Nueva publicación

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Tres artículos: Medio ambiente y conflicto armado; Editoriales sobre el proceso de paz con las Farc; y Acción colectiva y asentamientos en Cali. Memorias, 2018.

Nueva Publicación: Investigación sobre dos asentamientos informales de la ciudad de Cali. 2018

Nueva Publicación: Investigación sobre dos asentamientos informales de la ciudad de Cali. 2018
2 asentamientos: Los Samanes del Cauca y Navarro, ubicados en el jarillón del río Cauca.

NUEVA PUBLICACIÓN. PERIODISMO Y DESPLAZAMIENTO FORZOSO EN COLOMBIA.

NUEVA PUBLICACIÓN. PERIODISMO Y DESPLAZAMIENTO FORZOSO EN COLOMBIA.
Resultado de un proceso investigativo, este libro en coautoría da cuenta del tratamiento periodístico dado por el Diario El País de Cali, a los hechos y circunstancias que hicieron posible el desplazamiento forzado en Colombia y la aparición de la categoría Desplazados. 2016

lunes, 24 de septiembre de 2018

SENSACIONES


Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

No son buenas las sensaciones que deja el inicio del gobierno de Iván Duque. Los nombramientos de Ordóñez Maldonado[1] como embajador de Colombia en la OEA, de Alberto Carrasquilla[2], como ministro de Hacienda, el de Francisco Santos[3] como embajador en Washington y recientemente, el de Andrés Castro Forero[4] en la Unidad de Restitución de Tierras, dejan entrever que el talante ético-político y la gobernabilidad del presidente Duque están y estarán ancladas a los intereses de su mentor, el eterno presidente Uribe y de los sectores económicos, políticos, sociales y militares que aún siguen y respaldan[5] al latifundista, ganadero, caballista  y ex presidente antioqueño.  Así las cosas, Colombia estaría de regreso a las aciagas noches de la Seguridad Democrática y a la práctica del Todo Vale[6], lo que de inmediato le valdría a la actual administración el apelativo de gobierno de mano dura.

Estaríamos entrando, entonces, en la segunda parte de lo que en su momento se llamó el embrujo autoritario[7] y el unanimismo ideológico y mediático[8], expresión clara de lo que representaron para el país las dos administraciones de Uribe Vélez (2002-2010). Con una diferencia: Duque exhibe un débil liderazgo y su magra imagen de Estadista sirve a los propósitos de la prensa afecta al régimen, de continuar poniendo los reflectores sobre la imagen polémica y el carácter belicoso y montaraz de Uribe y el de sus áulicos, para distraer a la opinión pública. De esta manera, la frase de cajón, soluciones y no agresiones, se va convirtiendo en un mantra que repiten quienes insisten en tapar lo que realmente pasa hoy, y pasará mañana con el gobierno de Iván Duque Márquez.

En ese marco, circunstancial, histórico, coyuntural e institucional, el gobierno de Duque hará todo para que el proceso de implementación del Acuerdo Final fracase o se debilite. Y para ello, ya se anuncian- y se denuncian- recortes importantes en los presupuestos[9] de las agencias encargadas de dar cumplimiento y asegurar la viabilidad de lo acordado en La Habana y ratificado en el teatro Colón de la capital del país. Lo más probable es que la institucionalidad[10] que en La Habana se pactó crear, no logre darse, lo que redundará en el fracaso del proceso de implementación y quizás, con el tiempo, del proceso de paz.

Su política exterior, sujeta en buena medida a la agenda de los Estados Unidos, servirá para golpear el programa de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, con la reactivación de las fumigaciones aéreas con glifosato; además, al decir no al multilateralismo, Duque manda un negativo mensaje a los países europeos que acompañaron y respaldaron el proceso de paz.  Y en ese mismo contexto, Duque hará todo lo posible para coadyuvar a los Estados Unidos en su pretensión de desestabilizar al régimen de Maduro Moros. Y caerá en la trampa de comprar material bélico, como preparación para una eventual guerra con Venezuela. De esta manera, ante la urgencia de prepararse para ese posible escenario, las inversiones para la paz sufrirán recortes porque a un sector del Establecimiento le dio por jugar a la guerra.

