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Tres artículos: Medio ambiente y conflicto armado; Editoriales sobre el proceso de paz con las Farc; y Acción colectiva y asentamientos en Cali. Memorias, 2018.

Nueva Publicación: Investigación sobre dos asentamientos informales de la ciudad de Cali. 2018

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2 asentamientos: Los Samanes del Cauca y Navarro, ubicados en el jarillón del río Cauca.

NUEVA PUBLICACIÓN. PERIODISMO Y DESPLAZAMIENTO FORZOSO EN COLOMBIA.

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Resultado de un proceso investigativo, este libro en coautoría da cuenta del tratamiento periodístico dado por el Diario El País de Cali, a los hechos y circunstancias que hicieron posible el desplazamiento forzado en Colombia y la aparición de la categoría Desplazados. 2016

lunes, 30 de julio de 2018

EL CASO URIBE: EFECTOS MEDIÁTICOS Y POLÍTICOS




Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo


Solo una sociedad moral y éticamente confundida, eleva al estatus de líder, a un montaraz, vulgar, ladino y cuestionado político.





La débil institucionalidad estatal en Colombia deviene históricamente asociada al nocivo ejercicio del poder, sea político, social o económico, y al tóxico liderazgo de los miembros de unas élites, bogotana y regionales, que han sido incapaces de liderar procesos civilizatorios e institucionales que permitan consolidar un Estado Social de Derecho y erigirse como referentes morales y éticos, para una sociedad que no ha aprendido a resolver sus  conflictos a través del diálogo, el respeto a las instituciones y a las diferencias.

El mayor fracaso de las élites en Colombia es que no pudieron edificar un Estado alejado de intereses privados, que, para el caso, devienen pérfidos y asociados a prácticas que transitan en los ya borrosos límites entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo moral y lo inmoral, entre lo legal y lo ilegal. Por el contrario, han logrado naturalizar un orden político mafioso y criminal. Al final, un Doble Estado[1], que se expresa de manera clara a través de funcionarios estatales que están al servicio, bien de mafias de políticos (clientelismo), de poderosos agentes de la sociedad civil, de mafias de narcotraficantes, paramilitares, contratistas y grupos subversivos, entre otros. En fin, una peligrosa amalgama de intereses privados que han logrado someter las instituciones estatales y derivar de esa circunstancia, una institucionalidad[2] débil y comprometida política y éticamente.

Es, en este contexto, en el que se debe inscribir la actual situación jurídica y política que atraviesa el país (en mayor medida, el país citadino) por cuenta del llamado a indagatoria que le hiciere la Corte Suprema de Justicia (CSJ) al senador y expresidente, Álvaro Uribe Vélez.

Es preciso discurrir en torno a los efectos políticos y jurídicos que la acción judicial produce y producirá en el nuevo gobierno que inicia el 7 de agosto y por supuesto, en la operación al interior del Congreso. También, es preciso aludir a los efectos sociales, mediáticos y culturales que ya produce el requerimiento que la CSJ le hizo a quien es considerado, por sectores de la opinión pública, como una especie de “intocable”, un “Mesías”, “Patrón de patrones”, “eterno presidente”, “el Gran Colombiano”, o un Dios Todo Poderoso”. Recientemente, el exguerrillero y ex congresista del Centro Democrático, Everth Bustamante, señaló que “al presidente Uribe nadie lo puede encarcelar[3]. Debe bastar la frase del ex miembro del M-19 para comprender el lugar en donde muchos colombianos ubican al político antioqueño, circunstancia esta que confirma el débil sentido que de la institucionalidad tienen tanto congresistas, operadores judiciales, políticos profesionales, exfuncionarios y ciudadanos del común.

Efectos mediáticos y políticos

Ante la anunciada[4] renuncia de Uribe y la estratégica tardanza en la radicación de la misiva en la Secretaría del Senado, los mayores efectos, por ahora, han sido de carácter mediático[5], por cuanto la “era Duque” apenas comenzará el 7 de agosto. Y aunque ya se instaló el nuevo Congreso, las consecuencias políticas del eventual retiro del senador del Centro Democrático (CD) se evidenciarían cuando el gobierno de Iván Duque Márquez empiece a tramitar su agenda de  proyectos ante un Legislativo alineado en sus mayorías a los intereses corporativos[6] que defenderá quien fuera llevado a la Presidencia por el propio Uribe, con el apoyo de la coalición que lograron consolidar liberales, conservadores y otras fuerzas políticas, para evitar que el proyecto[7] “populista” de Gustavo Petro llegara a la Casa de Nariño.

En el ámbito mediático, la Gran Prensa bogotana se viene moviendo entre la obligación periodística de cubrir el hecho político-noticioso y la presión que evidentemente ejercen sus propietarios y otros agentes del Establecimiento, con el claro propósito de que dicho cubrimiento permita, a través de la consulta de fuentes interesadas (testigos y amigos de Uribe),  deslegitimar la acción misma de la Corte y su condición de juez natural para procesar al indiciado.

Huelga recordar que detrás de los canales privados y de sus noticieros Caracol y RCN están poderosos gremios económicos, que en los tiempos de la era Uribe, cerraron filas en torno a su talante y a la política de seguridad democrática[8], a pesar de hechos y escándalos como las interceptaciones ilegales del DAS a la propia Corte Suprema de Justicia, a la penetración paramilitar en varias instituciones del Estado y los “Falsos Positivos”, entre otros casos.

