Nueva publicación

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Tres artículos: Medio ambiente y conflicto armado; Editoriales sobre el proceso de paz con las Farc; y Acción colectiva y asentamientos en Cali. Memorias, 2018.

Nueva Publicación: Investigación sobre dos asentamientos informales de la ciudad de Cali. 2018

Nueva Publicación: Investigación sobre dos asentamientos informales de la ciudad de Cali. 2018
2 asentamientos: Los Samanes del Cauca y Navarro, ubicados en el jarillón del río Cauca.

NUEVA PUBLICACIÓN. PERIODISMO Y DESPLAZAMIENTO FORZOSO EN COLOMBIA.

NUEVA PUBLICACIÓN. PERIODISMO Y DESPLAZAMIENTO FORZOSO EN COLOMBIA.
Resultado de un proceso investigativo, este libro en coautoría da cuenta del tratamiento periodístico dado por el Diario El País de Cali, a los hechos y circunstancias que hicieron posible el desplazamiento forzado en Colombia y la aparición de la categoría Desplazados. 2016

miércoles, 19 de diciembre de 2018

EL CASO ARIAS: ¿UN ASUNTO DE ESTADO?



Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

Resulta vergonzoso que el embajador de Colombia en los Estados Unidos, Francisco Santos  escriba una misiva a la División criminal del Departamento de Estado, abogando por la libertad del prófugo de la justicia colombiana, Andrés Felipe Arias Leyva.  Y es vergonzante porque el embajador buscó interceder por un ex ministro que desconoció el fallo condenatorio que en su contra profirió la Corte Suprema de Justicia por los delitos cometidos en el manejo de millonarios recursos de la política Agro Ingreso Seguro (AIS). Es decir, el Gobierno de Colombia  pide a las autoridades americanas que se ponga en libertad, así sea provisional y bajo fianza, a un ciudadano que se burló de la justicia nacional. Vaya qué paradoja.

La epístola de Santos, en nombre del Gobierno de Iván Duque Márquez, no solo deslegitima a la  Corte Suprema de Justicia, sino que debilita la institucionalidad judicial, al tiempo que manda un negativo mensaje a la sociedad colombiana y a las propias autoridades americanas: violar la ley en Colombia, resulta positivo. En particular, se defiende y se premia la comisión de  los delitos como los de contratar sin cumplir los requisitos de ley y el peculado por apropiación, tal y como se lee de la sentencia SP9225-2014 Radicación n° 37462 (Aprobado Acta No. 226)[1].

Así las cosas, el Gobierno de Duque Márquez valida y legitima lo hecho por Arias Leyva, al tiempo que invalida la sentencia de una alta Corte que encontró que Arias, como ministro de Agricultura, dio un manejo doloso a millonarios recursos económicos, que terminaron en los bolsillos de ciudadanos adinerados que habrían votado a favor de la reelección de Uribe Vélez y empresas que aportaron económicamente a la campaña reeleccionista.

Con la acción política del embajador, y con la anuencia del Presidente de la República, pareciera que se buscara elevar a un asunto de Estado el caso Arias. Si esa es la intención, estaríamos ante un craso error jurídico y político y la confirmación de que el ethos que guía al actual gobierno de Colombia es el mismo que guió al ex ministro Arias a tomar decisiones en el manejo de los recursos de Agro Ingreso Seguro. Esto es, un ethos mafioso, doloso, sucio, escabroso, fraudulento y tramposo.

Se esperaría una reacción por parte de la institucionalidad judicial colombiana ante la carta que envió el embajador de Colombia en Washington. Está el país ante una acción de gobierno que desconoce la separación de poderes y mancilla la autonomía y la autoridad moral y ética de los magistrados que finalmente condenaron al ex ministro Arias[2] a 17 años de prisión. De igual manera, con la misiva de Santos, se desechan los fallos que sobre el mismo procesado emitieron la Procuraduría General de la Nación, con Ordóñez Maldonado como Procurador, y la Contraloría General de la República, bajo la dirección de Sandra Morelli. Huelga recordar que el Ministerio Público le impuso una sanción de 15 años para ejercer cargos públicos y el ente de control fiscal, una sanción por más de 10.000 millones de pesos.

