Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo
Si para algo sirve ya y seguirá
sirviendo la finalización del fin del conflicto armado[1]
entre el Estado y las antiguas Farc, es para poner a la orden del Gran Capital,
los recursos de la biodiversidad, en particular aquellos que el subsuelo guarda,
como el carbón, el coltán y el oro, para nombrar solo algunos minerales.
Juan Manuel Santos acaba de
validar el sentido de la anterior sentencia al confirmar la inversión de mil
millones de dólares que hará los Emiratos Árabes, a través de su multinacional Minesa, en la explotación de
oro en el Páramo de Santurbán.
El asunto es de una enorme gravedad
en la medida en que la licencia de explotación ya fue solicitada a la ANLA[2],
entidad comprometida con la entrega rápida de autorizaciones a empresas de
explotación de oro, carbón y petróleo, cuyos funcionarios se sentirán
presionados por la millonaria suma de dinero que está dispuesta a invertir
dicho país. Las licencias exprés se
pusieron de moda durante la administración de Uribe Vélez, política que tuvo continuidad en
los dos periodos de Santos.
En esa línea, la ANLA funge como
una suerte de rueda suelta que nadie controla, a juzgar por la rapidez con la
que se entregan las licencias ambientales. Es más, se oye en los “mentideros
políticos” que los funcionarios de dicha entidad “trabajan a destajo”, es
decir, que su sueldo dependería del número de licencias aprobadas. Si eso
llegare a ser cierto, los recursos de la biodiversidad estarían servidos en
bandeja de plata al Gran Capital.
Volvamos al asunto. Por supuesto
que los amigos del “desarrollo” por la vía del extractivismo, se frotan las
manos por la llegada de semejante inversión. Muy seguramente las redes de
corrupción ya están alertas para el cobro de comisiones y las formas
institucionalizadas que entran en operación para otorgar la licencia de
explotación en un ecosistema que afronta los problemas que genera la decisión
de delimitar el Páramo de Santurbán, como si dicho ecosistema funcionara desde
y bajo la lógica fragmentadora con la que opera la delimitación de un área que
no debería de estar dispuesta para el desarrollo de minería a gran escala; y en
cuanto a la minería artesanal, valdría la pena pensar en acciones de
intervención con el fin de reorientar la vida de los mineros, ofreciéndoles,
por ejemplo, servir de cuidadores del ecosistema.
Quienes aprueban y apoyan el
desarrollo de dichas actividades mineras en el Páramo de Santurbán, parecen
desconocer el principio de precaución planteado en la Ley 99 de 1993, en su
artículo 1, de los Principios Generales Ambientales: “La política ambiental colombiana seguirá los siguientes principios
generales: 1. El proceso de desarrollo económico y social del país se orientará
según los principios universales y del desarrollo sostenible contenidos en la
Declaración de Río de Janeiro de junio de 1992 sobre Medio Ambiente y
Desarrollo. (...) 6. La formulación de las políticas ambientales tendrá en
cuenta el resultado del proceso de investigación científica. No obstante,
las autoridades ambientales y los particulares darán aplicación al principio de
precaución conforme al cual, cuando exista peligro de daño grave e
irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como
razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la
degradación del medio ambiente”.
¿Por qué insistir con proyectos
de minería a gran escala si se conocen experiencias en el mundo y en el propio
país, de los graves efectos socio ambientales que deja la llegada y operación
de retroexcavadoras y las transformaciones de un ecosistema frágil y por sobre
todo, vital para los cientos de miles de ciudadanos que dependen del suministro
del agua que nace de dicho Páramo?
Ojalá las comunidades allegadas
al Páramo de Santurbán y en general los colombianos, emprendamos acciones
colectivas que permitan detener toda actividad minera a gran escala tanto en este
ecosistema, como en otros amenazados por la llegada de multinacionales y sus
filiales, interesadas en saquear los recursos del subsuelo, ahora que el país “vive
en el posconflicto”.
Queda claro que delimitar el
territorio en el que subsiste el Páramo es una estratagema que abre el camino
para actividades de exploración y explotación que benefician a unos pocos, en
detrimento de la calidad de vida futura de quienes se benefician de los
servicios ecosistémicos que ofrece en particular el Páramo de Santurbán.
