Nueva publicación

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Tres artículos: Medio ambiente y conflicto armado; Editoriales sobre el proceso de paz con las Farc; y Acción colectiva y asentamientos en Cali. Memorias, 2018.

Nueva Publicación: Investigación sobre dos asentamientos informales de la ciudad de Cali. 2018

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2 asentamientos: Los Samanes del Cauca y Navarro, ubicados en el jarillón del río Cauca.

NUEVA PUBLICACIÓN. PERIODISMO Y DESPLAZAMIENTO FORZOSO EN COLOMBIA.

NUEVA PUBLICACIÓN. PERIODISMO Y DESPLAZAMIENTO FORZOSO EN COLOMBIA.
Resultado de un proceso investigativo, este libro en coautoría da cuenta del tratamiento periodístico dado por el Diario El País de Cali, a los hechos y circunstancias que hicieron posible el desplazamiento forzado en Colombia y la aparición de la categoría Desplazados. 2016

jueves, 31 de mayo de 2018

EL VOTO EN BLANCO




Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

En la compleja y difícil coyuntura política por la que atraviesa el país, votar en blanco no solo constituye una necedad, sino que advierte falta de criterio y mucho de ignorancia en quienes piensan hoy, o ya decidieron, votar el 17 de junio en ese sentido.

Me referiré en esta columna a las decisiones que en esa dirección adoptaron el ex candidato presidencial de la Coalición Colombia, Sergio Fajardo, y uno de los aupadores de dicha campaña, Jorge Enrique Robledo.

Pero antes hay que señalar que para la segunda vuelta, en caso de que el voto en blanco derrote a los candidatos Petro y Duque (el ungido de Uribe), ese resultado no tendrá efectos jurídico- políticos. Se tratará, en el lejano caso de que suceda, un “triunfo moral y simbólico”.

Aclarado el asunto del valor de votar en blanco en esta segunda vuelta presidencial, paso a revisar el caso de Sergio Fajardo. El ex gobernador de Antioquia acaba de señalar públicamente que votará en blanco. Sin duda, estamos ante un voto que tiene un enorme valor social y político en la medida en que puede constituirse en un derrotero y camino a seguir para muchos ciudadanos que depositaron su voto en primera vuelta por el profesor Fajardo.

Estoy seguro de que el anuncio de Fajardo de votar en blanco busca mantener sus buenas relaciones con el Establecimiento. Él no quiere ser un outsider de la política antioqueña. Sabe  que anunciar su voto por Gustavo Petro[1] lo ubicaría en un escenario complicado por cuanto el candidato presidencial de la Colombia Humana lo que ha confrontado en esta campaña, justamente, es la ética y la responsabilidad política de quienes lideran y soportan eso que se llama el Establecimiento.

Dado lo anterior, considero que Fajardo es coherente. Y lo es, porque en su momento, en una columna[2] que escribió en El Colombiano en 1997, se despachó en elogios hacia Uribe, cuando este fungía como Gobernador de Antioquia. Incluso, le alcanzó a Sergio Fajardo para legitimar a las Convivir que operaron en Antioquia con la anuencia de Uribe Vélez y que todos sabemos que terminaron apoyando a grupos paramilitares. Así entonces, Fajardo está obligado a mantener sus buenas relaciones con el Establecimiento. Muy seguramente, con la votación alcanzada en la primera vuelta y a pesar de haber dicho que esta era su última campaña, estará pensando en aspirar a un cargo público de elección popular o quizás, aceptar una embajada o un ministerio.

Fajardo está obligado a votar en blanco porque es beneficiario y agente del Establecimiento. Por eso no puede votar por quien justamente se atrevió a sacudir al Régimen de poder. Y es que el sacudón es tan fuerte, que obligó al Partido Liberal a respaldar la campaña de Iván Duque Márquez, dejando atrás luchas y principios que lo mantuvieron en directa confrontación con las ideas conservadoras y anacrónicas que hoy confluyen en el proyecto neoconservador de Uribe[3]. Y al hacerlo, garantizarán las fuerzas liberales (¿Iliberales?) y otras que ya se sumaron,  no solo el regreso de Uribe, sino la concentración del poder político y de nuevo, el debilitamiento del equilibrio de poderes cuando Duque cumpla con lo dicho en campaña: reducir las altas cortes, a una que pueda manejar Uribe a su antojo. Se da por descontado que con contará con un Congreso a su favor.

Justamente, por lo que se avecina para el país en materia del funcionamiento de la institucionalidad y de la operación del Estado Social de Derecho, es que votar en blanco bien puede constituirse en un error, una necedad, o para el caso de Fajardo, en una estrategia de mediano plazo para mantener su vigencia política. Más claro: Fajardo reconoce en Uribe Vélez[4] no solo a un gran elector, líder político y caudillo, sino a un político que bien le sabe servir a las estructuras de poder económico que sostienen el Establecimiento: banqueros, empresarios e industriales; de igual forma, como sabe servir y usar a las estructuras de poder coercitivo y las fuerzas de seguridad del Estado: la creciente burocracia policial y militar, pero sobre todo, a aquellas organizaciones que hacen posible que en Colombia exista un “doble Estado”[5].

El caso de Robledo tiene diferencias con el de Fajardo. Jorge Enrique Robledo históricamente ha juzgado al Establecimiento y confrontado a sus élites por incoherentes, mafiosas y corruptas. Por eso, se esperaría que Robledo decidiera acompañar a Petro en segunda vuelta, a pesar de las rencillas y las diferencias de criterio que sostienen los dos de tiempo atrás. Disputas que, atravesadas por un conflicto propio de ególatras, no justifican la decisión de Robledo de votar en blanco en la segunda vuelta, a sabiendas de lo que significará para el país el regreso de Uribe[6] y su política de seguridad democrática, que no es más que la aplicación del Estatuto de Seguridad de Turbay Ayala (1978-1982), al que simplemente se le añadió el calificativo de democrático.

