Nueva publicación

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Tres artículos: Medio ambiente y conflicto armado; Editoriales sobre el proceso de paz con las Farc; y Acción colectiva y asentamientos en Cali. Memorias, 2018.

Nueva Publicación: Investigación sobre dos asentamientos informales de la ciudad de Cali. 2018

Nueva Publicación: Investigación sobre dos asentamientos informales de la ciudad de Cali. 2018
2 asentamientos: Los Samanes del Cauca y Navarro, ubicados en el jarillón del río Cauca.

NUEVA PUBLICACIÓN. PERIODISMO Y DESPLAZAMIENTO FORZOSO EN COLOMBIA.

NUEVA PUBLICACIÓN. PERIODISMO Y DESPLAZAMIENTO FORZOSO EN COLOMBIA.
Resultado de un proceso investigativo, este libro en coautoría da cuenta del tratamiento periodístico dado por el Diario El País de Cali, a los hechos y circunstancias que hicieron posible el desplazamiento forzado en Colombia y la aparición de la categoría Desplazados. 2016

viernes, 26 de octubre de 2018

Sobre Lo No Humano


Por Germán Ayala Osorio, estudiante Doctorado en Regiones Sostenibles[1]

Ahora que se conocen y se divulgan las evidencias científicas, a las que se suman los llamados que vienen haciendo de tiempo atrás comunidades ancestrales en torno a los efectos negativos que sobre el ecosistema llamado Tierra viene dejando la presencia incontrastable del ser humano, emergen enfoques y perspectivas de análisis para comprender y criticar las acciones humanas en este largo proceso civilizatorio que ha liderado como especie dominante.

Entonces, de la mirada antropocentrista pasamos a la del ecocentrismo y el biocentrismo, en aras de descentrar, por lo menos en la discusión, el poder transformador de la especie que hoy tiene al planeta viviendo  y por qué no, padeciendo, la etapa del Antropoceno; aparece también el ecofeminismo y otras perspectivas  que tienen el objetivo claro de poner en la balanza de la ética-estética, lo que como especie hemos hecho con “nuestra casa común” y con la vida de ecosistemas y sus complejas conexiones y relaciones.

El ejercicio, a manera de un urgente “auto juicio civilizatorio” que se debe hacer, cae en las trampas del lenguaje y en los dualismos muy propios del discurso de la Modernidad europea. Por ejemplo, cuando hablamos de Lo humano y Lo No Humano, esa dualidad no solo resulta engañosa, sino inconveniente en la medida en que insiste en presentar al ser humano, al Hombre en su sentido antropológico, por fuera de ese escenario complejo ecológicamente hablando, al que llamamos Naturaleza.

Una parte de esa dicotomía, Lo No humano, como expresión,  en sí misma es una negación de esos otros o de eso otro que no es humano, o que no obedece a esa condición o naturaleza de lo humano. Desde esa lógica, todo lo que no sea humano puede ser susceptible de dominación, domesticación, transformación o en el peor de los casos, de anulación ecológica. Con todo el poder denominador y representacional del lenguaje, cuando se habla de Lo No humano, de inmediato emerge la racionalidad tecno-científica con la que no solo se justifica la toma de distancia del ser humano de ese otro mundo que en realidad solo existe en la construcción lingüística, pero que ontológicamente permitiría pensarse como parte de esa unidad ecosistémica en la que la supremacía del ser humano no representaría un riesgo para ese complejo ecosistema llamada Tierra. Aceptar, finalmente, que el ser humano es una especie más, una más, sin ninguna condición especial sobre la que al final fue posible que se posara en lo más alto de la cadena trófica: la razón, el poder de la razón y el desarrollo científico.

Además, al hablar de Lo No humano, se auto confirma como especie dominante  y se consolida la idea de que el ser humano es la especie dominante lo que lleva, en un doble camino, a desconocer la fragilidad de los ecosistemas y a esconder la propia del ser humano. Desconocer la fragilidad de los ecosistemas y la propia de la especie humana es fruto de un orden simbólico y cultural que se consolidó sobre la base de un enorme equívoco, o quizás un “pecado original”, fruto de la arrogancia que acompaña los procesos civilizatorios: haber asumido la vida humana por fuera del mundo natural.

No pretendo desconocer el valor ético-estético y político de las perspectivas o enfoques arriba señalados. Por el contrario, reconozco en cada uno aportes valiosos a las discusiones a las que hoy asistimos alrededor de la crisis civilizatoria y ontológica de la que habla Enrique Leff. En el Manifiesto por la Vida se lee lo siguiente: “La crisis ambiental es una crisis de civilización. Es la crisis de un modelo económico, tecnológico y cultural que ha depredado a la naturaleza y negado a las culturas alternas. El modelo civilizatorio dominante degrada el ambiente, subvalora la diversidad cultural y desconoce al Otro (al indígena, al pobre, a la mujer, al negro, al Sur) mientras privilegia un modo de producción y un estilo de vida insustentables que se han vuelto hegemónicos en el proceso de globalización”.

Para avanzar en las discusiones ético-estéticas de la compleja coyuntura ambiental en la que nos instaló el cambio climático, propongo poner en crisis los espíritus con los que se nos presentan las dualidades, con todo y la dificultad que ello representa en términos lingüísticos y cognitivos. Insistir en Lo humano vs Lo No humano es re instalar el orden simbólico y cultural dominante (el desarrollo económico y sus expresiones, el extractivismo, la especialización agrícola, ganadería extensiva y la ciudad como máxima conquista civilizatoria) y por ese camino, continuar insistiendo en el alejamiento artificioso en el que cayó el ser humano, al instalarse por fuera de los ecosistemas, de la Naturaleza.

