Nueva publicación

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Tres artículos: Medio ambiente y conflicto armado; Editoriales sobre el proceso de paz con las Farc; y Acción colectiva y asentamientos en Cali. Memorias, 2018.

Nueva Publicación: Investigación sobre dos asentamientos informales de la ciudad de Cali. 2018

Nueva Publicación: Investigación sobre dos asentamientos informales de la ciudad de Cali. 2018
2 asentamientos: Los Samanes del Cauca y Navarro, ubicados en el jarillón del río Cauca.

NUEVA PUBLICACIÓN. PERIODISMO Y DESPLAZAMIENTO FORZOSO EN COLOMBIA.

NUEVA PUBLICACIÓN. PERIODISMO Y DESPLAZAMIENTO FORZOSO EN COLOMBIA.
Resultado de un proceso investigativo, este libro en coautoría da cuenta del tratamiento periodístico dado por el Diario El País de Cali, a los hechos y circunstancias que hicieron posible el desplazamiento forzado en Colombia y la aparición de la categoría Desplazados. 2016

lunes, 26 de noviembre de 2018

PETRO: EL INCÓMODO 'OUTSIDER'


Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

Las  billonarias sanciones fiscales impuestas por la Contraloría Distrital de Bogotá, en cabeza de Juan Carlos Granados[1],  contra el ex alcalde Gustavo Petro Urrego, expresan con claridad el miedo que tiene una parte sustantiva del Régimen  frente a la posibilidad de que aquel pueda, con su liderazgo y con el movimiento político de la Colombia Humana, alzarse con victorias regionales en las elecciones de 2019. Y por supuesto, que en 2022 pueda llegar a la Casa de Nariño en la condición de Presidente de la República.

Petro es un outsider de la política y esa condición lo hace ser aún más incómodo para el Régimen de poder. Al venir de la lucha armada, Gustavo Francisco Petro Urrego[2] carga sobre sus hombros la pesada carga moral de haberse levantado en armas contra una Establecimiento que se ve a sí mismo como legítimo y moralmente superior a sus críticos y detractores.

Otra circunstancia que el Régimen no le perdona al ex alcalde de Bogotá es, además de su probada inteligencia y sus capacidades de oratoria y convocatoria popular, el haberse atrevido a tocar los intereses de particulares en el lucrativo negocio de las basuras, cuando decidió competir, como Estado[3] distrital, en la recolección de las basuras en la capital del país. Esa acción, a todas luces temeraria, abrió el camino para que el entonces Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez[4] Maldonado, eximio representante del Establecimiento y de la godarria bogotana, lo sancionara. Allí empezó a fraguarse el fino proyecto político que hoy exhibe la derecha y la ultraderecha colombiana de sacar de la lucha electoral y política a Gustavo Francisco Petro Urrego. Huelga recordar lo acontecido en torno a las medidas cautelares otorgadas en su momento por el CIDH[5] y la orden de restituirlo en su cargo de Alcalde Mayor de Bogotá, ante lo dispuesto[6] por el lefebvrista, Ordóñez Maldonado[7].  

Pero antes de las decisiones adoptadas como Alcalde Mayor de Bogotá, Petro ya era un sujeto político incómodo para el Régimen, por haber develado la penetración paramilitar en el Estado y por esa vía confrontar a Uribe Vélez, quien es, de tiempo atrás, el agente de poder que se “auto designó” para asumir como propio el desprestigio moral de un Establecimiento que supo usar la figura carismática (mediáticamente[8] construida) del hoy senador del Centro Democrático (CD) para probar hasta dónde el  Régimen era capaz de estirar sus propios límites éticos y morales en el periodo presidencial de 2002-2010. Y quedó claro, después de esos aciagos años, que los más sobresalientes y poderosos agentes de poder del Régimen borraron[9] todos los límites entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo legal y lo ilegal, entre lo legítimo y lo ilegítimo. Se suma a lo anterior, los recientes debates en los que participó Petro, al interior del Congreso, en las comprometedoras, turbias, sinuosas, liosas y dolosas relaciones entre sectores de la clase política, empresarial (empresas del grupo AVAL) y el Fiscal General de la Nación[10] con la multinacional Odebrecht, en el marco del pago de millonarias coimas y de contratos ficticios en la construcción de la Ruta del Sol II.

