Nueva Publicación: Investigación sobre dos asentamientos informales de la ciudad de Cali. 2018

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2 asentamientos: Los Samanes del Cauca y Navarro, ubicados en el jarillón del río Cauca.

NUEVA PUBLICACIÓN. PERIODISMO Y DESPLAZAMIENTO FORZOSO EN COLOMBIA.

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Resultado de un proceso investigativo, este libro en coautoría da cuenta del tratamiento periodístico dado por el Diario El País de Cali, a los hechos y circunstancias que hicieron posible el desplazamiento forzado en Colombia y la aparición de la categoría Desplazados. 2016

miércoles, 4 de julio de 2018

PRIMERAS DISQUISICIONES SOBRE EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL


Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

Hacerse a un territorio y dominar la Naturaleza han sido, históricamente, dos acciones y pretensiones de indiscutible importancia para la consolidación de todo proyecto civilizatorio humano, especialmente, desde la consolidación del Estado-nación como forma de dominación universalmente aceptada.

Ordenar el territorio implica y supone el reconocimiento de un espacio físico al que se le atribuyen unas características y potencialidades, y sobre el que se imponen lógicas de dominación y aprovechamiento asociadas a proyectos políticos fundados, a su vez, en la consecución de objetivos de carácter económico y sociocultural.

Así, ordenar un territorio supone un tipo de intervención humana sobre un espacio físico que  bien puede exhibir características que hacen pensar en una relativa pristinidad, asociada a la presencia dominante de especies animales y vegetales que han logrado sobrevivir, alejadas de la injerencia y de la depredación humana.

Así entonces, se puede hablar de un tipo de ordenamiento primario del territorio, en la medida en que sobre ese espacio no se reconocen acciones dominantes como los modernos asentamientos  humanos que hoy conocemos. Ello no descarta la presencia humana en tiempos remotos, sin que se pueda hablar, en estricto sentido, de procesos de ordenamiento territorial propiamente dicho.

Por el contrario, cuando sobre este mismo espacio se reconocen intervenciones humanas y se piensan ejecutar acciones conducentes a modificar las lógicas de apropiación pre existentes, entonces se puede hablar de un proceso de re-ordenamiento territorial. Re-ordenamiento que bien puede estar asociado a catástrofes de origen natural que obliguen a ocupar de manera distinta un territorio o simplemente, a cambios en las maneras de estar de grupos humanos en un específico espacio geográfico.  

El ordenamiento del territorio constituye una acción de poder en tanto es ejecutada en nombre de un Estado o de un proyecto político administrativo que de manera inexorable siempre estará anclado a grupos élite que lideran los procesos de transformación del espacio físico sobre el que se ejecutarán las acciones de ordenamiento y que de manera natural exhiben intereses que no siempre tienen un talante de claro beneficio colectivo, que aseguren condiciones de legitimidad social y política, seguridad, convivencia y progreso humano.  

De igual manera, detrás de los procesos del ordenamiento del territorio se reconoce la existencia y la acción de un régimen de poder del que se sirven grupos de interés que no solo lo legitiman, sino que extienden en el tiempo sus lógicas de apropiación territorial.

El ordenamiento territorial, como campo de estudio, expresión de la capacidad y del  poder de dominación antropocéntrica e instrumento técnico, social, político y económico, deviene con un carácter sistémico, interdisciplinar y complejo, que solo puede ser desconocido, mal entendido e incluso, debilitado en su complejidad,  por la frágil institucionalidad de la que se dispuso o se dispone, para el momento histórico en el que se ordenó clasificar, decretar y establecer límites y acciones conducentes a establecer sobre un territorio dado, un tipo de dominación política y administrativa. Por ese camino, las decisiones y acciones que se adopten en materia de ordenamiento territorial deben contemplar disímiles variables que al estar hiladas a un proyecto político legítimo, eficiente, eficaz y efectivo, aseguren que los procesos de transformación del espacio geográfico definido conduzcan a minimizar impactos socio ambientales y al aseguramiento de condiciones de seguridad y convivencia de acuerdo con marcos civilizatorios plurales.