El camino posible está dado en la necesidad de re-pensar al ser humano y re-establecer las conexiones que en otrora comunidades y pueblos ancestrales establecieron con la Naturaleza, bajo la idea clara de que hacían parte, como “unos más” de un entorno natural complejo. Y ese camino será posible siempre y cuando, como dice Vandana Shiva, reconozcamos derechos a la Naturaleza y en esa medida, limitemos los que como especie nos hemos otorgado o arrogado a través del derecho y la fuerza impositiva y violenta con la que nos posamos sobre y por encima de la Naturaleza. 

Termino esta columna con apartes de una disertación de la líder hindú: La seguridad vendrá de nuestro respeto a la naturaleza y emergerá de la naturaleza en la medida en que encontremos formas colectivas de auto- sostenimiento…Necesitamos otro sistema, y ese otro sistema es la Democracia por la Tierra, ese otro sistema es el reconocimiento de que somos solo una más entre otras especies, que tenemos el deber de proteger a las demás pero, tal como todas las especies sobre la tierra que tiene el derecho de desarrollarse y proveerse del alimento que les da la tierra”[2]





Imagen tomada de riosdelplaneta.com

[1] Primera Cohorte, Universidad Autónoma de Occidente, Cali- Colombia.
[2] Shiva, V. (2011). Democracia de la Tierra y los Derechos de la Naturaleza. págs. 169-170.


jueves, 25 de octubre de 2018

INGRID BETANCOURT PULECIO EN LA JEP


Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

Después de escuchar el dramático, conmovedor y angustiante testimonio  de Ingrid Betancourt  ante la JEP[1] (Justicia Especial para la Paz, caso 001), quedan varias reflexiones y preguntas por hacer. En primer lugar, en torno a las circunstancias en las  que se produjo su secuestro o retención por parte de miembros de las Farc, hay que decir que lo declarado por la ex candidata presidencial ante los magistrados de la Jurisdicción Especial da cuenta de órdenes y de decisiones administrativas y políticas que pudieron facilitar su retención por parte de esa guerrilla, y que bien pueden dar cuenta de intenciones políticas que buscaban sacar del juego electoral a la entonces candidata presidencial por el movimiento Oxígeno Verde.

Lo dicho por Betancourt Pulecio contradice las versiones que la gran prensa en su momento publicó y que permitió a cientos de miles de colombianos y a sectores del propio Establecimiento, a calificar como un acto de irresponsabilidad de la ciudadana colombo francesa al querer viajar a la zona de distensión para hablar con esa guerrilla sobre lo acontecido con el proceso de paz y la voluntad misma de coadyuvar a construir ese anhelado escenario. Tendrán que cruzar información y hechos los magistrados de la JEP, en aras de establecer responsabilidades en el propio Gobierno de Pastrana, en el mismo Presidente y en comandantes de policía y militares del momento. Ahora bien, más allá de ello, no se puede negar la responsabilidad que le cabe al Estado en su conjunto por el secuestro de Ingrid Betancourt. Lo que se requiere, en este asunto, es que haya verdad en torno a quién dio la orden de impedir que el viaje de la comitiva que acompañaba a la entonces candidata presidencial se diera en las condiciones de seguridad acordes con su rol político.

En segundo lugar y en cuanto al cautiverio, lo narrado por Ingrid Betancourt  no solo deja entrever la crueldad de sus carceleros (hombres), sino las conexiones culturales que la misma víctima establece con el talante de una guerrilla a la que califica como “machista y misógina”. Y en este punto vale la pena hacer varias disquisiciones con la intención de explicar el origen del odio y la animadversión que les generaba a esos machos cabríos que la humillaron, torturaron y sometieron a cruentos vejámenes por  su condición  social, económica, por ser mujer, y por su rol político.

Los maltratos que recibió  Ingrid Betancourt por parte de sus carceleros o guardianes están soportados no solo en el talante machista de la dirigencia fariana, sino en los procesos de adoctrinamiento a los que la cúpula de las Farc sometió a niños y muchachos pobres, con nulo capital social y cultural. Adoctrinamiento que los llevó a odiar a los secuestrados, fundado ese aborrecimiento en una lectura de clase a la que se fueron sumando los resquemores por la condición de mujer adinerada, blanca, e hija de la élite bogotana. Craso error, pues el resultado es evidente: muchachos resentidos que encontraron en los secuestrados y en particular en la figura de Ingrid Betancourt, la oportunidad para saciar su sed de venganza y por esa vía, gozar y disfrutar con cada uno de los vejámenes a los que sometieron el cuerpo, la dignidad y la feminidad de la excandidata presidencial.

Esos muchachos pobres, económica y culturalmente, adoctrinados bajo esas orientaciones, también son víctimas de esa guerrilla conservadora, machista y misógina. Pero volvamos a lo narrado por Betancourth Pulecio. Lo que  la ex candidata presidencial llama “detalles”, realmente son pistas que nos deben llevar a comprender el grado de degradación moral  y ética que produce la guerra en los combatientes. Y más aún, en el contexto de un conflicto armado degradado, pero visto como marginal[2] por el grueso de la sociedad en la que se criaron y se levantaron tanto los niños y jóvenes guerrilleros, como sus comandantes, muchos de ellos, formados en universidades del Estado en los complejos años 60.  

Esas mismas pistas nos deben llevar a cuestionar nuestras masculinidades. Esas mismas que a través de diversos dispositivos, como la publicidad, cosifican de tiempo atrás a la mujer, hasta el punto de convertirla en un objeto sexual o en una cosa que se usa y se arroja a la basura.