El enemigo interno

La desaparición de las Farc como guerrilla es uno de los logros del proceso de paz que más dificultades genera al actual gobierno y a los sectores de poder militar y económico que en otrora se beneficiaron de la guerra interna. Y es así porque la agenda mediática no tiene cómo entretener a las audiencias con hechos bélicos que sirvan para ocultar, por ejemplo, la política económica de este gobierno, con la que claramente busca golpear a la clase media y hundir a los pobres cada vez más. Por el contrario, con el silenciamiento de los fusiles farianos, el país poco a poco entiende que el mayor problema del país es la corrupción, privada y pública, y no la presencia de las guerrillas, tal y como la prensa lo impuso como verdad durante más de 50 años.  

Por ello, la prensa registra, con especial énfasis, la presencia de las disidencias de las Farc, al tiempo que oculta las acciones de los grupos paramilitares que no se desmovilizaron y que están detrás de los cientos de miles de asesinatos[11] de líderes y lideresas sociales, reclamantes de tierras y defensores del medio ambiente. Mantener vivo el nombre de las Farc hace parte de la estrategia cognitiva y mediática para mañana señalar que fueron las Farc y no el Estado quienes incumplieron la palabra empeñada en Cuba.

Mientras se habla de disidencias de las Farc y esperan que estas crezcan en número y acciones, dichas agrupaciones paramilitares seguirán actuando con el beneplácito de sectores del Establecimiento, amenazando y asesinando periodistas críticos del actual gobierno, así como a profesores, intelectuales y académicos. Es decir, está de regreso el terror en los tiempos en los que el DAS fungió como la policía política del Gobierno de Uribe. En esta oportunidad, se hará todo lo posible para impedir que se establezcan responsabilidades en los organismos de seguridad del Estado y en el Estado mismo, de los crímenes que ya se han cometido y los que muy seguramente vendrán más adelante.

Por ahora, alias Guacho y otras acciones atribuidas a las disidencias de las Farc servirán al propósito de anular el imaginario que dejó construido Juan Manuel Santos alrededor de la paz y que bien queda representado en las siguientes expresiones: “Colombia ya vive en el posconflicto, la guerra se acabó, el enemigo interno no existe…”.

Esa parte del Establecimiento que no acompañó el proceso de paz con las Farc, necesita mantener viva la idea de la existencia de un enemigo interno. Al hacerlo eterno, se logra controlar y mantener la unidad de mando dentro del sector de las Fuerzas Armadas que no ve con buenos ojos la reducción del presupuesto, como consecuencia de la reinserción de las Farc y la sustancial disminución de la violencia guerrillera; ese mismo sector castrense, está hoy poco interesado en hacer la transición de la guerra a la paz y por el contrario, presiona por la reaparición del enemigo interno.  Esa misma lógica político-militar explica la decisión del presidente de quitarle funciones al equipo negociador  que dialogaba con el ELN en La Habana. Romper los diálogos con esa guerrilla será una manera de agradecerle a ese sector castrense que “soportó con altivez la negociación con las Farc, asumida como una claudicación del honor militar”.

Al mantenerse la vigencia de un enemigo interno (ELN, y las disidencias de las Farc y quizás, otras organizaciones que en lo consecutivo puedan aparecer) se le facilitan las tareas a quienes desde el Establecimiento reconocen a los miembros de la Izquierda democrática como parte sustantiva de eso que llaman el enemigo interno.

Por ese camino, la violencia política continuará y lo más probable es que de cara a las elecciones regionales de 2019, reaparezcan las amenazas y los asesinatos de candidatos de izquierda; igualmente, volverían las masacres,  y los desplazamientos forzados de campesinos, afros e indígenas que se oponen, entre otras prácticas, a la consolidación del modelo de la gran plantación, tal y como se tiene presupuestado montar en la altillanura colombiana, a través de la apropiación indebida de baldíos[12] por parte de poderosas familias y empresas nacionales y extranjeras. Para lograrlo, deberá aumentar la deforestación en la Amazonia y en otras zonas selváticas y, claro está, insistir en el extractivismo que Uribe y Santos auparon durante los últimos 16 años.

