Nueva publicación

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Tres artículos: Medio ambiente y conflicto armado; Editoriales sobre el proceso de paz con las Farc; y Acción colectiva y asentamientos en Cali. Memorias, 2018.

Nueva Publicación: Investigación sobre dos asentamientos informales de la ciudad de Cali. 2018

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2 asentamientos: Los Samanes del Cauca y Navarro, ubicados en el jarillón del río Cauca.

NUEVA PUBLICACIÓN. PERIODISMO Y DESPLAZAMIENTO FORZOSO EN COLOMBIA.

NUEVA PUBLICACIÓN. PERIODISMO Y DESPLAZAMIENTO FORZOSO EN COLOMBIA.
Resultado de un proceso investigativo, este libro en coautoría da cuenta del tratamiento periodístico dado por el Diario El País de Cali, a los hechos y circunstancias que hicieron posible el desplazamiento forzado en Colombia y la aparición de la categoría Desplazados. 2016

lunes, 27 de agosto de 2018

QUEDAMOS NOTIFICADOS…


Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

Mientras la Registraduría Nacional del Estado Civil preparaba la logística para la llamada consulta anticorrupción del 26 de agosto del año en curso y una parte del país se alistaba para votar, el presidente de la República, Iván Duque Márquez, designaba al exprocurador Alejandro Ordóñez[1] Maldonado, consumado clientelista y corrupto, como embajador de Colombia ante la Organización de Estados Americanos (OEA). Así de contradictoria es Colombia, su dirigencia política, empresarial, mediática, eclesiástica, académica y por supuesto, el resto de los colombianos que se pueden agrupar en la categoría Pueblo[2].

Para confirmar el espíritu contradictorio con el que solemos actuar los colombianos, horas después de finalizada la jornada de votación del domingo 26 de agosto, el presidente de la República se dirigió al país en su primera alocución presidencial, para felicitar a los animadores de la consulta contra la corrupción, a la Registraduría y la institucionalidad democrática, cuando claramente el mandatario no acogió la iniciativa como una bandera de gobierno. Duque se limitó a decir, días antes de la consulta, que votaría, aunque jamás dijo en qué sentido.  Igualmente, el mandatario de los colombianos volvió a mostrarse a favor de luchar contra la corrupción, sin responder a los cuestionamientos que agentes de diferentes sectores de poder político, social y mediático le hicieron por la designación de Ordóñez[3], quien salió de la Procuraduría General de la Nación porque el Consejo de Estado anuló su espuria reelección.

Y si el Presidente Duque es contradictorio, no podríamos esperar que el grueso de la sociedad mostrara un talante distinto. Por el contrario, de los 36.421.026 ciudadanos habilitados para votar, solo 11.669.069 depositaron su voto en la ya señalada jornada. Es decir, el 32.03% del total del censo electoral.

A pesar de que no se alcanzó el umbral, los promotores de la consulta contra la corrupción y otros tantos ciudadanos insisten en que se trató de un “triunfo” importante. Aseguran, además, que la clase política clientelista y corrupta “quedó notificada” de que hay casi 12 millones de colombianos que están reclamando cambios sustanciales en sus costumbres políticas. Difiero de la postura triunfalista. No se alcanzó el umbral, lo que significa que la consulta fracasó, aunque haya sido por menos de 500 mil votos.

Conocido el resultado, intentaré un ejercicio explicativo de lo acaecido en Colombia este domingo 26 de agosto, en aras de mirar qué puede pasar más adelante con esta sociedad moralmente confundida y políticamente contradictoria.

A pesar del fracaso por no haber alcanzado el umbral (12,140.342 votos), la votación lograda constituye un “triunfo” moral y manda un mensaje claro de un sector importante del censo electoral que está hastiado de los corruptos, de la corrupción y del clientelismo.

Eso sí, no se puede perder de vista que a pesar de que ganó el Sí en todas las siete preguntas, los porcentajes alcanzados por el NO para las mismas, aunque mínimos, dan cuenta de un número de colombianos que podrían estar mandando también un mensaje distinto y que los acerca a ser proclives a no rechazar tajantemente prácticas políticas como las de la contratación pública, que devienen contaminadas por mezquinos intereses particulares (los contratistas, por ejemplo). 

Así se trate de porcentajes que no superaron el 1,2% en promedio, hay colombianos que no solo se mostraron en contra lo preguntado en la consulta, sino que bien podrían estar apoyando prácticas corruptas, amparados en la defensa de sus particulares intereses. Por ejemplo, contratistas que rechazan transparencia en los pliegos, en las formas de contratación; congresistas y altos funcionarios del Estado que no aceptan la reducción del salario o que no desean hacer públicos sus bienes. Y otros, que simplemente vieron como inaceptable restringir a tres periodos su paso por el Congreso, cuando, justamente, han hecho ingentes esfuerzos por consolidar una clientela que cada cuatro años les asegura los votos suficientes para mantener una curul.