Ojalá los ex comandantes de las Farc escuchen con atención lo narrado por Ingrid Betancourt y por las otras víctimas que por estos días comparecen ante la JEP, para contribuir a la construcción de esa Verdad Histórica que nos permita a todos los colombianos conectarnos con la realidad presente, con el pasado, pero sobre todo, con quienes en mayor medida sufrieron los horrores de la guerra interna y padecieron en sus mentes y en sus cuerpos, los vejámenes de todos los combatientes, legales e ilegales.

Pero Ingrid Betancourt[3] no solo sufrió los maltratos físicos y psicológicos de sus captores vestidos de guerrilleros, sino los que periodistas y grupos de ciudadanos lograron infringirle por su condición de mujer, por su notable inteligencia, origen de clase y por su rol político. Como partido político, la Farc, está en la obligación política, ética y moral de exponer ante la opinión pública el más sincero perdón de sus dirigentes, por las torturas y castigos a los que fue sometida Ingrid Betancourt. Perdón que debe extenderse a todos los que una vez sufrieron el cautiverio en  las selvas colombianas.

Los llantos de la magistrada y  de la ex candidata presidencial deben orientar la reflexión de la sociedad colombiana en dos sentidos: el primero, en el sentido de empezar desde ya, a proscribir al guerrero[4] como referente a seguir. Es hora de abandonar esos procesos de heroización en los que la gran prensa nos metió en torno a unos héroes que también se degradaron; y el segundo sentido, para cuestionar las masculinidades de una sociedad que, como las antiguas Farc, deviene machista y misógina, además de homofóbica. Y es allí en donde se esperaría un trabajo pedagógico y educativo de los grandes medios y de sus periodistas, en aras de proponer cambios culturales profundos en esta sociedad que deviene goda y violenta. 

Para pasar las dolorosas páginas de este degradado conflicto  armado no solo hay que perdonar y reconciliarnos, sino poner de presente un factor que los carceleros de Ingrid Betancourt desconocieron, muy seguramente, por su nulo capital cultural: la fragilidad de la condición humana.




jueves, 18 de octubre de 2018

A PROPÓSITO DE LA EXTENSIÓN DE LOS PERIODOS DE ALCALDES Y GOBERNADORES


Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

La propuesta de extender los periodos de gobierno a alcaldes y gobernadores deviene jurídica, política y democráticamente espuria e inconveniente y obedece a un propósito que se caracteriza por ser rizomático: consolidar, en lo local,  el proyecto político, económico, ambiental, social y cultural de la derecha y la ultraderecha colombiana. Proyecto que insiste en la precarización laboral, la deforestación y la domesticación de ecosistemas, la ampliación del modelo de la gran plantación (para producir agro combustibles) y por supuesto, insistir en el modelo extractivo.

Recordemos que en por lo menos 849 municipios triunfó Iván Duque Márquez en las pasadas elecciones. Pero más allá de las decisiones tomadas por los votantes en la ya referida campaña, lo que realmente busca el Centro Democrático y el propio presidente, es evitar las elecciones regionales de 2019, con miras a cerrarle espacios a la Oposición, en particular al movimiento de la Colombia Humana. Tal cálculo político se sostiene en el  miedo que exhiben voceros y agentes de poder económico de la sociedad civil, que vienen aupando el modelo extractivista, la ganadería extensiva y la gran plantación. ¿Miedo a qué? A perder el poder de gobernaciones y municipios con los proyectos políticos que puedan consolidar en regiones claves como la Amazonia, Vaupés, Putumayo, Guainía, Guaviare, Meta, Vichada y Arauca, entre otras.

Por esa vía, entonces, las pretensiones de ganaderos, firmas nacionales y multinacionales interesadas en invertir en grandes plantaciones en la altillanura y de explorar el subsuelo, confluyen en la propuesta de extender los periodos de gobierno de los actuales gobernadores y alcaldes. Dirán que casos como el del gobernador de Nariño, Camilo Romero, quien al no estar alineado con varias de las políticas de Duque, puede resultar contraproducentes para aquellos que buscan consolidar el proyecto político, pero sobre todo económico del actual gobierno. Esos pocos casos no preocupan por cuanto el objetivo es frenar a la Oposición en su camino de conquistar alcaldías y gobernaciones, de cara a las elecciones presidenciales de 2022 (si es que se dan).

Pero además, a la innoble y pérfida propuesta hay que sumarle la clara intención de Duque y su partido de gobierno, de ralentizar el proceso de implementación del Acuerdo Final. La meta es clara: hacer que el país pase de haber vivido un proceso de paz, con todo y las expectativas generadas, a un simple armisticio, lo que significa posicionar la idea de que la paz fracasó, para mantener en el tiempo el desafío en el orden público de las disidencias y del propio ELN, y por ende, revivir la nomenclatura de la amenaza terrorista, para justificar la presencia militar en los territorios en los que están interesados en llevar el “desarrollo” a los territorios señalados en líneas atrás. Para el caso de las manifestaciones populares en ciudades capitales, hay plena confianza en el ESMAD y en hacer posible la propuesta del Mindefensa de “reglamentar la protesta social”.

Al complejo entramado de intereses se suman la decisión de la Corte Constitucional de frenar las consultas populares, convertidas localmente en un problema para la ejecución de proyectos minero energéticos. También hay que agregar la intención de proscribir  o por lo menos de debilitar el mecanismo de la consulta previa, en territorios en donde hay presencia de afros e indígenas que se oponen a proyectos de extracción.

