Nueva publicación

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Tres artículos: Medio ambiente y conflicto armado; Editoriales sobre el proceso de paz con las Farc; y Acción colectiva y asentamientos en Cali. Memorias, 2018.

Nueva Publicación: Investigación sobre dos asentamientos informales de la ciudad de Cali. 2018

Nueva Publicación: Investigación sobre dos asentamientos informales de la ciudad de Cali. 2018
2 asentamientos: Los Samanes del Cauca y Navarro, ubicados en el jarillón del río Cauca.

NUEVA PUBLICACIÓN. PERIODISMO Y DESPLAZAMIENTO FORZOSO EN COLOMBIA.

NUEVA PUBLICACIÓN. PERIODISMO Y DESPLAZAMIENTO FORZOSO EN COLOMBIA.
Resultado de un proceso investigativo, este libro en coautoría da cuenta del tratamiento periodístico dado por el Diario El País de Cali, a los hechos y circunstancias que hicieron posible el desplazamiento forzado en Colombia y la aparición de la categoría Desplazados. 2016

miércoles, 24 de junio de 2020

SOLDADOS VIOLADORES


Por Germán Ayala Osorio, comunicador social-periodista y politólogo

La violación de una niña indígena, de la comunidad Embera Katío en Pueblo Rico, Risaralda, a manos de 8 soldados es el nuevo hecho político-noticioso que genera indignación entre cientos de miles de colombianos. Otros cientos ni se darán por enterados y otros tantos, minimizarán lo ocurrido.

Lo cierto es que el crimen cometido por los uniformados contra la menor indígena (de 13 años), se da en medio de la aprobación de una ley, confusa y mal concebida, con la que se permite en Colombia una particular forma de cadena perpetua para violadores de menores. Dicho marco legal aún no ha sido sancionado por el presidente Duque, de allí que, en este caso, no procedería su aplicación.

Los hechos que son materia de investigación por parte de la Fiscalía plantean una colisión de competencias entre la Justicia Ordinaria y la Justicia Indígena, por tratarse de una niña étnicamente protegida. Y no faltará quienes pretendan que sea la Justicia Penal Militar la instancia que procese a los uniformados involucrados en la atroz violación sexual. Aunque  no se trata de la comisión de un delito en el marco de un acto del servicio, los militares suelen exigir su juzgamiento mas que para hacer justicia ejemplar, para evitar el escarnio público de los uniformados comprometidos en el execrable hecho del acceso carnal violento y en muchos casos, para dilatar los procesos, contaminar las pruebas o solo para retar a la sociedad. Ya la ONIC exigió que los soldados violadores sean entregados a las autoridades indígenas para su correspondiente juzgamiento de acuerdo con sus usos y costumbres, amparados en la Jurisdicción Especial Indígena.

Mientras se conocen los pormenores de lo ocurrido y se establecen las responsabilidades penales de los militares orgánicos del Batallón San Mateo, la violación de la menor indígena se corresponde, contextual y circunstancialmente con los siguientes elementos o factores: la sociedad colombiana en su conjunto actúa y piensa de acuerdo con los valores y principios de una sociedad patriarcal, violenta y machista. La mujer es vista como un objeto de consumo, como un instrumento para producir placer y asegurar la reproducción, en las condiciones que impuso la propia Iglesia Católica y las derivadas de un valor cultural que indica que las mujeres solo sirven para la cocina y para tener hijos.

Es en ese marco en el que se explican hechos aberrantes como el que aquí se comenta, al que obviamente hay que sumar otros elementos o factores. Entre estos, el relacionado con lo que implica ser militar en Colombia. Estar en el Ejército es el escenario para “hacerse hombre o macho”. Y la violación de mujeres y niñas es, dentro de esa perversa lógica, un paso en la dirección de “graduarse como Macho”. De la misma manera como en cientos de familias los padres aupaban a sus hijos hombres para “perder la cachucha” en casas de lenocinio, esto es, en las piernas de una “trabajadora sexual”, dentro de los batallones, en particular en aquellos en los que hay unidades de combate (soldados profesionales y regulares), salir a violar puede resultar en un juego de hombres, en un reto.

Así, “comportarse como Macho” dentro del Ejército o de cualquier otra fuerza armada, se asume como una aspiración y un objetivo con el que se terminan validando prácticas criminales y abusivas. No se necesita que exista una “directriz oficial” que aliente a los soldados a violar mujeres o niñas. Está en la cultura, en el actuar del Estado, de los jueces que minimizan las denuncias que por acoso y violación instauran las mujeres; está en los altos niveles de impunidad de una Justicia disfuncional; y está, por supuesto, en las reacciones y en el discurso mismo de políticos y militares que  no rechazan los hechos en sí mismos, sino que terminan pidiendo a la sociedad que “disculpen” a los violadores, exponiendo que se trata de hombres sin formación moral o ignorantes, que no pudieron contenerse, en virtud de meses de encierro o de patrullajes intensos y extensos, sin tener contacto con mujeres. En la película Pantaleón y las visitadoras queda expuesta la animalidad que suele acompañar a quienes portan un uniforme y se ven fácilmente arrastrados por el afán de comportarse como Machos frente o en relación con mujeres sometidas (como las “trabajadoras sexuales”) o con aquellas menores vulnerables, indígenas y pobres, cuyas vidas previamente fueron catalogadas como insignificantes.

Ejemplo de lo anterior constituye la respuesta dada por el presidente Iván Duque Márquez quien, al fungir como comandante supremo de las Fuerzas Armadas, debía pronunciarse sobre el crimen cometido por 8 de sus subordinados. En su cuenta de twitter, Duque señaló: “Colombia debe enfrentar con contundencia y drasticidad cualquier agresión a un menor. Nos duele que se señale a miembros de la #FuerzaPública de violar a una niña indígena. Iremos hasta el fondo de las investigaciones”.