Así entonces, el panorama económico, ambiental, social y político para Colombia se ensombrece cada día. No son buenas las sensaciones que dejan estos meses de la actual administración.  Al parecer, estamos condenados a vivir en medio de la zozobra, del miedo que generan tanto las fuerzas que componen el Doble Estado[13], como las disidencias de las Farc, las acciones del ELN y los sempiternos grupos paramilitares.





Imagen tomada de Semana.com

[1] El Consejo de Estado anuló su espuria reelección como Procurador General de la Nación, por violar la ley. Véase: http://laotratribuna1.blogspot.com/2016/07/del-ahogado-el-sombrero.html
[8] Véase el libro De la democracia radical al unanimismo ideológico, Medios y seguridad democrática. UAO, 2016.
[9] https://www.lafm.com.co/politica/recorte-de-recursos-para-la-paz-para-fortalecer-sector-defensa

jueves, 20 de septiembre de 2018

“PACHITO” SANTOS Y LA CRISIS VENEZOLANA


Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

Todas las opciones deben ser consideradas en la crisis venezolana”, señaló Francisco Santos, embajador de Colombia en Washington. Dentro del paquete de medidas, el funcionario contempla, por supuesto, una intervención militar, que pondría al país en la mira de las fuerzas armadas venezolanas. De inmediato, el presidente Duque salió al paso a las declaraciones del ex vicepresidente de Uribe, y señaló, con el carácter tibio que lo caracteriza, que él “no tiene un espíritu belicista”.

Dadas las complejas circunstancias que se viven en la frontera colombo-venezolana y las tensas relaciones bilaterales con el gobierno de Nicolás Maduro Moros, la aclaración de Iván Duque deja dudas sobre la real política exterior de Colombia frente al caso venezolano. Hay tres hechos que no se pueden olvidar: el primero, lo que en su momento señaló Álvaro Uribe Vélez en  relación con la Venezuela de Chávez Frías: “me faltó tiempo para intervenir militarmente en Venezuela[1]; el segundo, que Francisco Santos es cuota política y ficha ideológica del ex presidente Uribe en Washington; y el tercero, las presiones que recibe el presidente Duque del senador del Centro Democrático, que claramente le resta capacidad de maniobra.

Por lo anterior, el acto de habla de Francisco Santos hace parte de un proyecto político de los miembros de la derecha y la ultraderecha venezolana, con el apoyo de sus  homólogos en Colombia, para desestabilizar el régimen de Maduro y reestablecer la democracia liberal y, por esa vía,  recuperar las relaciones económicas bilaterales.

Además, lo dicho por el embajador de Colombia en Washington hace parte del proceso de debilitamiento del multilateralismo que implementó el entonces presidente Juan Manuel Santos, con el objetivo de buscar apoyo internacional al proceso de paz adelantado con las Farc-ep. Por el contrario, Iván Duque (2018-2022), siguiendo instrucciones del ex presidente Uribe y de una parte importante del Establecimiento, claramente busca reestablecer las históricas relaciones bilaterales con el país del Tío Sam, fuertemente ancladas a la lucha antinarcóticos y a la vigilancia del entorno suramericano, utilizando a Colombia como territorio para adelantar operaciones de inteligencia en contra de aquellos gobiernos de la región que viraron a la izquierda o que insisten en mantener prudente distancia con las políticas de los Estados Unidos frente a esta parte del hemisferio.

Por supuesto que lo expresado por “Pacho” Santos es de una enorme irresponsabilidad política, pero no constituye una salida en falso del funcionario. Por el contrario, lo dicho por el ladino funcionario debe entenderse como parte de la “nueva” política bilateral de Colombia con los Estados Unidos. Que “Pachito” sea reconocido por ser lenguaraz, y  actuar, en público y en privado, como un menor de edad, mimado y malcriado, no puede hacernos perder de vista de su talente belicoso y fascista que exhibió como vicepresidente de Uribe.