Lo positivo

Fue positivo el origen de la campaña y la forma como se hizo la convocatoria: no hubo ofrecimientos de dádivas, tamales, tejas, contratos y demás prebendas que suelen ofrecer los candidatos a ejercer cargos públicos de elección popular.

De igual manera, resulta positivo que 11.669.069 hayan salido a manifestarse en uno y otro sentido, a pesar, insisto, de no haber alcanzado el umbral. Es un número importante que abre una ventana de esperanza de cambio para un país sumido en la desesperanza y en la desconfianza en la democracia.

Este tipo de ejercicios consultivos sirven para ir, poco a poco, minando la apatía ciudadana y por esa vía, ganar en cultura política, la misma que deviene empobrecida en una sociedad escindida, con un capital social bajo, confundida moral y éticamente y que tiene problemas para entender qué es eso de lo público.

Lo negativo

El resultado mismo, pues da cuenta de una ciudadanía con una baja o empobrecida cultura política y democrática. En el fondo, lo que exhibió el electorado colombiano el 26 de agosto es una negativa comprensión del sentido de lo Público. Y en eso confluyen y convergen tanto los que no votaron, como los pocos que lo hicieron por la opción del NO, con los políticos corruptos y los funcionarios estatales y privados, involucrados en prácticas y maniobras dolosas, fraudulentas e indignas. Al no tener claro cuáles son esos asuntos públicos que nos competen discutir y defender a todos, los ciudadanos optan por negarse a participar en consultas como la del domingo en la que se necesitaba demostrar que se tiene la competencia ciudadana para reconocer cuándo un asunto es público, pero por, sobre todo, entender el sentido de votar Sí o No a los interrogantes planteados.

Es claro que se perdió la oportunidad no de acabar con la corrupción, pero si de haber mandado un mensaje contundente a la clase empresarial, militar y política, que de tiempo atrás viene aportando a la naturalización del ethos mafioso[4] en el que se sostienen las prácticas engañosas y ladinas de congresistas y particulares.

Es un hecho negativo que la clase política en su conjunto no hubiera acompañado el sentido de la consulta. Los partidos políticos exhibieron, nuevamente, su débil liderazgo en el cumplimiento de su función de generar estados de opinión pública. A ello se suma el discreto papel, por llamarlo de algún modo, de los expresidentes Pastrana, Gaviria y Samper, figuras que cada vez generan más animadversión en los electores. En particular los dos primeros, que, junto a Uribe, orquestaron la elección del Contralor General de la República[5] y pusieron en el órgano de control a una ficha política que sin duda servirá al actual Gobierno y a sus propios mentores.

Esperada, pero no por eso excusable, la actitud asumida por el senador Uribe y los miembros de su bancada del Centro Democrático, al rechazar el llamado a la consulta y de hacer parte de una campaña para tergiversar sus alcances. Al final, ordenaron a los miembros de su rebaño, en particular en Antioquia, a no salir a votar ese domingo 26 de agosto. Y así sucedió con el grueso de los llamados miembros del “uribismo” que, a pesar de perder cada día adeptos, se mantiene como una fuerza política importante.

Igualmente, negativo resultó el papel que jugaron los medios masivos. La gran prensa televisiva fue incapaz de hacer pedagogía de la consulta y de confrontar con rigor periodístico la campaña que Uribe y el Centro Democrático emprendieron para confundir al electorado, tal y como lo hicieron el 2 de octubre de 2016, para el plebiscito por la paz.

Lo que se puede venir

A pesar del mensaje que el resultado envía al Congreso de la República, es poco probable que lo preguntado en la consulta se convierta en proyectos de ley y en leyes que prohíban o minimicen las prácticas corruptas ya naturalizadas en las relaciones entre el Estado y los particulares.

Mientras se mantengan los niveles de apatía, pobreza cultural y material, incapacidad para entender y defender asuntos públicos; mientras haya física hambre, desempleo, subempleo y la imperiosa necesidad de millones de colombianos dispuestos al Todo Vale, para alcanzar sus objetivos de vida; mientras “salir adelante”, como apuesta y proyecto de vida no esté soportado en una férrea ética ciudadana, la corrupción en Colombia seguirá siendo, como hasta ahora, no solo el peor mal de la sociedad colombiana, sino su forma de proceder y de crear toda clase de vínculos. Insisto en que el país necesita de una urgente y sólida revolución cultural. El problema es que no hemos logrado que sobre esa meta confluyan políticos profesionales, empresarios, banqueros, militares, policías, académicos, intelectuales, sacerdotes, obispos, profesores y estudiantes, entre otros. Es decir, cada uno está defendiendo lo suyo. Al final, los corruptos no quedaron notificados de nada. Nosotros mismos quedamos notificados de nuestra propia incapacidad para transformarnos culturalmente.







martes, 21 de agosto de 2018

EL CONTRALOR CONTROLADO


Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

La elección del nuevo Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba, es la constatación empírica de la perversa injerencia política (de la micro política) en la designación de funcionarios que asumen o asumirán la dirección de órganos de control. El Congreso de la República fue el escenario en el que las componendas y los acuerdos alcanzados por los expresidentes Pastrana, Uribe y Gaviria[1], y el excandidato presidencial, Germán Vargas Lleras, permitieron elegir a quien actuará con la autonomía y la independencia que sus mentores le dispensarán durante el tiempo de su gestión.