Dos tesis

En el caso de las sanciones fiscales contra Petro Urrego confluyen todo tipo de interpretaciones jurídico-políticas que comprometen el juicio jurídico, el interés político y las lecturas ideologizadas de los magistrados de la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y el Tribunal Superior de Cundinamarca que insisten en la tesis que indica que por sanciones de tipo fiscal no debió haberse permitido que Gustavo Petro se posesionara como Congresista y de cara al futuro, no pueda aspirar a ser Presidente de la República, hasta tanto no cancele el monto de la sanción fiscal.

Esta tesis claramente va en contravía de la defendida por otros magistrados de las mismas corporaciones y del Tribunal Superior de Cundinamarca, en el sentido en que sanciones de tipo fiscal no pueden ponerse por encima de los derechos políticos de ningún ciudadano que busque acceder a un cargo público de elección popular. Esta tesis hace que lo señalado por la CIDH y que va en el mismo sentido, se torne vinculante para el Estado y para las decisiones que en dicha materia deban tomar las altas cortes colombianas y los entes de control.

Finalmente, la defensa de Petro Urrego  sabe que su  futuro político está en manos de los magistrados del Tribunal Superior de Cundinamarca que, en sala plena deberán fallar de fondo en torno a si quedan en firme las medidas cautelares para proteger los derechos políticos del hoy senador de la República; y por supuesto, esa misma defensa estará atenta a lo que en su momento se decida al interior del Consejo de Estado e incluso, en la propia Corte Constitucional.

Las circunstancias contextuales

Más allá de la confrontación de las tesis expuestas y del desconocimiento que pueda hacerse de lo prescrito por la CIDH, el proyecto político de la derecha y la ultraderecha colombiana de sacar del juego político-electoral a Gustavo Francisco Petro Urrego se explica por las siguientes circunstancias contextuales: la primera, que guarda estrecha relación con el proyecto de reforma tributaria que cursa en el Congreso y los efectos sociales y económicos que generará en la clase media y baja del país. Más claro: el Régimen sabe que el malestar social en Colombia es creciente y que quien puede capitalizarlo, electoralmente, es  Gustavo Petro. De allí la necesidad de sacarlo de la arena política, imponiéndole sanciones billonarias impagables. La segunda, que el Régimen reconoce en Petro a un líder popular, cuyo liderazgo puede verse debilitado por la imposibilidad de ejercer el único cargo que le interesa realmente ocupar al ex alcalde Bogotá: el de Presidente de Colombia. La tercera circunstancia está dada en el miedo[11] que tienen los agentes del Régimen por lo que pueda ocurrir en las regiones en las elecciones de 2019. De triunfar la Colombia Humana en varias regiones, la gobernabilidad del gobierno de Duque estaría seriamente comprometida, lo que de inmediato pondría en riesgo la continuidad de la derecha en el poder del Estado. Y la cuarta circunstancia tiene que ver con las presidenciales de 2022. 

De no darse un llamado intempestivo a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC)[12], y de consolidarse la imagen negativa de Iván Duque[13] y de  extenderse el malestar social por las medidas económicas adoptadas por el actual gobierno, la derecha está, desde ya, preocupada por quién podría asumir la presidencia en 2022. Dentro del mismo Régimen hay serias dudas sobre la figura que pueda recoger sus banderas. El caso de Germán Vargas Lleras preocupa al interior del Establecimiento por su nulo carisma y por la catástrofe electoral que sufrió recientemente[14], lo que de inmediato obliga a pensar en otras opciones. 

Quizás el propio Régimen esté pensando en “Pachito”[15] Santos, quien ha mostrado no solo lealtad, sino el carácter pusilánime que se necesita para cumplir a pie juntillas lo que se le ordene desde las instancias de poder económico y político. Y la quinta circunstancia tiene que ver con que la apuesta desarrollista de Duque, a todas luces insostenible[16], estaría en riesgo con la eventual llegada de Petro a la Casa de Nariño. Estarían en riesgo el modelo de la gran plantación, la especialización agrícola (monocultivos de palma africana y azúcar) y la locomotora minero energético, bastiones que el Régimen de poder defenderá a dentelladas, por cuanto ya existe una institucionalidad servicial y al servicio de este modelo económico y social de sociedad.