Adenda: no se trata de defender el régimen de Maduro. De lo que se trata es de preservar el principio de la autodeterminación de los pueblos. Corresponde a los militares y al “pueblo” venezolano, encontrar las salidas a su crisis institucional[2], política, social y económica.






miércoles, 19 de septiembre de 2018

AFONÍA CÓMPLICE


Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

Después del debate que la Oposición le hiciera en el senado al ministro Carrasquilla, lo más probable es que la moción de censura contra el ladino funcionario no prospere. Es decir, seguiremos, para vergüenza de Colombia, sin poder estrenar esta figura política[1] consagrada en la Constitución de 1991. Y por los lados del ministro, este podrá continuar con su tarea de consolidar y profundizar el modelo neoliberal, que para el caso específico de Colombia, busca reducir el Estado a su más mínima expresión, o permitir su cooptación y captura mafiosa, frente a un creciente mercado, en el que sus agentes de poder buscarán concentrar aún más la riqueza en pocas manos. Finalmente, Carrasquilla fue puesto al frente de la cartera de Hacienda para servir a los intereses de los empresarios que patrocinaron la campaña presidencial del actual presidente de Colombia.

Insisto en que no es nada raro que la moción de censura propuesta contra Carrasquilla no prospere. Y  es así, porque el ethos mafioso se entronizó no solo en la sociedad, sino en su clase empresarial y política. Salvo los citantes al debate, los congresistas en Colombia suelen actuar en beneficio propio, por esa razón se ponen al servicio del gobierno de turno. En este caso, las bancadas de los partidos Liberal, Conservador, Cambio Radical y Mira, entre otros, apoyaron al cuestionado ministro Carrasquilla.

El gobierno de Iván Duque claramente exhibe un talante corporativo con el que la bancada gobiernista y el propio Presidente, justifican y validan lo hecho por Alberto Carrasquilla con los llamados Bonos de agua. Que  117 municipios tengan hoy comprometidas sus finanzas públicas y, por ende, el bienestar de sus pobladores, constituye un asunto menor para quienes llegan al Estado con la clara pretensión de enriquecerse o de aprovecharse de la información privilegiada a la que tienen acceso. Finalmente, funcionarios estatales y agentes privados aprendieron a manejar el Estado con un sentido corporativo.  

Lo que debería de preocuparnos en mayor medida es el silencio cómplice que exhiben los gremios de la producción, el empresariado, la Academia, Sindicatos, estudiantes, y la Iglesia Católica, entre otros agentes de la sociedad civil. Incluso, la Federación Nacional de Municipios debería de manifestarse en torno a la difícil situación fiscal por la que pasan 117 municipios, “beneficiados” por los “Bonos de agua”, o los “Bonos Carrasquilla”.

Esperar que los señalados agentes de la sociedad civil confluyan en una petición que exija la salida del cuestionado ministro de Hacienda, deviene en una verdadera utopía. Sectores de la sociedad civil y de la sociedad en general, comparten los principios éticos con los que actuó Carrasquilla. Hay millones de  colombianos que admiran al vivo, al ventajoso, al mentiroso, al marrullero, al ladino y a todo aquel que tenga como único objetivo de vida conseguir dinero, a como dé lugar, así sea violando la ley.

Para destacar del debate, las intervenciones de Petro y Robledo: organizadas, fundamentadas y claras. Lástima que en este país este tipo de ejercicios argumentales de poco sirvan,  en particular cuando logran develar el sinuoso talante con el que actuó Alberto Carrasquilla.

Insisto en que deberíamos de sentir vergüenza como sociedad, ante el silencio cómplice de aquellos agentes de la sociedad civil sobre los cuales recae la responsabilidad de construir una mejor sociedad. Asusta y aterroriza la afonía del empresariado, de la Iglesia Católica y de la Academia. Quizás esa sea la expresión clara de que estamos perdidos y de que moralmente somos un país inviable.






Imagen tomada de Canal1.com.co


[1] Artículo 135 de la Carta Política.

viernes, 14 de septiembre de 2018

DOS FRASES


Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

La senadora María Fernanda Cabal y el ministro de Defensa, Guillermo Botero, expresaron, recientemente y  en diferentes momentos, peligrosas opiniones. La congresista dijo “que la actual cúpula militar es inservible”; y el ministro de la cartera de la Defensa, señaló que “los grupos armados ilegales financian la protesta social”. 

Aparentemente, los pronunciamientos de Cabal y Botero van por caminos distintos y obedecerían a simples opiniones. Intentaré mostrar que, por el contrario, el sentido de lo expresado por los funcionarios estatales converge en un punto y que esos actos de habla corresponden a un discurso  que está anclado al proyecto político que encarna el presidente Duque y que sigue la línea trazada por la derecha y la ultraderecha colombiana.