El dolor que dice sentir el jefe de Estado no se desprende del crimen mismo cometido por los uniformados, sino del señalamiento a sus subalternos de haber cometido el abominable hecho. Estamos ante la respuesta de un Hombre Blanco que siente un especial desprecio por la vida de los indígenas y de la niña abusada por los soldados. En lugar de exponer con vehemencia su rechazo contra el abuso sexual, optó por lamentar el señalamiento que recae sobre los uniformados violadores.

Esa es la Colombia violenta, sucia, patriarcal, criminal y abusadora que queda muy bien reflejada en la letra del Himno Feminista, un violador en tu camino: “el Patriarcado es un juez, que nos juzga por nacer y nuestro castigo, es la violencia que no ves… y nuestro castigo, es la violencia que ya ves…es feminicidio, impunidad para el asesino, es la desaparición, es la violación… y la culpa no era mía, ni donde estaba ni como vestía… el violador eres tú… son los policías, los jueces, el Estado, el presidente, el Estado opresor es un macho violador…

Adenda: no faltará el titular de prensa con el que se califique a los violadores como Monstruos.




Imagen tomada de ELESPECTADOR.COM

NO CAYÓ LA VICEPRESIDENTA


Por Germán Ayala Osorio, comunicador social-periodista y politólogo

En los últimos días trascendió una versión periodística que indicaba que la Vicepresidenta, Martha Lucía Ramírez Blanco, renunciaría a su cargo en virtud de los hechos ético-políticos en los que está involucrada, y que tienen que ver con un hermano suyo condenado en los Estados Unidos por robo y narcotráfico y por sus relaciones con el Memo Fantasma. Todo lo anterior, como el resultado de investigaciones de periodistas independientes y no incorporados. Al no producirse su esperada dimisión, es pertinente mirar los efectos que deja lo acontecido.

Del escándalo político-mediático en el que estuvo envuelta por varios días la Vicepresidenta Martha Lucía Ramírez Blanco, quedan dos conclusiones. La primera, y quizás la más dolorosa desde la perspectiva ético-política, es lo irrelevante e insulso que resulta para la involucrada, aquello que se conoce como la institucionalidad.

Es tal el desprecio hacia este conjunto de valores y prácticas que terminan  por caracterizar a una o a varias instituciones estatales, que Ramírez Blanco prefirió atornillarse a su cargo, antes que  preocuparse por los daños que ella misma le produjo a la imagen del Estado, de la Vicepresidencia, a la Política y a ella misma como funcionaria y como Mujer. Así, la decisión de la Vicepresidenta está anclada a la lealtad que ella le debe al Régimen de poder y a sus máximos líderes, que para el caso específico, son Álvaro Uribe Vélez y todos los demás que respaldan a este último: militares, empresarios, banqueros e industriales que de tiempo atrás usan a este tóxico líder como su “avanzada ético-política” para consolidar una democracia, un Estado y un mercado ajustado a sus intereses corporativos y al carácter feudal con el que asumen las relaciones patronos-trabajadores.

El respeto por las instituciones y por la institucionalidad derivada de la operación de aquellas es la semilla de donde brota la legitimidad de un Estado e incluso, del propio Régimen que está detrás de aquel. Y es claro que el Régimen colombiano deviene asociado a un ethos mafioso y criminal, resultado del maridaje entre Política y crimen, entre operadores políticos y narcotraficantes, sicarios y toda suerte de malandrines que sirven a los propósitos de la élite económica y política.

La segunda conclusión, con estrecha relación con la primera, señala que el apoyo dado a la Vicepresidenta, tanto por Uribe, como por otros miembros del Establecimiento colombiano, está fundado en lealtades muy parecidas a las que solían guardarse entre los capos de los carteles de la droga de Cali y Medellín, para nombrar a los más populares.  El respaldo político que recibió Ramírez del expresidente antioqueño expone la perniciosa lealtad que los une como operadores políticos, derivada de una vieja relación política entre la Vicepresidenta y el hoy Senador de la República.

Una vez traspasados los límites éticos y morales, los miembros del Establecimiento colombiano están obligados a respaldarse por cuanto de por medio hay un compromiso mayúsculo: mantener el control sobre el Estado, pero, sobre todo, hacer que la escala de valores impuesta de tiempo atrás y en particular desde el 2002, se consolide, se entronice y logre el cometido de guiar la vida privada y pública de todos aquellos que simpatizan con las maneras de operar del Régimen, así este, para la Oposición y para millones de colombianos, devenga oprobioso, sucio y criminal.

Así las cosas, lo acaecido con Ramírez Blanco deja nocivas sensaciones alrededor de la responsabilidad ética de los funcionarios del Estado frente al actuar de sus familiares y de sus conductas individuales. El argumento, pueril por demás, de que “no hay delitos de sangre” en Colombia, solo sirve para fortalecer la imagen de país corrupto que tiene Colombia en varios países del mundo. El ser reconocidos como mafiosos y corruptos ante la llamada “comunidad internacional”, coadyuva a que muchas de las relaciones políticas y comerciales establecidas a través de la cooperación internacional, funcionen, giren y operen sobre el débil valor que acá en Colombia le damos a la transparencia, al actuar ético y a la responsabilidad social y política que se asume cuando se llega al Estado.

Gracias a que Ramírez Blanco no vio en su silencio un conflicto ético-político, la Colombia mafiosa, corrupta y complaciente con todo tipo de prácticas dolosas salió airosa, lo que de inmediato nos confirma como una sociedad propicia para la trampa y la consolidación de mafias, estatales y privadas.

