves, 29 de agosto de 2019

LA NUEVA-VIEJA GUERRILLA



 Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo



El anuncio[1] del (re) surgimiento de una guerrilla sobre la base de individuos disidentes de las Farc-Ep, se constituye en un hecho político-militar de enorme trascendencia e importancia para el país. Escuchar a alias Iván Márquez resulta, inicialmente, abrumador y desesperanzador. Pero luego de unas horas del golpe de opinión que acaba de darle al país y de oír con atención su adornado e histórico  discurso, bien vale la pena poner en contexto y en una balanza, para bajarle, de un lado, a las preocupaciones que de inmediato se conectaron con el futuro del proceso de paz y del otro, para tratar de visualizar qué se puede venir para el país.

Lo primero que hay que decir de su presentación oficial como virtual comandante o vocero principal de la “Nueva Guerrilla[2]” (NG) es que la lucha y su accionar político-militar es o serìa  de “nuevo cuño”, a juzgar por las precisiones que hizo Márquez, en el sentido en el que no apelarán al secuestro extorsivo, que no atacarán a la fuerza pública, pero mantendrán el objetivo de derrotar a las oligarquías; y en esa misma dirección, que defenderán el ambiente,  y harán férrea oposición a las prácticas corruptas y por lo tanto, una defensa a ultranza de lo público. Esas orientaciones parecen darle un nuevo tinte a la “guerra” en la que se compromete a participar esta “Nueva Guerrilla”, asunto que los devuelve a las viejas aspiraciones y formas de operar cuando recién surgieron  en el convulsionado contexto de los años 60 del siglo XX. Eso sí, con la única diferencia: la defensa del medio ambiente en el marco de las evidentes preocupaciones por los inocultables efectos del Cambio Climático. Esa visión romántica de Màrquez es quizás el pivote sobre el cual soporta su "nueva aventura revolucionaria". Parece que el exnegociador de las antiguas Farc-Ep no comprendió que después de 50 años de guerra lo único que lograron fue hacer màs fuerte y criminal al Establecimiento y que a tiros jamás se tomaràn el poder en Colombia. 

Por lo anterior, hay que señalar que estamos ante el (re) surgimiento de una nueva-vieja guerrilla con algunos matices, en el contexto de un Estado que no asumió la paz como un proyecto unificador. Y no sucedió así porque si algo no tenemos o hay en Colombia, es un Estado moderno capaz de orientar, con un sólido sentido de lo público, la vida de sus asociados. En lugar de un Estado en esas condiciones y orientación moral, lo que ha habido en Colombia es una vertiginosa y constante acción político-electoral de agentes específicos del Establecimiento, que de manera inteligente nos han hecho creer, a través de numerosos dispositivos, que efectivamente esas acciones constantes obedecen a una acción vigorosa de un Estado, cuando la verdad es que este, aún no se consolida.

A lo anterior se suma que las relaciones entre el Estado y la Sociedad se han dado de manera perniciosa. El gran problema de la sociedad colombiana, además de devenir escindida, con altos niveles de ignorancia y una sempiterna incapacidad para identificar con rigor a sus verdugos, es que tanto élites como subalternos no tienen claro para qué sirve el Estado. Las primeras, exclusivamente lo han asumido como un orden político y represivo para su servicio, en consonancia con su empobrecida mirada del desarrollo y el bienestar colectivo. Al ser rentistas, se sientan a mirar los desastres de un Estado y de una Nación que caminan sin un proyecto de nación claro. Otros miembros de esas mismas élites, actúan como rémoras que se alimentan del erario. En cuanto a los subalternos, millones de estos siguen inclinándose ante sus verdugos y se resisten a leer las versiones y los hechos que desnudan éticamente a quienes los pusieron en ese indigno lugar.