Antes de eso, hay que señalar que ante lo expresado por la senadora del Centro Democrático, el ministro Botero y el propio Presidente Iván Duque, guardaron un preocupante silencio. Es decir, terminaron validando la opinión de la señora Cabal. Que el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, esto es,  el Presidente Duque, y el ministro de la Defensa no defiendan a la actual cúpula militar, solo sirve para debilitar las institucionalidades involucradas: la castrense, de un lado, y del otro, la civil, en cabezas del Presidente y del ministro de la Defensa, sobre quienes recae la tarea de mantener a militares y policías bajo el dominio del poder civil. El asunto reviste una enorme gravedad.

El mensaje que envían tanto la señora Cabal, como el mutismo de Duque y Botero es claro: esta cúpula no sirve, lo que de inmediato me hace preguntarme: ¿entonces, en quién confían estos altos funcionarios? Acaso subsiste una “cúpula militar paralela” dentro de la misma institucionalidad castrense o quizás, haya más confianza en aquellos sectores de poder militar y de inteligencia (legal e ilegal) que constituyen lo que llamo el "Doble Estado"?

Antes de ir a lo expresado por el ministro Botero, hay que señalar que su primera propuesta pública recién asumió la dirección de la cartera de defensa, fue "reglamentar la protesta social", con el claro objetivo de ponerle límites y para más adelante, prohibirla y proscribirla. Pues bien, ahora Botero va más allá y afirma que los "actores armados ilegales financian la protesta social en Colombia", lo que de inmediato pone en línea de mira a quienes protestan y se movilizan, para manifestar inconformidad con políticas y acciones de Gobierno. 

Al estigmatizar a los líderes sociales que convocan marchas y acciones colectivas,  las fuerzas legales e ilegales que suelen actuar dentro del Estado, seguirán con el proceso de exterminio[1] de líderes sociales, lideresas, reclamantes de tierras y defensores del medio ambiente. Lo expresado por el ministro de la Defensa pone en riesgo la vida de cientos de miles de ciudadanos que protestaron y que mañana lo seguirán haciendo por cualquier asunto público que toque los intereses de grupos humanos vulnerables como campesinos, pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas. Tan grave resulta la frase de Botero, que prácticamente supone ponerle a cada manifestante, a cada marchante, una lápida con el siguiente epitafio: “aquí yace quien protestó, con el apoyo de grupos armados ilegales”.

Por esa vía, el sentido de las dos frases converge en estas  ideas: la primera, que subsiste un aparato militar, policial y de inteligencia, paralelo a las fuerzas legítimamente constituidas, en el que la senadora Cabal y Botero parecen confiar más. Quizás los dos funcionarios saben de su existencia y de la efectividad en el control y eliminación física de aquellos que protestan y para dar resultados operacionales; y la segunda, que dentro de las mismas fuerzas armadas hay sectores que están presionando para que se dé no solo un recambio en la actual cúpula militar, sino una reorientación misional, que mantenga viva y funcionando la doctrina del enemigo interno, un tanto  “debilitada”, en lo conceptual y en la práctica,   por los procesos de paz con las Farc y el ELN.

Las expresiones de María Fernanda Cabal y Guillermo Botero no se pueden tomar como simples opiniones. Detrás de esos actos de habla hay una idea clara de regresar al país a los tiempos de la seguridad democrática. Esto es, persecuciones y desapariciones por asuntos ideológicos, por pensar distinto.  La congresista y el ministro de la Defensa quizás estén abogando por el regreso a las detenciones masivas ocurridas en el primero gobierno de Uribe Vélez. Y para ello, necesitarán no solo de una renovada cúpula militar, sino de los cuerpos de seguridad paralelo (las llamadas fuerzas oscuras), que siempre han actuado en Colombia. Quizás para estos dos funcionarios, los ùnicos modelos de seguridad viables para el paìs son los de Turbay Ayala (Estatuto de Seguridad) y  Uribe Vèlez (PPDSD).




domingo, 9 de septiembre de 2018

CARRASQUILLA DEBE RENUNCIAR


Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

El origen político-clientelista[1] de los nombramientos en el gabinete del gobierno de Iván Duque, de manera temprana, empiezan a develar no solo el real talante del actual mandatario de los colombianos, sino la fuerza operativa de lo que en varias columnas llamo el ethos mafioso que guía la vida de funcionarios estatales y privados, en particular, la de aquellos que cuentan con el aval de agentes de la sociedad civil que patrocinaron la campaña electoral del actual presidente de Colombia.