Así entonces, las billonarias sanciones fiscales que hoy recaen sobre Gustavo Francisco Petro Urrego son, sin lugar a dudas, el camino expedito, aunque controversial, para sacar a este incómodo outsider  del juego político electoral. Como sucedió con los casos[17] de Gaitán y Galán, el Régimen supo sacarlos del camino y facilitó su eliminación física. Ahora, con Petro, aunque no deben desecharse planes para eliminarlo (asesinarlo), el Régimen apela a la sanción fiscal para frenar sus aspiraciones presidenciales. De no prosperar la tesis que niega los efectos políticos de las sanciones económicas, la posibilidad de que Petro llegue al Solio de Bolívar en 2022  es grande. De lograrlo, su magnicidio o el hacer invivible la República son opciones que muy seguramente se barajarán al interior del Establecimiento, si ese escenario político llegarse a dar.





Imagen tomada de Semana.com


[6] Hay que recordar que el Consejo de Estado tumbó el fallo disciplinario proferido por Ordóñez Maldonado. Véase: https://www.elespectador.com/noticias/judicial/consejo-de-estado-tumba-fallo-que-saco-gustavo-petro-de-la-alcaldia-de-bogota-articulo-723365
[16] Desde lo ambiental, lo socia, lo político, lo cultural y lo económico.
[17] Hay que sumarle el caso de Ingrid Betancur Pulecio quien en su relato ante la JEP, dejó entrever que su secuestro bien pudo haberse facilitado por agentes de poder e incluso, por el propio presidente Pastrana, pasar sacarla del juego político, dado que al momento de ser privada de su libertad por parte de las Farc, fungía como candidata del Partido Oxígeno Verde. Véase: http://viva.org.co/cajavirtual/svc0611/articulo06.html

jueves, 22 de noviembre de 2018

CASTILLO DE NAIPES


Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

Que la corrupción en Colombia, pública y privada, sea de enorme proporciones y al parecer, incontrastable, es una constatación que debería de avergonzar a la sociedad entera y en particular a las familias y líderes que hacen parte de lo que se conoce como el Establecimiento. Pero no hay tal. Por el contrario, los actos de corrupción en este país se atacan en público, pero se defienden a dentelladas en lo privado, porque aquella constituye una práctica arraigada, naturalizada y casi que reclamada por agentes de poder político, acostumbrados a actuar de esa manera.

Es común ver y oír a presidentes, ministros y a líderes políticos y candidatos a cargos de elección popular, enarbolar las banderas de una presunta lucha contra la corrupción. Y lo hacen y lo seguirán haciendo, cada uno, con grados de convencimiento y de compromiso, pero el resultado siempre es y será el mismo: no se puede enfrentar a un “enemigo” o a un “problema” cuando estos realmente no se conciben como tales. Me explico: nadie duda de que hay actos de corrupción en los ámbitos de lo público y lo privado en Colombia, pero ello no  paraliza a la sociedad o es un obstáculo para el funcionamiento de las relaciones Estado- Sociedad- Mercado. No. Por el contrario, la corrupción alimenta esas relaciones, las hace posible e incluso, las dinamiza.

Ahora bien, que aparezcan ciertos agentes de poder o líderes carismáticos que creen poder luchar contra la corrupción, hace parte de la inercia misma de la corrupción, pensada y asumida aquí como un factor clave y estructural de la vida social, económica y política del país. Es decir, no es en sí misma una afrenta, un problema. No, por el contrario, constituye para muchos una oportunidad no solo de negocios, sino que esta misma es un instrumento eficaz para transar todo tipo de decisiones y fortalecer relaciones. Y esto es así, cuando existe una empobrecida idea de lo que es la institucionalidad. 

Lo que sucede, entonces, es que quienes por alguna razón, real o ficticia, deciden enfrentar a las redes y  centros nucleares de la corrupción, al hacerlo, entran en todo tipo de vacilaciones, titubeos, fluctuaciones y caen en complejos y paralizantes estados de hesitación  al reconocer en los orígenes de ese "problema", las conexiones estructurales, en lo económico, en lo social, en lo cultural y en lo político, que soportan y han permitido extender la corrupción a todos los niveles y sectores societales.