Así entonces, el surgimiento de una nueva-vieja guerrilla se debe entender en el contexto de un Estado que no asumió la paz como proyecto unificador y primer paso para generar el Pacto Político del que se habla en el Acuerdo Final II y que el gobierno de Duque desconoció, siguiendo las instrucciones de Álvaro Uribe Vélez, su mentor y principal beneficiado de que la guerra continúe en Colombia. Finalmente, él “prefiere 80 veces a un guerrillero en armas que al sicariato moral difamando[3]; de igual manera, se debe asumir la reaparición de Márquez, Santrich, El Paisa y Romaña[4],  como parte de un escenario previsible en donde las disidencias son más que circunstancias normales en los procesos de paz adelantados en varias partes del mundo, sin desconocer la gravedad de lo anunciado y el premeditado efecto mediático con el que se pensó,  diseñó y se ejecutó el pronunciamiento-notificación del que hoy el país habla.

Lo segundo que hay que señalar del discurso de alias Iván Márquez es que de manera riesgosa pone de nuevo en la mira de los “tiras” (sicarios, asesinos) oficiales a los movimientos sociales y ambientales que parecían respirar y tomar un nuevo aire en Colombia, a pesar de los riesgos y del asesinato sistemático de lideresas y líderes sociales, defensores de los DDHH y del ambiente. Oponerse en armas al “fracking” y a toda obra o acción estatal o multinacional que afecte la biodiversidad y los ecosistemas naturales-históricos pone en riesgo la vida de los ambientalistas, los científicos y a las comunidades que de tiempo atrás vienen diciendo NO a las tenebrosas locomotoras del desarrollo (extractivismo puro). De inmediato, la derecha desarrollista y la inteligencia militar empezarán el proceso de estigmatización y conexión con la “Nueva Guerrilla”. Por esa vía, a la noción del viejo enemigo interno, se sumará la de enemigo interno ambiental, que al  resistirse  a ese específico desarrollo económico del país, será confrontado social, económica, política y militarmente por querer mantener al país en el “atraso”.

Lo tercero que debo indicar del impactante anuncio del entonces plenipotenciario de las Farc-Ep en La Habana es que se da en una coyuntura político-electoral que termina por beneficiar a los sectores guerreristas del país, que hoy están emparapetados en el partido de gobierno, el Centro Democrático (CD) y en la actual cúpula militar que, además de tropera, libra una lucha intestina dentro del Ejército para sacar a todos los oficiales “pro-paz” que entendieron y comprendieron los beneficios que trajo la firma del Acuerdo Final II y para ocultar las prácticas corruptas y dolosas que no parecen tener control efectivo,  interno y externo, en el manejo de los millonarios recursos que reciben las FF.AA. Llama la atención que en su discurso Márquez alude a esos oficiales y suboficiales que se oponen, desde la mística y el honor militares, a las oligarquías y a los grupos de corruptos que han capturado el Estado para su propio beneficio.

De nuevo se instala en el país la mirada dual entre guerra y paz en un escenario electoral. Las elecciones regionales que se avecinan, con este nuevo ingrediente, muy seguramente se adornarán con las lecturas moralizantes e ideologizantes que de lado y lado aparecen. Y así, lo más probable es que terminemos por  reeditar lo sucedido en el plebiscito del 2 de octubre de 2016. Y para ello ya la prensa oficialista y los periodistas pro establecimiento están sembrando el terror por lo anunciado por alias Iván Márquez.

El cuarto punto tiene que ver con los reclamos que hace Márquez al Estado en lo que se refiere a los incumplimientos de la palabra empeñada en La Habana y a los ajustes que sufrió el Acuerdo Final I y el II. Las 16 curules[5] que debían entregarse a las víctimas es un hecho claro de incumplimiento de lo pactado en Cuba. El Centro Democrático se opuso vehementemente a las circunscripciones especiales de paz.

Le cabe razón a alias Iván Márquez al señalar este y otros incumplimientos que el Estado en su conjunto ha hecho a lo acordado en el tratado de paz. Sin duda, el acuerdo de paz ha sido manoseado por el Congreso y a decir del exnegociador de La Habana, por la misma Corte Constitucional, tribunal que también retocó el texto original.

Y finalmente, como quinto punto,  solo queda rodear a los excombatientes que hoy siguen empeñados en respetar lo acordado. A los proyectos productivos emprendidos y a la misma cooperativa Ecomún hay que garantizarles larga vida. Esa es la única forma de evitar que el proceso de paz, en su etapa de implementación, no fracase. La comunidad internacional debe “presionar” diplomáticamente al gobierno de Duque con la intención de que se desmarque de las pretensiones y “sugerencias-órdenes” que muy seguramente le hace Uribe Vélez. Y en el ámbito interno, los empresarios que vienen de buena fe acompañando el proceso de implementación, deben redoblar esfuerzos para mantener y mejorar las condiciones de vida de los excombatientes.