Con todo y lo anterior, extender los periodos de gobierno de alcaldes y gobernadores es el primer paso que da este gobierno y su bancada parlamentaria para capturar administrativa y políticamente a específicas regiones en donde hoy se posan los intereses los sectores desarrollistas del país.

La progresiva deforestación que hoy vive el país hace parte sustantiva del proyecto económico que se esconde detrás de la propuesta que beneficiaría a los actuales mandatarios locales y regionales. Se trata, además, de la consolidación del centralismo bogotano, con el que será posible (re) ordenar los territorios del sur oriente del país, de acuerdo con el proyecto neo colonizador que encarna Uribe y al que el presidente Duque está dispuesto a poner toda la institucionalidad estatal para que alcance sus objetivos.

Desde ya hay que encender las alarmas porque lo que se viene para el país, en materia ambiental, es supremamente delicado. La apuesta de Duque es ampliar la frontera agrícola, dejar en manos de empresas criminales como las llama el profesor Manuel Rodríguez Becerra, la deforestación que se cierne sobre Chiribiquete y sobre otras zonas protegidas; al tiempo que anula toda opción de gobierno a la Oposición.

Si logran extender los periodos a los alcaldes y gobernadores, el país debe estar preparado para revivir el reelección presidencial o para cualquier otra maniobra legislativa y política que facilite la consolidación y la extensión en el tiempo el proyecto neo colonizador que Uribe inició en 2002 en la altillanura colombiana, en el sur oriente del país.






Imagen tomada de la bbc.com

viernes, 12 de octubre de 2018

Atando cabos


Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

Después de firmado el fin del conflicto armado con las Farc, lo deseable para el país es que llegara al poder del Estado un gobierno de transición, que no solo respetara lo acordado, sino que convocara a un gran pacto político, tal y como quedó consignado en el Acuerdo Final II,  con miras a diseñar escenarios de posconflicto[1]. Hoy es claro que el gobierno de Duque Márquez no está interesado en servir a esa transición y muchos menos trabajar en pro de la consolidación de una paz estable y duradera. Al final, al golpear presupuestal, política, social y administrativamente el proceso de implementación del Acuerdo Final de La Habana, la historia oficial dirá que en 2016 lo que realmente se dio fue, apenas, la firma del armisticio con las Farc.

Golpear, debilitar y hacer medianamente trizas el Acuerdo Final  hace parte del proyecto político e ideológico que llevó a Duque a la Casa Nariño,  que está anclado a un tipo de desarrollo que tiene como prioridad las actividades extractivas (incluye el fracking[2]),  la especialización agrícola por la vía de la ampliación en millones de hectáreas de monocultivos como la caña de azúcar y la palma africana para producir biocombustibles, y por supuesto, el de la potrerización, que produce una ganadería ineficiente porque está pensada desde la lógica de la especulación inmobiliaria. No interesa al presidente, a la bancada del Centro Democrático y a los otros partidos que acompañan al actual gobierno y a específicos agentes de la sociedad civil, que el país tenga un aparato productivo fuerte, porque los intereses de la élite rentista están por encima de la idea de desarrollar el país a través de la ciencia y el avance tecnológico.

La salida de las Farc de territorios cubiertos de ecosistemas boscosos y de otros con igual valor estratégico está sirviendo en estos momentos a los intereses de empresarios del campo y multinacionales que no solo cuentan con el respaldo del actual Gobierno para desarrollar allí proyectos agroindustriales o minero energéticos, sino que representan la avanzada social, cultural y económica del proyecto político que realmente encarna Iván Duque.

El proyecto ético-político de Duque tiene, por supuesto, el respaldo de instancias de poder en las que hoy convergen  ideas conservadoras, retrógradas, anacrónicas, antiliberales y ambientalmente insostenibles. Ejemplo de ello está en el talante de la decisión adoptada por la Sala plena de la Corte Constitucional en torno a las consultas populares.  Que las comunidades afectadas o potencialmente vulnerables no puedan impedir o detener actividades extractivas en sus territorios locales es una decisión jurídico-política de la Corte Constitucional que no solo va en contravía del sentido de propias y anteriores sentencias encaminadas a proteger valiosos ecosistemas[3], sino que termina por legitimar el proyecto ético-político que Duque ejecutará sin mayor reflexión.

El auto de la Corte Constitucional en relación con las consultas populares anula la participación social y política, al tiempo que reta a que los movimientos sociales en regiones y municipios promuevan todo tipo de acciones colectivas conducentes a confrontar la política desarrollista del actual gobierno. Además, el fallo de la alta Corte nos regresa a la fatalidad del centralismo bogotano, circunstancia que anula la ya relativa autonomía regional y municipal.

Con razón entonces celebran hoy en la  Asociación Colombiana de Minería (ACM): “Celebramos la decisión de la Corte Constitucional que otorga certeza jurídica a los inversionistas de estos proyectos que están comprometidos con la legalidad y las operaciones responsables en materia ambiental y social. El sector minero continúa comprometido con la minería bien hecha y seguirá trabajando de la mano de las comunidades, autoridades locales y nacionales para desarrollar proyectos mineros sostenibles y que brinden autentico desarrollo a las regiones y el país”, aseguró el presidente de la ACM, Santiago Ángel Urdinola[4].