Para muestra, el siguiente botón: recién se conoció el llamado a indagatoria al poderoso indiciado, el noticiero Caracol Televisión, en una primera entrega, hizo un interesante despliegue de las pruebas en las cuales la Corte soporta el llamado a indagatoria a Uribe, en un ejercicio periodístico que supo poner en contexto este caso, que supera, con creces,  el interés que despertó en su momento el Proceso 8.000. Posteriormente, dio cabida a fuentes que, comprometidas judicial y éticamente en el caso, se han encargado de confundir a la opinión pública, al hablar de un “complot” en contra del político, caballista, latifundista y ganadero antioqueño.

En cuanto a los efectos políticos, es apenas evidente que estos los sentirá en mayor medida la bancada del CD en el Congreso. La ausencia de Uribe puede generar al interior del movimiento político una lucha intestina y el consecuente debilitamiento de la bancada y de su injerencia política en las discusiones legislativas y los debates que se avecinan en esa corporación. No será fácil remplazar al combativo líder del Centro Democrático. 

A pesar de la obcecada obediencia de los miembros de su movimiento político, no se vislumbra quién pueda remplazar a Uribe. Ni siquiera el inexperto presidente del Congreso, Ernesto Macías, quien se erige de tiempo atrás como un obediente y fiel escudero, tiene la sagacidad para remplazarlo.  Todo lo anterior lo sabe Uribe, de allí que se esté tomando el tiempo para confirmar o no su renuncia. Por ahora, recusar[9] a los tres magistrados de la Sala que lo llamó a indagatoria por los delitos de soborno y fraude procesal, hace parte de las estratagemas a las que apelará en lo consecutivo el expresidente. Dependerá de qué suceda con este recurso y de la expiración de la “incapacidad médica” para dejar en firme o no su dimisión. El 3 de septiembre es el día en el que el poderoso caballista antioqueño deberá presentarse ante los magistrados.

Lo que suceda al interior del CD podrá ser capitalizado por los partidos y movimientos que se unieron a la campaña de Duque, más por miedo al proyecto político que encarnó la campaña Petro presidente, que, por la real afinidad, reconocimiento y respeto a las ideas y al ethos que guía la vida política de Álvaro Uribe Vélez. Es claro que pudo más el interés burocrático y el propósito de extender en el tiempo la debilidad estatal que tanto le ha servido a la clase política y empresarial de Colombia.

En cuanto al presidente Iván Duque, hay que señalar que su carácter sumiso y la impagable deuda que tiene con Uribe por haberlo puesto en la Casa de Nariño, lo hacen proclive a desconocer la legitimidad de la Corte Suprema de Justicia, en particular, la sala que llamó a indagatoria a su jefe político. Duque, en su calidad de presidente electo, ya puso un manto de duda sobre la Corte, hecho que afecta el equilibrio de poderes y aporta a la animadversión que crece en redes sociales hacia los magistrados que tuvieron las agallas y la entereza jurídica, moral y ética de requerir al poderoso ganadero y latifundista.

La gobernabilidad de Duque está anclada, moral y éticamente a la vida y al proceder de Uribe. Lo que suceda judicialmente con el expresidente, de inmediato afectará la gobernabilidad de Iván Duque no solo por lo que acontezca con las fuerzas políticas al interior del Congreso, sino por la postura que en torno a su jefe deberá asumir quien guiará los destinos del Estado hasta el 2022.

Si la investigación contra Uribe prospera y es hallado culpable de los delitos por los cuales es indagado, Duque tendrá la oportunidad para actuar como un verdadero Estadista, poniéndose por encima de los intereses del Centro Democrático y asegurando el respeto al equilibrio de poderes y evitar así, una crisis institucional o por lo menos, impedir que el país vuelva a ver el agrio enfrentamiento que provocó Uribe en contra de los magistrados de esa misma Corte Suprema de Justicia[10]. Recordemos que el DAS[11] “chuzó” a los magistrados, a periodistas y a políticos; además, no podemos olvidar  que Uribe desconoció en varias ocasiones su legitimidad para procesar a sus amigos congresistas por tener vínculos con grupos paramilitares, en el marco de lo que se conoció como la parapolítica[12].

En cualquier sentido en el que termine la investigación judicial de la Corte Suprema de Justicia en contra de Uribe Vélez, esta misma corporación acaba de sentar un importante precedente ético, moral, jurídico y político, que en lugar de ser usado por los interesados “uribistas” y el séquito de abogados del expresidente para deslegitimar  a la Corte y a sus magistrados, debería de servir para que el grueso de la sociedad, ojalá con la ayuda de la Academia, revise en qué momento  el país, el Estado, la institucionalidad estatal, los medios masivos, el periodismo  y la opinión pública, quedaron atrapados y sumergidos en el discurso belicoso, en el talante autárquico, en el carácter montaraz y mendaz y en el débil sentido de la institucionalidad que exhibe Uribe Vélez.

Investigar, procesar, condenar o absolver a Uribe es el gran reto que tiene la justicia colombiana. Pero quizás haya un mayor reto: superar moral, ética, política, social y culturalmente a Uribe[13], porque en su calidad de ciudadano, político, Presidente, expresidente y Senador, su comportamiento deja mucho que desear, dado que de manera recurrente irrespeta y se burla de la justicia y de todas aquellas instancias o agentes que lo requieren, que fustigan sus acciones o que esculcan su controvertida vida pública. Lo que el país debe superar, más allá de simpatías y antipatías, es el ethos que guía la vida del latifundista y senador de la República.