Una reflexión final: cómo es de difícil  cumplir con la palabra empeñada. En este caso, el Estado, históricamente ha incumplido. Y a pesar de que sus reclamos son legítimos, alias Iván Márquez también lo está haciendo, pues él firmó el Acuerdo Final.

Adenda: sería importante que la dirigencia del partido Farc discuta el cambio de nombre. No basta con tomar distancia y desconocer la acción y decisión de Iván Márquez y la de los demás disidentes. Y lo digo por una razón: la prensa afecta al Régimen insistirá en confundir a la colectividad, con las “Farc-Ep”[6] que unos cuantos quieren refundar.

Adenda: sabrá lidiar Iván Márquez con los perfiles guerreristas y la “maldad” de los temidos alias El Paisa y alias Romaña?


Imagen tomada de pulzo.com







[2] Hablo de Nueva Guerrilla con la intención de no prestarme al juego mediático que ya habla de la refundación de las Farc o de las disidencias de las Farc, cuando existe un partido político con ese mismo nombre.
[3] Lo que más le molesta a Uribe es que hayan exguerrilleros, como Petro, que lo confronten políticamente y sean capaces desnuden sus andanzas, como las relaciones con los paramilitares que el senador de la Colombia Humana demostró en un debate en el Congreso.  Ya habrá tiempo para que le explique a la Corte Suprema de Justicia el asunto de la manipulación de testigos. Véase: https://germanayalaosoriolaotratribuna.blogspot.com/2019/08/por-fin.html
[4] Romaña y El Paisa son dos peones de la guerra. Son individuos con una débil estructura y formación política. Fungen más como sicarios, que como revolucionarios. Jamás entendieron qué es eso de hacer la revolución.








sábado, 24 de agosto de 2019

¿DE NUEVO EL SÌNDROME DE LA PROCURADURÌA?


Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

En el contexto de un conflicto armado que ya daba muestras de degradación en la forma en la que operaban y actuaban sus actores armados (legales e ilegales), el llamado “Síndrome de la Procuraduría”, entre los años 80 y principios de los 90, asustaba a los miembros del Ejército, fuerza que en mayor medida afrontaba los desafíos políticos y militares de las guerrillas.

Oficiales y suboficiales de la época se quejaban de la vigilancia de la Procuraduría General de la Nación, lo que no solo derivó en la consigna que da vida al título de esta columna, sino en un malestar generalizado en el Ejército cuando sus hombres debían enfrentar a las guerrillas. Quizás ese monitoreo del órgano de control terminó legitimando para muchos militares la connivencia que se generó desde los mismos años 80 y que se consolidaría años después con los grupos paramilitares o las AUC.

De esta manera recuerda el asunto el profesor López de la Roche: “Durante los años 80 y parte de los 90, siempre escuchamos la alusión por parte de los militares y sus voceros a lo que ellos denominaban por entonces “el síndrome de la Procuraduría”, la queja de que en virtud de los controles de esa institución sobre los militares, ellos tenían las manos maniatadas y no podían dar los resultados esperados en la lucha contra la insurgencia. En varias coyunturas críticas, siempre los hemos visto pedir “manos libres” y levantamiento de los controles institucionales básicos del Estado de Derecho[1].

No me interesa en esta columna entrar a discernir sobre si aquellos miedos al “síndrome de la Procuraduría” alentaron a muchos militares a dejar que el “trabajo sucio” lo adelantaran las fuerzas paramilitares. Pero me pregunto si los pliegos de cargos que según la revista Semana alista el jefe del Ministerio Público contra generales del Ejército podrían dar pie para pensar que estamos ante el resurgimiento de un “síndrome de la Procuraduría” de nuevo cuño, esta vez circunscrito a investigar la contratación y los actos de corrupción al interior de la fuerza; y a examinar directrices operativas que a pesar de estar situadas en la disminución de la intensidad de los enfrentamientos militares que produjo el desarme de las Farc-Ep, parecen pensadas y diseñadas para desconocer esa realidad político-militar y por esa vía retrasar el cambio misional que se espera hagan las fuerzas militares, en particular el Ejército, en consonancia con la paz que el Estado logró firmar con la guerrilla de las Farc, la más grande del país.