Como ejemplo de lo que se viene para el país en materia ambiental está la decisión de la magistrada Nelly Yolanda Villamizar, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que ordena a la CAR a adoptar, sin mayor análisis, el plan del Distrito de  realinderar y recategorizar  la reserva Thomas van der Hammen. La operadora judicial  le da una orden a la autoridad ambiental, en una clara intromisión en las funciones de la CAR, al tiempo que aporta a la consolidación de la imagen negativa que arrastran no solo esta entidad, sino el resto de las corporaciones autónomas regionales. Y lo más absurdo de todo es que la jueza dijo que su intención clara es "cogobernar". Y busca hacerlo con el alcalde Peñalosa, enemigo de los ecosistemas. 

Así entonces, el gobierno de Duque y los sectores del Establecimiento que lo respaldan claramente están sacando provecho de la paz que dejó Santos, en el sentido en que aprovecharán la salida de las Farc de territorios estratégicos, para impulsar allí actividades económicamente sostenibles, pero social, política, cultural y ambientalmente insustentables. Y para consolidar los proyectos productivos asociados al modelo de la gran plantación, a la ganadería extensiva y la deforestación interesada de millones de hectáreas para escarbar y excavar el subsuelo, cuentan con las fuerzas paramilitares que Uribe jamás desmovilizó y sus servicios sicariales con los que vienen asesinando lideresas y líderes sociales, reclamantes de tierra, defensores de derechos humanos y del ambiente.

Es decir, a partir de la triada Tierra-DDHH-Ambiente  es posible develar el talante ético-político del gobierno de Duque. Y al esculcar en ese proyecto de país en el que por supuesto no cabemos todos, queda claro que el Presidente y el Centro Democrático (CD) llevarán al país no solo por los caminos de la insostenibilidad ambiental, social, política y económica, sino por los sinuosos caminos de la venganza contra todos aquellos que en el pasado inmediato apoyaron la paz de Santos e insisten en defender territorios y territorialidades que, en su discurso, deberán de manera obligada, articularse al unívoco proyecto de modernidad tardía que encarna el actual gobierno; proyecto que, por supuesto, está ancorado a o en lo que Boaventura de Sousa llama el colonialismo interno[5]. Y en ese colonialismo interno, lo indígena, lo campesino y lo afro no tienen cabida; así como todo lo que huela a izquierda, a crítica y a oposición.



Imagen tomada del diario nyt.com


domingo, 7 de octubre de 2018

PAZ, DISCRECIONALIDAD Y ACTOS DE ESTADO


Por Germàn Ayala Osorio, comunicador social y politólogo 

Sin lugar a duda, las dinámicas del conflicto armado interno sirvieron para exhibir y comprender los problemas enormes que históricamente arrastra el Estado colombiano para consolidarse como un orden viable, legítimo y justo. Problemas, dificultades y obstáculos originalmente anclados al perfil ético-político de una élite andina (bogotana) incapaz de pensar un proyecto de Nación con el que se considerara de vital importancia copar, en condiciones de legitimidad y sostenibilidad socio ambiental, los territorios selváticos, las llanuras y esas otras zonas del país que “el pensamiento andino” invisibilizó en y para el funcionamiento del Estado.  


Hoy, en pleno proceso de implementación del Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno de Santos Calderón (2010-2018) y unos diálogos con la guerrilla del ELN que devienen congelados y a punto de fracasar, la consolidación del Estado como un orden moderno y de una Nación consecuente con la construcción de una paz estable y duradera, constituyen asignaturas pendientes que bien pueden hacernos perder esta oportunidad histórica de pacificar el país por la vía negociada.  Y es así porque cada gobernante local, regional y nacional actúa con y desde una idea de Estado diferenciada y discrecional[1], que hace casi imposible pensar en que, de manera articulada, coordinada y consensuada, el país pueda avanzar hacia estadios de paz, posconflicto[2] o posacuerdos.

En varias columnas he propuesto la tesis de que en Colombia subsiste un “Doble Estado”[3], sostenido en y por prácticas clientelistas, mafiosas, dolosas y criminales de agentes de poder, como figuras políticas, empresarios, militares, académicos y periodistas, que de manera articulada, pero subrepticia, colaboran  con gobiernos en los ámbitos local, regional y nacional, para favorecer intereses sectoriales y de clase.

Pues bien, el allanamiento que efectuara recientemente el CTI de la Fiscalía General de la Nación a una diligencia en el edificio donde opera la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se enmarca, conceptual y empíricamente en la nomenclatura “Doble Estado” y se articula también a la idea de que altos funcionarios estatales, como el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira (NHMN), actúan desde su propia concepción de Estado, lo que hace pensar en la enorme dificultad de consolidar estadios de paz en Colombia, mientras subsista ese carácter discrecional con el que  Martínez Neira y en consonancia con la forma de pensar del Gobierno de Iván Duque Márquez, asumen el acto de Estado que lideró el entonces presidente Santos al haber firmado el fin del conflicto armado interno con la guerrilla de las Farc.

La diligencia de allanamiento no puede reducirse a un simple “choque de trenes”. Por el contrario, la acción judicial misma deja entrever la clara intención personal del Fiscal General de amedrentar a los funcionarios de la JEP, debilitar sus dinámicas internas y exponer a los magistrados de esta jurisdicción, a las fuerzas oscuras que legal e ilegalmente suelen actuar para favorecer a esos sectores del Establecimiento que al desconocer  el acto de Estado de Santos de  firmar el fin del conflicto armado con las Farc, le apuestan al fracaso del proceso de implementación porque esa circunstancia beneficia a quienes durante más de 50 años se aprovecharon  no solo de la guerra interna, sino de la conveniente debilidad del Estado[4].

La JEP en la mira

Son varios los hechos que probarían la intención manifiesta de NHMN, del gobierno de Duque y de la bancada del Centro Democrático para debilitar el proceso de implementación del Acuerdo Final firmado por Juan Manuel Santos en su doble condición de Jefe de Estado y de Gobierno.