De esta manera, aparecen los lazos familiares, los linajes, los compromisos previos, las oportunidades y las sempiternas justificaciones que cada uno tiene y que suelen exponer al momento de participar del juego de los corruptos: “me vi obligado”, “yo cumplo con mi trabajo”; y “lo hice a petición del Presidente, Gerente, Director, Rector”, entre muchas otras e infinitas expresiones que permiten la naturalización de la corrupción.

Así entonces, los estados de hesitación, que se extienden a todos los miembros de la sociedad, se explican por varias circunstancias: de un lado, la sociedad colombiana, incluyendo a sus líderes, deviene en una profunda confusión moral porque históricamente sus ciudadanos no han podido aprender a  reconocer los límites entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo legal y lo ilegal, entre lo que es legítimo y aquello que no lo es. De otro lado, el sistema capitalista genera un tipo de ethos que nos hace proclives a obtener ventajas, a buscar caminos paralelos, o a encontrarle el quiebre a la norma, para alcanzar nuestros propósitos individuales, casi siempre en contravía de los que un colectivo se pudo haber trazado. 

Y peor resulta el panorama, cuando se tiene un débil aparato productivo, un sistema hiperpresidencialista desde el que se aúpa el clientelismo y por esa vía, se entroniza el afán por “salir adelante” que la publicidad y todo tipo de dispositivos ideológicos, conectados naturalmente con el sistema económico, nos dictan como único norte posible de vida. El Todo Vale es el principio que guía a ese ethos que el sistema capitalista genera en cada uno de nosotros.

Se suma a esas circunstancias paralizantes de los estados de hesitación colectiva, el hecho de que hay casos de corrupción que al estar conectados con el poder económico y político, la condena social se relativiza por cuanto las conexiones establecidas entre agentes de poder, que a manera de cordón umbilical en la relación Madre-Feto, son las que permiten que el Establecimiento se mantenga en pie. Ejemplo de lo anterior es el caso de corrupción, que a manera de silencio cómplice, hoy tiene en la picota pública (mediáticamente pasajera) al Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira (NHMN).

A pesar de la indignación que en sectores politizados y mediatizados generó el contenido de las grabaciones de audio que divulgó el noticiero de televisión, Noticias Uno y que comprometen el criterio jurídico y la ética de NHMN, sus dudosas y quizás dolosas  actuaciones como abogado no son suficientes argumentos para que exigir su retiro del cargo de Fiscal General. Esto es así, porque al caerse el Fiscal, parte del Establecimiento colapsaría. Por cuenta de la corrupción en Colombia, en estos momentos el Régimen de poder es como un castillo de naipes en el que al menor movimiento (retiro del Fiscal, por ejemplo)  de inmediato se derrumbaría, abriendo la posibilidad de un cambio profundo en las correlaciones de fuerza que juegan al interior del actual Régimen de poder. Y este escenario no lo contemplan los líderes del Establecimiento y harán todo lo que esté a su alcance para evitar la erosión de sus cimientos morales, así devengan totalmente amorales. 

Al caer el Fiscal, y de ser procesado penalmente (en un escenario improbable), arrastraría en su inevitable caída libre, no solo el poderoso banquero, Luis Carlos Sarmiento Angulo y su círculo más cercano,  los expresidentes Uribe y Santos, sino el propio Presidente Duque, quien reconoció haber acompañado a Zuluaga al Brasil, en el contexto de las prácticas corporativas de Odebrecht de financiar campañas políticas en varios países de América Latina, incluyendo a Colombia; se sumaría en el lejano desplome de una parte del Establecimiento, el ex candidato a la presidencia, Óscar Iván Zuluaga, al igual que periodistas incorporados y empresarios de distinto nivel.

Por todo lo anterior, la lucha contra la corrupción nació muerta en Colombia por cuanto ella misma no solo está naturalizada, sino que la sostiene el ethos mafioso con el que actúan las élites de poder, el mismo que amplios sectores societales siguen y se apropian por cuando el norte de cada de sus ciudadanos es hacerse rico a costa de lo que sea. Y en mayor medida, cuando hay que “asegurarles el futuro a mis hijos”. Así entonces, hay que dudar de aquellos que agitan la bandera anti corrupción, especialmente cuando han vivido del Establecimiento y tienen conexiones con sus líderes más "prestantes". 