Al final, la Vice Ramírez ni se cayó, pero tampoco se calló ante los medios. En las últimas horas dejó aflorar su desfachatez no solo al validar la desastrosa-exitosa jornada sin IVA, sino su lejanía de la causa feminista.


Imagen tomada de lanuevaprensa.com.co



miércoles, 17 de junio de 2020

MÁS ALLÁ DE PETRO VS URIBE



Por Germán Ayala Osorio, comunicador social- periodista y  politólogo

Por estos días, varios hechos mediáticos y políticos concentran la atención de la opinión pública urbana: la exitosa serie Matarife[1], el creciente escándalo del que no parece salir la Vice Presidenta, Martha Lucía Ramírez Blanco y el reciente rifirrafe entre los senadores Uribe Vélez y Gustavo Petro.

Sobre el tercer hecho, operadores políticos expresaron su malestar y cansancio, pues aseguran que el país es mucho más que las viejas discusiones y enfrentamientos entre los dos congresistas. Acepto lo del agotamiento, pero al revisar detenidamente  los orígenes de la pugnacidad entre Petro y Uribe, se descubre un asunto de fondo que es crucial: cada uno representa dos países antagónicos, distintos.

El que representa e inspira el senador antioqueño, es el país del pasado, en el que los viejos gamonales y capataces, mandaban políticamente; es el país de las mañas, de los atajos, del Todo Vale[2]. El de ese dañino ethos mafioso[3] que deviene validado socialmente, tanto, que logró entronizarse en las relaciones entre los particulares y el Estado.

Uribe personifica y simboliza lo más avieso y anacrónico de la sociedad colombiana. Como ganadero, latifundista y caballista, este Hijo de Salgar inspira prácticas insostenibles en materia ecológica y ambiental. Este operador político es el faro moral de las empresas y de las organizaciones criminales que hoy devastan la Amazonia y se apropian de los baldíos[4] de la Altillanura. Este líder tóxico del “partido” de Gobierno es hijo de la Colonización antioqueña, de allí que él asuma las selvas, humedales y otros ecosistemas naturales, como “montes” y por esa vía, obstáculos para el desarrollo. Como Macho y aventajado vástago o brote de una sociedad patriarcal, la Naturaleza – y las Mujeres[5]- está para ser dominada, colonizada, transformada y violentada, con todo y lo que a ella esté asociado y que en su sentir, obstaculice los proyectos productivos en los que cree y que patrocinó entre 2002 y 2010[6]: monocultivos de palma y caña de azúcar para la producción de agro combustibles y la ganadería extensiva poco tecnificada, pero pensada con fines de especulación inmobiliaria.

A este político antioqueño no le interesa discutir sobre Cambio Climático y la crisis civilizatoria de la que hablan varios intelectuales latinoamericanos.  Su mirada sobre asuntos ambientales es obtusa y sujeta a las  relaciones que de tiempo atrás estableció con la Naturaleza. Desde una perspectiva crítica y ambiental, Uribe Vélez es un fósil, huele a pasado. Y como hijo de un Régimen político violento, anacrónico, poco conectado está con los cambios que viene sufriendo la sociedad colombiana y con las exigencias de un mundo que urge modificar las maneras de concebir el desarrollo y las relaciones entre el ser humano y la Naturaleza. 

La expresión más genuina de su nulo involucramiento con asuntos socio ambientales y con el estado de los ecosistemas naturales, es su evidente animadversión hacia las comunidades afros, indígenas y campesinas, pues sabe que establecer relaciones consustanciales con la Naturaleza es oponerse a la instalación del modelo de la gran plantación, al agro extractivismo y a la búsqueda de riqueza, así sea sobrepasando los límites de resiliencia de los ecosistemas intervenidos.

Por el contrario, Petro[7] Urrego está instalado en las preocupaciones y discusiones que académicos y políticos vienen expresando y dando en tormo a las crisis ambientales que confluyen en lo que se conoce como Cambio Climático.

A diferencia de su enemigo y detractor, Gustavo Francisco Petro es, además de político, un intelectual capaz de discutir asuntos a los que Uribe, por  su pragmatismo y ceguera modernos,  les huye porque su perfil patriarcal y su otoñal presencia se lo impiden.

Petro no inspira a ganaderos, latifundistas, caballistas y extractivistas porque comprende los riesgos y las contingencias de un planeta al que el ser humano sometió a un proceso de transformación, con relativas acciones de precaución sobre sus efectos eco y socio ecosistémicos.

El exalcalde de Bogotá es el faro de sectores sociales que rechazan ese ethos mafioso que, para el caso colombiano, deviene naturalizado. Sus ideas de “descarbonizar la economía” generan miedo en una élite económica que creó instituciones de control ambiental sujetas en su funcionamiento, a las dinámicas clientelares y a presiones políticas que terminan por obviar informes técnicos y científicos que alertan sobre determinadas decisiones, en particular, en la ejecución de obras de infraestructura de gran impacto socio ambiental y ecológico.

Por todo lo anterior y a pesar del “cansancio” que puedan generar los constantes y viejos enfrentamientos entre Petro y Uribe, lo que debemos advertir es que hay un fondo en esas discusiones y señalamientos mutuos.

Y quizás lo que la sociedad colombiana debe empezar a pensar es en la necesidad de dejar atrás el pasado, el ethos mafioso que ensució la vida privada y pública de Uribe y de la hoy Vicepresidenta de Colombia, a juzgar por lo narrado en el Matarife, en los libros publicados sobre sus vidas y en las investigaciones  de periodistas que optaron por hacer periodismo, en lugar de incrustarse[8] en el Régimen de poder.