Con todo lo anterior, votar en blanco el 17 de junio de 2018 constituye un garrafal error, si esta decisión está soportada en las incertidumbres e incluso en miedos que surgen y acompañan el proyecto político de Gustavo Petro, por cuanto éste busca cambios sustanciales en las correlaciones de fuerza y en las formas nocivas, poco democráticas e ilegítimas bajo las cuales viene operando el Estado colombiano.  Y/o consecuentemente con lo anterior, se vota en blanco porque de alguna manera se quiere rechazar el regreso de Uribe en “las carnitas y huesitos” de Duque. En ese sentido, es preferible darle la oportunidad a Gustavo Petro[7] Urrego, quien al recibir el apoyo del Polo Democrático y de los otros sectores de poder político que hicieron parte de la Coalición Colombia, ya morigeró su discurso y matizó asuntos problemáticos que generaban preocupación en el electorado. Asuntos que tienen que ver con la propiedad privada, el modelo económico y la responsabilidad en el manejo fiscal, en relación con políticas públicas de corte social.

Para todos los ciudadanos que en estos momentos piensan votar en blanco, les digo que  hacerlo en ese sentido constituye una necedad, un craso error, quizás una estupidez y dará cuenta de una empobrecida cultura política y una lectura equivocada de la actual coyuntura. Al hacerlo, de manera indirecta abonan y facilitan el camino para que triunfe el proyecto político que encarna Uribe[8] Vélez y quienes lo rodean. Proyecto de país en el que no cabemos todos y que  Duque se encargará de aquí sea, pues  cumplirá  al pie de la letra lo que Uribe le ordene; y será así, por  su carácter sumiso y por la deuda que tiene con el latifundista que lo sacó del anonimato y que intenta meterlo a empellones en la historia del poder político de Colombia.

Nota: esta columna no incluye el caso de Humberto de la Calle Lombana, porque al momento de escribirse, el autor desconocìa la decisiòn del ex candidato presidencial de votar en blanco. 









Esta imagen llegó a mi correo. Desconozco el origen.

martes, 29 de mayo de 2018

DEMOCRACIA SIN PARTIDOS



Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo


Asumidos los Partidos Políticos como una suerte de mediadores naturales entre el Estado y las demandas sentidas y públicamente expuestas por agentes de la sociedad civil,  estas colectividades requieren no solo estar en permanente conexión con esos grupos de poder, sino ofrecer y mantener la coherencia programática, política e ideológica que les permita cumplir a cabalidad con esa función de mediación. Función que tiene, en el diseño de políticas públicas, a un ejercicio práctico en el que es posible reconocer cuál es la visión de país y de Nación que tiene la dirigencia política.  A juzgar por el diseño e implementación de políticas públicas como Agro Ingreso Seguro, Familias en Acción, política minero energética y las de transporte masivo en ciudades capitales, está claro que la visión de país, de Estado y de nación de la clase política colombiana es pobre, ambientalmente insostenible, sectorial y mezquina.

Para el caso colombiano, y en particular, a partir de los resultados de la jornada electoral del 27 de mayo de 2018, es evidente que nuestros mediadores naturales devienen en una profunda crisis que se manifiesta en su incoherencia ideológica y profunda incapacidad  para erigirse como faros que iluminen los caminos de una democracia que, como la colombiana,  deviene formal, precaria, restringida y electoral; de igual manera, hoy los Partidos Políticos colombianos no sirven para guiar a quienes militan dentro de sus estructuras y por supuesto, a quienes desde la distancia siguen sus principios y pueden llegar en un momento dado a votar por los candidatos que reciben sus avales.

Lo acaecido con el candidato del Partido Liberal, Humberto de la Calle Lombana, no solo expone la conducta sinuosa de su director, el ex presidente César Gaviria Trujillo, sino la inexistente disciplina de los políticos profesionales liberales, que optaron por abandonar al candidato elegido en la consulta interna[1], con el claro objetivo de asegurar puestos y contratos, al migrar sus clientelas hacia las campañas de los candidatos  Iván Duque y Petro, entre otras. Hoy, la decisión tomada por Gaviria Trujillo de irse a las toldas del uribismo, deja en ruinas al Partido Liberal. 

La crisis que hoy afronta el Partido Liberal deja a esta colectividad en el mismo nivel del Partido Conservador: ambos comparten la misma condición de colectividades insepultas. Similar situación acontece por las huestes de las micro empresas electorales Cambio Radical y Partido de la U. Del primero, hay que decir que la migración de sus políticos hacia la campaña de Iván Duque Márquez  se explica por el inexistente carisma de Germán Vargas Lleras, quien fungió por largos años como su líder natural y propietario. Además, se suma a la debacle y a la indisciplina partidista al interior de esa agrupación, la decisión de Vargas Lleras[2] de presentarse por firmas, tratando de tomar distancia de los escándalos  por corrupción al interior de Cambio Radical y de escabullir a la responsabilidad que le corresponde asumir por la entrega de avales a políticos señalados de cometer toda suerte de crímenes. Al final, las maquinarias consolidadas por Vargas Lleras durante los 8 años en los que acompañó al Gobierno de Santos, terminaron jugando a favor del ungido de Uribe. En cuanto al Partido de la U, al no tener candidato, la dispersión de sus miembros estaba asegurada de tiempo atrás. En las últimas horas la dirección anunció que sus miembros quedan libres para acompañar a quien deseen. Lo más seguro es que terminen en la campaña de Duque. 

Después de esta primera vuelta presidencial, el gran ganador fue Uribe, quien con su micro empresa electoral, el Centro Democrático, logró sumar los intereses de cientos de congresistas que aportaron a la campaña de Duque clientelas (contratistas del Estado) y los votos de ciudadanos cooptados y constreñidos electoralmente. No hay que desconocer que hay aún en Colombia millones de colombianos que votan, disciplinada y conscientemente[3], por el que diga Uribe, asunto que no solo corrobora la debilidad de los Partidos Políticos, sino que coadyuva a la consolidación del caudillismo.