Resulta de extrema gravedad para el equilibrio de poderes y la consolidación de la institucionalidad estatal, que un Gobierno desconozca un fallo judicial, por defender a un ex funcionario del gobierno de Uribe Vélez (2002-2010). Y peor aún, que ese mismo gobierno quiera elevar al estatus de asunto de Estado, el caso de un ciudadano que violó la ley y que se fugó de la justicia. Por eso me pregunto: ¿Es el caso Arias, un asunto de Estado?







lunes, 17 de diciembre de 2018

CON UN TUFILLO DE VENGANZA


Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

Nos preocupamos por la manera como informan los medios, cuando lo que debemos hacer es enseñar a las audiencias a consumir la información

El regreso del ethos mafioso, pernicioso e insano[1] viene con un aderezo: la intención de ponerle  una mordaza al periodismo[2] y al ejercicio de opinar a través del proyecto de ley 234 de 2018, por medio de la cual se reconoce la profesión de comunicación social – periodista y organizacional, se crea el Consejo Profesional del Comunicador Social- periodistas y organizacional y se dictan otras disposiciones[3].

El ponente es Mauricio Aguilar Hurtado, hijo del ex coronel Hugo Aguilar, condenado por parapolítica e investigado por enriquecimiento ilícito[4]. No extraña que el origen de esta ley de control al periodismo y a las  libertades de expresión y de prensa esté asociado a quien muy seguramente tiene motivos personales (familiares) para querer ponerle controles ideológicos y políticos al ejercicio del periodismo y al derecho de opinar en redes sociales, en medios alternativos y en la propia prensa tradicional.

Debe sentirse ‘víctima’ del periodismo el senador Aguilar por el registro de hechos delictivos asociados a la vida política de su padre y por las conexiones que periodísticamente se hacen cuando  hay lazos familiares de por medio, como en su caso, con una figura pública, como su padre; igualmente y de forma particular, el joven Senador debe sentirse ‘víctima’ del columnista Daniel Coronell[5] quien en varias ocasiones ha hecho referencia a su  padre, por asuntos que tienen que ver con la parapolítica y por la tenencia de lujosos autos, entre otros asuntos.

Por lo anterior,  se trata de un proyecto de ley que tiene un tufillo de venganza contra quienes se han atrevido a cuestionar las actividades privadas y públicas de su progenitor, condenado por parapolítica, el ex coronel de la Policía Nacional, Hugo Aguilar. Y claro está, para aquellos columnistas y periodistas que en adelante insistan en informar y opinar, estableciendo conexiones familiares y políticas con quienes tienen antecedentes penales y han hecho parte del Estado. Esta ley, aunque ya muchos no le auguran futuro legislativo alguno, claramente beneficiaría a otros congresistas cuyos familiares están vinculados con procesos penales, fiscales y disciplinarios, asociados  a casos de corrupción política y relaciones políticas y electorales con grupos paramilitares.

En relación con el futuro legislativo de dicha propuesta de ley,  el abogado e historiador, Armando López Upegui, señala que  …el hecho de que para poder expedir una norma como esta, tendría que adelantarse una reforma constitucional que modificase el art. 20 superior o bien, en segundo lugar, dado que se trata de derechos fundamentales previstos y garantizados por la Carta, el artículo 152 exige que la regulación de esos “Derechos y deberes fundamentales de las personas”, sean objeto de una ley estatutaria. O dicho de manera más coloquial: para tocar el artículo 20 de la Carta y sus alcances e implicaciones, es necesario expedir una ley estatutaria de derechos fundamentales o, si se quiere ahondar más, aprobar un acto legislativo de reforma constitucional. Y el proyecto de Ley 234 de 2018, ni es proyecto de acto legislativo, reformatorio de la Carta, ni es un proyecto de ley estatutaria. En consecuencia, carece de futuro[6].
Que el senador Mauricio Aguilar proponga legislar para limitar el ejercicio del periodismo y el de  la opinión en Colombia, obedece de manera clara a una acción jurídico-política que exhibe un carácter vindicativo que lo compromete ética y políticamente. A todas luces, el proyecto de ley resulta inconveniente para la débil democracia colombiana, que en términos de pluralidad informativa, deviene igualmente enclenque por la acción informativa[7] de canales privados como RCN[8] y Caracol, que claramente están al servicio del Establecimiento.  

Así entonces, en nombre del Régimen, Mauricio Aguilar quiere ponerle freno a las libertades de prensa y expresión y por ese camino, empobrecer aún más el ejercicio periodístico en un país en el que hay medios masivos de comunicación al servicio de un Establecimiento dominado por millonarios empresarios, cuestionados recientemente por lo que se conoce como el caso Odebrecht.