Imagen tomada de Semana.com 


sábado, 17 de noviembre de 2018

ENTRE RISAS, DUQUE Y EL CENTRO DEMOCRÁTICO HACEN TRIZAS EL ACUERDO DE PAZ


Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo


A pesar de algunos avances en la implementación del Acuerdo de Paz, subsiste hoy el enorme riesgo de que dicho proceso fracase y aquello de una paz estable y duradera, termine consolidándose como un emotivo y quimérico anhelo.

Son varias las circunstancias contextuales y varios los agentes de poder que han jugado en contra de la imperiosa necesidad de ambientar la paz en el país, a partir de respetar la palabra empeñada en lo acordado en La Habana entre el gobierno de Santos, en representación del Estado[1] colombiano, y los plenipotenciarios que en nombre de las Farc-Ep negociaron y firmaron el Acuerdo Final (II).

Dentro de las circunstancias contextuales hay que reconocer que, al interior del país, lo acaecido en la mesa de paz instalada en la capital cubana jamás se concibió como un acto de Estado, sino como una acción de gobierno, pero, sobre todo, se asumió como una decisión, muy particular por cierto, del entonces presidente Juan Manuel Santos Calderón que se propuso desarmar a las Farc, pero que al estar preso y sometido al Régimen[2], fue inferior al reto que acompañaba convertir a esa guerrilla en partido político: coadyuvar a modificar las correlaciones de fuerza que al interior del Régimen, históricamente fueron y son aún proclives a extender en el tiempo no solo las circunstancias y las razones que legitimaron el levantamiento armado en los turbulentos años 60, sino el carácter marginal[3] del mismo conflicto armado interno. Esto es, mantener los altos niveles de pobreza, el cerramiento democrático, la debilidad estatal y la cooptación mafiosa del Estado; mantener la concentración de la riqueza y de la tierra en pocas manos; insistir en las prácticas políticas y pre políticas que hacen posible que en Colombia subsista un ‘Doble Estado’[4] y aumentar las incertidumbres en el sector rural, para que su población (afros, campesinos e indígenas) se vean obligados a abandonar sus territorios o terminen alquilados en las grandes plantaciones, para de esta manera erosionar sus procesos organizativos. 

Lo pactado en aquella isla caribeña se presentó al mundo, a la ONU y a la llamada comunidad internacional, como un acto de Estado solo porque mediaba la presión del contexto jurídico internacional, la misma que hizo posible que el Acuerdo Final cumpliera con los estándares del Estatuto de Roma y las propias exigencias de la Corte Penal Internacional (CPI). Y fue así porque al interior del país no se dio un pacto político que permitiera a todas os poderes políticos, sociales y económicos asumir lo firmado en Cuba como un verdadero acto de Estado[5], vinculante y perenne.

No debe sorprender a los países garantes, acompañantes y a los que interesadamente apoyaron la negociación política, legitimaron el texto firmado y vienen aportando económicamente a proyectos productivos en el marco del proceso de implementación, que ese compromiso de Estado hoy se desvanezca con facilidad, gracias a partidos políticos y a poderosos agentes económicos de la sociedad civil. Y no debe sorprenderlos porque la débil institucionalidad al interior del Estado colombiano es fruto de las relaciones asimétricas entre un Norte opulento y un Sur empobrecido y corrupto, sostenidas y ampliadas aquellas en el tiempo por una oligarquía nacional que solo reconoce decisiones de gobierno, al tiempo que impide, deslegitima e invalida los actos que en nombre del Estado lideró y ejecutó como jefe de Gobierno y de Estado, Juan Manuel Santos.  

Se suma al complejo escenario contextual, dos hechos: el primero, que la sociedad colombiana deviene fuertemente escindida y con claros enfrentamientos de clase y una evidente baja cultura política en todos los estratos sociales, que impidió la comprensión de lo que significó en su momento negociar con las Farc el fin del conflicto armado; y el segundo hecho, que el Establecimiento jamás estuvo en riesgo a pesar del desafiante accionar de una guerrilla que fue inferior a sus propios objetivos de derrocar a esa “oligarquía” que los motivó a levantarse en armas. Es más, el Establecimiento se sirvió del conflicto armado interno para entronizar las prácticas clientelistas y la violencia política y por esa vía, imponer un orden político, económico y social a todas las luces ilegítimo.