 En Colombia, el tema del ordenamiento territorial es complejo y difícil de abordar, por un lado, porque el desarrollo histórico institucional del país ha estado aislado de las reales condiciones  y necesidades de las colectividades y, por el otro, porque los modelos que se han adoptado han sido impuestos por fracciones de vencedores en las diversas luchas de poder, que más que un proyecto político colectivo imponen intereses particulares  en el manejo de la cosa pública. El proyecto de Estado Unitario en Colombia, establecido en 1886, fue impuesto a sangre y fuego, y no logró legitimarse ni en sus orígenes  ni en su desarrollo histórico. Prueba de ello lo constituyen las 67 reformas sufridas en cien años y la permanente vigencia del Estado de Sitio, régimen de excepción bajo la cual rigió la Constitución centenaria. Igualmente las tentativas históricas de imponer el proyecto federalista que se dieron en el país en el siglo XIX fueron procesos impuestos por la fuerza. Sus líderes se destacaron por su despotismo y la defensa de intereses particulares, ligados a la defensa de grandes extensiones territoriales del país, las cuales eran miradas como parte del patrimonio privado de algunas élites territoriales gobernantes, pero que para nada alcanzaron consistencia política e histórica de envergadura nacional. En síntesis, tanto el proyecto federal como el unitario, en nuestro sistema político, han carecido de una consistencia histórica, social, filosófica y política”.[1]

A lo anterior se suma el carácter de veracidad y la contundencia con la que deviene la expresión  Colombia es más territorio que Estado”. A pesar de los graves problemas que aún afronta el Estado colombiano para consolidar su presencia en todo el territorio nacional, pareciera que en materia de ordenamiento territorial el país avanzó desde la perspectiva legislativa, pues ya cuenta, después de varios años de promulgada la Carta Política de 1991, con la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (Ley 715 de 2001).
Lo contrario piensa Maldonado Copello, quien señaló que “el proyecto aprobado es una farsa puesto que no desarrolla ninguno de los temas fundamentales que ordena la Constitución: la distribución de competencias entre la Nación y las entidades territoriales, la regulación de regiones y provincias como entidades territoriales, la conformación de las entidades territoriales indígenas. La única excepción es el artículo que establece la distribución de competencias en lo tocante a ordenación física del territorio. Pero en la exposición de motivos el gobierno no explica las razones para incluir este ámbito y abstenerse de hacerlo en todos los otros ámbitos. Buena parte del articulado, además, se limita a repetir textos constitucionales o textos existentes en otras leyes[2].
No se trata, entonces, de establecer  condiciones operativas e infraestructura para el desarrollo económico en una región o espacio geográfico determinado. Por el contrario, el ordenamiento territorial debe pensarse, diseñarse e implementarse para asegurar dos condiciones: la primera, de orden democrático, esto es, que los ejercicios de dominación social, ambiental, política y económica puestos en marcha sobre un territorio, se hagan sobre la base de la discusión amplia y plural de las acciones a emprender y con el propósito claro de asegurar la viabilidad sistémica del orden impuesto. Y la segunda, que haya una amplia comprensión y valoración de los ecosistemas que hacen presencia en el territorio que será afectado por las decisiones conducentes a ordenarlo de acuerdo con una ya idea universal de progreso y desarrollo económico.

Un territorio se hace gobernable cuando sobre este se impone un orden equilibrado a partir del reconocimiento de todas las expresiones y formas de poder que se puedan manifestar, existir y coexistir.  Colombia arrastra, en extensos espacios de su geografía, problemas de gobernabilidad y de viabilidad institucional que dificultan la vida para quienes decidieron instalarse en esos territorios o aquellos que por el contrario, no tienen otra opción que soportar las decisiones unívocas de operadores políticos que no entienden el sentido y el carácter sistémico y la complejidad del ordenamiento territorial.

El tema del ordenamiento territorial  tiene importancia en la medida que toca la espina dorsal de la gobernabilidad democrática e institucional de los países, por cuanto establece la forma y la medida en que se distribuyen, de manera racional y lógica, funciones, competencias y recursos de un nivel territorial a otro, dependiendo de la capacidad de respuesta institucional de cada nivel de gobierno.  El ordenamiento territorial permite  optimizar recursos y racionalizar demandas sociales[3].

Los problemas que afronta Colombia en materia de ordenamiento territorial pasan, de igual manera, por la incapacidad de las élites tradicionales de pensar un proyecto de Nación plural y diferenciado, de acuerdo con las condiciones socio ambientales y culturales y en particular, de las disímiles territorialidades construidas y concebidas por grupos humanos altamente diferenciados.





Imagen de Chiribiquete, tomada de unperiodico.unal.edu.co 

[1] Gustavo Adolfo Arbeláez Naranjo. (2005). El ordenamiento territorial: instrumento para la gobernabilidad.  Opinión Jurídica, Facultad de Derecho de la Universidad de Medellín.  Vol 4 No 7. p. 127.  
[3] Arbeláez (2005). p. 128.

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