La columna de Daniel Coronell, intitulada La murga de Panamá, no solo expone los problemas éticos que erosionan la legitimidad de la designación de Alberto Carrasquilla Barrera, sino que hacen insostenible su permanencia como Ministro de Hacienda. 

En un país decente, con una institucionalidad limpia de cualquier rasgo de clientelismo, corrupción y con una mínima concepción de la ética pública y privada, el presidente de la República ya habría prescindido del funcionario comprometido con las denuncias que el periodista Coronell registra en su columna. Pero no, estamos en Colombia, un país en el que su sociedad permitió y coadyuvó a la entronización del ethos mafioso y su clase política y dirigente deviene históricamente cuestionada por sus vínculos con grupos de mafiosos, criminales y todo tipo de prácticas dolosas que hacen parte de lo que llamo el “Doble Estado”[2], que tiene en el comportamiento ético de las élites del Establecimiento, el correlato más diciente y la prueba fáctica de su existencia.

Se espera que sectores del Congreso, en particular los partidos que se declararon en Oposición e incluso, los que se comprometieron a actuar con independencia del Gobierno de Duque, promuevan[3] la moción de censura por los hechos denunciados por el columnista de la revista Semana. Huelga recordar que esta figura política aún no se estrena en Colombia, lo que claramente demuestra lo dañino que es el régimen presidencialista, pero, sobre todo, sirve para comprender la erosión moral y ética de la clase política, claramente cooptada por millonarios empresarios que usan a los miembros de aquella, para mantener sus privilegios de clase y para extender en el tiempo el régimen plutocrático y kakistocràtico que opera de tiempo atrás en Colombia.

Es de esperar que la moción de censura no prospere. Y no pasará, porque Carrasquilla es ficha clave para los intereses económicos de la élite empresarial que llevó a Duque a la Presidencia. De resultar así, la responsabilidad política y el desgaste institucional, político y personal lo deberá asumir el presidente Duque, quien como candidato dijo que en su gobierno no habría mermelada[4] y que combatiría la corrupción. Por ahora, tanto el caso de su ministro de Hacienda, como la designación de Ordóñez Maldonado como embajador de Colombia ante la Organización de Estados Americano (OEA), confirman que su discurso anticorrupción solo fue una simple estratagema de campaña, y que hoy ese mismo discurso es un simple artificio con el que intentará ocultar una realidad política incontrastable:  en la elección de su equipo de gobierno, Duque poco o nada tuvo que ver. Detrás de los nombramientos estuvo el mismo personaje al que el Presidente de los colombianos llamó "presidente eterno". 

Y para el caso de Carrasquilla, y de acuerdo con las denuncias de Coronell, está claro que quien lo impuso en esa cartera fue el expresidente Uribe, quien comparte con el ministro de Hacienda el mismo ethos mafioso que, para el caso, se expresa en la dificultad que tienen los dos políticos para reconocer los límites entre el interés colectivo y sus aspiraciones personales y familiares.  






Imagen tomada de la revista Dinero.com


[3] Ya parece que el senador Benedetti la impulsará: http://caracol.com.co/radio/2018/09/09/politica/1536517703_613237.html

[4] Eufemismo con el que se busca esconder lo que claramente es la corrupción política y administrativa al interior del Estado. Cupos indicativos, proyectos de ley y negocios privados que requieren del aval o de la “bendición” política de congresistas, son los mecanismos y las formas tradicionales que hacen posible que la corrupción se haya naturalizado en la operación del Estado.

miércoles, 5 de septiembre de 2018

CIUDADANOS INCÓMODOS


Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

No cesan los crímenes de líderes y lideresas sociales, reclamantes de tierras, defensores de los derechos humanos y del ambiente. Estamos, entonces, ante una progresiva y sistemática práctica criminal que cuenta con la anuencia de las autoridades militares y policiales, el silencio de las iglesias y con el beneplácito de una parte importante de la sociedad y del propio Establecimiento que de tiempo atrás asocian las víctimas de estos sistemáticos crímenes, con el sentido representacional que concentra la categoría “ciudadanos incómodos”.