Aunque la crisis de los partidos políticos no es exclusiva de Colombia, la situación se torna más compleja en el país  y para su régimen democrático, por la baja cultura política y el bajo capital social de cientos de miles ciudadanos habilitados para votar. No podemos negar los altos índices de ignorancia de millones de colombianos que ejercen su derecho al voto, guiados por los resultados de las encuestas, por lo informado a través de medios de comunicación afectos a Uribe como el noticiero[4] RCN[5], o en el peor de los casos, por lo dicho, sugerido u  ordenado por su caudillo.

Por esa vía, el comportamiento electoral  del colombiano promedio se soporta en buena medida en decisiones no ancladas en  juiciosos análisis de las ventajas o desventajas de votar en torno a un determinado proyecto político. Es más, cientos de millones de colombianos no votan por proyectos políticos, sino por personas, por políticos carismáticos, por ungidos, como el caso de Duque, o por quienes ofrezcan prebendas, puestos y contratos.

Sin partidos políticos la democracia cojea y eso no se puede negar, pero un régimen democrático que cuenta con la participación de ciudadanos con bajo capital social y cultural, es un escenario propicio para que aparezcan caudillos y capataces que no solo pasan por encima de los partidos, sino que en momentos específicos terminan por llevar al régimen político a estadios proclives a la instauración de gobiernos de mano dura que suelen terminar en dictaduras o en régimen populistas. Claro ejemplo de lo anterior fue Uribe, quien mandó- no gobernó- durante 8 años. Y ahora, pretende regresar en las "carnitas y huesitos" de Iván Duque Márquez.

Uribe y Petro, dos caudillos

El paso de Duque y Petro a la segunda vuelta presidencial  es un hecho político que confirma la debilidad de los partidos políticos tradicionales y el afianzamiento de micro empresas electorales de reciente conformación como el CD. Se suma a lo anterior, la consolidación del caudillismo en cabeza del caballista-latifundista-ganadero, Álvaro Uribe Vélez y en el propio candidato presidencial, Gustavo Petro Urrego. Claramente, los dos representan dos tipos de populismos, que se diferencian por el modelo económico en el cada uno cree. Uribe cree profundamente en el modelo neoliberal, mientras que Petro puede apuntar a la construcción de una social democracia, aunque muchos lo ven cercano al modelo estatista venezolano.

Duque no tiene el talante de caudillo que si tienen Uribe y Petro, por cuanto su presencia como candidato presidencial obedece, exclusivamente, a una decisión tomada y orientada por el propietario y líder natural del CD. Es decir, si se da su elección como Presidente de Colombia (2018-2022), esta se daría en buena medida por la confluencia de intereses de un sector del Establecimiento que acompaña de tiempo atrás a Uribe, a los propios sectores cristianos; a los expuestos por militares y agentes de la sociedad civil que se beneficiaron de la forma como Uribe[6] entendió las relaciones entre los sectores público y privado entre el 2002 y el 2010. Es decir, con Duque el voto de opinión es prácticamente insignificante.

Lo contrario sucede con Petro, quien a pesar de ser un caudillo que desafía al Establecimiento, arrastra votos de opinión, esto es, aquellos no asociados al establecimiento por la vía de componendas  y al intercambio de favores por votos. Es más, Petro, por su origen social y político, despierta toda suerte de emociones y esperanzas en quienes al estar cansados de un generalizado estado de cosas inconstitucional (ECI), votarán por él no por reconocer en éste a un caudillo, sino porque guardan la esperanza de que pueda revertir esas circunstancias contextuales que le restan legitimidad al Estado y tienen  a millones de nacionales sumidos en condiciones de vida indignas.

Así entonces, en el actual escenario político-electoral colombiano es fácil identificar un claro enfrentamiento entre un caudillo que quiere ser Presidente por primera vez y otro que busca regresar a la Casa de Nariño, en el cuerpo de su ungido.

Justamente, en la posibilidad de que Uribe[7] regrese al poder político están los problemas que afronta en estos momentos la democracia colombiana. En primer lugar, porque persisten proyectos políticos de corte mesiánico que poco contribuyen a la consolidación de los partidos políticos. Por el contrario, el comportamiento mesiánico de Uribe y Petro hunden en general a sus propias empresas electorales y a los demás partidos, en el más profundo sin sentido filosófico y  programático hasta convertirlos en sedes de campaña y estructuras logísticas para mover clientelas y agitar las banderas de proyectos políticos de corte individual.

Peor resulta el panorama, cuando avezados políticos aplauden a rabiar al caudillo antioqueño, debilitando la Política y los ejercicios de  discusión y el diálogo que son constitutivos y connaturales a la acción política de buscar guiar los destinos del Estado colombiano.


Adenda 1: Votar por Petro significa rechazar un proyecto ético-político que sirvió para entronizar el Todo Vale y el ethos mafioso. El reto hoy es proscribir esas vergonzantes conductas que se naturalizaron entre el 2002 y el 2010.

Adenda 2: resulta vergonzoso que Colombia termine eligiendo como Presidente a quien le debe total obediencia a Uribe Vélez. Además, constituye un enorme riesgo que con un Congreso en su mayoría afecto a "la causa uribista", el país termine en una "dictadura civil". 





Imagen tomada de Semana.com


[3] No hay que descartar que dentro de los millones que votan por el que diga Uribe, existan ciudadanos que toman decisiones soportadas en la ignorancia y en la incapacidad cognitiva de hacer valoraciones en torno a los daños que Uribe le produjo al país en materia moral, ética, ambiental, económica, social y política.  Véase: http://laotratribuna1.blogspot.com/2014/05/los-danos-que-uribe-velez-le-hizo.html


domingo, 27 de mayo de 2018

CUATRO CONCLUSIONES


Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

Después de los resultados de la jornada electoral del 27 de mayo de 2018, se pueden exponer, por ahora, cuatro conclusiones. La primera, que confirma que Colombia es una democracia sin partidos. Y este no es un asunto menor. La segunda, que sigue siendo la sociedad colombiana, en un alto porcentaje, conservadora, goda, con enormes miedos al cambio, y por supuesto, de Derecha. 