La elección de Carlos Felipe Córdoba constituye un ejemplo más que sirve para validar  la conclusión a la que llegaron varios investigadores de la Universidad Externado de Colombia en torno a la corrupción y a su naturalización en el funcionamiento del Estado: “poca transparencia en el manejo de lo público, controles ineficaces, un pobre arreglo institucional, injerencias políticas en la designación de los llamados a ejercer el control… un modelo de Estado centralista y clientelista, falta de independencia y factores de nivelación en órganos regulatorios y de control…”[2].

Se trató, sin duda, de un arreglo o de un pacto entre políticos interesados en que ciertos asuntos relacionados con el manejo fiscal que en adelante hará el gobierno de Duque, estén  protegidos ante la mirada de un ente de control vital tanto en materia de administración eficiente y transparente de los recursos públicos, como de los efectos socio ambientales del modelo de desarrollo extractivo al que el gobierno de Duque le dará continuidad como política de Estado. De igual manera, ese mismo pacto, al mejor estilo del Frente Nacional, servirá para que temas como la  adjudicación de tierras, y el manejo de recursos públicos de la anterior administración queden en el olvido. Ejemplo de ello, son las investigaciones que reposan en la Contraloría General de la República en contra del expresidente Uribe, por la inversión de millonarios recursos en un distrito de riego en su hacienda El Ubérrimo, en el marco de la ejecución de la política pública Agro Ingreso Seguro (AIS); de igual forma, se investiga la apropiación de baldíos, con lo que se habría logrado extender los límites del señalado predio; y en segundo lugar, el informe publicado por la misma entidad de control, durante la administración de Sandra Morelli, en el que empresas nacionales y multinacionales están comprometidas en la apropiación indebida de baldíos en la altillanura colombiana. Aparecen, por ejemplo, los casos de Mónica Semillas (grupo Mónica Colombia),  Caso Cargill, RioPaila Castilla S.A, Grupo Luis Carlos Sarmiento Angulo-Corficolombiana; Caso El Brasil, Timberlan Holdings Limited y Wood Holdings Limited, Sociedad Agroindustria Guarrojo S. A; Aceites Manuelita S.A y Poligrow Colombia LTDA, entre otros.

A lo que se suman, todos los intereses de particulares ( de empresarios del campo) y de políticos profesionales en torpedear el proceso de implementación del Acuerdo Final con las Farc, en lo concerniente a la restitución de tierras a campesinos desplazados y las que deben recibir los excombatientes en el marco de lo acordado en La Habana; igualmente, la apropiación irregular de baldíos por parte de familias ricas y poderosas de Colombia; y el fenómeno que se conoce como la “bancarización y extranjerización de la tierra”[3], que va en contravía de lo acordado entre el Estado y las Farc.

Así entonces, la llegada de Córdoba al importante órgano de control puede obedecer, en mayor medida, a la intención del actual Gobierno, en contubernio con el Congreso y los sectores políticos y económicos que llevaron a Duque a la Presidencia, de impedir y torpedear la consolidación de la Paz Territorial[4].

Se trató, entonces, de una elección eminentemente política, en la que de muchas maneras los principios de la meritocracia quedaron subsumidos por el interés de un grupo de políticos que de tiempo atrás están al servicio de la élite de un Establecimiento que quiere extender en el tiempo las condiciones y las circunstancias contextuales de un conflicto armado de origen agrario.

Durante los últimos días, la gran prensa y las redes sociales se concentraron en la figura de José Félix Lafourie, quien sonaba como firme candidato para remplazar a Maya Villazón, actual y saliente Contralor General.  Como candidato del llamado “uribismo” y amigo de las entrañas del también ganadero, Álvaro Uribe Vélez, el presidente de Fedegan sirvió de mampara para ir construyendo y consolidando la candidatura de Carlos Felipe Córdoba, mientras la opinión pública se entretenía juzgando la honorabilidad del esposo de la senadora María Fernanda Cabal. Es decir, Lafourie sirvió de “distractor” y jugó el rol de bastidor, mientras los tres expresidentes y Vargas Lleras acordaban las condiciones con las que finalmente harán que la autonomía de Córdoba sea relativa al largo de la cadena que los cuatro políticos le pusieron en el cuello al nuevo Contralor.

Habrá que seguir muy de cerca las actuaciones de Carlos Felipe Córdoba. Mientras ello sucede, sobre su elección recaen todas las dudas, por cuanto se dio fruto de acuerdos que se dieron de espaldas al país entre quienes de manera directa han coadyuvado a entronizar el clientelismo, la corrupción[5], el ethos mafioso[6] y las prácticas institucionales propias de un “Doble Estado”[7]. A lo mejor estaremos ante la gestión de un Contralor controlado por el clientelismo y los mezquinos intereses de la clase empresarial y política colombianas.