Desconocer ese acto de Estado constituye una prueba irrefutable de que el Estado en Colombia no solo es una abstracción conceptual, sino la fachada institucionalizada de grupos de poder político, económico, social y militar que se sirven de la política, del clientelismo y de amañados escenarios electorales, para poner en altos cargos estatales a las fichas que las garantizarán la posibilidad de mantener la idea discrecional con la que asumen eso que otros llaman Estado Social de Derecho.

La captura de Jesús Santrich[5] fue el primer rifirrafe entre las dos jurisdicciones. Se agrava esta situación cuando meses después el propio Fiscal General reconoció no tener pruebas[6] que demuestren que el ex jefe de las Farc delinquió posterior a la firma del Acuerdo Final. Curiosamente, hoy domingo 7 de octubre de 2018, EL ESPECTADOR publica una nota[7] en la que se informa que NHMN acaba de entregar pruebas que comprometen al exguerrillero en la comisión de delitos de narcotráfico. ¿Por què ahora si dice tener las pruebas? ¿Se trata de una cortina de humo para tapar la evidente persecución contra la JEP? ¿De dónde salieron las pruebas? Preguntas estas que generan suspicacias sobre el actuar del Fiscal General y su real interés de perjudicar el proceso de implementación de lo que se acordó en Cuba.

A lo anterior se suman las iniciativas legislativas adelantadas por los congresistas del Centro Democrático para golpear lo acordado en La Habana en materia de tierras y reforma agraria integral. A estas acciones jurídico-políticas se suman los nombramientos[8] de funcionarios que no tienen la competencia y la experiencia para asumir cargos relacionados con el tema de tierras y el agenciamiento de los compromisos adquiridos por el Estado para cambiar las históricas circunstancias de pobreza y abandono del campo y del campesinado.

Y el más reciente hecho acaecido con el allanamiento a una sesión de la JEP y la consecuente captura de una copia de los expedientes que esa jurisdicción posee para abordar  los casos de secuestros en los que están involucrados miembros de la antigua Farc, es quizás el más grave, pero a su a vez el de mayor contundencia para demostrar que los enemigos de la consolidación del Estado y de la construcción de una paz estable y duradera están enquistados en el propio Establecimiento y cuentan con el apoyo del actual Gobierno. Es decir, tanto Duque como Presidente, su gobierno, la bancada del CD, otros sectores del Congreso, como el que lidera Vargas Lleras y el Fiscal General de la Nación, están uniendo esfuerzos para golpear no solo a la JEP, sino a todas las acciones y actos de Estado asumidos por el Gobierno de Santos, encaminados a lograr el éxito en la implementación del Acuerdo Final II.

Es claro que detrás de las actuaciones del CD, de NHMN y del propio gobierno de Iván Duque Márquez están los miedos que esa parte del Establecimiento que representan unos y otros, tienen de conocer hechos y circunstancias que darían cuenta de la desviación misional de unidades militares que coadyuvaron en gran medida a la extensión del fenómeno paramilitar. Por supuesto que les aterra a esos sectores de poder, que los agentes del Estado que comparezcan ante la JEP terminen reconociendo que hubo relaciones íntimas con agentes de la sociedad civil para producir “más y mejores resultados operacionales”. Relaciones que hicieron posible el desplazamiento de millones de colombianos, la comisión de masacres y la concentración, por desposesión, de millones de hectáreas arrebatadas a sangre y fuego en virtud del ya probado contubernio entre fuerzas estatales y los grupos paramilitares.

Es probable que el llamado que hizo la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU ante lo acaecido con el allanamiento a la JEP, sea asumido por los involucrados como un llamado de atención que en poco o nada frenará las intenciones de golpear el proceso de implementación del Acuerdo Final.
"La Jurisdicción Especial para la Paz es pieza clave del proceso de paz de Colombia. Es necesaria para garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no-repetición. Es igualmente indispensable para asegurar el acceso a la justicia transicional de ex miembros de las FARC-EP, integrantes de la Fuerza Pública, y otros agentes del Estado y terceros que voluntariamente quieran someterse a ella"[9].

Queda entonces claro que todo aquel acto de Estado conducente a la construcción de paz y a la posibilidad de fortalecer y consolidar el Estado, será desvirtuado, atacado, deslegitimado y debilitado desde adentro de las entrañas del régimen de poder. Ese ese quizás el gran problema de Colombia: las luchas intestinas y el carácter discrecional de què debe ser eso que llamamos Estado Social de Derecho o Estado constitucional y democrático de derecho.

El Fiscal cuestionado

En medio de un clima adverso y de acciones que buscan impedir que el proceso de implementación del Acuerdo Final con las Farc resulte exitoso, el país poco a poco conoce de las denuncias que el periodista Gonzalo Guillén viene haciendo, y que comprometen la honorabilidad del Fiscal General, Néstor Humberto Martínez Neira. Las pesquisas del periodista Guillén ponen a NHMN en una situación por lo menos incómoda desde el punto de vista ético.

Bastaría con lo publicado por Gonzalo Guillén[10] para que el Fiscal General respondiera, dejando de lado su cargo, los señalamientos que le hace el periodista. Por el contrario, el alto funcionario intenta desviar la atención sobre las graves denuncias[11] periodísticas, usando a la gran prensa afecta al régimen de Duque, para dar a conocer medidas, allanamientos, capturas y demás acciones que solo sirven para ocultar lo que en otros países y sociedades resultaría inaceptable y por ende, insostenible en su cargo al actual Fiscal General.