La tercera conclusión apunta a reconocer que hay un evidente despertar del pensamiento de  Izquierda,  mas no de la Izquierda como estructura  y perspectiva de poder político; eso sì, dicho despertar está sujeto, en doble vía, a la figura carismática de Gustavo Petro Urrego, al malestar social que logró evidenciar  en sus multitudinarias concentraciones populares, y por supuesto, a los errores económicos, sociales y políticos  cometidos por  amplios sectores del Establecimiento que se expresan en la desigualdad social, los crecientes problemas y conflictos socio ambientales  y la concentración de la riqueza en pocas manos, entre otros asuntos. Petro logró traducir ese malestar social, en  4,850.639 votos[1]

Y la cuarta y última conclusión, es que el discurso de la paz con las Farc se agotó de tal manera, que hoy son otros los temas que preocupan a los colombianos. Entre estos, la lucha contra la pobreza, la corrupción política y administrativa, la desigualdad y los crecientes problemas y conflictos socio ambientales que ya irrumpen en la agenda pública (Cambio Climático, minería y los problemas del desarrollo extractivo).

El triunfo de Iván Duque no obedece exclusivamente a su figura carismática, a su juventud, o a “lo novedoso” de sus propuestas. Por el contrario, su paso a la segunda vuelta (con 7,567.705.000 votos[2]) debe asociarse al pánico[3] que despertó en esa Colombia goda, tradicional e indolente ante la desigualdade social, la irrupción de Petro y su apuesta por romper con las estructuras de poder económico, político y social que han asegurado de tiempo atrás la existencia de millones de colombianos que viven en la pobreza y en la miseria, víctimas no solo del modelo económico, sino  de su empobrecido capital social y baja cultura política, alimentada por los medios de comunicación y asegurada, en parte, por la crisis de la educación pública.

Además, el triunfo parcial de Duque obedece al funcionamiento de las maquinarias clientelistas que bien supo estructurar, aceitar y mantener Uribe[4] Vélez, después de haber manejado, durante ocho años (2002-2010), el presupuesto de la Nación con criterios populistas y con altos índices de corrupción política y administrativa. Por ese camino, no ganó solo Duque: estamos ante el triunfo parcial de su mentor, que sigue siendo un importante ‘barón electoral’, a pesar de las evidencias y los hechos que lo incriminan, de tiempo atrás, con crímenes de lesa humanidad, en asocio con estructuras mafiosas y paramilitares[5]. Por ello, el triunfo de Duque y quizás, la enorme posibilidad de que alcance la Presidencia para el periodo 2018-2022, responde a la consolidación y entronización de ese ethos mafioso y del Todo Vale[6] que bien supo agenciar su jefe político, Álvaro Uribe Vélez.

También hay que decir, que el resultado electoral que tiene a Duque en la segunda vuelta presidencial obedece en buena medida a que los congresistas de Cambio Radical dejaron solo a Germán Vargas Lleras (apenas obtuvo 1,407.781 votos[7]), para acompañar al ungido del caballista, latifundista y ganadero antioqueño, Álvaro Uribe Vélez. Es decir, la Derecha, al presentarse dividida a esta jornada electoral, actuó con pragmatismo y se volcó a la campaña de Duque Márquez. Igual decisión tomaron en otras colectividades, como los partidos Liberal, Conservador y Partido de la U, entre otros. Además, el clan de los Char decidió apoyar a Duque y abandonar a Vargas Lleras. 

En cuanto al segundo lugar alcanzado por el candidato de la Colombia Humana, hay que señalar que el país está ante un fenómeno[8] social y político que tiene todavía temblando a un Régimen de poder que debe empezar a adoptar medidas urgentes para bajarle la presión que ya ejerce el malestar social que el ex alcalde de Bogotá logró no solo evidenciar, sino conducir electoralmente.  En una democracia sin partidos como la colombiana y dada la eterna incapacidad de los sectores de Izquierda para unirse, será difícil consolidar un partido de izquierda democrática, soportado en los votos alcanzados por Petro.

Lo acontecido con Sergio Fajardo, el tercero, después de Petro, obedece a la expresión de sectores de centro derecha, que le apostaron a un camino distinto al planteado por Duque y Petro, sin que ello signifique que su proyecto polìtico estuviera pensado para hacer grandes transformaciones para el país. Su discurso por la educación, como el de la paz, se volvió intrascendente y por momentos, soso. Sin embargo, la votación alcanzada es, en una mínima parte, “endosable”, por tratarse de un voto de opinión.

En cuanto al candidato del Partido Liberal, Humberto de la Calle Lombana, hay que señalar que el resultado obtenido (399.123 votos[9]) es una verdadera catástrofe  política y electoral. Dicho resultado obedeció en parte, a que la imagen negativa que como negociador del fin del conflicto armado con las Farc, se fue consolidando por hechos como la captura de Santrich y por todo lo que mediáticamente se construyó en torno a ese proceso de negociación.  Además, hay que señalar como responsable directo de esta debacle del Partido Liberal, está el jefe de esta colectividad, César Gaviria Trujillo, quien lo abandonó política y electoralmente. 

El expresidente liberal actuó más como padre de familia y como típico político colombiano, que como Liberal: estaba más interesado en asegurar las componendas para que en cuatro años, muy seguramente su hijo Simón Gaviria, pueda lanzarse como candidato presidencial. Lo acaecido con De la Calle confirma la debilidad de los Partidos Políticos, en particular la del propio Partido Liberal, que en otros tiempos fuera un faro electoral importante en jornadas electorales. Hoy, junto al Conservador, deviene insepulto.

¿Què pasará en segunda vuelta?