[5] La Mujer y la Naturaleza han sido víctimas de las sociedades y de los Estados patriarcales. Véase: https://www.laorejaroja.com/mujer-territorio-en-disputa/
[6] Los mismos proyectos que aupó Juan Manuel Santos con sus locomotoras de desarrollo. Ahora, en el gobierno de Duque (en el que todo indica que sigue ciegamente las instrucciones y deseos de Uribe), esos proyectos cuentan con su aval. La deforestación en la Amazonia sigue creciendo y la actual administración poco o nada está haciendo para impedirlo.


Imagen tomada de elespectador.com



[5] La Mujer y la Naturaleza han sido víctimas de las sociedades y de los Estados patriarcales. Véase: https://www.laorejaroja.com/mujer-territorio-en-disputa/
[6] Los mismos proyectos que aupó Juan Manuel Santos con sus locomotoras de desarrollo. Ahora, en el gobierno de Duque (en el que todo indica que sigue ciegamente las instrucciones y deseos de Uribe), esos proyectos cuentan con su aval. La deforestación en la Amazonia sigue creciendo y la actual administración poco o nada está haciendo para impedirlo.
[8]

viernes, 12 de junio de 2020

“LO QUE DA LA TIERRITA”



Por Germán Ayala Osorio, comunicador social-periodista y politólogo



Periodistas acuciosos como Gonzalo Guillén y Julián Martínez le recordaron al país y a la vicepresidenta de Colombia, Martha Lucía Ramírez Blanco, que hace 23 años, ella sacó de una cárcel de los Estados Unidos a un hermano suyo, procesado por el delito de tráfico de heroína.

El hecho, per sé noticiable, llamó la atención de los medios masivos, cuyos periodistas lo acogieron como tal, lo que de inmediato generó todo tipo de reacciones.  Y por supuesto, en las redes sociales, en donde empezó a circular la información, los enfrentamientos no se hicieron esperar entre quienes desde las huestes del Establecimiento y del gobierno de Iván Duque defienden el derecho al buen nombre de la operadora política, y aquellos que, desde la Oposición y la crítica, exigen la renuncia de la Vicepresidente, por haberle ocultado al país el “drama familiar” y el pago de 150 mil dólares por la fianza.

En la agria discusión aparecen argumentos de todo tipo. Entre estos, que “no hay delitos de sangre en Colombia”, y que por lo tanto la exministra de Defensa y responsable de la Operación Orión, ni debe renunciar y mucho menos sentirse mal por un episodio que sucedió hace más de 20 años.

En el fondo de la disputa político-mediática hay un asunto que resulta clave para entender la postura de quienes investigaron y destaparon el caso y aquellos que  piden la renuncia de la funcionaria: se está exigiendo que al Estado lleguen personas sin tacha, así la sombra provenga de un familiar narcotraficante, paramilitar, guerrillero, violador, acosador, ladrón y estafador, entre otros delitos. Y ese pedido debe exaltarse puesto que está fundado en valores de una moral pública que, para el caso colombiano, deviene raída y funcional al doble rasero con el que, para el caso, aparecen narcotraficantes “buenos y malos”. Y así se puede extender la doble medida y la ética acomodaticia al decir que los exguerrilleros del M-19 que hoy hacen parte del Centro Democrático (CD), son “buenos”, pero otros como Petro y los que hoy hacen partido del Partido Farc, son excombatientes “malos”.

En el caso de la exministra de Defensa, conservadora y uribista por conveniencia, lo que llama la atención es que en público habla duro y exige “acabar contra el narcotráfico”, mientras que acolita el delito al sacar de la cárcel a su hermano narcotraficante (de heroína) y esconderle al país ese pequeño detalle que, sin duda alguna, expone el doble rasero con el que la clase política tradicional suele evaluar los delitos y  la conducta de los criminales, cuando estos son cercanos al proyecto político de la derecha-ultraderecha.

Lo que se le debe cuestionar a Martha Ramírez Blanco es que le ocultó al país un hecho familiar que, por más catastrófico que sea, la compromete como alta funcionaria de un Estado en cuyas estructuras de poder corren relaciones sistemáticas entre narcos y funcionarios; y ese mismo hecho, con el tiempo se convirtió en un asunto ético-político por cuenta de unos periodistas críticos e independientes dispuestos a hurgar en el pasado de quienes insisten en presentarse como ejemplos de moralidad, cuando están rodeados de hechos que dicen lo contrario.

Hace ya varios años a un general de la Policía un periodista le preguntó por qué había tanto policía metido en actividades ilícitas. El alto oficial de la época respondió: “es lo que da la tierrita”. Así las cosas y con esta circunstancia de por medio, exigir que al Estado, en especial a los más altos cargos, lleguen ciudadanos sin tacha, esto es, que ni ellos, ni sus familiares o allegados tengan proceso judicial alguno, en particular con crímenes asociados al lavado de activos y narcotráfico, es una aspiración inocente por cuanto la corrupción  y el maridaje entre crimen y política son circunstancias ya regladas dentro del Establecimiento. Tanto así, que no podemos esperar comportamientos distintos en los altos funcionarios estatales porque “eso es lo que da la tierrita”.


Este hecho jurídico-político, al sumarlo con el viejo episodio del pago de la fianza a su hermano narcotraficante, deja muy mal parada a la Vicepresidenta. El otro asunto que invalida el doble discurso de Ramírez Banco fue expuesto en la exitosa serie Matarife, en la que  se le recuerda a ella y al país que la exministra pernoctaba en el club El Nogal, y que en ese mismo espacio sostenía, de acuerdo con la Serie, relaciones políticas con el narco-paramilitar Salvatore Mancuso, quien al parecer también era huésped habitual en el “prestigioso” club.