El solo hecho de que el proyecto de ley señale que se creará el “Consejo Profesional del Comunicador Social- periodistas y organizacional”, abre la posibilidad para que sea  ese ente el que determine quién puede ejercer el periodismo,  quién puede o no escribir y opinar en un medio y al final, qué se considera conveniente o no para ser publicado. De aprobarse dicha ley, Colombia empezará a recorrer los caminos de la censura oficial y de esa manera se irá acercando a regímenes oprobiosos como los que funcionan aún en Venezuela y Nicaragua.

De manera concomitante a la discusión de esta iniciativa del senador Aguilar, avanza en el Congreso la discusión del proyecto de ley TIC (“Modernización de las TIC”), con el que se busca golpear a la televisión pública y por ese camino, beneficiar a la televisión privada. Se trata, entre otros asuntos, de evitar que los canales privados Caracol y RCN, paguen millones de pesos al Estado por el uso del espectro electromagnético. Es decir, estamos ante una andanada de propuestas legislativas de corte dictatorial que solo buscan aumentar el cerramiento democrático en el marco de un débil Estado Social de Derecho en el que sobresalen la pobreza cultural de las élites, el bajo capital social de millones de colombianos y la naturalización de un ethos mafioso.

Y es claro que ambos proyectos de ley buscan golpear y sacar de circulación al único informativo que de tiempo atrás se ha enfrentado a poderosos políticos comprometidos con el paramilitarismo y con actos de corrupción política. Hablo de Noticias Uno[9]. Este medio es el único que ha logrado incomodar a las élites de un Régimen corrupto y mafioso como el que opera en Colombia hace ya más de 150 años.






Imagen tomada de la sillavacia.com



martes, 11 de diciembre de 2018

Duque y el regreso de un ethos pernicioso, insano y mafioso


Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

No se puede negar que la llegada de Iván Duque Márquez[1] a la Casa de Nariño representó el regreso de lo que se conoce como el “Uribismo”[2], que no es más que la consolidación de un ethos que de tiempo atrás se caracteriza por volver porosos los límites o las fronteras entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo legítimo y lo ilegítimo, entre lo legal y lo ilegal. Y es claro que el país, desde 2002, enfrenta y asiste a la entronización e internalización de un ethos mafioso[3] que tiene en la captura del Estado a su mayor logro político, económico y social, circunstancia que hace prácticamente inmodificable las correlaciones de fuerza al interior de un Régimen de poder que promueve prácticas dolosas, criminales y el cerramiento democrático que para el caso de Colombia deviene histórico y que al parecer es perenne. El propio Álvaro Gómez Hurtado lo calificó como un “entramado de complicidades”.

Estos primeros meses de la administración de Iván Duque Márquez han servido no solo para corroborar que la dirección del Gobierno no pasa por las decisiones autónomas del Presidente de la República, sino para confirmar que  obedecen a directrices y a la línea comportamental, en lo social y en lo político, que se dictan desde las huestes del Centro Democrático (CD), con la anuencia de sectores del partido Liberal, y del conjunto del partido Conservador y del movimiento Cambio Radical, cuyo líder natural es Germán Vargas Lleras[4]. Y por supuesto que la figura del ex presidente Álvaro Uribe Vélez emerge como una suerte de sombra que no solo dio cobijo electoral, político y ético a la campaña Duque Presidente, sino que funge como faro (in) moral[5] para sectores del Establecimiento que se sienten legitimados por el combativo  político antioqueño que, a pesar del crecimiento exponencial de su imagen desfavorable, sigue siendo para periodistas afectos al Régimen[6],  y para un grupo importante de políticos profesionales, militares y empresarios, un líder y una figura pública que los representa, por lo menos, políticamente.

Las representaciones sociales que unos y otros se hacen de Uribe Vélez oscilan entre miedos fundados por sus denunciadas relaciones con grupos paramilitares, o en palabras del entonces Presidente, Juan Manuel Santos Calderón, por ser un “rufián de esquina[7]; de igual manera, los ejercicios representacionales se soportan en la complacencia político-cultural con quien supo hacerse con el Estado para sacar adelante su proyecto político y, por supuesto, la ciega admiración hacia un belicoso político “capaz de hacerse moler por Colombia y de dar en la cara marica…”