Y es que reclamar derechos, exigir que se respeten los ecosistemas y demandar la devolución de las tierras arrebatas a sangre y fuego por los actores armados, en particular las que despojaron los paramilitares, son acciones que incomodan a sectores políticos, económicos y sociales del régimen de poder, de allí que varios de sus agentes opten por mandar a eliminar a esos ciudadanos que los incomodan. Quienes están detrás de los crímenes de los líderes sociales y reclamantes de tierras, entre otros, son los mismos  que en tiempos pasados apoyaron el multifactorial proyecto paramilitar y que hoy, ante la desarticulación de ese proyecto y su consecuente lumpenización, usan esa fuerza armada hoy prácticamente reducida al cumplimiento de acciones sicariales.

Se cuentan más de 330 ciudadanos asesinados desde 2016. En lo corrido del 2018, la cifra asciende a 90. Y en la última semana, van 7. Estamos ante una práctica genocida que, a cuenta gotas, intenta ocultar no solo que se trata de una acción premeditada y sistemática, sino que cultural y políticamente, está asociada a las formas tradicionales como en Colombia se ha asumido al diferente, al que piensa distinto, al que reclama el cumplimiento de sus derechos y por supuesto, en el marco del proceso de implementación del Acuerdo Final, aquellos que reclaman las tierras despojadas por los paramilitares al servicio de ganaderos y empresarios del campo.

Así entonces, lo que viene aconteciendo en Colombia debe asumirse, explicarse y entenderse en el contexto de una sociedad conservadora, intolerante y violenta; igualmente, mirarse dicha práctica genocida, en el marco de un Estado precario que sigue en muchas instituciones públicas penetrado y contaminado por el fenómeno paramilitar. Es decir, hay un ethos paramilitar que se entronizó no solo en el funcionamiento del Estado, sino en las relaciones sociales. La sociedad colombiana valida y legitima el asesinato de líderes y lideresas sociales por una razón: sus vidas son subvaloradas porque cultural y étnicamente están ancoradas a “gente pobre, campesinos, mestizos, afros e indígenas”, esto es, ciudadanos que al tornarse “incómodos” para ciertas élites del Establecimiento, “deben” ser eliminados.

Por lo anterior, detener este genocidio extendido en el tiempo no será fácil. Puede que exista la capacidad técnica e investigativa para dar cuenta con los sicarios y los autores intelectuales. Incluso, es posible enfrentar a las redes, legales e ilegales, que hacen parte de la logística que hay que poner en marcha para asegurar los “positivos” resultados que hoy aplauden quienes están detrás de esta práctica genocida, no reconocida así por la Fiscalía General. Pero no existe el menor interés en desmantelar  las bandas sicariales (ex paramilitares y neo paramilitares) y mucho menos, develar las estructuras de poder social, económico y político que están detrás y que constituyen lo que se conoce como los actores intelectuales.

Cuando el Congreso retome la discusión de las 16 curules para las víctimas del conflicto armado interno, las comunidades afectadas por las dinámicas de los actores armados se encontrarán diezmadas en sus procesos comunitarios, justamente por el asesinato de sus más connotados líderes. Y muy seguramente, el miedo impedirá que muchas de las víctimas de la violencia política en el marco de la guerra interna, quieran llegar al Congreso a través de las circunscripciones especiales de paz acordadas en La Habana.

Por todos los intereses que hoy se levantan en contra del proceso de implementación del Acuerdo de Paz con las Farc y en particular, aquellos sectores de poder que se oponen al cumplimiento de lo firmado en el punto 1 de la Reforma Agraria Integral, lo más probable es que los crímenes continúen, ante el silencio cómplice del actual Gobierno y de disímiles autoridades y sectores societales. En el fondo, la consigna es clara: eliminar a todo lo que huela a izquierda o, simplemente, al que se atreva a incomodar a los agentes del Establecimiento.


Imagen tomada de Semana.com 

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