Después de los resultados electorales, al país se le presentan dos opciones, dos caminos: el primero, que nos llevará  mantener, inamovibles, las condiciones históricas sobre las que se viene sosteniendo el actual Régimen de poder; y el segundo, que nos lleve  a explorar cambios conducentes a edificar una verdadera democracia radical tal y como la concibe Chantal Mouffe, con partidos y no con mafias clientelares, un Estado moralmente viable y  a aceptar que somos diferentes y en que en medio de la pluralidad, podemos consolidar una Nación orgullosa de su mixtura identitaria, en condiciones de equidad y de respeto a la dignidad humana.

Es claro que los agentes que siguen extendiendo el primer camino, apoyaron a Duque en esta jornada electoral. Así mismo, está claro que el segundo camino apenas se empezó a recorrer hoy, a pesar de las trochas que otros dejaron en el pasado, pero que no lograron, sobre estas, consolidar caminos libres y transitables para lograr los cambios que el país necesita.

Serán determinantes los mensajes que manden en adelante los candidatos perdedores. Muy seguramente, Vargas Lleras[10] buscará refugio en las toldas de Duque, amparado en simpatías ideológicas y en la necesidad de mantener su vigencia política sobre la base del poder clientelar que no lo acompañó en esta jornada, debido a su nulo carisma y su carácter recio, que raya con la patanería.

Entre tanto, de la campaña de Fajardo podrían darse tres vertientes: una, que decida apoyar a Petro, otra que haga lo contrario y acompañe a Duque y por último, la tercera que inicie campaña para aupar el voto en blanco. De los ya insepultos partidos liberal y conservador, se esperan apoyos hacia Duque y Petro, de acuerdo con cálculos políticos de cada congresista.

Habrá que esperar què sucede. Lo más probable es que Duque triunfe en la segunda vuelta. Si así se dan las cosas, dicha victoria no será un triunfo para el país, sino para aquellos que soportan el Establecimiento. Por el contrario, si Petro triunfa, deberá ceder y llegar a consensos con sectores de poder político, económico, social, militar y eclesiástico, si de verdad pretende dejar bien trazados los caminos para que Colombia alcance la esquiva modernidad, sin que ello suponga aniquilar las formas tradicionales y las diversas modernidades que hoy confluyen en varios territorios del país. El mismo Petro lo ha dicho: buscar acuerdos sobre lo fundamental. Una parte del país decidió[11].




Imagen tomada de la revista Semana.com 



[1] Es la votación más alta alcanzada por la Izquierda. Carlos Gaviria Díaz, cuando se enfrentó en 2006 a Uribe Vélez, obtuvo 2,613,157 votos. Sin duda, un resultado sorprendente.
[2] Según el boletín número 52 emitido por la Registraduría Nacional del Estado Civil.
[7] Según datos del boletín número 52 emitido por la Registraduría Nacional del Estado Civil, con el 100 % de los votos escrutados.
[9] Según el boletín número 52 de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Apenas si pudo superar el tradicional Voto en Blanco, que alcanzó 341.074 votos.
[10] Véase:  http://germanayalaosoriolaotratribuna.blogspot.com.co/2017/08/cordon-umbilical.html Vargas Lleras, como hijo de la rancia élite bogotana, sufrió una dura derrota que lo debe hacer reflexionar sobre su futuro político. Este resultado de hoy manda un mensaje claro a las familias tradicionales y a los delfines que hoy se abren camino en la política colombiana. Hay cansancio en una parte de la sociedad, incluidos los sectores de la derecha, de “linajes” de las viejas castas. Dentro de todos los hechos, humanos, de campaña y de cálculo político que pueden explicar la debacle de Vargas Lleras, está el anuncio que hizo: "se acabó la robadera". Quizás esta advertencia no cayó bien en los políticos de Cambio Radical, de allí la desbandada hacia la campaña de Duque. Véase: http://caracol.com.co/radio/2018/05/12/tendencias/1526082438_334344.html

[11] Votaron 19’632.853 colombianos, lo que representa el 53,37%, de un total de 36’783.940 de ciudadanos. Si bien disminuyó el porcentaje de abstención, es claro que subsiste una baja credibilidad en la democracia, una baja cultura política y por tanto, este resultado, como todos los anteriores, tiene una baja legitimidad, como consecuencia de los colombianos que no votan.

jueves, 17 de mayo de 2018

HIDROITUANGO: LA REPRESA DE LA ARROGANCIA


Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

Los problemas con el control de las aguas del “indomable” río Cauca, que por estos días exhibe la construcción  de la hidroeléctrica de HidroItuango, hacen parte de la historia ambiental del país, caracterizada por formas combinadas de violencia contra los ecosistemas y socio ecosistemas.

La mega obra arrastra las dificultades propias de un proyecto concebido desde una incontrastable apuesta y perspectiva ingenieril que retó a las complejas condiciones biofísicas asociadas no solo al “arisco” río Cauca, sino a las condiciones de los terrenos que conforman el cañón sobre el que se construye la presa. Igualmente, esa misma perspectiva ingenieril, soportada en un espíritu humano combativo, casi marcial, se enfrentó a comunidades campesinas y mineras previamente violentadas por actores del conflicto armado interno, en particular por grupos paramilitares que actuaron en su contra, con la anuencia de agentes estatales. Ese mismo talante de los ingenieros responsables del diseño y ejecución de la obra, muy seguramente deviene asociado a la subcultura paisa que, sobre cualquier consideración, siempre ha buscado históricamente domesticar la Naturaleza, sin importar los impactos y las consecuencias.

Es decir, HidroItuango es la expresión de procesos violentos de domesticación de la Naturaleza, y fruto de procesos de desarraigo y desplazamiento de grupos humanos que en doble vía comprometen a las Empresas Públicas de Medellín, a sus socios, y al propio Estado colombiano.