Comparto lo expresado por el diario EL ESPECTADOR, en su editorial del 28 de julio de 2018: “Decíamos el jueves último que el llamado a indagatoria que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) le hizo al expresidente Álvaro Uribe, con la tormenta política que ha desatado, era una prueba de fuego para la madurez de las instituciones nacionales… En todo caso, el mensaje claro que debe recibir el país es que ningún colombiano, sin importar de quién se trate, debe poder elegir a voluntad quién prefiere que lo juzgue. Es momento de que nuestras instituciones demuestren su solidez. Por eso reiteramos nuestro llamado a la calma y la prudencia. A no jugar con fuego permitiendo que los intereses políticos se cuelen en las decisiones, pero tampoco olvidando los efectos políticos potencialmente desestabilizadores que puede provocar cualquier movimiento en falso o apresurado. Dejemos que la justicia colombiana cumpla su propósito constitucional. Y confiemos, y vigilemos, en que lo haga con la altura y el profesionalismo que se requiere.[14]

Adenda: por ahora y  como ocurrió en otras ocasiones, Uribe Vélez convoca a ruedas de prensa para atacar y engañar a una opinión pública que cada vez toma más y mayor distancia de los noticieros privados de RCN y Caracol. Acostumbrado a no dar explicaciones sobre sus conductas, el ganadero y latifundista hace ver un simple llamado a indagatoria, como un complot en su contra. Se victimiza y los periodistas afectos al Régimen, caen en la trampa o simplemente se prestan al juego del caballista. Al final, logra desviar la atención del foco de la situación: será investigado por la comisión de dos delitos. 







Imagen tomada de Semana.com


[4] Es posible que la renuncia no se produzca, porque los miembros de su bancada le han solicitado, con todo apremio, que no dimita a su condición, por cuanto saben que ello afectaría el trámite y la discusión de los proyectos y de la agenda legislativa, que en otros temas, contempla la reducción de las altas Cortes. Y esa intención, por supuesto que toca de manera directa a la actual Sala de la Corte Suprema de Justicia. Además, si Uribe renuncia, sabe que de todas maneras la CSJ continuará con el proceso, lo que enreda el paso de su caso a la Fiscalía General, tal y como inicialmente fue su intención al anunciar su renuncia a la curul de senador de la República.
[5] En las redes sociales se vive un verdadero enfrentamiento entre quienes invitan a hacer invivible la República, porque consideran que Uribe es intocable, como un Dios y los otros que apoyan la decisión de la Corte Suprema. Esas discusiones se dan en el marco de una sociedad moralmente confundida.
[14] Tomado de: https://www.elespectador.com/opinion/editorial/hay-que-separar-la-politica-de-la-justicia-sin-ignorarla-articulo-802897

miércoles, 25 de julio de 2018

¿EL FINAL DE URIBE?


Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

La renuncia de Álvaro Uribe a su condición de Congresista es un hecho político, ético, moral y jurídico de gran importancia para el país. Sus consecuencias inmediatas y futuras aún no se pueden dimensionar, aunque podríamos estar ante el principio del fin de un político y ex presidente cuestionado, investigado y confrontado moral y éticamente por sectores del aparato judicial, de la sociedad y del propio Establecimiento; de igual manera, estaría el país frente al debilitamiento de lo que se conoce como “el uribismo”[1], que no corresponde a un legado ideológico y programático propiamente dicho, sino más bien, se trata de una cofradía de políticos, empresarios, militares, sacerdotes, académicos y ciudadanos del común, que comparten ideas y prácticas asociadas a un ethos mafioso[2] y al talante autoritario del ex gobernador de Antioquia, en el marco de un proyecto  de sociedad y de Estado que oscila entre el regreso a la Constitución de 1886, con Estado de Sitio a bordo y la  consolidación de un Estado al servicio de unos pocos (El Estado de Opinión).

Lo cierto es que detrás  de la dimisión del “combativo y frentero” político antioqueño hay factores y actores que presionaron la intempestiva y sorpresiva decisión adoptada por el reconocido caballista y latifundista.

En primer lugar, están los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que lo llamaron a indagatoria por la posible comisión de los delitos de fraude procesal y soborno, en el contexto de investigaciones que comprometen al ex presidente y a su hermano Santiago, con la conformación y financiación de grupos paramilitares[3].

En segundo lugar, aparece el senador del Polo Democrático Alternativo, Iván Cepeda, quien en su momento fue demandado por los abogados de Uribe Vélez por la presunta manipulación de testigos con el propósito de enlodar el nombre del senador y líder del Centro Democrático y asociarlo con agrupaciones  paramilitares. En este caso, el ex presidente pasó de demandante, a demandado, con las consecuencias ya conocidas.

En un tercer momento hay que señalar el trabajo periodístico adelantado por el periodista y columnista, Daniel Coronell. El columnista de la revista Semana es, de tiempo atrás[4], un fuerte contradictor del ganadero y latifundista antioqueño; Coronell y Uribe se han enfrascado en agrios enfrentamientos y señalamientos que han terminado en los estrados judiciales, en los que el ex presidente ha calumniado e injuriado al reportero, al señalarlo de tener vínculos con mafiosos, en particular con Pastor Perafán[5]; Coronell aprovecha su espacio en la señalada revista para divulgar información delicada sobre los procesos judiciales que la justicia[6] lleva en contra de Uribe, pero también, para aludir en ciertos momentos, a hechos relacionados con su paso como director de la Aerocivil[7], la muerte de Pedro Juan Moreno[8], los negocios de  sus hijos[9], su cercanía con el Clan de los Ochoa y con el narcotraficante Pablo Escobar Gaviria.