Adenda: resulta bochornoso e indigno que el recién elegido Contralor General de la República agradezca públicamente su elección a los expresidentes que participaron del cónclave en el que finalmente se dio su designación al órgano de control. Con el nuevo Contralo, el país cambia para que todo siga igual.





Imagen tomada de elespectador.com


[2] Véase: Henao, Juan C y Zárate, Aníbal R. (2018). Corrupción en Colombia. Corrupción, Estado e Instrumentos jurídicos.  Universidad Externando de Colombia. Tomo 4. p.40.

sábado, 18 de agosto de 2018

EL GRAN RETO DE DUQUE



Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

Iván Duque Márquez, actual presidente de Colombia, deberá enfrentar los retos “normales” que un país como Colombia siempre pondrá a quien asuma la difícil tarea de dirigir los destinos de un Estado en proceso de consolidación y los de una sociedad que deambula en medio de una profunda confusión moral y que exhibe una inocultable pobreza cultural. 

Además de consolidar el modelo neoliberal, Duque tendrá la obligación de asegurarle a los países que apoyaron la negociación política[1] con las Farc, las condiciones que mejor se parezcan a un país que acaba de alcanzar la paz o que ya la ha consolidado. Es decir, uno en el que los inversionistas no corran riesgos de sufrir extorsiones, secuestros y ataques a sus intereses (en términos operativos y de infraestructura). Esto es, una paz perfecta en lo económico y enormemente imperfecta en términos sociales y de convivencia en ciudades y zonas rurales.  

Seguir al pie de la letra las recetas del Fondo Monetario Internacional hace parte de las obligaciones que Duque asumió el 7 de agosto de 2018. En el plano interno, Duque Márquez debe trabajar para mantener la tranquilidad de las élites del Establecimiento, garantizándoles sus inversiones, e incluso, ampliando su poder económico, así sea a costa del bienestar de millones de colombianos que sobreviven en medio de la informalidad laboral y otros que sufren el proceso de precarización de sus condiciones de vida. 

Finalmente, Duque fue puesto en la Casa de Nariño no solo para asegurarle a Uribe, su mentor y jefe político, la seguridad jurídica que le permita mantener su vigencia política, sino para cumplir con las exigencias de una élite empresarial interesada casi que exclusivamente, a mantener su carácter rentista,  el mismo que de tiempo atrás impide fortalecer el débil aparato productivo y por ese camino, alcanzar niveles de desarrollo industrial que coadyuven a disminuir las condiciones de desigualdad, inequidad y pobreza que Colombia exhibe sin mayor asomo de vergüenza por parte de sus líderes políticos.

Hasta aquí, se trata de retos “normales” para el Presidente Duque. Pero hay un reto mayúsculo que ocupará buena parte de su tiempo: demostrarle a su familia, así mismo y a los colombianos que no votaron por él, que no es el “monigote o el títere” de Uribe Vélez, tal y como lo ven sectores políticos y mediáticos a nivel nacional e internacional[2]. En su momento, deberá tomar distancia de quien en buena medida es el responsable de que hoy ocupe el Solio de Bolívar.  

Duque debe entender que al arrastrar la pesada sombra de “ser el que dijo Uribe”, corre el riesgo de que la historia le dé un lugar secundario cuando deje la Presidencia. En ese sentido, sus esfuerzos no estarán tanto en el mantenimiento del statu quo, sino en la construcción de su imagen como un verdadero Jefe de Estado. Para lograrlo, deberá enfrentar no solo las presiones y el tóxico liderazgo de Uribe, sino los cuestionamientos que a puerta cerrada le harán miembros del Centro Democrático que no respetan su investidura, justamente porque fue lograda en mayor medida por el poder electoral de quien fungió como presidente entre 2002 y 2010.  

El presidente Duque tiene, en Juan Manuel Santos, el ejemplo y la imagen clara de lo que él puede y debería hacer, si realmente valora la oportunidad que tiene de hacer parte de la historia política de Colombia, como un verdadero jefe de Estado y no como la ficha del exmandatario antioqueño. Santos no traicionó a Uribe como señalan sectores de la prensa y de la clase política. No. Simplemente, Santos usó a Uribe para cumplir con su anhelo personal y la “obligación familiar” de ser presidente de Colombia. Como hijo de la rancia élite bogotana, Santos estaba obligado a gobernar y para ello se aprovechó de ese fenómeno mediático y político llamado Álvaro Uribe.   

Santos se distanció moral y éticamente de Uribe, pues como otros miembros de la élite bogotana, el Nobel de Paz jamás aceptó el carácter y estilo vulgar y montaraz del ganadero antioqueño, visto por los sectores tradicionales como un advenedizo y un “emergente”. Al llamarlo “rufián de esquina”, Juan Manuel Santos Calderón dejó de ver su procedencia, su “fino linaje” y de esta manera marcó distancia. El reconocimiento del conflicto armado interno fue, sin duda, la decisión ètico-polìtica que le permitió a Santos desmarcarse de Uribe y gobernar para asegurarle al país el fin de las hostilidades con las Farc. Huelga señalar que en materia económica y ambiental tanto Uribe como Santos responden al mismo proyecto neoliberal que se viene consolidando en Colombia desde el gobierno de César Gaviria Trujillo.