Estamos claros de que no hay delitos de sangre en Colombia y que las actuaciones del hermano de la exministra de Defensa y hoy Vicepresidenta constituyen un hecho vergonzoso y vergonzante, que en sí mismo no es un impedimento ético-político para continuar en el cargo, pero el habérselo ocultado al país sí enloda a la funcionaria en la medida en que ella misma es una abanderada de la lucha – perdida, pero beneficiosa para ciertos sectores de poder - contra el narcotráfico.  Supongamos que la Fiscalía logra demostrar que su esposo sí mantuvo relaciones mafiosas con el “Memo Fantasma”; ¿dirá, entonces Ramírez que desconocía las actividades de su pareja sentimental, para continuar defendiendo su permanencia en el Gobierno de Duque?

Lo que más llama la atención es que los escándalos políticos por presuntas o probadas relaciones entre políticos y narco paramilitares tocan de tiempo atrás al partido de Gobierno, el Centro Democrático. Baste con recordar los señalamientos, los procesos y las investigaciones que en contra de Uribe adelanta la justicia; y el caso de la senadora Holguín, cuyo padre fue condenado por lavado de activos, para poner de presente lo difícil que es en Colombia exigir altos niveles de eticidad en su clase dirigente y en los miembros de su sociedad.

Huelga recordar también otro episodio que involucra esta vez a la familia Pastrana. “Agentes encubiertos de la DEA capturaron el martes, en Miami, bajo cargo de lavado de dólares, al Ministro Consejero de Colombia en Uruguay, Gustavo Enrique Pastrana Gómez. La detención de Pastrana Gómez, de 40 años, se produjo después que los agentes secretos de la DEA lo persuadieron de lavar 225.000 dólares producto del narcotráfico…El detenido es primo del ex senador y candidato presidencial por la Nueva Fuerza Democrática, Andrés Pastrana Arango. Ayer, en Bogotá, la familia del candidato presidencial condenó el hecho y advirtió que por encima de los vínculos familiares está la ley.

Exigir transparencia a los funcionarios públicos y a específicos  agentes económicos de la sociedad civil que entran y salen por la “puerta giratoria” que existe entre el Estado y los particulares, parece ser un asunto complicado en Colombia porque amplios sectores de la  sociedad  y el conjunto del Establecimiento volvieron paisaje las relaciones entre criminales y políticos; entre servidores públicos y todo tipo de mafias.

Así las cosas, parece ser que tenía razón el entonces general de la Policía, institución también salpicada, históricamente por actos de corrupción y por las relaciones de altos oficiales con mafiosos y criminales: “eso es lo que da tierrita”.




Imagen tomada de lamnuevaprensa.com.co




[3] “El señor Frank Holguín Ortiz fue procesado por el delito de narcotráfico y se le realizó una extinción de dominio por ser testaferro del capo Pablo Escobar Gaviria, primo de José Obdulio (senador por el Centro Democrático)”. https://www.elespectador.com/opinion/la-paola-columna-847797/

sábado, 6 de junio de 2020

¿LLEGA UNA PALOMA O UNA MENSAJERA?


Por Germán Ayala Osorio, comunicador social-periodista y politólogo

Si algo caracterizó a los dos periodos presidenciales de Uribe (2002-2010), a pesar de la autocensura[1] mediática, fue la producción de hechos políticos y noticiosos escandalosos y vergonzantes, dados en el marco de lo que se conoce como el Todo Vale.

Baste con señalar los casos de los “falsos positivos” para tener una idea de lo que significó para el país el paso del Hijo de Salgar por la Casa de Nari[2], el mismo a quien el abogado penalista, Daniel Mendoza Leal, llama Matarife[3]; sin duda, se trata de crímenes de Estado que ocurrieron en el marco de la ejecución de la política de Seguridad Democrática. Ahora, en su tercer periodo, en “las carnitas y huesitos” de Iván Duque Márquez, la generación de hechos y situaciones llamativas, inmorales e impúdicos no cesa y los medios, con niveles más o menos estables de autocensura, alcanzan a registrarlos en sus páginas.

Señalemos los más recientes: los aportes económicos que la campaña Duque Presidente recibió, de acuerdo con unos audios que circulan ampliamente, de parte del narcotraficante y ganadero, conocido como el Ñeñe[4] Hernández. Este último señalamiento lo hicieron las mismas autoridades de Policía que lo venían siguiendo y “chuzando” legalmente, por lavarle activos a la mafia.

La reciente captura de los investigadores que interceptaron a Hernández, legalmente, ordenada por el amigo y compañero de Universidad de Iván Duque, el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, es el otro hecho que escandaliza al país político. Se trata, sin duda, de una retaliación contra aquellos investigadores de la DIJIN, que osaron cumplir con la ley, asunto que parece estar proscrito dentro de lo que se conoce como el “uribismo”, a juzgar por la decisión de deslegitimar política y judicialmente el proceso conocido como la “Ñeñe Política”, que compromete la legalidad y la legitimidad de la elección de Duque Márquez.

Y el de hace apenas unas horas tiene que ver con el nombramiento de la congresista del Centro Democrático (CD), Paloma Valencia[5], en el Comité Nacional de Paz; se trata, sin duda, de una más  de los enemigos y enemigas del proceso de paz de La Habana que, incrustados en el partido de gobierno, vienen haciendo ingentes esfuerzos para torpedear la implementación de lo acordado en Cuba.

El nombramiento de Valencia no debería de escandalizar a la opinión pública calificada, pues Duque, siguiendo instrucciones de su patrón, Álvaro Uribe, simplemente está cumpliendo la orden, la misma que tiene dos propósitos: el primero, ocuparnos de un hecho político a todas luces comprensible y normal, pues obedece al talante “anti paz” del actual Gobierno y a la inexistencia de una Política de Paz de Estado. Justo por lo anterior, lo que constituye una “política” en esta administración, es que no haya políticas. 