Eso sí, huelga decir que el trabajo periodístico adelantado por Coronell obedece a un empeño personal, que no se puede asociar de manera universal a las acciones informativas y editoriales de la Gran Prensa colombiana, encaminadas a demostrar que efectivamente Uribe es culpable y/o responsable de todos los delitos por los cuales la CSJ, la Fiscalía y la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes lo investigaron, lo investigan, lo están investigando o lo debieron investigar. Por el contrario, el ex mandatario (2002-2010) gozó de la complacencia mediática[10] durante sus dos periodos de gobierno. Y aún hoy, cuenta con el apoyo de periodistas del sistema informativo de RCN[11], como Claudia Gurisatti y Hassan Nassar, entre otros, que hacen ingentes esfuerzos para mantener su vigencia política y defender la cuestionada honorabilidad del caballista.

La jugada de Uribe

La sonada renuncia del senador Uribe Vélez a su investidura conllevará debates jurídico-políticos en torno a si la Corte Suprema de Justicia (CSJ) mantiene su competencia para procesar al ex mandatario o si por el contrario, su caso pasaría a la Fiscalía General de la Nación. La dimisión, muy bien calculada por sus abogados, en primera instancia buscaría que el dimitente logre zafarse de la Corte Suprema de Justicia, para caer en las manos del fiscal Néstor Humberto Martínez Neira[12], quien en su momento dijo que Uribe era un “patriota”[13].

La acción dimitente de Uribe[14] hace recordar los casos de varios de sus congresistas investigados por sus relaciones y vínculos político-electorales con paramilitares, que en su momento renunciaron a su investidura, buscando con ello llegar a la justicia ordinaria (Fiscalía General) y beneficiarse de la notable incapacidad y la debilidad histórica del ente investigador para castigar a la clase política. La entonces Corte Suprema de Justicia señaló que mantenía su competencia porque los  delitos y las faltas a la ley penal se cometieron durante el ejercicio como congresistas, asunto que no limitaba la jurisdicción por el hecho mismo de la renuncia.

Otro asunto a tener en cuenta es si las conductas o delitos investigados guardan relación directa con el ejercicio como congresista. Para el caso de Uribe Vélez, algunos juristas sostienen que las presiones a testigos en las que posiblemente incurrió el senador del CD para enlodar a su contradictor político y también senador, Iván Cepeda,  guardan directa relación con su rol, lo que hace que a pesar de la renuncia de Uribe a su curul, la CSJ mantendría la competencia para continuar con el proceso que lleva en contra del político antioqueño.

Es claro que Uribe intenta burlar la justicia. Conoce muy bien la débil institucionalidad estatal, por cuanto él mismo, durante 8 años, aportó para que esa condición se naturalizara[15]. Ojalá los magistrados de la CSJ entiendan que la renuncia a la curul tiene ese tufillo y la intención de mofarse de la competencia de esa corporación judicial.

Los efectos políticos e institucionales

En la labor legislativa en el Congreso, sin duda el Centro Democrático sufrirá la ausencia de su líder. La bancada uribista solía obedecer a pie juntillas al senador Uribe. No quiere decir que con su ausencia habrá conatos de indisciplina. Nadie duda de la obediencia y de la comprometedora lealtad que exhiben los congresistas que Uribe llevó a esa corporación a través de la lista cerrada. Sentirán el vacío en los debates, no solo por la presencia intimidante de Uribe, sino por su carácter montaraz y pendenciero con el que asume las discusiones, en particular cuando se ponen de presente los asuntos familiares que tanto lo atormentan y por supuesto, los que tienen que ver con su paso por la Aerocivil, la gobernación de Antioquia y la Presidencia de la República.

En lo que concierne con el Presidente electo, Iván Duque Márquez, hay que señalar que este tiene la oportunidad de tomar distancia de su mentor y tratar de gobernar sin que su sombra enturbie las decisiones que como Jefe de Estado deberá tomar. Muy seguramente no lo hará, a juzgar no solo por el comunicado que leyó recién conoció de la renuncia del senador, en el que insistió en la “honorabilidad y en la inocencia” de Uribe, sino por el talante sumiso exhibido por Duque durante la campaña presidencial.

De resultar culpable Uribe de los delitos por los que la CSJ lo indaga, es posible que la propuesta de “unificar” las Cortes termine siendo un imperativo para el gobierno de Duque, de cara a detener cualquier otra imputación o fallo definitorio en contra del ex mandatario. Es claro que Uribe[16] cuenta con un gran respaldo dentro de una parte importante del Establecimiento, lo que hace que su figura deba ser preservada para garantizar asuntos, incluso, que tocan con la seguridad nacional y las maneras como el poder político funciona de tiempo atrás en el país. Es decir, no será fácil condenar a un ex presidente[17] como Uribe, no solo por su condición de ex mandatario, sino por lo que él representa para sectores conservadores de la sociedad colombiana (legales e ilegales).

El solo llamado a indagatoria que le hizo la CSJ pondrá a prueba no solo la separación de poderes, sino la institucionalidad judicial misma, por los fueros presidencial y el de senador que acompañan a Uribe, y por las interpretaciones jurídicas que en diversas instancias se van a dar en torno a qué instancia deberá asumir en adelante el caso por el cual renunció a su curul.

He aquí dos preguntas que muy seguramente debe estarse haciendo ese medio país que no comparte el ethos que ha guiado la vida de Uribe Vélez: ¿habrá la suficiente capacidad moral, ética, jurídica, institucional y política para someter a Uribe a la justicia? y ¿Será el final de Uribe?