Así entonces, Duque deberá buscar el momento preciso para hacer lo mismo que hizo Juan Manuel Santos en relación con el propietario y “líder natural” del Centro Democrático. Y está obligado a hacerlo por varias razones: la primera, por su imagen personal. La segunda, porque sus actuaciones y decisiones, débiles y proclives a mantener la vigencia de su mentor, terminarán por deslegitimar la figura presidencial y por esa vía, extender en el tiempo la fragilidad de la institucionalidad estatal colombiana. Y las familias ricas de Colombia saben que no se pueden dar el lujo de debilitar la institución presidencial o el modelo presidencialista que tanto les ha servido. Y la tercera, porque como jefe de Estado y comandante supremo de las Fuerzas Armadas, está forzado a erigirse como un líder y contar con el genuino respaldo y respeto de militares y policías que hoy agradecen a Santos el haberle quitado las armas a las Farc.   

Lo acordado entre los expresidentes Gaviria, Pastrana y Uribe[3] pondrá a prueba al gobierno nacional. Sin duda, se trata de un bloque político que comprometerá la gobernabilidad de Duque y de esa manera, garantizar que sus decisiones estén sujetas al plan que los expresidentes acaban de acordar. En palabras más sencillas, los tres exmandatarios buscan impedir que el actual presidente de Colombia siga los pasos que Santos dio para alejarse de Uribe. 

La historia juzgará a Duque Márquez más que por su forma de gobernar y sus logros en materia fiscal y económica, por haber podido zafarse de esa imagen de “títere y de segundón” que medios internacionales y locales ya le construyeron.  Ese es su gran reto. Lo demás, deberá dejárselo a la inercia.



Imagen tomada de risaraldahoy.com

viernes, 17 de agosto de 2018

BIENVENIDOS AL PASADO


Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

Como en los viejos tiempos del Frente Nacional, los eternos expresidentes César Gaviria Trujillo, Álvaro Uribe Vélez y Andrés Pastrana Arango se reunieron para definir el tipo de componendas políticas que deberán hacer para sacar adelante una agenda legislativa, con la que buscarán entronizar los principios rectores del capitalismo salvaje y su doctrina, el neoliberalismo, y por ese camino, ampliar la brecha entre ricos y pobres, golpeando a la clase media; de igual manera, estos tres anacrónicos momios de la élite política colombiana, discutieron acerca de  la elección del Contralor General de la República, enrarecida por la aspiración del Presidente de Fedegan, José Félix Lafourie, declarado enemigo de la restitución de tierras, comprometido en los manejos del Fondo Nacional del Ganado[1] y señalado por diversos agentes de poder y sectores de la prensa, como cercano al proyecto paramilitar.

Estos tres cetrinos y melancólicos agentes del Establecimiento se olvidaron de recriminaciones, señalamientos y críticas que entre ellos se vienen lanzando de tiempo atrás. Por ejemplo, Gaviria y Pastrana en varias ocasiones señalaron a Uribe de paramilitar y mafioso y de haber establecido durante ocho años un gobierno criminal; y por su parte, el ganadero antioqueño criticó al hijo de Misael por el manejo irresponsable que le dio a la zona de distensión del Caguán, y, a Gaviria, por lo sucedido con el “sometimiento a la justicia” de Pablo Emilio Escobar Gaviria en los tiempos de la lucha contra el cartel de Medellín, en la que el Estado colombiano recibió el  apoyo de la organización Los Pepes (Perseguidos por Pablo Escobar), el Cartel de Cali y por supuesto, de la DEA y del conjunto del gobierno norteamericano.

Al dirigirse a los medios, estas decadentes figuras del Régimen hablaron de reconciliación y de dejar atrás odios y resquemores. Es decir, echarle tierra y sepultar las pullas y cuestionamientos, y quizás, a partir de hoy, liderar todo tipo de  presiones a los jueces para que paren cualquier proceso en contra del expresidente que más procesos e investigaciones tiene en distintas instancias del poder judicial en Colombia: Álvaro Uribe Vélez. Veremos si los jueces de la Corte Suprema de Justicia que lo llamaron a indagatoria por los delitos de soborno y fraude procesal[2], no prosiguen con el caso y en general, la alta Corte detiene y dilata los procesos que en contra del Caballista lleva, por asuntos relacionados con el apoyo a grupos paramilitares.

Entonces, la reunión de ayer no fue solo un cónclave para definir estrategias y estratagemas para enfrentar a la Oposición que recién  operará en el país, sino para concretar mutuos respaldos para “sacar adelante al país y evitar que la polarización termine en enfrentamientos mayores”. Al mejor estilo del Tratado de Benidorm, estos tres longevos y añosos expresidentes juntarán esfuerzos no para detener el enfrentamiento entre las bases populares de Liberales y Conservadores como en los tiempos de la Violencia partidista, sino para co-gobernar, pues reconocen el débil liderazgo del actual Presidente para sacar adelante las reformas que requiere el país, en el marco de una creciente Oposición política  y  de un progresivo malestar social que ya se dejó ver con toda claridad con el respaldo electoral y social que recibió de millones de colombianos el entonces candidato presidencial, Gustavo Francisco Petro Urrego.