Periodística, ética y políticamente estas denuncias deberían hoy copar la atención de los colegas de Guillén, que trabajan para noticieros de radio y televisión. Muy seguramente los hechos denunciados por Guillén no alcanzan el estatus de noticia nacional por los efectos que produce la pauta oficial y por supuesto, porque hay medios y periodistas[12] en Colombia que de tiempo atrás acompañan el proyecto político de Uribe Vélez. Este mismo proyecto está asociado al actual gobierno de Colombia.

A los anteriores señalamientos, se suman los intereses corporativos, las actuaciones como abogado y los compromisos ético-jurídicos asumidos por el Fiscal General durante el tiempo que sirvió al Grupo Aval y los intereses de ese grupo en la construcción de tramos de las llamadas vías 4G, con el concurso de la multinacional brasilera Odebrecht. Circunstancias estas que Guillén y María Jimena Duzàn[13] han cuestionado.





Imagen tomada de Semana.com


[9] Apartes del Comunicado.









lunes, 1 de octubre de 2018

EL TIEMPO DE LA PAZ YA PASÒ


Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

El gobierno de Iván Duque heredó dos asuntos de enorme trascendencia para el país: de un lado, la etapa de implementación del proceso de paz adelantado y firmado entre el Gobierno de Santos y las Farc; y del otro, las conversaciones de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).  

Podemos hablar de dos procesos profundamente delicados, que de no consolidarse por el incumplimiento de lo acordado en el primero, y no alcanzar el objetivo esperado del segundo, darían al traste con la ilusión de paz que se construyó en el país después de la firma del Acuerdo Final II en el teatro Colón de Bogotá.

Hay claras señales de que los dos procesos no van bien como desean los millones de colombianos que, por ejemplo, votaron si en el plebiscito del 2 de octubre de 2016. Verlos de manera aislada es un enorme error, a pesar de las diferencias reales que en lo procedimental existen entre los dos modelos[1] de negociación.

La situación hoy de los diálogos de paz entre el ELN y el Gobierno es difícil. El proceso está en una especie de limbo y no parece haber un interés genuino  en salvarlo. Baste con leer la Resolución 237 del 18 de septiembre de 2018[2], que deja sin poder de negociación al equipo negociador del gobierno, para entender que de parte de la actual administración, habría poco interés de avanzar en las complejas negociaciones adelantadas con ese grupo subversivo, no solo por la metodología planteada, sino por las acciones desarrolladas por los elenos, como los secuestros de civiles[3], y los intereses de sectores de poder militar, social, económico y político de mantener la presencia física de un enemigo interno, para justificar, entre otros asuntos, el no cumplimiento o el cumplimiento a medias de lo acordado en Cuba.

Expondré varios hechos y circunstancias que bien podrían condensarse en una hipótesis que explicaría lo que está pasando con los diálogos con el ELN y que podría esa misma hipótesis, señalar algunos escenarios de inmediato futuro para la consolidación o no de la paz en Colombia.

En primer lugar, hay que señalar que el gobierno de Duque no ha expresado un interés mayúsculo en consolidar escenarios para una paz estable y duradera. Es decir, no es esa su prioridad. Por el contrario, sus acciones conducen a generar las mayores incertidumbres[4] en el proceso de implementación del acuerdo con las Farc y de congelar los diálogos de paz con el ELN, hasta que “suceda algo inaceptable” para romper definitivamente la mesa instalada en La Habana.

1.      Son varias las iniciativas legislativas que ha presentado el partido de Gobierno, el Centro Democrático (CD), con el firme propósito de echar para atrás o debilitar los avances institucionales y los compromisos adquiridos por el Estado en materia de restitución de tierras y el funcionamiento del modelo de justicia transicional. Entre dichas iniciativas están: de un lado, el proyecto de reforma a la ley de víctimas y restitución de tierras, presentado por la senadora María Fernanda Cabal, reconocida detractora del proceso de paz y esposa de José Félix Lafourie, representante del gremio ganadero, señalado por varios sectores de patrocinar a grupos paramilitares. Y del otro, el que recientemente se presentó para reformar la JEP[5], con la intención de debilitar a esa jurisdicción y poder tener control sobre las versiones de los militares[6] involucrados en la comisión de delitos de lesa humanidad (como los “falsos positivos”[7]).

2.       El nombramiento de Andrés Augusto Castro Forero[8] en la Unidad de Restitución de Tierras es visto como una clara muestra de la intención de echar para atrás o ralentizar el proceso de restitución de tierras a los campesinos y demás colombianos que sufrieron la embestida de los paramilitares, quienes al final los despojaron de sus tierras. “En la URT, agencia que se encarga de revertir el fenómeno del despojo de tierras en el que, según estimados casi ocho millones de personas fueron desplazadas a causa del conflicto armado, el presidente Duque nombró a Andrés Augusto Castro Forero. Un abogado de la Universidad del Rosario, especialista en gestión pública, y quien fungió como secretario General de Fedepalma.”.[9] 

En segundo lugar, al acompañar la política contra las drogas de los Estados Unidos, el presidente Iván Duque Márquez golpea de manera directa el programa de restitución voluntaria de cultivos de uso ilícito firmado en La Habana. De igual manera, en términos geopolíticos, Duque debilita el multilateralismo que estableció Santos como parte de su política exterior. Al circunscribir su política exterior a la agenda narcotizada de los EE.UU., el presidente de Colombia impone al proceso de implementación del acuerdo con las Farc y a la negociación con el ELN, los intereses norteamericanos y en particular, los de las empresas fabricantes y comercializadoras de armas, interesadas en prolongar el conflicto armado interno. Es decir, Duque insiste en una relación bilateral con el gobierno de Trump que claramente no acompaña de manera decidida la consolidación de la paz en Colombia.