Nota: al momento de publicar esta columna, se conoce de una reunión liderada por Paloma Valencia, en la que se solicita a Uribe que reconsidere su renuncia. La carta de dimisión aún no se registra en la Secretaría General del Senado. El día jueves 26 de julio, en nota publicada en El Espectador, se lee que el ex presidente y latifundista envió su misiva en la que dimite a su curul. https://www.elespectador.com/noticias/politica/senador-alvaro-uribe-envio-formalmente-su-renuncia-al-senado-de-la-republica-articulo-802420





Imagen tomada de eltiempo.com


[3] Véase Ayala, G. (2011). Paramilitarismo en Colombia, más allá de un fenómeno de violencia política. UAO. Cali.  http://laotratribuna1.blogspot.com/2011/11/presentacion-del-libro-paramilitarismo.html
[6] Unos 22 en la Corte Suprema de Justicia. Y más de 100 en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.
[10] El único medio que de tiempo atrás ha confrontado a Uribe, periodísticamente, ha sido el Noticiero Noticias Uno. Véase: http://germanayalaosoriolaotratribuna.blogspot.com/2017/05/noticias-uno-en-la-mira.html
[11] Véase: http://laotratribuna1.blogspot.com/2008/06/rcn-el-courrier-de-palacio.html En su momento, la periodista Vicky Dávila simpatizó con las ideas de Uribe y su accionar. Posteriormente, ‘tomó distancia’ por el sonado caso de la violación de la periodista Claudia Morales, dado que, a pesar del mensaje cifrado de la denuncia de Morales, el país asoció la identidad del “poderoso” violador con Álvaro Uribe Vélez. Véase sobre este caso: https://laorejaroja.com/los-efectos-del-silencio-de-claudia-morales/

martes, 24 de julio de 2018

EL CULO DE MOCKUS


Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

La Colombia del doble rasero, la de la doble moral; la del ethos mafioso; la Colombia mojigata; la mezquina, la que odia a los negros, a los campesinos e indígenas, mientras finge ser plural y respetuosa de las diferencias, la misma que esconde su realidad y los responsables de sus desgracias al decir, a mi madre, padre o hijo, los mató la violencia, el narcotráfico, el conflicto armado, la guerra…; la homofóbica, la religiosa, la taimada; esa, la Colombia biodiversa, y diversa étnicamente, está espantada. Un culo blanco y un tanto envejecido, sacudió las endebles estructuras morales de una sociedad y de un país moral y éticamente inviables.

Esa parte de la sociedad colombiana, puritana, estricta, que goza de privilegios; y otra tanto que  confía en las “buenas costumbres” y sobrevive en medio de todo tipo de precariedades, entre estas, la escasez de criterio, se sintió ofendida porque Antanas Mockus se bajó los pantalones, inclinó su cuerpo y expuso lo que sus detractores morales en público llaman “pompis”, “cola” o “trasero”, y que en lo privado si se atreven a llamar culo, como debe llamarse.

Después del ya repetido y conocido acto Mockusiano, se puede colegir que la molestia va en dos sentidos: el primero y más obvio, radica en haber visto el culo del político, a pesar de que a diario la publicidad se encarga de exhibir culos de mujeres, pegados en ascensores, vitrinas, vallas y en cuanto espacio público encuentran. Claro, dirán que es distinto, porque se trata de publicidad y que se trata de culos “bonitos”, “bien formados”, “ricos” y “buenos”, cuando lo que realmente están haciendo es poniéndole precio a los culos de las  mujeres.

El segundo sentido de la rabia de los sectores moralizantes del país, radica en la enorme dificultad que tenemos como sociedad para entender y soportar las protestas simbólicas. Preferimos la grotesca realidad, a los actos simbólicos que intentan, justamente, llamarnos a que tomemos conciencia de que venimos revolcados en el fango y las heces fecales (¿o mierda?) de la injusticia, de los crímenes de lesa humanidad, de la pobreza extrema y de la riqueza acumulada; y del sistemático asesinato de líderes y lideresas sociales, políticas, reclamantes de tierras, defensores de la vida, del medio ambiente y de los derechos humanos; y de la insoportable corrupción público- privada.

Calificaron la bajada de calzones de Mockus como grotesca, vulgar, social y políticamente incorrecta, grosera, disparatada, provocadora e inaceptable. Pero esos mismos, callan ante el crimen  de líderes sociales, cada 24 horas. Un asunto que ya se volvió cotidiano, parte del paisaje. Mockus no mostraba el culo hace años, en cambio, los asesinatos sistemáticos vienen desde 2016 y ya van más de 300. Y muy seguramente no pararán. Es claro que les molestó  más  ver el culo (o tafanario) de Mockus, que la acción vindicativa de aquellos a los que les importa un culo hacer trizas el Acuerdo de Paz.

Con todo y lo anterior, lo acaecido el 20 de julio en el Congreso de la República sirvió para comprobar que una parte importante de los colombianos tiene problemas para distinguir entre un acto simbólico que resulta provocador y el nauseabundo silencio que guardamos ante la ignominia, el crimen, la deshonra y la inmoralidad en la vivimos como sociedad y como Estado.

Al final, no es el culo de Mockus el que les molestó. Curiosamente, por detrás o detrás de la rabia de estos puritanos, está un hecho claro: no  aceptan al diferente, al que protesta, al que desafía el orden, así éste devenga sucio y criminal.



Imagen tomada de protagonista.com.co 

lunes, 16 de julio de 2018

EL GABINETE DE DUQUE



Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo


A  cuenta gotas el electo presidente de Colombia viene dejando saber los nombres  de las personas que lo acompañarán en su gobierno. Ya escogió a los ministros de Hacienda, de Relaciones Exteriores, de Comercio, Industria y Turismo, de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de Agricultura y Desarrollo Rural, de Salud, de Educación y del Interior, de Cultura y Defensa.