La construcción de la hidroeléctrica se justificó en su momento, con el argumento de que el sistema energético colombiano sería más eficiente y potente, por la entrada en operación de HidroItuango. Se pueden y se pudieron vislumbrar en su momento razones de Estado en la perspectiva de que les corresponde a los gobiernos, en nombre del Estado, garantizar el suministro de energía a comunidades apartadas y consolidar tanto la interconexión eléctrica nacional, como la electrificación rural.

A esas razones de Estado les salen al paso circunstancias y hechos económicos y ambientales que no necesariamente hacen parte de la imperiosa necesidad estatal de insistir en la construcción de hidroeléctricas, obras que generan amplias y fuertes externalidades negativas como cambios en el clima de la región impactada, en la vocación de los campesinos que habitaban el territorio inundado y por supuesto, los efectos que deja en la pesca y en general en el macro ecosistema llamado cuenca del río Cauca.

Y no se trata de oponerse radicalmente a la construcción de obras que, enmarcadas en una idea dominante de desarrollo, modernización y crecimiento económico, puedan garantizar bienestar colectivo y particular. De lo que se trata es de dilucidar y descifrar, a través de preguntas y cuestionamientos, si la construcción de la HidroItuango era una necesidad y una prioridad para el país. Me pregunto: con la construcción de Porce I y II y la de El Quimbo, para nombrar algunas centrales construidas, el sistema interconectado dejaba de ser eficiente y garante para que el país contara con el fluido energético? ; ¿qué alternativas se pensaron o se propusieron a la construcción de la hidroeléctrica que hoy enfrenta graves problemas técnicos, de sostenibilidad económica  y credibilidad en su ejecución técnica?

Lo cierto es que detrás de la construcción de HidroItuango está el negocio de vender energía y a partir de las ganancias logradas, financiar otros proyectos de infraestructura en el departamento de Antioquia. En el informe Colombia Nunca Más, el caso de Ituango, se lee lo siguiente:   “La represa Hidroituango se construye en parte por el interés de suplir la demanda eléctrica del mercado de América Central en detrimento de las comunidades que habitan los territorios. Esta obra causa graves impactos al medio ambiente, la salud y la pérdida de bosques, suelos y fauna. En respuesta han surgido procesos´ de movilización social en defensa de la tierra, el territorio y los derechos colectivos que exigen la detención de la obra, la reparación a las víctimas, la realización de un nuevo censo y la consulta con las comunidades sobre su futuro[1].

Si es cierto que detrás estaba el negocio de vender energía a países de Centro América (quizás en el marco del Plan Puebla Panamá), esa sola circunstancia debió servir para que los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) tuvieran en cuenta las incertidumbres sociales de las comunidades afectadas, los riesgos en la construcción de la obra y por supuesto, los procesos de mitigación de los impactos que de manera natural produce la construcción de una hidroeléctrica.

En cuanto a la apuesta de financiar otras obras con las ganancias logradas por la venta de energía, huelga recordar la intención de “pignorar” los futuros  recursos económicos que dejaría la generación de energía de HidroItuango.  El Colombiano, periódico regional de talante conservador,  registró en su momento que  se habla de, al menos, 2 billones de pesos que tendrían como fuente financiación los beneficios que reciba el Departamento de la hidroeléctrica, como socio principal junto con el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (Idea), con una participación de 52,89 %, mientras EPM, constructor y operador del megaproyecto, tiene el 46,47 %; otro 0,64 % es de minoritarios. Pero anticipar esos recursos compromete los flujos que llegaría a las arcas departamentales 20 años después de que se prenda la primera turbina y comience la generación de energía, hecho que deberá darse en diciembre de 2018. La propuesta de comprometer los ingresos futuros de Hidroituango para ayudar a financiar proyectos de infraestructura en este cuatrienio fue sustentada por la Administración Departamental en la necesidad de ejecutar obras que serán motor del desarrollo. Mauricio Tobón Franco, gerente del Idea, y quien anunció la propuesta, atribuyó el modelo a una apuesta por el progreso en que se buscan mecanismos financieros con la banca de inversión para adelantar ingresos futuros de Hidroituango por 2 billones de pesos, y financiar megaproyectos que propone el gobernador Luis Pérez. Al respecto, Mauricio Cabrera, exdirector de Crédito Público, experto en banca de inversión y representante de la firma Cabrera y Bedoya, explicó que “al hacer esto la administración departamental actual dispone de unos recursos futuros y, por lo tanto, las próximas no contarán con esa plata”. Cabrera, a su vez, cuestionó que se trata de una especie de pignoración en que se deben tener en cuenta obligaciones adquiridas por el proyecto. “Uno no puede pignorar todos los ingresos que vaya a tener Hidroituango, porque existen compromisos de pago propios. Hidroituango se está financiando actualmente con créditos y los tendrá que pagar, por lo que deberá contar con lo que queda de esa resta para los accionistas”. En ese sentido, Remberto Rhenals, profesor de economía de la Universidad de Antioquia, sostuvo que el modelo propuesto por la Administración Seccional supone que la empresa tiene recursos futuros previstos. Añadió que para avanzar en la propuesta de comprometer los recursos se debe contratar una banca para que estime el valor de esos ingresos futuros. “Se debe saber cómo valoran la empresa de acuerdo con el flujo futuro. Ese es el primer paso”, apuntó[2].

De todo lo anterior se colige que subsiste en la construcción de mega obras como HidroItuango, un sentido corporativo del Estado, en particular del Estado regional antioqueño, que al parecer no sopesó los negativos impactos socio ambientales que generaría HidroItuango. Sobre la vida de las comunidades asentadas en el territorio inundable y el bienestar de los cientos de miles de colombianos que viven en las riberas del Cauca, tanto aguas arriba, como aguas abajo, se privilegió el negocio de la venta de energía. Dirán algunos que resulta positivo que el Estado participe de un negocio que le pueda dar réditos económicos que aseguren inversiones para el mejoramiento de las condiciones de vida de los más vulnerables y por supuesto, en la construcción de infraestructuras físicas para el departamento de Antioquia. La pregunta es: con lo que está sucediendo en HidroItuango, ¿vale la pena insistir en construir más hidroeléctricas para vender energía a otros países, sin estimar económicamente los riesgos en su construcción y en los impactos socio ambientales que generan ese tipo de obras de ingeniería en comunidades que se benefician de los servicios ecosistémicos del río Cauca?