A mayor vacío de reglas y procedimientos, mejor para quienes se acostumbraron a actuar por fuera de la institucionalidad. Es decir, todo queda reducido al carácter autocrático del Mesías antioqueño y al talante obediente de quien parece fungir como presidente de la República (2018-2022); y el segundo propósito tiene que ver con la intención clara de generar enfrentamientos con los otros miembros del Comité Nacional de Paz, con el objetivo de hacer inviable cualquier sugerencia o recomendación emanada de dicha instancia. Junto a Ceballos, Alto Comisionado para la Paz (¿para la Guerra?), la senadora caucana hará equipo para “jugar a la paz”, mientras la bancada del CD continúa proponiendo proyectos de ley con miras a echar para atrás lo poco que se ha progresado en la Reforma Agraria Integral.

Así las cosas, la llegada de Valencia a dicho Comité es una provocación más, que se suma al largo listado de desafíos políticos de un Gobierno, como el de Duque, que finge o aparenta actuar en el marco de la institucionalidad, cuando lo que queda claro es que él, como quienes lo respaldan dentro de la Coalición, están acostumbrados a actuar y a tomar decisiones desconociendo la institucionalidad y los asuntos reglados.

No llega pues una mansa Paloma al Comité Nacional de Paz. Llega una combativa mensajera, enemiga de la JEP, de los indígenas, de los afros, y de las víctimas; de la reconciliación y de la construcción de una paz estable y duradera.



Imagen tomada de colombiaindignado.com

miércoles, 3 de junio de 2020

¿POR QUÉ NO CAE URIBE VÉLEZ?



Dado que recién la Corte Suprema de Justicia de Colombia abrió investigación preliminar por interceptaciones y seguimientos ilegales (el caso de los perfilamientos) al senador Uribe Vélez; y debido a que esa mismo alto tribunal lo vinculó de manera formal a una investigación penal por manipulación de testigos, decidí volver sobre una columna ya publicada en mi anterior Blog, en 2015.

La aparición y exposición de la serie Matarife también es otro ingrediente y hecho político-mediático que me "obliga" a volver sobre la señalada columna.

Así, esta columna es "vieja", pero su contenido es vigente y lo será hasta tanto la Justicia en Colombia tenga la suficiente libertad y seguridad para poner resolver las demandas por todo tipo de delitos penales que lleva en contra del  expresidente Álvaro Uribe Vélez.



Con la entrega de la exdirectora del DAS (2007-2008), María del Pilar Hurtado, nuevamente se agita la política y la justicia colombianas y se consolida la polarización política que viene desde 2002 y que de cara a las próximas elecciones de alcaldes y gobernadores, jugará un importante y definitivo papel electoral.

Ya en manos de la justicia, desde diversos sectores de la opinión, presionan o recomiendan a la señora Hurtado que confiese quién dio la orden directa de interceptar comunicaciones y de esculcar y enlodar la vida pública y privada de magistrados, periodistas y políticos, detractores y críticos del Gobierno de Uribe Vélez. El propio Fiscal General exhorta a la exdirectora del entonces DAS, a que cuente quién dio la orden de “chuzar”. Sin duda, a la pregunta le aparece una sugerida respuesta que de manera directa involucra a Álvaro Uribe Vélez, quien como Presidente de la República debió tener dominio absoluto del entonces Departamento Administrativo de Seguridad, por ser aquella dependencia el organismo más importante para la seguridad del Estado. Y si algo demostró Uribe durante sus ocho años, fue condiciones para la micro gerencia, así como una gran capacidad para estar al tanto no sólo de los pequeños detalles y la minucia de ciertas instituciones, sino de los asuntos más estructurales.  De allí que sea tan difícil de creer que no supiera que el DAS se convirtió en la policía política con la que se persiguió a quienes previamente él calificó como “enemigos de la seguridad democrática”.

Dispuesta o no a contar todo lo que sabe sobre los ya señalados episodios, y más allá de los efectos jurídico-políticos de su esperada condena, sobre estos y otros asuntos gravita la imagen de Uribe Vélez. Después del proceso 8.000, que involucró políticamente al presidente Ernesto Samper Pizano, el país y la opinión pública tienen en Uribe Vélez al político y expresidente más señalado de tener vínculos con empresas criminales (paramilitarismo y DAS). Tanto en los hechos que rodearon al proceso 8.000, como los que señalan, por acción u omisión la participación de Uribe Vélez, lo que subsiste es un maridaje entre política y crimen.

Para el caso de Samper hay que recordar que fue investigado por la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, en cabeza del Representante investigador, Heyne Mogollón. Allí se precluyó la investigación en contra de Samper Pizano. El caso de Uribe Vélez es diferente, por cuanto dicha Comisión de Acusaciones poco o nada ha avanzado en las varias de las denuncias que se han interpuesto en contra del polémico y para mucho, peligroso expresidente antioqueño. Recordar a Jaime Garzón cuando en una conferencia señaló: "elegir a Uribe es peligrosísimo".

Así las cosas, la pregunta y el interés del país político y mediático del momento es si María del Pilar Hurtado está dispuesta a involucrar a su antiguo jefe en la transformación del DAS en una empresa criminal para perseguir, desde el Estado, a quienes dentro de la legalidad, simplemente cumplían funciones jurisdiccionales como los magistrados de la Corte Suprema de Justicia[1] y otros, que simplemente, hacían uso de sus derechos a criticar y demandar explicaciones por las acciones de Gobierno y de Estado, en cabeza del entonces presidente Uribe.