Si bien en  el equipo ministerial que viene anunciando el presidente electo, Iván Duque Márquez, se advierte un carácter corporativo, la elección está inscrita en el proceso que definió Ignacio Lewkowicz: “el proceso práctico hoy está liquidando el arraigo del Estado en la nación. El Estado actual ya no se define prácticamente como nacional sino como técnico-administrativo, o técnico-burocrático[1]

A esta circunstancia contextual (conceptual y académica) se suman las condiciones en las que operan ética y políticamente las regiones en el país, en las que se advierten, con claridad, históricas transacciones entre grupos paramilitares, narcotraficantes, bandas sicariales y élites tradicionales. Esto es, un connubio entre autoridades y grupos de interés, legales e ilegales, que han coadyuvado a la consolidación de un “Doble Estado”[2] en Colombia, en el marco de un modelo presidencialista que alimenta y consolida el ethos mafioso del que se sirve, justamente, ese “Doble Estado” para permanecer en el tiempo y naturalizarse.  

De igual manera, se asocian las prácticas corruptas y el talante ético-político de las dos administraciones de Uribe[3] (2002-2010), legitimadas por los empresarios, industriales y banqueros que lo acompañaron en sus 8 años de gobierno, los mismos que hoy están detrás de muchos de los elegidos por Duque, o directamente a cargo de una o de varias carteras; y, por supuesto, no se puede dejar de lado la deuda política que tiene Duque con el ex presidente y ganadero  antioqueño, la misma que de muchas maneras afectará las decisiones de Estado  tomará a partir del 7 de agosto de 2018 cuando se posesione como Presidente de la República; como no es de menor valía, hay que señalar la insana gratitud y lealtad que ya exhibe  el Presidente electo con el propietario del Centro Democrático, a quien de manera temprana llamó “el eterno presidente” y por quien “mete las manos al fuego", para defender su ya cuestionada honorabilidad como político y ciudadano.

A juzgar por el talante de muchos de los elegidos, el gabinete de Duque desde ya exhibe un perfil plutocrático, técnico-administrativo, empresarial y neoliberal, anclado fuertemente al viejo Establecimiento colombiano. Miremos algunos de los perfiles de los recién elegidos jefes de las carteras ministeriales y el sentido mismo de sus nombramientos, a partir de las siguientes categorías: nombramientos de tipo Político y amoral y Técnico-burocrático y Empresarial.

De tipo Político y amoral

Dentro de esta categoría se incluyen aquellos ministros elegidos que arrastran investigaciones bien por parte de la Fiscalía, de la Corte Suprema de Justicia o de los órganos de control, como la Contraloría General de la República, o cuyas conductas están asociadas a prácticas corruptas, o a escándalos mediáticos por corrupción.

En ese marco,  la elección de Nancy Patricia Gutiérrez, como ministra del Interior, responde a una elección de carácter político que supera, por supuesto, el perfil del cargo, ancorado de manera natural al ejercicio de la política, en el contexto de un deseado equilibrio de poderes.

Investigada por vínculos con grupos paramilitares[4] y por haber usado su investidura de presidenta del Congreso para espiar a la senadora liberal, Piedad Córdoba, su nombramiento bien puede obedecer a presiones o recomendaciones directas de Uribe Vélez, a juzgar por la lealtad mostrada por  la ex congresista. O quizás, por su cercanía con el también uribista y ex ministro de Uribe, Juan Lozano. En cualquier caso, su nombramiento en la cartera de la política debe interpretarse como el puente directo que el presidente Duque establece con un Congreso moral  y éticamente comprometido en sus mayorías con el ethos mafioso y el funcionamiento del “Doble Estado”. Es decir, el nombramiento de Gutiérrez manda un mensaje claro al Congreso: vamos a mantener las históricas, sinuosas y perniciosas relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo.

Dentro de la misma categoría se incluye el nombramiento de Alberto Carrasquilla, quien no solo es un economista de corte neoliberal, sino que su nombre está asociado de tiempo atrás a escándalos como el de Reficar y los Panamá Papers y al desmonte de la mesada 14. Su elección en la cartera de Hacienda, siendo un declarado neoliberal, muy seguramente hará todo lo que esté a su alcance para mantener controlada la inflación, siguiendo las recetas del Fondo Monetario Internacional.

Que el presidente electo haya dejado de lado los escándalos de corrupción y la evasión de impuestos en los que estuvo y está involucrado Carrasquilla[5], manda un negativo mensaje alrededor de la supuesta lucha que el entonces candidato uribista dijo que emprendería contra el mayor problema del país: la corrupción público y privada. En este caso, pudo más la necesidad de llevar a la cartera de Hacienda a un reconocido, aconductado  y obediente economista neoliberal, que los impedimentos éticos y morales que acompañan al señor Carrasquilla.

La elección de Holmes Trujillo en el ministerio de Relaciones Exteriores se puede entender como un premio y reconocimiento a un político vallecaucano de origen liberal, que en el ocaso de su vida burocrática, buscó el mejor lugar en donde anidar sus aspiraciones personales. Representa su elección una especie de contentillo para el Valle del Cauca y para su vieja y decadente clase política. Se espera que mantenga el impulso al multilateralismo, pero ya dejó claro Duque que hará todo para que la agenda narcotizada con Estados Unidos sea lo suficientemente fuerte para bajarle la presión que todas maneras sentirá su gobierno, de parte de los países europeos que ven con algún temor que la implementación del Acuerdo Final (II) fracase. 