En tercer lugar, el largo proceso de negociación y los costos económicos y políticos que viene dejando el proceso con las Farc, son presentados por el actual gobierno como un problema de sostenibilidad fiscal, lo que claramente abre la posibilidad para que mucho de lo acordado en La Habana, en materia de programas y acciones a ejecutarse en el sector rural, estén hoy desfinanciadas. Y por esa vía, hace perder interés en los negociadores del ELN y en la base guerrillera, que ve con desazón los problemas que afronta el proceso de implementación de lo acordado y firmado en el teatro Colón de Bogotá.  Se suma a lo anterior, el desgaste social de la paz. Como concepto y como tema de discusión pública, privada y mediática, la paz ya no convoca. La opinión pública parece haberse quedado con la idea de que bastaba con “quitarles las armas a las Farc” y “convertirlas en partido político”, para consolidar la paz y hablar de escenarios de posconflicto[10]. Craso error.

En cuarto lugar, queda la sensación de que al desmovilizar a las Farc y ser el ELN un grupo militarmente menor, no vale la pena insistir en firmar la paz con los elenos, por cuanto su presencia territorial y sus dinámicas de guerra no alcanzan a poner en aprietos al país, tal y como en su momento las Farc si lo lograron, sin que ello quiera decir que el régimen se puso en riesgo. Este imaginario sirve a los propósitos económicos y políticos de esa parte del Establecimiento que insiste en mantener la doctrina y el principio del enemigo interno. Y más ahora, cuando los lobistas de los fabricantes de armas insisten en la idea de intervenir militarmente en Venezuela. De todas maneras, para un sector castrense mantener un escenario de riesgo exterior y de enemigo interno siempre resultará benéfico en materia de manejo presupuestal y de presión política. De allí que se presione el aumento del presupuesto militar, para enfrentar cualquier amenaza, externa o interna, en claro detrimento del proceso de implementación del Acuerdo Final II y por esa misma vía, alejar la posibilidad de destinar recursos económicos para adelantar las reformas que se vayan negociando en la mesa de negociación con el ELN.

En quinto lugar, los empresarios del campo podrán estar viendo como un peligro el florecimiento de proyectos productivos desarrollados por los ex combatientes de las Farc y más aún, les podría generar miedo el cumplimiento de lo acordado en materia de restitución de tierras. Es decir, no admitirían competencia alguna, pues le apuestan a la consolidación de la gran plantación como modelo económico, social y político en el sector rural.

En sexto lugar, los cientos de miles de asesinatos de líderes sociales, ambientales, reclamantes de tierras y defensores de derechos humanos, y el ya casi centenar de ex combatientes de las Farc acribillados, no generan confianza en los miembros del Comando Central del ELN y en la base de esa misma guerrilla. A lo anterior se suma, que la minería ilegal es hoy, junto con el narcotráfico, un fuerte atractivo para aquellos guerrilleros del ELN que no comulgan con las directrices emanadas por el COCE y que estarían pensando en garantizar un mejor futuro a sus familiares y para ellos mismos, por supuesto.

En séptimo lugar, la presencia paramilitar es un fuerte incentivo para mantener la lucha armada por parte de la guerrilla, por cuanto sus comandantes reconocen que los grupos paramilitares están articulados a los intereses de ganaderos, latifundistas y empresarios del campo y amigos de la gran plantación (agrocombustibles). De allí que sus “objetivos revolucionarios de liberación” se tornen difíciles de deponer en una mesa de negociación que poco ha avanzado en el abordaje de los puntos acordados.  Si el ELN mantiene su proyecto político intacto, sus líderes y comandantes de frente saben que los asesinatos de líderes y lideresas sociales, defensores de DDHH y del ambiente, hacen parte de la estrategia económica, social y política que está articulada a la intención de potrerizar las zonas selváticas y de imponer el modelo de la gran plantación. No es gratuito que hoy la deforestación en Colombia haya aumentado exponencialmente en las zonas y territorios abandonados por las Farc.

Y en octavo lugar, es evidente el poco interés que hay en agentes de la sociedad civil para dar vida a la Mesa Social y discutir allí las reformas que el país necesita para avanzar en la consolidación de una paz estable y duradera. Y es así, porque el carácter corporativo del gobierno de Iván Duque permite pensar en que lo único que le interesa a la actual administración y a quienes lo respaldan desde la sociedad civil, es consolidar el modelo neoliberal, mantener la debilidad fiscal del Estado, su interesada precariedad institucional y mantener las condiciones y la inercia de las múltiples formas de violencia social y política. Dado lo anterior, queda claro que para el gobierno de Iván Duque Márquez, el tiempo de la paz, ya pasó.





Imagen tomada de la sillavacia.com


[1]
[3] Miembros del COCE explican que muchas de retenciones o secuestros de adolescentes indígenas y de otros, obedece a operaciones de contra inteligencia. En el caso de los menores, el ELN señala que las Fuerzas Armadas los usan como instrumentos para infiltrar comunidades y a las propias tropas elenas. Por supuesto que la Gran Prensa no explica estas circunstancias propias de la guerra. Tan solo registran los hechos como secuestros, acción socialmente reprochable, que es aprovechada políticamente por el actual gobierno para insistir en el congelamiento de las negociaciones de paz.
[8] Hijo de Jaime Castro Castro, detractor del proceso de paz. Exministro y exparlamentario.

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