Volvamos al tema de Duque. Varios ejemplos dan cuenta del desgobierno y de la falta de dirección d este gobierno.  El primero, el proceso de elección del nuevo director del Centro de Memoria Histórica (CMH), convertido en una suerte de sainete provocador de la opinión pública, porque desde el Gobierno se han propuesto varios candidatos cuestionados por su perfil profesional, sus sesgadas posturas frente a la concepción del Conflicto Armado Interno y en particular, porque descalifican ideológicamente los informes y los trabajos académicos e históricos publicados por el equipo de trabajo del CMH. El último episodio terminó por exponer el desprecio que por la ética siente el Presidente Duque, al decretar la elección como nuevo director al politólogo Vicente Torrijos, quien horas antes había sido despedido de la Universidad del Rosario por asuntos disciplinarios que tocaban, entre otros asuntos, a inexactitudes en su hoja de vida, alrededor de un título de doctorado que el profesor Torrijos ostentaba en su hoja de vida, pero que no contaba con respaldo alguno en lo que concierne a la terminación satisfactoria de la tesis de grado, su aprobación y el recibimiento del título de PhD. Ante el rechazo en redes sociales y en general por otros sectores de la opinión, por su nombramiento, Torrijos declinó a la designación presidencial, dejando una vez más una sensación negativa en el manejo de asuntos públicos, en particular, de aquellos que tienen que ver con el proceso de implementación del Acuerdo Final[8]. Y al final, con su designación por parte del Gobierno de Duque, con la elección de Torrijos se concluye que se puede mentir y engañar en el ámbito de lo privado, que en lo público esas prácticas son bienvenidas, aplaudidas y recompensadas con cargos en el Estado.

El segundo ejemplo tiene que ver con el manejo dado al debate de control político que la Oposición le hiciera al Ministro Carrasquilla, por lo que se conoce como los “Bonos de agua”. La negación por parte del presidente del senado, Ernesto Macías[9] para que el debate se diera, es una clara muestra del talante poco democrático que ronda a funcionarios cercanos o militantes del Centro Democrático, micro empresa electoral cuyo propietario es Álvaro Uribe Vélez. Está el país ante un talante anti democrático que recuerda los tiempos de la aplicación de la Política de Seguridad Democrática (2002-2010), puesta al servicio para perseguir opositores, detractores, pensadores independientes, profesores, intelectuales y líderes de comunidades afros, campesinas e indígenas adversas o críticas del Estado y del gobierno del entonces gobierno de Uribe.

El tercer ejemplo tiene que ver con el manejo dado al debate que la Oposición, en cabeza de Gustavo Petro y Jorge Enrique Robledo, hiciera al Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, por los hechos de corrupción que involucran a la multinacional Odebrecht, al Grupo AVAL y al propio Martínez Neira en su calidad de abogado, ciudadano y Fiscal General. En dicho escenario de debate, se negaron los derechos a las réplicas a los citantes, y se otorgó más tiempo al citado Fiscal General, para que ejerciera su defensa.

Y el cuarto ejemplo se explicita con la presentación de la terna para que la Corte Suprema de Justicia escoja un fiscal ad hoc, para investigar por lo menos tres procesos que se adelantan en la Fiscalía General que dan cuenta de los hechos de corrupción en la construcción de la Ruta del Sol II. Claramente, la terna presentada por el presidente Duque es de corte uribista. Al ser devuelta la primera terna, por la renuncia de una de los ternados, el gobierno insiste en mantener a dos de los seleccionados. El tercer ternado es de las entrañas del uribismo.

Los medios y las sensaciones

El titular de la revista Semana con el que se pregunta si es hora de que Duque dé un timonazo[10], está articulado a las negativas percepciones que se vienen construyendo desde el exterior, en torno a la capacidad del actual Presidente de la República y la sensación de ingobernabilidad que se respira. Percepciones que también circulan al interior del país. La gran cadena norteamericana calificó al gobierno de Duque como el más impopular[11]. A esta imagen se suma la sensación de desgobierno o lo que es peor, la idea de que quien realmente maneja los asuntos del Estado es el ex presidente Uribe, a quien el propio Duque, calificó como “el presidente eterno”.

Pero más allá de lo que registren los medios, da la sensación de que el gobierno de Duque no tiene una agenda definida. Recordemos que Uribe se la jugó por espacio de 8 años por la guerra contra las Farc. No logró acabar militarmente con esa guerrilla, pero aportó al desplazamiento forzado y a la generación de más y más víctimas, incluyendo los hijos de las madres de Soacha y de otras regiones, víctimas de lo que se conoce como los “Falsos Positivos”. Por el contrario, Juan Manuel Santos se interesó por desarmar a las Farc y lo logró. La pregunta que salta es: ¿cuál es la prioridad o la apuesta de Duque? De lo que va corrido de su gobierno, se conocen ideas de política pública como “el que la hace la paga”, que tiene un talante policivo; y la intención de perseguir a jíbaros y a consumidores de droga, que lo único que ha logrado es criminalizar el consumo de la dosis mínima amparada por la ley.