Es claro, entonces, que mientras continúen vigentes los principios éticos y morales del Frente Nacional y persistan los sombríos liderazgos de los expresidentes, la clase política tradicional le seguirá diciendo a los colombianos, con cada gobierno: ¡bienvenidos… al pasado!







jueves, 16 de agosto de 2018

“INCONSCIENCIA ECOSISTÉMICA”


Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

Las transformaciones que el ser humano ha logrado hacer a su medio natural no solo le han permitido erigirse como una especie dominante, sino como la única capaz de provocar cambios sustanciales, definitivos y quizás irreversibles, sobre unos ecosistemas que a pesar de sus condiciones de resiliencia, reconocidas por el mismo ser humano,  en muchos casos fueron subvaloradas, al igual que las condiciones de fragilidad ecológica de ecosistemas con capacidades diferenciadas para soportar la presión humana y las cargas contaminantes.

La presencia incontrastable del ser humano en el planeta obedece al histórico y entronizado distanciamiento que como especie hizo de esa compleja red de relaciones y conexiones ecosistémicas que tradicionalmente llamamos Naturaleza. Al sentirse por fuera de ese ámbito y auto representarse como especie única, el ser humano ha llegado a subvalorar su propia fragilidad  y por ese camino, condenar a otras especies al sufrimiento y a su desaparición.

Son tan fuertes y visibles los efectos que el ser humano viene dejando en el Planeta, que ya varios académicos hablan del Antropoceno como una suerte de “era geológica”, fundada en las transformaciones que la especie humana ha logrado provocar y asegurar en ese sistema llamado Tierra.

Arias Maldonado reconoce al Antropoceno como “…una nueva época geológica cuyo rasgo central es el protagonismo de la humanidad, convertida ahora en agente de cambio medioambiental a escala planetaria…La tierra estaría abandonando el Holoceno, cuyas condiciones climáticas relativamente estables han sido propicias para la especie humana, y adentrándose  de un modo gradual  en un Antropoceno de rasgos aún imprevisibles. La causa más relevante de dicho desplazamiento  sería la influencia  de la actividad humana  sobre los sistemas terrestres, lo que habría provocado el acoplamiento  irreversible de los sistemas sociales y naturales. Aunque el cambio climático es la manifestación más llamativa de esta transformación, está lejos de ser la única: en la lista también figuran la disminución de la naturaleza virgen, la urbanización, la agricultura industrial, la infraestructura del transporte, las actividades mineras, la pérdida de biodiversidad, la modificación genética de organismos, los avances tecnológicos, la acidificación  de los océanos o la creciente hibridación socio natural. Se trata de un cambio cuantitativo de tal envergadura que ha pasado a ser cualitativo. De esta manera, la humanidad se ha convertido en una fuerza geológica global[1].

En dicho proceso transformador, que deviene histórico, hay que reconocer en el ser humano una suerte de “inconsciencia ecosistémica” que bien podría explicar no solo el sentido de las transformaciones naturales, sino los riesgos en los que hoy sobrevive como especie.

La “inconsciencia ecosistémica” parece desaparecer cuando desde la ciencia y el conocimiento científico se empieza a hablar de inter y transdisciplinariedad. Por el contrario, exponer la necesidad de comprender hoy las complejas relaciones de los ecosistemas naturales y la “lógica” desde donde la Naturaleza “actúa”, es reconocer la existencia de ese estado de inconsciencia ecosistémica en el que ser humano ha vivido por siglos en el Planeta.

Sus actuaciones y decisiones frente a las relaciones Naturaleza-Sociedad le han permitido actuar desde campos del saber, con sus desarrollos técnico-científicos, profundamente desconectados y despreocupados por establecer co-evaluaciones sobre los impactos que cada uno viene dejando en la Naturaleza. Quizás la explicación esté en lo expresado por Crosby: el hombre es una entidad biológica antes que católico, capitalista o cualquier otra cosa[2]. De allí que se puede colegir que la especie humana ha actuado y sigue haciéndolo en y sobre la Naturaleza, como una entidad biológica desconectada de los ecosistemas naturales que aún lo arropan como una especie más.

Con toda su capacidad para crear el mundo paralelo en el que hoy vive, el ser humano creó Instituciones, marcos mentales y categorías universales como el poder, la religión, el  Estado, entre otras, a partir de particulares representaciones de la vida y del cosmos, que fueron llevando, progresivamente, a que la especie humana fuera abandonando su lugar biológico.