Pero detrás de ese interés y de esa pregunta gravita una de mayor calado: por qué, a pesar de señalamientos de exparamilitares y de exfuncionarios del DAS y subalternos de Hurtado, en los que se señalan directas órdenes y directa participación en la comisión de graves delitos por parte de Álvaro Uribe Vélez, este no cae. Creo que cuando el Fiscal le “sugiere” a Hurtado que cuente quién le dio la orden de interceptar de manera ilegal a magistrados, políticos y periodistas, lo que Montealegre en el fondo quiere saber es si Uribe Vélez le dio la orden expresa de espiar a quienes para la Casa de Nariño se convirtieron en “enemigos y en un peligro” para  el Estado colombiano.

Lanzo varias hipótesis con las que busco explicar por qué Uribe Vélez no cae (y en general, los expresidentes colombianos), en especial ahora que nuevamente el país político y  mediático están atentos ante lo que pueda decir la entonces directora del DAS.

La primera hipótesis está dada en términos de cultura política: dado que en Colombia el ejercicio de la  política, la política misma y el crimen devienen en un profundo e histórico maridaje, los expresidentes son estratégicos eslabones de la corrupción y co-responsables de los diversos crímenes que se puedan suscitar o cometer, en el contexto de ese matrimonio entre política y crimen. Tan es así, que a pesar de los señalamientos que hizo el expresidente Pastrana en contra de Uribe, al que llamó paramilitar, ni la justicia conminó al hijo de Misael a ampliar sus denuncias, dadas a un medio internacional y mucho menos lo dicho fue óbice para que el político de Salgar se uniera a Pastrana para extender la coalición política entre sectores los sectores más godos del país. 

Por ello, no pueden ser tocados por la justicia, aunque si procesados y absueltos, como fue el caso de Samper Pizano. Está en la cultura y en los proyectos ético-políticos de élites de poder militar, económico, social y político del país, mantener ese connubio entre política y crimen, entre lo legal y lo ilegal. Así ha funcionado el Establecimiento y hasta tanto un expresidente no devele esas finas relaciones clientelares y criminales, su “dignidad” no podrá ser tocada por ningún poder político-jurídico que ose hacerlo. Se permite, eso sí, que se monten circos mediáticos y que incluso, sectores sociales y políticos señalen con vehemencia la responsabilidad jurídica y política de uno o de varios exmandatarios. Pero saben que todo quedará allí, en espectaculares hechos noticiosos que no tienen el poder para modificar las condiciones en las que opera y se manifiesta ese contubernio entre política y crimen. Aceptan, también, que se construyan “verdades sociales e históricas”, sostenidas en imaginarios con los que la sociedad cada vez más se aleja de la política y de las convocatorias a fortalecer la democracia a través de la participación política y electoral.

La segunda hipótesis está dada en términos jurídico-políticos: en el contexto de una justicia politizada y clientelista, los procesos judiciales contra expresidentes se convierten de manera natural en juicios políticos, es decir, en simples retaliaciones de sectores “opositores” que comparten y hacen parte de la misma cultura política y del Establecimiento. Es decir, que de muchísimas formas han aceptado, aceptan y han participado y/o beneficiado de esas finas relaciones entre crimen y política.

Desde una perspectiva más de la técnica jurídica, algunos señalan que en los procesos contra Uribe Vélez no ha aparecido la prueba reina que demuestre sus vínculos con grupos paramilitares y su responsabilidad en la comisión de delitos de lesa humanidad. Para el caso del DAS, muy seguramente el solo testimonio de María del Pilar Hurtado no baste para procesar a Uribe. Se trata, como el caso de  Samper, de un expresidente y como tal, debe considerarse y conservarse su “dignidad”, en tanto ella, de diversas maneras, está, de tiempo atrás, al servicio de esa inquebrantable relación entre política y crimen.

Y una tercera y última hipótesis da cuenta de una sociedad que valida y legitima, por acción u omisión, ese matrimonio entre política y crimen. Y lo hace, porque esa sociedad fue concebida desde arriba, bajo los principios de una relación clientelar y mafiosa con un  Estado que deviene cooptado y capturado por grupos de interés y de poder que se benefician de las relaciones y de las acciones puestas en marcha desde esa indisoluble pareja entre crimen y política. 

Con lo anterior, lo que el país debe preguntarse es por qué no caen expresidentes en Colombia, si en varios casos se han indicado sus responsabilidades, por acción u omisión, en la comisión de delitos y crímenes. Por ahora, asistiremos al show mediático y judicial en torno a la exdirectora del DAS, quien es una pieza más de una cadena de corrupción y comisión de disímiles crímenes, de la que son responsables las élites de poder tradicional y de la que los expresidentes son estratégicos, protegidos e intocables eslabones de ese indisoluble matrimonio entre crimen y política.


Imagen tomada de pluralidadz.com

domingo, 31 de mayo de 2020

AUTOCENSURA Y MATARIFE


Por Germán Ayala Osorio, comunicador social- periodista y politólogo


El ejercicio periodístico y la operación de las empresas mediáticas, privadas y públicas, en tanto actores políticos, están sometidas a todo tipo de presiones, que son el fruto de los disímiles intereses que suelen confluir en este oficio.

La censura oficial ha sido, en la historia de Colombia, la expresión clara de la confluencia de intereses políticos en el ejercicio del periodismo. De allí que la libertad de prensa siempre será un anhelo, una apuesta, un mundo ideal, como lo es vivir en una democracia plena.

Pero quizás el problema más serio y comprometedor para los periodistas y las empresas informativas sea la Autocensura. Y esta alude a la actitud que suelen asumir editores, directores de medios y periodistas en general, ante una información considerada por estos como “delicada”, pues compromete sus propias ideas y posturas, o lo que es peor, complica los intereses y las relaciones  de los propietarios, accionistas e incluso, a los principales anunciantes; en particular, cuando quien pauta es el Gobierno de turno, a través de lo que se conoce como la pauta oficial.