Duque Márquez parece estar jugando a ser un “gobierno de transición”. Lo que no se sabe a ciencia cierta es hacia dónde llevará al país esa transición, porque se desconoce el punto de partida. Por ese camino, y ante el creciente malestar social, a juzgar por las marchas de los estudiantes y de otros sectores, y la fuerte sensación de ingobernabilidad de cara a las elecciones regionales de 2019, el propio uribismo puede estar pensando en un inconveniente escenario: convocar a una Asamblea Nacional Constituyente[12].

Entre tanto, la figura del presidente Duque genera todo tipo de interpretaciones y opiniones. El escritor Gustavo Álvarez Gardeazábal lo califica como un “niño”[13]. Entre tanto, su habilidad para el canto, y su admiración por Maluma, no solo genera burlas, sino que promueve la farandulización de la política[14] y por ese camino, la imagen del Presidente se desfigura y se banaliza y de manera concomitante, Duque se torna pusilánime.

Lo único claro en estos momentos en Colombia es que el llamado “uribismo” regresó. Lo que no saben los colombianos es hacia dónde nos llevará el ethos pernicioso, insano y mafioso que millones colombianos lograron naturalizar.


Imagen tomada de Semana.com



martes, 4 de diciembre de 2018

FAJOS DE DOBLE MORAL


Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

Enfrentarse al Establecimiento es, quizás, el ejercicio y el reto político más difícil  y riesgoso que puede asumir un ciudadano, un grupo de personas, e incluso, los dirigentes de las organizaciones subversivas que en su momento hicieron dejación de armas y firmaron con el Estado colombiano los armisticios que les permitieron reintegrarse a la sociedad. Estos mismos, han sentido y sienten aún, el desprecio por sus vidas por parte de agentes claves y poderosos del Establecimiento por el hecho de haberlos enfrentado política y militarmente o por desconocer su autoridad.

Esto lo sabe muy bien Gustavo Francisco Petro Urrego, quien no solo se levantó en armas contra el Régimen a través de las acciones armadas  ejecutadas por el M-19, en el marco del conflicto armado interno, sino que una vez desmovilizado y reincorporado a la vida civil, continuó confrontando, desde su rol de Congresista, los cimientos morales de un Establecimiento que se asume así mismo como legítimo y moralmente superior al pueblo colombiano.

Los debates que al interior del Congreso lideró Petro han sido memorables. Confrontó en su momento a uno de los más aguerridos defensores del Régimen: Álvaro Uribe Vélez. Y lo hizo por el tema de la penetración paramilitar en el DAS y en otras organizaciones estatales. Y por supuesto, por el apoyo, que según numerosas fuentes,  Uribe recibió de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) para llegar a la Casa de Nariño.

Recientemente, el ex alcalde de Bogotá, en la misma corporación legislativa, confrontó al Fiscal General de la Nación, señalado por el también senador Jorge Enrique Robledo y por el periodista Gonzalo Guillén, entre otros más, de ser el “fiscal de bolsillo” del banquero Luis Carlos Sarmiento Angulo. En esta ocasión, Petro enfiló baterías contra Néstor Humberto Martínez Neira (NHMN[1]), por haber guardado silencio, en su calidad de abogado y ciudadano, ante los actos y hechos de corrupción que conoció del entonces auditor, Jorge Enrique Pizano (QEPD) y que involucran a la multinacional Odebrecht y a filiales del Grupo Aval, a las que Martínez sirvió en su calidad de abogado.

Es decir, Petro se viene consolidando como un incómodo outsider[2], hecho que no solo lo ubica como un fuerte detractor y crítico de aquellos agentes de poder que de disímiles maneras han coadyuvado a la construcción de un Régimen mafioso y corrupto, tal y como lo vienen denunciando Petro, Robledo y Guillén, entre otros muchos más, sino que hace posible que los sectores más oscuros y tenebrosos del propio Establecimiento, lo hayan declarado como objetivo militar y moral.