Por más esfuerzos conceptuales, metodológicos y actitudinales que el ser  humano logre establecer, será difícil reversar ese estadio de inconsciencia ecosistémica no solo por lo irreversibles que resulten las modificaciones y efectos hechos a los ecosistemas, sino por la inercia de un  desarrollo económico y de una vida cotidiana que logró consolidarse bajo la idea de que es posible vivir por fuera de la Naturaleza.  

Inconciencia ecosistémica que está anclada a un desarrollo científico, tecnológico y técnico que en su rapidez, no puede atender y comprender los "lentos" procesos de recuperación de los ecosistemas. Ángel Maya decía: "El sistema de la vida se caracteriza ante todo por su diversidad. La economía del ecosistema es diferente y quizás contradictoria con la economía que regula la producción del hombre. Los sistemas han ido buscando el equilibrio a través de la biodiversidad".(Desarrollo o cambio cultural. CUAO y Fondo Mixto para la Promoción de la Cultura y las Artes del Valle del Cauca. p. 2). 





Imagen tomada de tierracolombiana.org


[1] Arias M. M (2018). Antropoceno. La política en la era humana. Colombia. Taurus. págs. 14-16.
[2] Citado por Arias, p. 54.

martes, 14 de agosto de 2018

CORRUPCIÓN: UN ASUNTO CULTURAL


Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

Las dinámicas del conflicto armado interno de Colombia lograron, por décadas, ocultar el que debe ser considerado el mayor problema del país: la corrupción pública y privada.  Con el concurso de la Gran Prensa y en virtud de la degradación moral y ética de los actores armados (Fuerza Pública, Paramilitares y Guerrillas), la sociedad colombiana apenas si reconocía a la corrupción[1] como un hecho grave y con un anclaje cultural profundo.

Una vez se logró firmar el Acuerdo Final con las Farc, la sociedad y la opinión pública empezaron a darle a la corrupción la dimensión que debió habérsele dado de tiempo atrás. Es de tal magnitud el problema, que las prácticas corruptas, asociadas en muchos casos al clientelismo, están inexorablemente atadas a un ethos mafioso que ha guiado históricamente la vida pública y privada de militares, policías, políticos profesionales, empresarios, banqueros, industriales, académicos, periodistas, profesores y ciudadanos del común, entre otros.

Atacar el problema de la corrupción no es fácil porque las prácticas corruptas fácilmente quedan subsumidas en expresiones lingüísticas como “favores políticos” que pueden ir desde la consecución de un cargo público, un contrato o una beca; o en lo cotidiano, una “ayudita con una vuelta”, que bien puede traducirse en evitar un trámite engorroso para sacar la licencia de conducción o un permiso de construcción, entre otras “vueltas” que requieren, en muchos casos, que el ciudadano se enfrente a un Estado paquidérmico, mafioso y corrupto, fruto de la acción de funcionarios que obedecen a padrinos políticos, igualmente comprometidos con actos de corrupción y prácticas clientelistas. Es decir, un círculo vicioso y un encadenamiento de hechos y acciones que hacen casi imposible pensar en que la corrupción se pueda acabar en Colombia de la noche a la mañana, sin que medie una profunda transformación cultural. Es de tal magnitud la tarea de enfrentar y acabar con la corrupción, que de inmediato recordamos lo dicho por el entonces presidente de la República, Julio César Turbay Ayala: “hay que reducir la corrupción a sus justas proporciones”.

La corrupción público y privada se ha naturalizado de tal forma, que proponer acciones encaminadas a perseguir a los corruptos, develar identidades y maniobras y castigarlos con cárcel efectiva, sea visto como una suerte de “afrenta cultural” contra aquellos sectores de poder, social, político y económico, que no solo se han beneficiado de las prácticas corruptas, sino que manejan muy bien aquello que se conoce como la “economía del delito”.  Son tan altos los niveles de entronización de la corrupción en Colombia, que cualquier intento de erosionar sus bases políticas y culturales, indispone a quienes desde lugares de privilegio han logrado sacar provecho de la confusión ética y moral de los demás y por supuesto, de la propia, para ampliar privilegios y extender riqueza y poder.

El solo hecho de que seamos invitados a votar un referendo contra la corrupción constituye la mejor prueba de que efectivamente somos una sociedad corrupta, o por lo menos, proclive a transar por debajo de la mesa. De igual manera, la convocatoria a votar este 26 de agosto la consulta anti corrupción, de origen partidista, debería de avergonzarnos como sociedad. Solo a una sociedad moralmente confundida se le pregunta si apoya un proceso de paz y ahora, si desea ponerle fin a la corrupción. O por lo menos, que a través del voto, exprese su contundente rechazo.

El referendo y la bancada uribista

En una anterior columna expresé las dudas que me asaltan acerca de la efectividad de un referendo para “acabar con la corrupción en Colombia”[2]. Sin embargo, participar de la jornada electoral y votar Sí en todos los 7 puntos del contenido, es una obligación moral y ética, en el marco de una ciudadanía que está obligada a buscar salidas a un problema que compromete no solo la viabilidad fiscal del Estado, sino que al promover el Todo Vale que se validó social y políticamente desde el 2002, es claro que estaremos apoyando la generación de nuevos conflictos y malestares sociales y a profundizar inequidades.