Lo cierto es que EPM desestimó las recomendaciones y los reclamos de los habitantes de la zona. Pudo más la arrogancia de los ingenieros y de la clase dirigente regional, que el sentido de la precaución que debería ser connatural a la construcción de este tipo de hidroeléctricas. Por ello, insisto en que en HidroItuango confluyen todas las formas de violencia que en nombre del desarrollo se vienen produciendo en Colombia. Tipos de violencia que tienen un común denominador: que las víctimas siempre son los más pobres, vulnerables y los menos reconocidos por quienes dicen agenciar y velar por el crecimiento económico, en el marco de  un Estado Social de Derecho que suele quedar sepultado en presas o arrastrado aguas abajo por la desidia de quienes agencian un tipo de desarrollo que violenta tanto a los ecosistemas, como a los socio ecosistemas.

Adenda: la respuesta del Presidente Santos a la carta enviada por EPM y el Gobernador de Antioquia, confirma que no existe unidad conceptual y política alrededor de lo que es el Estado nacional. Si bien no se trata de pensar en un Estado idealmente monolítico, lo que sí debería de haber es un mínimo consenso y responsabilidad en torno a las directrices, mandatos y políticas relacionadas con la generación de energía. A lo mejor es hora de buscar alternativas a la construcción de hidroeléctricas.

Adenda 2: la ejecución de dicha obra involucra a Àlvaro Uribe en su calidad de gobernador de Antioquia y como Presidente de Colombia. Véase la columna: https://www.elespectador.com/opinion/lo-que-mal-empieza-columna-789531







Imagen tomada de El Espectador.


[1] Colombia Nunca Más, el caso Ituango. Corporación Jurídica Libertad. p. 6

martes, 15 de mayo de 2018

VISIÓN COLOMBIA II CENTENARIO: 2019


Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

Es posible que el documento Visión Colombia II Centenario 2019 sea muy poco conocido por el grueso de la población colombiana. Y quizás, su discusión no se dio en las condiciones esperadas por el Gobierno  de Uribe, responsable de su redacción.

Por considerar que el texto en mención tiene una natural importancia, dedico algunas reflexiones sobre este particular documento, pensado por la administración de Uribe Vélez como una política de Estado, muy seguramente anclada al proyecto político de quien hizo ingentes esfuerzos por quedarse en el poder durante doce años; y posiblemente, se haya considerado extender su permanencia como Jefe de Estado hasta la conmemoración del Centenario en 2019.

El sistema político colombiano y sus operadores políticos se caracterizan, históricamente y en todos los ámbitos, por la incapacidad de asumir políticas públicas que vayan más allá de los periodos de gobierno, es decir, políticas públicas de Estado que superen la visión de corto plazo con la que devienen determinados los proyecto políticos de un partido o de una coalición que se alzó o logró hacerse con el control del Estado en una determinada jornada electoral.

Pensar políticas públicas de largo plazo, que cuenten con el aval de varios gobiernos, sin importar el origen ideológico y los intereses de los sectores económicos que patrocinaron la campaña triunfante, así como  el ideario político del grupo que conquistó el poder estatal, es lo más cercano a la construcción de un consenso político de alcance nacional que permita al Estado afianzarse en todo el territorio, con amplios márgenes de legitimidad y con la posibilidad de que la operación estatal se dé desde y sobre unas bien consensuadas razones de Estado. Y no se trata de lograr consensos al estilo del Frente Nacional, proyecto político que terminó por consolidar la estrechez democrática y la incapacidad de las élites tradicionales para guiar los destinos del Estado-nación.

En el prólogo, escrito por Uribe Vélez, se lee lo siguiente: “Este documento debe servir para que se vaya creando una conciencia política en toda la ciudadanía de la patria, que nos ayude a entender que los países no pueden vivir de bandazo en bandazo, pasando de un plan cuatrienal de desarrollo a otro plan cuatrienal de desarrollo y generalmente con desconocimiento del anterior. El país necesita líneas de continuidad. Por supuesto, estas líneas fundamentales no pueden ser impuestas; hay que construirlas generando convicción en el cuerpo social. De ahí la importancia de empezar la tarea de persuasión con los colombianos alrededor de la discusión de la visión de largo plazo para nuestra patria[1].

Visión Colombia II Centenario: 2019 responde a un ejercicio prospectivo así en el mismo documento se desconozca este carácter. De allí que su interior esté colmado de propósitos y metas que requieren y requerían del establecimiento de un consenso nacional que no se logró, muy seguramente, por circunstancias contextuales originadas por el talante autocrático de Uribe y la visión corporativa con la que asumió el control del Estado. Se suma a lo anterior,  que el mandatario antioqueño no fue el líder político que, con el suficiente carácter de estadista, fuera capaz de lograr un pacto político en el que fuera posible anclar políticas públicas de Estado. Por el contrario, Uribe fue un montaraz político que debilitó la institucionalidad estatal, y quiso reducir los asuntos estatales a sus caprichos e intereses individuales. De igual manera,  habría que considerar las maneras como la sociedad colombiana reaccionó en torno a asuntos como el proceso de paz adelantado por el Gobierno de Santos con la entonces guerrilla de las Farc-Ep, el resultado del Plebiscito por la Paz y quizás por el enfrentamiento político (de egos) que las empresas mediáticas recrearon entre Uribe vs Santos.