Ahora miremos a los agentes políticos que desde el Congreso le vienen apostando a modificar el Acuerdo Final con el claro propósito de que el proceso de implementación fracase.

Las acciones legislativas emprendidas por el Centro Democrático (CD), con la ayuda de sectores de los partidos Conservador, Liberal, de la U y Cambio Radical y Mira, entre otros, van encaminadas a ponerle trabas al cumplimiento de lo acordado. Baste con nombrar tres asuntos o temas que le interesan a específicos agentes de poder político y económico dentro del Régimen (“conjunto de complicidades”, lo llamó Gómez Hurtado): el primero, la reforma agraria integral[6] y en particular los asuntos de titulación[7] de tierras[8] y actualización catastral; el segundo, la participación política de las víctimas de los actores armados (Paras, Guerrillas y Fuerza Pública), garantizada a través de la entrega de 16 curules[9]; y el tercero, el funcionamiento de la Justicia Especial para la Paz (JEP), que tiene una clara motivación: impedir a toda costa que se construya una Verdad Histórica que ponga en evidencia el apoyo brindado por poderosos agentes de la clase dirigente y empresarial de Colombia a los grupos paramilitares.

Para el primer tema o asunto, Uribe Vélez y Fedegan, a través de la senadora Cabal, lideran varias acciones legislativas conducentes a impedir que lo acordado en el primer punto de la Agenda de La Habana llegue a feliz término. Se oponen a la actualización del catastro, a la conformación del Fondo de tierras y a la devolución de los predios adquiridos por cercanos “compradores de buena fe” cuyos propietarios fueron asesinados, acosados, amenazados y desplazados por los paramilitares.

En cuanto al asunto de las 16 circunscripciones especiales de paz, es decir, la entrega de curules a las víctimas, hay que decir que en dos ocasiones el CD, con el liderazgo del ex jefe de Estado, Álvaro Uribe Vélez, se ha opuesto a la aprobación de la ley que daría vida y cumplimiento a lo acordado en La Habana en esa materia. La primera ocasión se dio durante el gobierno de Juan Manuel Santos y la segunda, acaba de hundirse nuevamente la iniciativa legislativa que daba vida a esas 16 curules. Impedir la llegada de las víctimas al Congreso se explica por la clara pretensión de mantener el histórico cerramiento democrático de un régimen democrático que además, deviene formal y procedimental.

Y quizás el tercer asunto sea el que con mayor claridad devela la intención de hacer trizas[10]el acuerdo de paz: la JEP. Recientemente se aprobó la llegada de 14 magistrados[11] más a la JEP[12]. Aunque los debates continúan, esta decisión claramente deslegitima a los actuales operadores judiciales de esa jurisdicción y les impone un equipo de jueces que muy seguramente “harán oposición jurídica” a las condenas que los actuales magistrados emitan hacia el futuro en contra de altos mandos militares responsables, por acción u omisión, de la violación de los derechos humanos y del DIH, en particular, por los llamados “falsos positivos[13]”; o en su defecto, decidan llamar a terceros civiles por brindar apoyo logístico y económico a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Huelga recordar en este punto, el fallo de la Corte Constitucional[14] que eliminó la obligatoriedad de terceros civiles de comparecer ante la JEP. Es importante recordar también que dicha corporación judicial ya había propinado un golpe certero[15] al  Acto Legislativo 01 del 7 de julio de 2016, al declarar inexequible los numerales H y J. Es decir, estamos ante un proceso de ajustes sistemáticos a lo acordado en La Habana, que poco a poco van erosionando la legitimidad del tratado de paz y sus alcances jurídico-políticos.

Lastimosamente, hay que constatar que en Colombia la guerra ha sido un asunto de Estado, pero la búsqueda de la paz, por el contrario, ha sido y lo es aún, un asunto de Gobiernos[16]. Consecuente con lo anterior, el carácter estatal del Acuerdo de paz[17] no se sostiene y muchos menos depende del reconocimiento jurídico-político que del Estado colombiano hagan otros Estados del mundo, sino que estriba en la pobreza cultural de los agentes de poder económico y político de lo que Marco Palacios llamó <<la República Oligárquica>>.