La elección de Alicia Arango, antigua secretaria privada de Uribe, corresponde, sin lugar a dudas, al reconocimiento  y el premio a la obediencia y la lealtad mostrada de tiempo atrás por la hoy nueva ministra de Trabajo. Hay que anotar que primero fue designada para la cartera de Cultura, pero luego, con el mismo criterio clientelista y politiquero con el que fue escogida para ese subvalorado ministerio, fue remitida a la cartera de Trabajo. En este caso, las dos carteras tienen el mismo significado para el nuevo gobierno, a juzgar por el juego dado a la elección  final de sus jefes.  No sobra decir que Arango es ajena a los temas, dificultades y necesidades tanto de la cartera de Cultura, como la de Trabajo.

De tipo Técnico-burocrático y empresarial

Dentro de esta categoría se instalan los nombramientos de ciudadanos cuyos desarrollos profesionales están asociados al ámbito privado, sin que ello sea garantía de transparencia y eficiencia, pues saben de antemano que entrarán a defender los intereses corporativos de aquellos sectores de poder económico y político que de tiempo atrás se apoderaron del Estado, justamente para arrebatarle el sentido de lo colectivo y de lo público que tanto desagrada a quienes desde el empresariado hacen ingentes esfuerzos pata mantener las condiciones de injusticia social, exclusión y pobreza que los beneficia como agentes plutocráticos, en el contexto de una clara y evidente kakistrocracia y oclocracia que se consolidó en el país.

En ese espacio categorial caben los nombramientos de los ministros Andrés Valencia Pinzón[6] (Agricultura y Desarrollo Rural), José Manuel Restrepo (Comercio, Industria y Turismo), María Victoria Angulo (Educación), Juan Pablo Uribe[7] (Salud) y Ricardo Lozano (Ambiente y Desarrollo Sostenible).

El caso del ministro de Agricultura, su elección debe entenderse como un espaldarazo a la política agraria asociada de tiempo atrás a los monocultivos de la caña de azúcar y la palma africana para producir agro combustibles. Es decir, la llegada de Valencia a esta cartera servirá para impulsar las Zidres y coadyuvar, en buena medida, a ralentizar los procesos administrativos que desde esa cartera deberían asegurarse con miras a consolidar el proceso de implementación de lo acordado en La Habana y firmado en el teatro Colón (Acuerdo Final II). De igual manera, su cartera podría facilitar procesos de concentración de la tierra en pocas manos, y acciones conducentes a correr la cerca urbana para irle ganando espacio a lo rural (y selvático).

Entre tanto, la elección de Restrepo (Comercio, Industria y Turismo) debe comprenderse en el marco del ya convenido proceso de desindustrialización del país y el mantenimiento de un sector productivo acorde con las aspiraciones de la clase empresarial y las élites dominantes. Es decir, prolongar en el tiempo un débil aparato productivo.

Lo más probable es que las actividades propias de los ministerios de Comercio, Industria y Turismo y Agricultura y Desarrollo Rural choquen con las ideas y propuestas que traiga el ministro Lozano, de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Lo más probable es que el SINA (Sistema Nacional Ambiental) se debilite y que, como sucedió en los tiempos de Uribe, la institucionalidad ambiental[7] se vea menguada o sea subsumida por los intereses corporativos de quienes buscan hacer del turismo ambiental un negocio, cuando saben de antemano que no existe una fuerte infraestructura y  mucho menos hay sólidas instituciones para garantizar que se haga de manera sostenible desde la perspectiva ambiental. No creo que los nuevos ministros de las tres carteras señaladas, se hayan hecho la pregunta de si es posible hacer un turismo ambiental responsable.

En lo que concierne a Ricardo Lozano[8], el nuevo jefe de la cartera ambiental, su perfil de geólogo y el venir del  Centro Nacional del Agua de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), sugieren que tendrá la capacidad académica para discutir temas álgidos como el fracking y la sobre explotación del agua, en particular la que hacen sectores agroindustriales como la caña de azúcar y los arroceros. No sería extraño que mantuviera los privilegios que en esta materia tienen los señalados sectores económicos y la poca vigilancia que las CAR hacen a las actividades desarrolladas por ingenios azucareros y las empresas arroceras colombianas.

La llegada de Angulo a la cartera de Educación simplemente es consistente con la política de debilitamiento de la educación pública. Que venga de la Secretaría de Educación de Bogotá, en la administración de Peñalosa, es un claro indicador de que llegará a la cartera a mantener las condiciones presupuestales y de calidad de la educación de acuerdo con el proyecto de país que encarnó Uribe en su momento y del que Duque muy difícilmente tomará distancia. Es decir, no podemos esperar, por ejemplo, una propuesta de “revolución educativa” de parte de la nueva ministra. Por el contrario, podemos esperar el debilitamiento de la educación pública y el consecuente fortalecimiento de la privada.  

En cuanto al ministro de Salud, no hay que pensar en que el sistema de salud cambiará radicalmente en pro de garantizar la prestación de un servicio de calidad y los derechos de los pacientes. Ojalá se mantengan la política de control y de intervención a los precios de medicamentos esenciales desarrollada por el ministro Gaviria, en la presidencia de Juan Manuel Santos (2010-2018). Imagino un dialogo gremial conducente a monopolizar la prestación de los servicios, a través de dos grandes EPS.

La designación del economista guajiro, Jonathan Malagón, como ministro de Vivienda, confirma el talante tecnocrático-privado-empresarial con el que Duque busca conformar su equipo de gobierno. Muy seguramente su gestión estará dedicada a mantener las condiciones del mercado y las institucionales para un sector productivo importante para la economía del país. Eso sí, no creo que el nuevo ministro asuma con actitud crítica el análisis del crecimiento desordenado  de las ciudades y el avance de un urbanismo que va corriendo las fronteras de lo rural y por esa vía, provocando un (re) ordenamiento del territorio sobre la base de un crecimiento extensivo de las urbes y la consolidación del espíritu especulativo con el que latifundistas, finqueros y ganaderos mantienen sus propiedades rurales. Todo lo anterior, sin el menor asomo de preocupaciones o de consideraciones ambientales y de cuidado de la biodiversidad. 