La autocensura, entonces, cuando se pone en marcha no solo confronta la ética del reportero-editor, sino que relativiza la existencia y la aplicación de los criterios de noticiabilidad. Dichos criterios no son más que los elementos circunstanciales y/o valorativos con los que los periodistas justifican, validan y legitiman elevar al estatus de noticia unos hechos, y por esa vía, descartar otros.

En las Facultades de Periodismo muchos profesores aún insisten en que estos criterios son de aplicación universal y lo que es peor, que se tienen que aplicar sí o sí, sin que importen las molestias que pueda generar, en las audiencias, en los propietarios-accionistas o en unos muy  particulares miembros de la sociedad,  esos hechos noticiables, que una vez publicados, se convierten en noticiosos.

En la historia reciente del periodismo colombiano se ha podido demostrar que la universalidad de los criterios de noticiabilidad es relativa. Y que más bien, su existencia o invención, está soportada en un ideal de periodismo. Estadio inalcanzable, por supuesto, para el caso colombiano, si entendemos que las empresas mediáticas son eso, empresas, y que por tanto, seguir ese ideal no solo pone en riesgo la viabilidad económica del medio periodístico, sino que compromete políticamente a sus propietarios, con sectores poderosos de lo que se conoce como el Establecimiento. Y en algunos casos, ponen en riesgo la vida de los reporteros.

Suelen escucharse en las aulas de formación de periodistas frases como “si un hombre muerde a un perro”, ese hecho, per se, es noticia. Pero si un “perro muerde a un hombre” ese hecho será noticia dependiendo de a quién haya mordido el canino. Es decir, dependerá de la condición socio económica y política de la víctima del gozque en cuestión. Con toda y esa excepcionalidad, los periodistas aprendemos o asumimos como verdad que los criterios de noticiabilidad devienen asociados, para su aplicación inmediata,  a elementos como cercanía geográfica, cultural; por el peso político del hecho o el fenómeno que acaece. Por el nivel de respuesta o reacción al hecho noticiable por parte de comunidades, pueblos o audiencias, que el periodista observa o del que se percata de manera indirecta. Es decir, los hechos son noticiables por el interés que despierta en una comunidad que de manera directa “sufre, goza o cuestiona” el hecho o el fenómeno que se le presenta y que se llama su atención.

Comprendido lo anterior, señalo que por estos días la Gran Prensa colombiana viene, ella misma, desvirtuando y anulando la existencia de esos criterios de noticiabilidad. Y lo hace, asumiendo como acción y actitud, la autocensura sobre un hecho a todas luces noticiable: la emisión de los dos primeros capítulos de la serie Matarife. Más allá del contenido, de la calidad de la serie y de la verdad de los hechos allí narrados, nadie puede negar que se trata de un fenómeno mediático y político.

Con más de seis millones de visitas para ver el capítulo 1, emitido por Youtube, la serie Matarife debió haberse elevado al estatus de noticia, de lo noticioso, de acuerdo con los criterios de noticiabilidad arriba señalados. En eso no hay discusión, desde la perspectiva periodística.

Tan relativos son esos criterios de noticia o valores/noticia, que apenas el expresidente Uribe Vélez, a través de sus abogados señaló que emprendería acciones legales con el objetivo de exigirle a Daniel Mendoza Leal, rectifique lo señalado en la ya popular serie Matarife. El diario oficialista EL TIEMPO[1], afecto  a la “causa uribista”, tituló así una nota periodística-noticiosa: “Defensa del expresidente Uribe pedirá rectificación por serie Matarife”.  

En el cuerpo de la noticia se lee:

En la mañana de este lunes, la firma de abogados De La Espriella Lawyers Enterprise, emitió un comunicado en el que afirman que en representación del expresidente Álvaro Uribe Vélez, "en las próximas horas y como requisito de procebilidad, se le remitirá una solicitud de rectificación al ciudadano que aparece como autor del 'guión original del espacio difamatorio denominado Matarife"[2].

De esta manera, queda claro que la aplicación de los valores/noticia  es relativa y obedece más a convenientes interpretaciones que cada periodista-editor hace de los hechos. En este caso, esperaron a que el personaje al que se alude en la exitosa serie web se manifestara, para así, poder justificar la publicación.

No voy a entrar en especulaciones alrededor del por qué continúa el mutismo de los grandes medios colombianos en torno a una producción audiovisual que independientemente de la importancia y la vigencia mediática del personaje sobre el que gira la narración, constituye, a todas luces,  un hecho noticiable; lo que me interesa dejar claro es que la autocensura asumida por periodistas y medios masivos colombianos no solo demuestra que las empresas mediáticas fungen como actores políticos, sino que la universalidad de los criterios de noticiabilidad fue, es y será siempre relativa.

Solo  queda esperar que los profesores de periodismo que aún creen en la universalidad de los criterios de noticia, tomen nota de esta innegable autocensura, y abandonen la idea de seguir replicando un ideal claramente inalcanzable. Son esos mismos profesores que prefieren cerrar los ojos ante la autocensura de sus colegas, antes de poner en crisis sus creencias y sobre todo, aceptar que en los medios masivos, en tanto actores políticos, la Autocensura es una práctica común. 

@germanayalaosor




[1] Lo mismo hicieron otros medios, como EL ESPECTADOR, VANGURADIA y La FM (radio).

@germanayalaosor



Imagen tomada de: pluralidadz.com

Comunicador Social- Periodista, Especialista en Humanidades C; Politólogo

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