Al  jugar el rol de faro moral, en una sociedad moralmente confundida, Petro Urrego se convirtió en un indeseable ciudadano y político, y una piedra en el zapato para el Régimen de poder. Por el  solo hecho de haber hecho juicios morales a connotadas figuras del Establecimiento, Petro desató  las más airadas reacciones. Pues bien, la publicación del video en el que aparece Gustavo Petro recibiendo 20 millones de pesos de manos de Juan Carlos Montes, explica con claridad la molestia que al interior del Establecimiento subsiste en torno al ex alcalde de la capital del país por haberse atrevido a confrontar al banquero Sarmiento Angulo por los actos de corrupción que enredan, por lo menos éticamente, a filiales del Grupo AVAL y al abogado Néstor Humberto Martínez Neira.

A la persecución fiscal que ya sufre Petro Urrego por cuenta de las sanciones monetarias impuestas por el Contralor Distrital, se suma la acción político-mediática emprendida por el Centro Democrático y asumida sin mayor discusión por la prensa afecta al Régimen, de anular moralmente al combativo senador. De esta manera, se intenta desviar la atención del país y muy seguramente de las autoridades norteamericanas, del foco que Petro, Robledo y Guillén, entre otros, encendieron para mostrar el “conjunto de complicidades”, como diría Gómez Hurtado, que se han tejido para tratar de ocultar uno de los escándalos de corrupción más grandes destapados recientemente en el país: Odebrecht y filiales del Grupo Aval en la construcción de tramos de la Ruta del Sol II.

Con la publicación del video, ahora Petro sufre las consecuencias de un juicio moralmente mediatizado, cuyas derivaciones políticas aún no se pueden calcular y mucho menos medir. Es probable que judicialmente no haya lugar a la imputación de cargos, por cuanto el dinero recibido no tendría un origen dudoso y por el tiempo en el que se habría dado el encuentro con el señor Montes.

El editorial de El Espectador es claro al señalar lo que hay detrás de la presentación pública del señalado video: “La senadora por el Centro Democrático Paloma Valencia aprovechó el debate de Odebrecht para atacar al senador Gustavo Petro con la revelación de un video sin audio, en el cual el excandidato presidencial recibe fajos de dinero. Desde ese momento, varios líderes dentro de la derecha política han dicho que se trata de una evidencia irrefutable de corrupción, que seguro es dinero relacionado con Venezuela, o con Odebrecht, o con narcotraficantes. Esas acusaciones son temerarias e irresponsables. Tiene la razón el senador Petro al afirmar que “ninguna de las circunstancias en que se presenta el audio habla de cualquier tipo de actividad ilícita de ningún tipo, ni sobornos ni dineros ocultos, ni nada por el estilo”. No hay motivos, con la información disponible, para creer que se cometió un delito. Eso no significa que el asunto quede saldado ahí. ¿Retira este hecho el foco sobre Odebrecht y los señalamientos al fiscal general? Por supuesto que no. Pero que se trate de una táctica de distracción no puede leerse como una carta blanca para asumir que no ocurrió nada. Necesitamos respuestas”.[3]
Ahora bien, no se puede desconocer que el video golpea la imagen que Petro mismo se había auto construido como faro moral, en el contexto de una clase política torcida, mafiosa y corrupta. Sin duda, es un golpe durísimo a la confianza que como político y posible presidente del país generaba en jóvenes y mayores cansados de la sempiterna corrupción que carcome moralmente a las institucionalidades privada y estatal. Eso sí, las explicaciones dadas por el ex alcalde de Bogotá deben recibirse como parte de su derecho a la presunción de inocencia y por supuesto, en el derecho que le asiste a defenderse de la condena mediática que hoy sufre.

El ensañamiento mediático en la figura que el video proyecta de Petro Urrego no puede servir para ocultar lo ocurrido en la relación Odebrecht-Fiscal-Grupo AVAL y mucho menos para dejar de señalar la naturalizada práctica social y política de que  particulares financien onerosas campañas políticas. Medios escritos como la revista Semana y espacios radiales como Blu Radio, elevaron al estatus de suceso del año el contenido del video. Incluso, la revista hebdomadaria le dio portada y habló de “El Petrovideo”. Sin duda, una exageración periodística que terminó haciéndole el juego a esa parte del Establecimiento que está buscando a toda costa sacar del camino de la política al incómodo congresista. Por más de ocho días, la radio y la prensa abordaron el tema del video, dejando de lado el análisis y las exigencias de mayores y mejores explicaciones al Fiscal por lo denunciado en el debate y por las graves señales que mandó el propio Néstor Humberto Martínez cuando asistió al Congreso para enfrentar a sus citantes contradictores. Por ejemplo, que el Fiscal General usó su poder para obtener información privilegiada y con esta intimidar a Robledo y al propio Petro. Incluso, dio a entender que supo de una reunión que al parecer sostuvieron Petro y Luis Fernando Andrade, uno de los eslabones en la cadena de irregularidades en el caso Odebrecht.