Acerca de la elección de Gloria Alonso Másmela como  directora del Departamento de Planeación Nacional, hay que señalar que su perfil técnico poco o nada cambiará la lógica con la que viene funcionando dicha entidad. Huelga decir que el DNP no ha estado en los grandes debates sobre el desarrollo del país. ¿Acaso ha servido el Departamento de Planeación Nacional como faro para discutir el proceso de desindustrialización del país? Será capaz la directora de acompañar el debate nacional que recién propuso, sobre el tema de la tierra en Colombia, el actual director de la Agencia Nacional de Tierras, Miguel Samper[9]?

Después de especulaciones mediáticas, se confirmó el nombramiento de Guillermo Botero como  ministro de Defensa. Quien fuera por varios años el presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), orientará una de las carteras ministeriales más importantes. Botero es detractor y enemigo del proceso de paz con las Farc, situación que no solo lo acercaba a Uribe Vélez, sino a un amplio sector de los militares que no acompañaron los diálogos de paz y el sentido de la negociación, a pesar de los beneficios que la JEP otorgó y otorgará a oficiales y suboficiales comprometidos con la muerte de civiles (Falsos Positivos). Su elección se entiende como una acción de agradecimiento del ex presidente Uribe hacia quien desde esa instancia de poder, apoyó su política económica.

Su evidente desconocimiento del tema de la seguridad nacional y de la operación de la Fuerza Pública, le hará fácil la tarea a aquellos sectores de las fuerzas militares que no solo no acompañaron el proceso de paz con las Farc, sino que estarían dispuestos a facilitar las condiciones para que se dé el 'renacimiento' de las Farc, o para que las GAO (Grupos Armados Organizados) se extiendan y se consoliden territorialmente. Y todos sabemos que la mejor forma de hacerlo es evitar u omitir operaciones militares o, por el contrario, extenderlas en el tiempo para así mantener la presión presupuestal hacia un gobierno que hará todo para mantener la lógica y los principios de la doctrina de seguridad nacional. Romper el proceso de diálogo con el ELN sería una acción que confirmaría dicho objetivo. Lo dicho horas después de confirmarse públicamente su nombramiento, Botero señaló que “las protestas sociales hay que reglamentarlas”[10]. En lugar de expresar su preocupación por el sistemático asesinato de líderes y lideresas sociales o señalar que liderará una lucha frontal contra las redes, legales e ilegales, de tráfico de armas, el ex presidente de Fenalco, claramente exhibe su clara animadversión contra todo lo que huela a protesta social y reclamación de derechos.

Como se puede observar, los nombramientos del equipo ministerial de Duque confirman el talante del nuevo gobierno. Esto es, más de lo mismo. Con Duque, el viejo Régimen[11] recuperó el poder, lo que significa mantener las condiciones morales, éticas e institucionales de un país manejado por una élite que jamás tuvo un proyecto de nación. Ahora lo difícil es saber si será posible arrebatárselo en el 2022. 

Es posible colegir que de las designaciones ministeriales, por lo menos en cuatro, el ex presidente Uribe metió sus manos y usó a su favor su condición de jefe político y mentor del electo Presidente. Su injerencia se daría en la elección de la ministra del Interior, en la del ministro de la Defensa, y en las designaciones en las carteras de Hacienda y Cultura.

Nota 1: después de cerrar esta columna, se conocieron los nombramientos en las carteras de Minas y Energía y Justicia. Para la primera, fue designada María Fernanda Suárez; y para la segunda, Gloria María Borrero.

Nota 2: hay que recordar que Alicia Arango, cuando fungió como Secretaria Privada de Àlvaro Uribe Vèlez, debió darle trámite a la carta que el profesor Alfredo Correa de Andreis le envió al entonces presidente, denunciando que lo iban a matar. Eso sì, no se conoce qué trámite le dio, pues al final, pues el profesor y sociólogo, Correa de Andreis  fue asesinado. La acción criminal se dio por el probado contubernio que hubo entre paramilitares y el antiguo DAS.



[1] Lewkowicz, I. (2006). Pensar sin Estado. La subjetividad en la era de la fluidez. Paidós, Argentina. p. 31.
[8] Su condición u orientación sexual no se puede entender como una decisión política de Duque en el marco del respeto a lo que se conoce como la comunidad LGTBI. Habrá que esperar en dónde ubica el presidente electo a los homofóbicos Alejandro Ordóñez Maldonado  y Vivian Morales.
[9] Se dieron muchos debates en el interior del gobierno, pero creo que llegó el momento de que los debates se den hacia afuera, un debate nacional sobre la tierra. No me cabe la menor duda, por todas las dificultades que se presentan en territorio y las aristas que tiene este tema, que se requiere una reforma a la ley de tierras como lo recomendó en su momento la Misión Rural. Esa debería ser una de las prioridades del gobierno entrante, hacer esa modificación, y que la inversión en el campo sea integral porque la tierra sola no sirve, tiene que estar acompasada con las medidas del desarrollo rural, tener una visión de que en ciertos territorios sirve hacer una reforma rural integral, en otros tal vez sirve hacer proyectos agroindustriales. Estamos convencidos de que en esta tierra tenemos que caber todos y esa es la visión que se debería imprimir en la nueva ley de tierras. Tomado de: Véase: https://colombia2020.elespectador.com/pais/se-necesita-un-gran-debate-nacional-sobre-las-tierras-miguel-samper








Imagen tomada de la revista Semana.com



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