Lo que está en juego con
Santurbán no solo es el ecosistema en sí mismo, sino la institucionalidad
ambiental y científica cada vez más afecta al desarrollo de este tipo de
actividades antrópicas que claramente poco o nada aportan al “desarrollo” del
país, por cuanto las ganancias terminan en los bolsillos de los accionistas de
multinacionales como Minesa, en paraísos fiscales y algunas migajas que sabrá recoger
agentes estatales corruptos. Y resulta peor el panorama ambiental, cuando el
Estado colombiano no solo deviene débil y precario, sino que no tiene una
política ambiental coherente que realmente haga posible pensar en eso que ya se
volvió un lugar común y parte fundante y fundamental de acciones de green wash: hablar de desarrollo sostenible
o sustentable.
A la presencia de todo tipo de
intereses alrededor de la explotación en zonas de Páramo, en particular en el
de Santurbán, se suman las diferencias de criterio y de lectura de lo expresado
por el Código Minero, en las sentencias de la Corte Constitucional y en lo
expresado por expertos, científicos y directores de instituciones ambientales
oficiales.
De tiempo atrás, el ex ministro
del Medio Ambiente, Manuel Rodríguez Becerra, viene advirtiendo sobre los riesgos
de autorizar la explotación de oro en dicho ecosistema. Lo hizo en su momento,
cuando la multinacional Greystar se interesó en el oro que se oculta en las
entrañas de dicho ecosistema estratégico para millones de habitantes que
dependen de su equilibrio y funcionalidad ecológicas. Rodríguez señaló: “No entiendo por qué estamos aquí. Y no lo
entiendo porque el Código Minero excluye a los páramos de toda explotación.
Entonces me parece que estamos en una situación absurda creada por el
Ministerio del Medio Ambiente de Colombia, que aceptó, en forma que me parece
condenable, la solicitud de una licencia ambiental por parte de la empresa
canadiense Greystar”[3].
Hoy, parece que el ambientalismo
y la defensa de la biodiversidad devienen en una profunda crisis, a juzgar por
el poco eco y apoyo que ya tienen esas voces de alarma en universidades e
instituciones de carácter ambiental. El silencio de la Academia desconcierta en
la medida en que alienta a las interesadas multinacionales como Minesa, para
intervenir en ecosistemas sobre los que poco se tienen cuenta las valoraciones estéticas[4]
y éticas que la ciudadanía hace, en aras de exigir que se detenga cualquier
acción que comprometa el equilibrio ecológico del Páramo de Santurbán. En esa
medida, parece que para muchos científicos y académicos resulta mejor explotar
unos recursos, haciendo uso de una autonomía sin límites y desprovista de cualquier
responsabilidad con el medio ambiente y sobre todo, con quienes de manera
directa se benefician de los servicios ecosistémicos que les presta el señalado
y deseado Páramo de Santurbán.
Augusto Ángel Maya, en su libro
Ataraxia, habla de la Hybris humanista, como “… desconocer y separar esta pertenencia y unidad del hombre al ser, y
vivir en una ilusión de autonomía sin límites”. Tantos los ingenieros de
Minesa, el Presidente Santos y el Estado colombiano caerán en lo que los
griegos llamaron la Hybris, como el
pecado en el que cae el ser humano al rebasar sus propios límites y comportarse
como si fuera Dios.
¿No será que desde sectores de la
Academia y de la institucionalidad ambiental se le está haciendo el juego al
extractivismo, cuando desde esos mismos escenarios, de duda y de ciencia,
debería de gritarse a voz en cuello, que el desarrollo tiene unos límites y que
estos aparecen cuando lo que se pondrá en riesgo es la propia supervivencia de
cientos de miles de personas?
Creo que es urgente volver al
ambientalismo de los años 60 y 70, de cara a enfrentar a quienes desde la
Academia, silentes o no, y desde los usos particulares de la ciencia, promueven
discursos que, afectos por ejemplo al discurso de los ecosistemas emergentes,
terminan validando todo tipo de acciones antrópicas de explotación que solo
benefician a unos pocos, basados en que el dinamismo de la Naturaleza permite
todo tipo de acciones humanas, como la explotación de oro en Santurbán.
Al principio de precaución hay que sumarle esta
pregunta: ¿cuántos de los beneficiados y cuántos los afectados? Y es claro, que
con la explotación de oro en Santurbán, los beneficiados serán unos pocos y los
afectados, se cuentan por millones. Mientras la ANLA juega con la biodiversidad
y el Páramo de Santurbán es ofrecido al Gran Capital, la Academia y los agentes
de las ciencias ambientales, guardan cómplice silencio.
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