Nueva Publicación: Investigación sobre dos asentamientos informales de la ciudad de Cali. 2018

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2 asentamientos: Los Samanes del Cauca y Navarro, ubicados en el jarillón del río Cauca.

NUEVA PUBLICACIÓN. PERIODISMO Y DESPLAZAMIENTO FORZOSO EN COLOMBIA.

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Resultado de un proceso investigativo, este libro en coautoría da cuenta del tratamiento periodístico dado por el Diario El País de Cali, a los hechos y circunstancias que hicieron posible el desplazamiento forzado en Colombia y la aparición de la categoría Desplazados. 2016

martes, 15 de mayo de 2018

VISIÓN COLOMBIA II CENTENARIO: 2019


Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

Es posible que el documento Visión Colombia II Centenario 2019 sea muy poco conocido por el grueso de la población colombiana. Y quizás, su discusión no se dio en las condiciones esperadas por el Gobierno  de Uribe, responsable de su redacción.

Por considerar que el texto en mención tiene una natural importancia, dedico algunas reflexiones sobre este particular documento, pensado por la administración de Uribe Vélez como una política de Estado, muy seguramente anclada al proyecto político de quien hizo ingentes esfuerzos por quedarse en el poder durante doce años; y posiblemente, se haya considerado extender su permanencia como Jefe de Estado hasta la conmemoración del Centenario en 2019.

El sistema político colombiano y sus operadores políticos se caracterizan, históricamente y en todos los ámbitos, por la incapacidad de asumir políticas públicas que vayan más allá de los periodos de gobierno, es decir, políticas públicas de Estado que superen la visión de corto plazo con la que devienen determinados los proyecto políticos de un partido o de una coalición que se alzó o logró hacerse con el control del Estado en una determinada jornada electoral.

Pensar políticas públicas de largo plazo, que cuenten con el aval de varios gobiernos, sin importar el origen ideológico y los intereses de los sectores económicos que patrocinaron la campaña triunfante, así como  el ideario político del grupo que conquistó el poder estatal, es lo más cercano a la construcción de un consenso político de alcance nacional que permita al Estado afianzarse en todo el territorio, con amplios márgenes de legitimidad y con la posibilidad de que la operación estatal se dé desde y sobre unas bien consensuadas razones de Estado. Y no se trata de lograr consensos al estilo del Frente Nacional, proyecto político que terminó por consolidar la estrechez democrática y la incapacidad de las élites tradicionales para guiar los destinos del Estado-nación.

En el prólogo, escrito por Uribe Vélez, se lee lo siguiente: “Este documento debe servir para que se vaya creando una conciencia política en toda la ciudadanía de la patria, que nos ayude a entender que los países no pueden vivir de bandazo en bandazo, pasando de un plan cuatrienal de desarrollo a otro plan cuatrienal de desarrollo y generalmente con desconocimiento del anterior. El país necesita líneas de continuidad. Por supuesto, estas líneas fundamentales no pueden ser impuestas; hay que construirlas generando convicción en el cuerpo social. De ahí la importancia de empezar la tarea de persuasión con los colombianos alrededor de la discusión de la visión de largo plazo para nuestra patria[1].

Visión Colombia II Centenario: 2019 responde a un ejercicio prospectivo así en el mismo documento se desconozca este carácter. De allí que su interior esté colmado de propósitos y metas que requieren y requerían del establecimiento de un consenso nacional que no se logró, muy seguramente, por circunstancias contextuales originadas por el talante autocrático de Uribe y la visión corporativa con la que asumió el control del Estado. Se suma a lo anterior,  que el mandatario antioqueño no fue el líder político que, con el suficiente carácter de estadista, fuera capaz de lograr un pacto político en el que fuera posible anclar políticas públicas de Estado. Por el contrario, Uribe fue un montaraz político que debilitó la institucionalidad estatal, y quiso reducir los asuntos estatales a sus caprichos e intereses individuales. De igual manera,  habría que considerar las maneras como la sociedad colombiana reaccionó en torno a asuntos como el proceso de paz adelantado por el Gobierno de Santos con la entonces guerrilla de las Farc-Ep, el resultado del Plebiscito por la Paz y quizás por el enfrentamiento político (de egos) que las empresas mediáticas recrearon entre Uribe vs Santos.

En el señalado texto se lee que “mucho antes de 2019, Colombia habrá consolidado la paz y deberá de ser una realidad, a lo largo y ancho del territorio el deseo de Darío Echandía de <<un país en el que sea posible pescar de noche>>[2].  Pues bien, al revisar el proceso de implementación del Acuerdo Final alcanzado en La Habana, entre el Gobierno de Santos y las Farc, y en particular, lo acaecido con Santrich[3], es posible señalar que el anhelo de paz se puede diluir por los incumplimientos del Estado y por la injerencia de los Estados Unidos, a través de la DEA, en los asuntos internos del país, en particular con la consolidación de una paz estable y duradera. Además, los diálogos de paz con el ELN no avanzan porque se acerca el final del gobierno de Santos y por la incapacidad de las partes de asumir con responsabilidad el momento histórico por el que atraviesa el país.