Los promotores de la consulta son políticos profesionales a los que se les puede endilgar cierta complacencia con el Régimen, pero a los que hay que reconocerles la voluntad de querer hacer algo y enfrentar el mayor problema que tiene el país.

Convocar al “pueblo”[3] para que vote y se manifieste sobre los puntos del referendo anti corrupción, constituye una acción política que deslegitima la acción legislativa que ya emprendió el Centro Democrático, el partido de Gobierno, conducente a aprobar normas que le “pongan freno” a la rampante corrupción pública y privada. No resulta contradictorio que hoy la bancada uribista no apoye la iniciativa liderada por la hoy ex congresista Claudia López Hernández. Su apoyo inicial, se dio en medio de un cálculo político y electoral que hoy pierde sentido porque Uribe y su bancada lograron nuevamente alzarse con el poder presidencial.

Al ser gobierno, poco le interesa a Uribe y al propio Presidente de la República apoyar una iniciativa que no solo expone una realidad, sino que coadyuvaría a que las entidades de control y la ciudadanía, a través de las veedurías ciudadanas y los ejercicios de generación de opinión pública en las redes sociales, adquieran una mayor legitimidad y apoyo social, que terminen afectando los intereses de un movimiento político cuyos miembros más notables están envueltos, de tiempo atrás, en investigaciones, procesos y señalamientos por actos de corrupción.

Baste con recordar lo acaecido con la política pública, Agro Ingreso Seguro (AIS), que terminó beneficiando a familias ricas que apoyaron la reelección de Uribe. Núcleos familiares que recibieron cientos de millones de pesos en subsidios no reembolsables. El propio Uribe se vio beneficiado, según la Contraloría General de la República, con la entrega de recursos públicos para mejorar el distrito de riego de su hacienda el Ubérrimo[4]. Igualmente, es investigado por anexar baldíos a los terrenos de la señalada hacienda[5].

Así las cosas, la consulta anti corrupción se convirtió en un pulso político entre sectores de oposición y el gobierno de Iván Duque. Llevar el referendo a ese escenario no solo servirá para polarizar aún más al país, sino que expondrá con mayor claridad que hay sectores de la sociedad colombiana y de su clase política y empresarial, que han naturalizado de tal forma la corrupción, que todo proyecto, discurso o iniciativa que confronte esa realidad, desde principios morales y éticos, se entenderán como ataques políticos y enfrentamientos “ideológicos” innecesarios.

Este 26 de agosto hay que salir a votar SI a los 7 puntos. De triunfar la consulta, no esperemos que al otro día se acaba con este “cáncer que ya casi hace metástasis” en la sociedad colombiana. No. Pero habremos dado un paso gigante en el camino de reconocer lo que verdaderamente somos como sociedad. Y es claro, que desde muchas perspectivas y ámbitos de actuación, la sociedad colombiana deviene mafiosa y corrupta.

Adenda 1: el Presidente del Congreso, Ernesto Macías, señaló que votaría NO al punto en el que se propone reducir el salario de los congresistas. Deja ver el controvertido político, el talante ético desde donde se construyen y se alimentan las inequidades en Colombia.

Adenda 2: es clara la intención del CD de poner en la Contraloría General de la República a José Félix Lafourie: poner el órgano control al servicio de los sectores que de tiempo atrás se oponen a la restitución de tierras y al cumplimiento de lo acordado en La Habana. Igualmente, frenar los procesos que en contra de Uribe adelantó el Contralor General saliente, Edgardo Maya Villazón. De igual manera, al hacerse con la CGR, el gobierno de Duque podrá, sin mayor control fiscal y ambiental, apoyar a los empresarios que financiaron su campaña, en la idea de ampliar la frontera agrícola en la altillanura, en particular, los proyectos agroindustriales y la extensión ganadera en zonas de reserva. Y por supuesto, detener cualquier proceso de responsabilidad fiscal y ambiental por la apropiación indebida de baldíos en la altillanura.


Imágenes tomadas de Semana.com y de la Contraloría General de la República. 

[1] Cabe dentro de las prácticas de la corrupción o constituyen actos de corrupción, todas aquellas acciones conducentes a imponer los intereses particulares y/o grupales, sobre los derechos y los propios intereses del colectivo. El soborno es una modalidad de corrupción; también, las presiones indebidas de particulares hacia funcionarios estatales; o entre funcionarios de entidades del Estado y las que puedan ejercer ministros y políticos profesionales; de igual manera, los silencios administrativos de órganos de control fiscal o ambiental estatal; o en su defecto, las acciones deliberadas de instituciones del Estado o privadas en contra de específicos sectores o personas, para favorecer a otros que no necesariamente cumplen con las normas requeridas. El clientelismo, al ser una institución social y política en Colombia, se erige como la mayor circunstancia generadora de actos de corrupción pública y privada. Buscar saltarse las normas, torcerle el sentido a la ley, para engañar al Estado o para hacer caer en errores a funcionarios, también es una práctica corrupta.

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