Nueva Publicación: Investigación sobre dos asentamientos informales de la ciudad de Cali. 2018

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2 asentamientos: Los Samanes del Cauca y Navarro, ubicados en el jarillón del río Cauca.

NUEVA PUBLICACIÓN. PERIODISMO Y DESPLAZAMIENTO FORZOSO EN COLOMBIA.

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Resultado de un proceso investigativo, este libro en coautoría da cuenta del tratamiento periodístico dado por el Diario El País de Cali, a los hechos y circunstancias que hicieron posible el desplazamiento forzado en Colombia y la aparición de la categoría Desplazados. 2016

miércoles, 5 de septiembre de 2018

CIUDADANOS INCÓMODOS


Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

No cesan los crímenes de líderes y lideresas sociales, reclamantes de tierras, defensores de los derechos humanos y del ambiente. Estamos, entonces, ante una progresiva y sistemática práctica criminal que cuenta con la anuencia de las autoridades militares y policiales, el silencio de las iglesias y con el beneplácito de una parte importante de la sociedad y del propio Establecimiento que de tiempo atrás asocian las víctimas de estos sistemáticos crímenes, con el sentido representacional que concentra la categoría “ciudadanos incómodos”.

Y es que reclamar derechos, exigir que se respeten los ecosistemas y demandar la devolución de las tierras arrebatas a sangre y fuego por los actores armados, en particular las que despojaron los paramilitares, son acciones que incomodan a sectores políticos, económicos y sociales del régimen de poder, de allí que varios de sus agentes opten por mandar a eliminar a esos ciudadanos que los incomodan. Quienes están detrás de los crímenes de los líderes sociales y reclamantes de tierras, entre otros, son los mismos  que en tiempos pasados apoyaron el multifactorial proyecto paramilitar y que hoy, ante la desarticulación de ese proyecto y su consecuente lumpenización, usan esa fuerza armada hoy prácticamente reducida al cumplimiento de acciones sicariales.

Se cuentan más de 330 ciudadanos asesinados desde 2016. En lo corrido del 2018, la cifra asciende a 90. Y en la última semana, van 7. Estamos ante una práctica genocida que, a cuenta gotas, intenta ocultar no solo que se trata de una acción premeditada y sistemática, sino que cultural y políticamente, está asociada a las formas tradicionales como en Colombia se ha asumido al diferente, al que piensa distinto, al que reclama el cumplimiento de sus derechos y por supuesto, en el marco del proceso de implementación del Acuerdo Final, aquellos que reclaman las tierras despojadas por los paramilitares al servicio de ganaderos y empresarios del campo.

Así entonces, lo que viene aconteciendo en Colombia debe asumirse, explicarse y entenderse en el contexto de una sociedad conservadora, intolerante y violenta; igualmente, mirarse dicha práctica genocida, en el marco de un Estado precario que sigue en muchas instituciones públicas penetrado y contaminado por el fenómeno paramilitar. Es decir, hay un ethos paramilitar que se entronizó no solo en el funcionamiento del Estado, sino en las relaciones sociales. La sociedad colombiana valida y legitima el asesinato de líderes y lideresas sociales por una razón: sus vidas son subvaloradas porque cultural y étnicamente están ancoradas a “gente pobre, campesinos, mestizos, afros e indígenas”, esto es, ciudadanos que al tornarse “incómodos” para ciertas élites del Establecimiento, “deben” ser eliminados.

Por lo anterior, detener este genocidio extendido en el tiempo no será fácil. Puede que exista la capacidad técnica e investigativa para dar cuenta con los sicarios y los autores intelectuales. Incluso, es posible enfrentar a las redes, legales e ilegales, que hacen parte de la logística que hay que poner en marcha para asegurar los “positivos” resultados que hoy aplauden quienes están detrás de esta práctica genocida, no reconocida así por la Fiscalía General. Pero no existe el menor interés en desmantelar  las bandas sicariales (ex paramilitares y neo paramilitares) y mucho menos, develar las estructuras de poder social, económico y político que están detrás y que constituyen lo que se conoce como los actores intelectuales.

Cuando el Congreso retome la discusión de las 16 curules para las víctimas del conflicto armado interno, las comunidades afectadas por las dinámicas de los actores armados se encontrarán diezmadas en sus procesos comunitarios, justamente por el asesinato de sus más connotados líderes. Y muy seguramente, el miedo impedirá que muchas de las víctimas de la violencia política en el marco de la guerra interna, quieran llegar al Congreso a través de las circunscripciones especiales de paz acordadas en La Habana.

Por todos los intereses que hoy se levantan en contra del proceso de implementación del Acuerdo de Paz con las Farc y en particular, aquellos sectores de poder que se oponen al cumplimiento de lo firmado en el punto 1 de la Reforma Agraria Integral, lo más probable es que los crímenes continúen, ante el silencio cómplice del actual Gobierno y de disímiles autoridades y sectores societales. En el fondo, la consigna es clara: eliminar a todo lo que huela a izquierda o, simplemente, al que se atreva a incomodar a los agentes del Establecimiento.


Imagen tomada de Semana.com 

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