Quienes concibieron el documento apelaron a hechos históricos y situaciones políticas que las hacen aparecer como verdades incontrastables, cuando realmente no soportan un análisis riguroso en torno al sentido de una verdad que se relativiza fácilmente.

Ejemplo de lo anterior lo constituye la alusión a la tradición civilista y democrática de Colombia, una suerte de bien histórico y referente ético que debería de enorgullecer a todos los colombianos y de guiar en adelante la Política al interior de la Nación.

Las instituciones republicanas y la democracia, destacables a nivel internacional, deben ser un motivo de orgullo para los colombianos… es posible resaltar que Colombia tiene una de las tradiciones electorales más largas del continente y del mundo; que el país ha sido gobernado por civiles y que esos civiles han hecho un uso limitado del poder. Mientras que en muchos países del continente predominaron durante largos periodos los dictadores, los regímenes militares y, en general, los gobiernos por la fuerza, en Colombia ha sido tan fuerte la tradición civilista de nuestras instituciones que el poder ha llegado incluso a caracterizarse, para algunos periodos, como el <<poder de la gramática>>[4].

Quienes concibieron el texto Visión Colombia II Centenario: 2019, obviaron hechos políticos y desarrollos contextuales que controvierten lo señalado. Baste con nombrar dos ejemplos de Gobiernos Civiles de Mano Dura: los gobiernos de Julio César Turbay Ayala (1978-1982) y el de Álvaro Uribe Vélez (2002- 2010).

Del primero, no se puede desconocer el peso político de una cúpula militar calificada como tropera y responsable de acciones de torturas a presos políticos y de la persecución de activistas y defensores de derechos humanos, intelectuales e ideólogos de las guerrillas, en particular de aquellos vinculados o cercanos al proyecto político de la guerrilla del M-19.  Sin duda alguna, Turbay Ayala lideró un Gobierno Civil de Mano Dura[5] lo que claramente desdice lo señalado en el documento sobre el que se sostiene esta columna. Debemos recordar que vivimos bajo el Estado de Sitio, figura jurídico-política que sirvió a los propósitos de un gobierno que violó los derechos humanos y restringió las libertades ciudadanas a través del uso de la fuerza y la aplicación de las orientaciones de su Estatuto de Seguridad.

Para el caso de la administración de Uribe Vélez, hay evidencias contundentes de que se trató de un Gobierno de Mano Dura, que no solo aupó la persecución a todo lo que oliera a Izquierda, sino que limitó la democracia y la discusión pública de asuntos públicos con la Política Pública de Defensa y Seguridad Democrática (PPDSD). Con dicho estatuto, muy parecido al que aplicó Turbay Ayala, no solo desconoció la existencia del conflicto armado interno, sino los derechos de las víctimas que dejó una larga confrontación armada entre las Fuerzas Armadas (en alianza y connivencia con grupos paramilitares) y las guerrillas. Además, puso la institucionalidad estatal al servicio de su único objetivo político: derrotar militarmente a las Farc, al tiempo que abría espacios institucionales a los grupos paramilitares (recuérdese la penetración paramilitar en el DAS, en el Congreso, la Fiscalía y la Superintendencia de Notariado y Registro, entre otras).

Y sobre aquello del poder de la gramática, creo que si por algo se distinguieron los gobiernos de Turbay Ayala y Uribe Vélez fue por abandonar toda posibilidad de discutir y dialogar, dándole prioridad  a los encuentros discursivos. No fue el poder de la gramática el que se impuso en esos gobiernos, sino el poder de la inteligencia militar y la represión estatal.

Así entonces, después de este breve análisis, se puede colegir que el documento Visión Colombia II Centenario: 2019, oculta realidades sociales y políticas, con la intención clara de consolidar una verdad oficial ajustada a los intereses de los sectores del Establecimiento que apoyaron la idea original de alcanzar un consenso político soportado en las metas, estrategias y propósitos consignados en el referido documento.




Imagen tomada de DNP.gov.co



[1] Visión Colombia II Centenario. Departamento Nacional de Planeación. p. 5
[2] Visión Colombia II Centenario:2019. p. 8.
[3] El traslado de Santrich a una instalación controlada por el Episcopado colombiano es un acto político y humanitario que pone a la Iglesia Católica a jugar un papel clave, para salvar el proceso de paz.
[4] Visión Colombia. P. 9 y 10.
[5] Para efectos de este documento, se entiende como Gobierno Civil de Mano Dura (GCMD) como aquella administración pública y política del Estado, orientada bajo principios de disciplinamiento social y político, respaldada por acciones combinadas de vigilancia, persuasión, persecución, intimidación, limitación de libertades ciudadanas, constreñimiento, secuestro y desaparición de ciudadanos calificados o señalados por los organismos de seguridad del Estado como proto enemigos del Régimen, en el marco de la aplicación de la doctrina de seguridad nacional y la existencia de un enemigo interno que no solo debía ser enfrentado militarmente, sino confrontadas y neutralizadas sus posibles redes de apoyo. En dichas redes se incluían a ciudadanos críticos (periodistas, intelectuales, profesores de colegio y de universidades), simpatizantes de las ideas de Izquierda, así como ciudadanos considerados como incómodos: afros, indígenas y campesinos pobres. 

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