Lo que hay de fondo es un ethos que pone de presente una realidad inocultable: el poder económico, es decir, el que tiene dinero, es quien realmente termina eligiendo presidentes, congresistas, diputados y concejales. Y a eso se ven abocados todos aquellos que desean llegar a un cargo público de elección popular.

Ayer fueron los Rodríguez Orejuela entregando tulas con millones de dólares para la campaña Samper Presidente; por los tiempos del proceso 8.000, el entonces Contralor General de la Nación, Becerra Barney[4] fue procesado por enriquecimiento ilícito por recibir dineros de emisarios del Cartel de Cali; también, señalar que el propio Álvaro Uribe Vélez reconoció que su campaña presidencial recibió aportes de Enilce López, conocida como alias La Gata[5]. Con estos pocos casos de corrupción política no se quiere salvar a Gustavo Petro de cualquier responsabilidad que las autoridades señalen y demuestren que efectivamente se cometió un delito. Por el contrario, lo que se quiere poner de presente es que en unos y otros, hay visos claros de un ethos mafioso y de relaciones con grupos paramilitares[6] que no se compadecen con el caso que hoy tiene en la mira al senador de la Colombia Humana, gracias a la prensa afecta al Régimen de poder.  

Para el caso de Petro aún no se prueba que el origen de los 20 millones esté anclado a un grupo criminal en particular o a una práctica de lavado de activos. Lo que el video prueba, insisto, es que todos los políticos colombianos, en algún momento de sus vidas y aspiraciones, se han visto tentados -y obligados- a recibir apoyos económicos en efectivo, asunto que involucra tanto a la fuente, como al receptor de los recursos. Parece que espanta más a los periodistas incorporados y a sectores de la opinión el que circulen 20 millones de pesos, con destino a una campaña política, que 50 millones de dólares, con el claro objetivo de comprar favores políticos para la ejecución de una obra civil de gran envergadura.

Ahora bien, por cuenta del linchamiento mediático a Petro, el país no puede poner en la misma balanza moral el recibimiento de 20 millones de pesos para una campaña, y los 50 millones de dólares que es el monto de la cifra por pago de coimas por parte de Odebrecht a políticos e intermediarios en la construcción de tramos de la Ruta del Sol II.

En una sociedad moralmente confundida como la colombiana, las conductas amorales o inmorales  suelen venir en fajos diferenciados de acuerdo con el valor económico y con la identidad de los involucrados. Petro jugó a convertirse en un faro moral, y quizás olvidó que para llegar a cualquier cargo público, hay que ceder y hacer todo tipo de transacciones. Él las hizo en el momento histórico que acompaña la grabación del video; y además,  permitió que lo grabaran. 

Ahora bien, chuzado o no por el antiguo DAS, lo cierto es que quien guardó la prueba audiovisual por tantos años y la filtró al Centro Democrático, sabía de antemano que podría contar con medios[7] como Semana y Blu Radio, entre otros más, para enlodar la imagen del outsider que tanto dolor de cabeza viene produciendo de tiempo atrás al Establecimiento.

Imagen tomada de Semana.com 



sábado, 1 de diciembre de 2018

SOBRE EL DOCUMENTAL LA NEGOCIACIÒN


Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

Después de ver el documental La Negociación, de Margarita Martínez, estas son mis impresiones:

Se trata de un valioso documento histórico que registra, en seis momentos, lo que aconteció durante los diálogos de paz de La Habana, celebrados entre el Gobierno de Santos y la guerrilla de las Farc. Sin mayores pretensiones estéticas y narrativas, la documentalista registra encuentros, con visos de crónica, de las dos delegaciones; entrevista a algunos de sus voceros, e intenta en seis partes o capítulos mostrar lo acontecido antes, durante y después de la negociación, incluyendo en esos registros, rápidos y correctos políticamente, lo que significó para el país el triunfo del NO en el plebiscito del 2 de octubre de 2016. Al final, recoge la pregunta que millones de colombianos se hacen: ¿se está incubando un nuevo escenario de guerra o de nuevos conflictos o estamos en el camino de consolidar la paz estable y duradera que soñaron en La Habana los plenipotenciarios del Gobierno y de las Farc?