De esta manera, con la anuencia del Gobierno de Iván Duque Márquez, las señaladas fuerzas políticas deberán ser reconocidas por la Historia como enemigas del proceso de paz, de la consolidación de una paz estable y duradera y de la extensión  en el tiempo de las condiciones contextuales que fueron el caldo de cultivo para el levantamiento armado de las guerrillas; el mismo en el que hoy se incuban disímiles formas de violencia rural que sirven a los propósitos  de ganaderos, latifundistas, palmicultores y azucareros, de extender los monocultivos de palma y azúcar en el sur del país. Ya dieron el primer paso con la apropiación indebida de baldíos[18] en la altillanura. Para los otros pasos que deberán dar, cuentan con el apoyo irrestricto del Centro Democrático y del presidente Duque.

A pesar de que en reciente visita a Francia el presidente colombiano reconoció que el Acuerdo de Paz cumple con los estándares y exigencias del Estatuto de Roma y la CPI[19], el país asiste a un proceso continuado que busca desde el Legislativo, en contubernio con el Ejecutivo, hacer trizas el Acuerdo de Paz. Frente a esta situación hay que señalar que varios países de la llamada comunidad internacional guardan silencio porque actúan con los sempiternos intereses corporativos con los que suelen mantener relaciones políticas y comerciales con la élite de la <<República Oligárquica>> colombiana, que les permita extender en el tiempo las relaciones de dominación y explotación de los recursos de la biodiversidad. Sin embargo, por estos días se escuchó la preocupación con la que se marcharon de Colombia miembros de la Comisión de Ética internacional[20] por los cambios introducidos a la JEP.

Mientras la opinión pública sigue entretenida con los audios que comprometen la ética y la honorabilidad del Fiscal General, Néstor Humberto Martínez Neira y con la impopular reforma tributaria, entre risas y de manera sostenida, el Centro Democrático, con la anuencia del presidente de la República, está haciendo trizas[21] el Acuerdo de Paz.



[20] Véase: La Comisión Ética está conformada por cerca de 21 personas de Chile, Argentina, El Salvador, Estados Unidos y España. Son mujeres y hombres que pertenecen a asociaciones de víctimas de sus países, como el caso de Mirta Acuña, de las Madres de la Plaza de Mayo Línea Fundadora, de Argentina. Otros de sus integrantes son psicólogos, académicos, o personas que pertenecen a ONG’s cristianas o ambientales”. https://colombia2020.elespectador.com/justicia/nos-vamos-preocupados-con-los-cambios-en-la-jep-comision-etica-internacional




Imagen tomada de pulzo.com



viernes, 16 de noviembre de 2018

EL FISCAL NO SE CAE


Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo


Los hechos publicados por Noticias Uno, en los que está comprometido el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira (NHMN) en calidad de abogado  y asesor jurídico del grupo AVAL, por su previo conocimiento de actos de corrupción aupados desde la dirección de la multinacional Odebrecht, confirman la entronización, internalización y naturalización de lo que he llamado en varias columnas como el ethos mafioso[1].

Como abogado, Martínez Neira guardó silencio frente a las irregularidades y los indicios de la posible comisión de delitos que Jorge Pizano (QEPD)  encontró en contratos y pagos celebrados en el marco de la construcción de tramos de la Ruta del Sol II. Por lo menos, el actuar ético del hoy Fiscal General está comprometido en razón de la afonía que asumió frente a delicados hallazgos del entonces funcionario que fungía con controller de las actividades y operaciones financieras de Corficolombiana y Episol, empresas del Grupo AVAL, en la construcción de la señalada mega obra.

Las grabaciones que entregó Jorge Pizano en custodia a Noticias Uno, revelan, en primera instancia, que a pesar de la vieja amistad que lo unía con Martínez Neira, Pizano  dudaba de la entereza moral del hoy Fiscal General de la Nación. Lo conversado da cuenta, además, del vulgar talante de Martínez quien apela a términos soeces y en ocasiones se burla de los hallazgos a los que hacía referencia su interlocutor. 