En el señalado texto se lee que “mucho antes de 2019, Colombia habrá consolidado la paz y deberá de ser una realidad, a lo largo y ancho del territorio el deseo de Darío Echandía de <<un país en el que sea posible pescar de noche>>[2].  Pues bien, al revisar el proceso de implementación del Acuerdo Final alcanzado en La Habana, entre el Gobierno de Santos y las Farc, y en particular, lo acaecido con Santrich[3], es posible señalar que el anhelo de paz se puede diluir por los incumplimientos del Estado y por la injerencia de los Estados Unidos, a través de la DEA, en los asuntos internos del país, en particular con la consolidación de una paz estable y duradera. Además, los diálogos de paz con el ELN no avanzan porque se acerca el final del gobierno de Santos y por la incapacidad de las partes de asumir con responsabilidad el momento histórico por el que atraviesa el país.

Quienes concibieron el documento apelaron a hechos históricos y situaciones políticas que las hacen aparecer como verdades incontrastables, cuando realmente no soportan un análisis riguroso en torno al sentido de una verdad que se relativiza fácilmente.

Ejemplo de lo anterior lo constituye la alusión a la tradición civilista y democrática de Colombia, una suerte de bien histórico y referente ético que debería de enorgullecer a todos los colombianos y de guiar en adelante la Política al interior de la Nación.

Las instituciones republicanas y la democracia, destacables a nivel internacional, deben ser un motivo de orgullo para los colombianos… es posible resaltar que Colombia tiene una de las tradiciones electorales más largas del continente y del mundo; que el país ha sido gobernado por civiles y que esos civiles han hecho un uso limitado del poder. Mientras que en muchos países del continente predominaron durante largos periodos los dictadores, los regímenes militares y, en general, los gobiernos por la fuerza, en Colombia ha sido tan fuerte la tradición civilista de nuestras instituciones que el poder ha llegado incluso a caracterizarse, para algunos periodos, como el <<poder de la gramática>>[4].

Quienes concibieron el texto Visión Colombia II Centenario: 2019, obviaron hechos políticos y desarrollos contextuales que controvierten lo señalado. Baste con nombrar dos ejemplos de Gobiernos Civiles de Mano Dura: los gobiernos de Julio César Turbay Ayala (1978-1982) y el de Álvaro Uribe Vélez (2002- 2010).

Del primero, no se puede desconocer el peso político de una cúpula militar calificada como tropera y responsable de acciones de torturas a presos políticos y de la persecución de activistas y defensores de derechos humanos, intelectuales e ideólogos de las guerrillas, en particular de aquellos vinculados o cercanos al proyecto político de la guerrilla del M-19.  Sin duda alguna, Turbay Ayala lideró un Gobierno Civil de Mano Dura[5] lo que claramente desdice lo señalado en el documento sobre el que se sostiene esta columna. Debemos recordar que vivimos bajo el Estado de Sitio, figura jurídico-política que sirvió a los propósitos de un gobierno que violó los derechos humanos y restringió las libertades ciudadanas a través del uso de la fuerza y la aplicación de las orientaciones de su Estatuto de Seguridad.

Para el caso de la administración de Uribe Vélez, hay evidencias contundentes de que se trató de un Gobierno de Mano Dura, que no solo aupó la persecución a todo lo que oliera a Izquierda, sino que limitó la democracia y la discusión pública de asuntos públicos con la Política Pública de Defensa y Seguridad Democrática (PPDSD). Con dicho estatuto, muy parecido al que aplicó Turbay Ayala, no solo desconoció la existencia del conflicto armado interno, sino los derechos de las víctimas que dejó una larga confrontación armada entre las Fuerzas Armadas (en alianza y connivencia con grupos paramilitares) y las guerrillas. Además, puso la institucionalidad estatal al servicio de su único objetivo político: derrotar militarmente a las Farc, al tiempo que abría espacios institucionales a los grupos paramilitares (recuérdese la penetración paramilitar en el DAS, en el Congreso, la Fiscalía y la Superintendencia de Notariado y Registro, entre otras).

Y sobre aquello del poder de la gramática, creo que si por algo se distinguieron los gobiernos de Turbay Ayala y Uribe Vélez fue por abandonar toda posibilidad de discutir y dialogar, dándole prioridad  a los encuentros discursivos. No fue el poder de la gramática el que se impuso en esos gobiernos, sino el poder de la inteligencia militar y la represión estatal.

Así entonces, después de este breve análisis, se puede colegir que el documento Visión Colombia II Centenario: 2019, oculta realidades sociales y políticas, con la intención clara de consolidar una verdad oficial ajustada a los intereses de los sectores del Establecimiento que apoyaron la idea original de alcanzar un consenso político soportado en las metas, estrategias y propósitos consignados en el referido documento.




Imagen tomada de DNP.gov.co



[1] Visión Colombia II Centenario. Departamento Nacional de Planeación. p. 5
[2] Visión Colombia II Centenario:2019. p. 8.
[3] El traslado de Santrich a una instalación controlada por el Episcopado colombiano es un acto político y humanitario que pone a la Iglesia Católica a jugar un papel clave, para salvar el proceso de paz.
[4] Visión Colombia. P. 9 y 10.
[5] Para efectos de este documento, se entiende como Gobierno Civil de Mano Dura (GCMD) como aquella administración pública y política del Estado, orientada bajo principios de disciplinamiento social y político, respaldada por acciones combinadas de vigilancia, persuasión, persecución, intimidación, limitación de libertades ciudadanas, constreñimiento, secuestro y desaparición de ciudadanos calificados o señalados por los organismos de seguridad del Estado como proto enemigos del Régimen, en el marco de la aplicación de la doctrina de seguridad nacional y la existencia de un enemigo interno que no solo debía ser enfrentado militarmente, sino confrontadas y neutralizadas sus posibles redes de apoyo. En dichas redes se incluían a ciudadanos críticos (periodistas, intelectuales, profesores de colegio y de universidades), simpatizantes de las ideas de Izquierda, así como ciudadanos considerados como incómodos: afros, indígenas y campesinos pobres. 

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