La situación que narra la revista Semana[2] da cuenta de una “cacería de brujas” al interior del Ejército, liderada por altos oficiales, de grado general, que al parecer seguían órdenes del comandante de la fuerza, Nicacio[3] de Jesús Martínez Espinel. La persecución interna buscaba develar los nombres de los oficiales que filtraron a la prensa las polémicas directrices emanadas por el general Martínez y que sirvieron para que tanto la revista Semana, el New York Times en su momento y recientemente el diario El País[4] de España, publicaran informes periodísticos que ponían al descubierto una línea comportamental éticamente cuestionable dentro de las filas castrenses.

Ahora bien, lo que se escuchó decir de un alto oficial y que registra Semana en su reciente informe no solo daría para el regreso del señalado síndrome, sino para el establecimiento de una vigilancia cercana por parte de la ONU, de HRW y de ONG nacionales defensoras de los derechos humanos. De extrema gravedad resulta escuchar de un alto oficial lo siguiente: “El Ejército de hablar inglés, de los protocolos, de los derechos humanos se acabó. Acá lo que toca es dar bajas. Y si nos toca aliarnos con los Pelusos nos vamos a aliar, ya hablamos con ellos, para darle al ELN. Si toca sicariar, sicariamos, y si el problema es de plata, pues plata hay para eso”. De acuerdo con los militares, presuntamente el comandante de la fuerza de tarea Vulcano, general Diego Villegas[5].

Si bien es importante saber el nombre del oficial que pronunció semejante discurso, resulta de mayor trascendencia develar si lo expresado por el militar es compartido por el general Martínez Espinel, por el comandante de las fuerzas militares, el ministro de la Defensa y el presidente Duque en su calidad de jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Una cosa es tener el convencimiento de la tarea de someter militarmente al ELN y a las disidencias de las Farc y otra muy distinta es aliarse con grupos al margen de la ley para golpear al Ejército de Liberación Nacional, grupo al que el propio Ejército le quitó el nombre de guerrilla, para llamarlo Grupo Armado Organizado (GAO) o terrorista.

Lo cierto es que lo expresado por el oficial deja en claro la profunda división que generó al interior de la fuerza el proceso de paz con las Farc. Y lo más preocupante es que con el regreso del uribismo al poder y con la línea tropera que lidera Nicacio Martínez muchos militares siguen luchando contra un “viejo enemigo interno” que a pesar de haber disminuido sus fuerzas por cuenta de la desmovilización de las Farc-Ep, para estos oficiales sigue siendo la mayor motivación para continuar dentro del Ejército, así haya que mantener la perversa orientación de extender ese principio que da vida al enemigo interno, a todos aquellos ciudadanos incómodos y críticos del Gobierno y en general del régimen de poder.

Si el presidente Duque no asume el control jurisdiccional del Ejército, esas luchas intestinas podrían derivar en acciones temerarias no solo en el campo militar, sino en el campo político. Se avecinan dos escenarios que bien podrían resultar afectados por aquellos militares que, dispuestos a todo, incluso a “sicariar”, terminen comprometidos en actos de sabotaje y auto atentados.

El primero, es el llamado a indagatoria al expresidente Uribe, quizás el más fuerte inspirador de esa línea tropera que hoy está de regreso. Un resultado judicialmente adverso a ese sector castrense que admira a Uribe podría prestarse para acciones temerarias que afectarían a la población civil y la relativa tranquilidad que se respira en el país, especialmente en las ciudades principales; y el segundo escenario es la contienda electoral para elegir concejales, diputados, alcaldes y gobernadores. Aquellos candidatos que insistan en jugársela por la paz y apoyen la implementación del Acuerdo Final II, podrían ser asumidos como “terroristas vestidos de civil o amigos de los terroristas”. Si hay riesgo de que el país regrese a los señalamientos que aupó la seguridad democrática, entonces démosle la bienvenida al “Síndrome de la Procuraduría”.

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