Queda la sensación de que la directora del documental buscó registrar algunos sucesos y momentos del proceso de paz que más llamaron su atención, olvidando establecer conexiones y exponer antecedentes entre temas y asuntos presentados de manera deshilvanada; y, sobre todo, tomarle el pulso al “clima de las discusiones” a su juicio más importantes de la negociación política.  Quizás por esta última pretensión, no se advierte un hilo conductor, una idea que a manera de “tesis” pudiera dar cuenta del pensamiento o la postura de la documentalista. Pareciera que dejara en los públicos la tarea de armar el rompecabezas de imágenes, hechos, protagonistas, opiniones, percepciones y momentos que la cámara registró, bajo una exagerada intención de mostrarse “objetiva” frente a una situación, comunicativa, política e histórica, que exigía y exige la toma de partido, o la expresión clara de una postura crítica que debe recaer, inexorablemente, sobre los combatientes, sobre el Estado, la sociedad civil y el pueblo colombiano en general.

Sin embargo, hay dos temas cumbres del documental que lo convierten en un importante documento histórico para la comprensión panorámica de un proceso de paz que aún no termina y que está en riesgo, por cuenta del Centro Democrático[1]: el de las víctimas y el del modelo de justicia acordado en la mesa de diálogos. Sobre el primero, esperaba que Margarita Martínez le diera un mayor protagonismo, visual y político a las mujeres y hombres víctimas de los actores armados, legales e ilegales. Pero no. 

Por su condición de mujer, esperaba que asumiera el registro de las voces de las mujeres víctimas de las Farc y de las fuerzas estatales con la clara intención de develar la degradación moral en la que cayeron los combatientes de todos los bandos. Martínez asumió el papel de hacer, lo más aséptico posible, un registro de los diálogos de paz, con miras a que el documento final sirviera como prueba de que ella y su equipo fueron testigos privilegiados de un hecho histórico: haber desarmado a las Farc y por ese camino, haber logrado parar la generación de màs víctimas, en particular, las que se venían registrando en el Hospital Militar Central de Bogotá. Allí, claramente, Martínez mostró su cercanía al Establecimiento, circunstancia que hace posible que el documental logre una mejor conexión y opinión con y de quienes insisten en hablar de Héroes[2] de la Patria.

Frente al tópico del modelo de justicia, la documentalista logra dar cuenta de la enorme dificultad que afrontaron las delegaciones y el proceso de paz, para llegar, con la ayuda de abogados y constitucionalistas, a un acuerdo que no solo dejara satisfechos y tranquilos a los miembros de la guerrilla, sino al gobierno mismo y por supuesto, a la Corte Penal Internacional, a la ONU y a los países garantes, en particular, al gobierno de Noruega.  A partir de las entrevistas que les hiciera a Diego Martínez (Farc) y a Manuel José Cepeda (Gobierno), la documentalista logra que el público entienda el sentido de un modelo de justicia restaurativa y la urgente necesidad de dejar atrás el carácter vindicativo del derecho penal. En esta parte del documental, la directora acierta en el tratamiento del complejo entramado jurídico.

Y frente a las apariciones de Uribe en el documental, Margarita Martínez minimiza el papel que jugó Uribe[3] durante y después de la negociación de La Habana, reduciéndolo, narrativamente hablando, a reacciones de un rabioso político que supo convertirse en el enemigo número 1 no solo de las negociaciones, sino de la construcción de la paz en el país. Las intervenciones de Uribe ameritaban un mejor tratamiento, en el sentido de un mayor análisis en el que se denunciara su interés en hacer fracasar el proceso de paz, en particular en el tema de tierras, al que la documentalista no hizo referencia.

Ahora bien, en una lectura rápida, claramente Uribe Vélez y Fernando Londoño[4] Hoyos quedan graduados como enemigos de la paz en Colombia. Así entonces, la molestia del ex presidente tiene sentido por el registro cronológico que la documentalista hace de las opiniones e intervenciones que el latifundista y ganadero hizo durante el proceso de paz y después de la firma del fin del conflicto y, en particular, su invitación clara para que sus àulicos votaran NO en el plebiscito del 2 de octubre. Asì que la molestia del senador Uribe no debe ser con la documentalista, si no consigo mismo, eso sì, siempre y cuando, en un escenario poco probable, decida revisar sus actuaciones y el papel que jugó durante las negociaciones de paz. 





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