En segundo lugar, el haber confiado en los periodistas de dicho noticiero da cuenta no solo de la seguridad que le ofrecía la directora, Cecilia Orozco, sino la certeza de que una vez emitidos los audios, el país político y mediático sufriría un remezón que haría posible conocer verdades asociadas al actuar de la familia Sarmiento Angulo[2] y de empresas del Grupo AVAL  y, quizás, Pizano alcanzó a imaginar la caída del Fiscal. Muy seguramente el asunto no pasará a mayores, justamente, porque al haberse entronizado el ethos mafioso en el Régimen de poder, ese hecho, moral, político y ético, hace posible contener o mitigar cualquier riesgo o cambio en las correlaciones de fuerza al interior del Régimen. 

Es que estamos hablando del poderoso banquero de Colombia, de allí que lo que pase directamente con NHMN no depende de manera directa de los efectos mediáticos de lo emitido por Noticias Uno, de la reiteración en otros medios y de las reacciones de columnistas, sino de la decisión de uno o de todos los miembros del clan Sarmiento Angulo.

Así entonces, la caída del Fiscal General de la Nación no pende de un hilo como muchos pueden llegar a pensar. Es más probable que desde los Estados Unidos se presenten presiones en torno a los hechos de corrupción que rodean la operación en Colombia de la multinacional Odebrecht, que al interior del país se establezcan arreglos entre agentes del Régimen para presionar la salida de NHMN de la Fiscalía General de la Nación.

La fuerza que determine el futuro de NHMN deberá venir de afuera, justamente, porque al haberse entronizado el ethos mafioso en la sociedad civil[3], en la sociedad en general y en particular, en la estructura del Establecimiento, el Fiscal General de Colombia continuará blindado ante reclamos éticos y morales que de poco sirven en una sociedad que de tiempo atrás validó y legitimó el Todo Vale[4] que se estableció como norma social desde 2002. Quizás la demanda que el periodista Gonzalo Guillén radicó ante el Fiscal General de los Estados Unidos pueda ser determinante ante una eventual y lejana posibilidad de renuncia del controvertido funcionario. En su cuenta de twitter, el reconocido periodista señaló: “El martes pasado denuncié al oscuro abogado Néstor Humberto Martínez Neira ante el Fiscal General de EE.UU. por lavado de activos y evasión de impuestos. Aporté documentos, nombres de empresas fantasmas y números de cuentas en bancos estadounidenses”. Huelga señalar que esta acción legal no fue recogida por la Gran Prensa como hecho noticioso, cuando este cumple con todos “los requisitos” de lo noticiable para que los periodistas le hubiesen dado ese estatus.

Si bien los otros medios no tuvieron opción y debieron recoger, cada uno a su manera y de acuerdo con sus intereses y compromisos, lo emitido por Noticias Uno, los tratamientos periodísticos de periodistas de medios como RCN y Caracol han sido, por decir lo menos, “amables” con el alto funcionario.  De allí que las apariciones de Néstor Humberto Martínez Neira en los medios afectos al Régimen, obedezca al interés de los periodistas y medios de servir de caja de resonancia a las explicaciones de NHMN: les dieron la orden de entrevistar al Fiscal. Por eso, el Fiscal General fue  “enfrentado” por  periodistas incorporados, por lo tanto, “tibios” a la hora de someterlo a un fuerte interrogatorio como correspondería. Las circunstancias a las que hacen referencia las grabaciones publicadas por Noticias Uno obligaban a poner contra las cuerdas al Fiscal, porque el diálogo con Pizano lo compromete como abogado, persona y ciudadano.

Dado lo anterior, veremos pasar un escándalo más en Colombia. En la Colombia mafiosa, indolente, sinuosa, cobarde, mal educada y mediáticamente comprometida con el Régimen, la moral y la ética hace rato quedaron proscritas del actuar público y privado de presidentes, magistrados, fiscales, contralores y congresistas. El ethos mafioso llegó, se instaló, se entronizó y se naturalizó; y por eso, el Fiscal no se cae.

Adenda: el Fiscal General de la Nación quedó debiendo explicaciones al país por los asuntos que rodean el actuar de Odebrecht en Colombia y que compromete a empresas del Grupo AVAL. Y debe explicar si la “llamada de Yamhure” que se identificó en su celular, corresponde a Ernesto Yamhure[5], entonces columnista de El Espectador, señalado de ser cercano a la causa paramilitar.






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