Por Germán Ayala
Osorio, comunicador social y politólogo
Los problemas con el control de
las aguas del “indomable” río Cauca, que por estos días exhibe la
construcción de la hidroeléctrica de
HidroItuango, hacen parte de la historia ambiental del país, caracterizada por
formas combinadas de violencia contra los ecosistemas y socio ecosistemas.
La mega obra arrastra las
dificultades propias de un proyecto concebido desde una incontrastable apuesta
y perspectiva ingenieril que retó a las complejas condiciones biofísicas
asociadas no solo al “arisco” río Cauca, sino a las condiciones de los terrenos
que conforman el cañón sobre el que se construye la presa. Igualmente, esa
misma perspectiva ingenieril, soportada en un espíritu humano combativo, casi
marcial, se enfrentó a comunidades campesinas y mineras previamente violentadas
por actores del conflicto armado interno, en particular por grupos paramilitares
que actuaron en su contra, con la anuencia de agentes estatales. Ese mismo
talante de los ingenieros responsables del diseño y ejecución de la obra, muy
seguramente deviene asociado a la subcultura
paisa que, sobre cualquier consideración, siempre ha buscado históricamente
domesticar la Naturaleza, sin importar los impactos y las consecuencias.
Es decir, HidroItuango es la
expresión de procesos violentos de domesticación de la Naturaleza, y fruto de
procesos de desarraigo y desplazamiento de grupos humanos que en doble vía
comprometen a las Empresas Públicas de Medellín, a sus socios, y al propio
Estado colombiano.
La construcción de la
hidroeléctrica se justificó en su momento, con el argumento de que el sistema
energético colombiano sería más eficiente y potente, por la entrada en
operación de HidroItuango. Se pueden y se pudieron vislumbrar en su momento razones de Estado en la perspectiva de
que les corresponde a los gobiernos, en nombre del Estado, garantizar el
suministro de energía a comunidades apartadas y consolidar tanto la
interconexión eléctrica nacional, como la electrificación rural.
A esas razones de Estado les salen al paso circunstancias y hechos
económicos y ambientales que no necesariamente hacen parte de la imperiosa
necesidad estatal de insistir en la construcción de hidroeléctricas, obras que
generan amplias y fuertes externalidades negativas como cambios en el clima de
la región impactada, en la vocación de los campesinos que habitaban el
territorio inundado y por supuesto, los efectos que deja en la pesca y en general
en el macro ecosistema llamado cuenca del río Cauca.
Y no se trata de oponerse
radicalmente a la construcción de obras que, enmarcadas en una idea dominante
de desarrollo, modernización y crecimiento económico, puedan garantizar
bienestar colectivo y particular. De lo que se trata es de dilucidar y
descifrar, a través de preguntas y cuestionamientos, si la construcción de la
HidroItuango era una necesidad y una prioridad para el país. Me pregunto: con
la construcción de Porce I y II y la de El Quimbo, para nombrar algunas
centrales construidas, el sistema interconectado dejaba de ser eficiente y
garante para que el país contara con el fluido energético? ; ¿qué alternativas
se pensaron o se propusieron a la construcción de la hidroeléctrica que hoy
enfrenta graves problemas técnicos, de sostenibilidad económica y credibilidad en su ejecución técnica?
Lo cierto es que detrás de la
construcción de HidroItuango está el negocio de vender energía y a partir de
las ganancias logradas, financiar otros proyectos de infraestructura en el
departamento de Antioquia. En el informe Colombia
Nunca Más, el caso de Ituango, se lee lo siguiente: “La
represa Hidroituango se construye en
parte por el interés de suplir la demanda eléctrica del mercado de América
Central en detrimento de las comunidades que habitan los territorios. Esta
obra causa graves impactos al medio ambiente, la salud y la pérdida de bosques,
suelos y fauna. En respuesta han surgido procesos´ de movilización social en
defensa de la tierra, el territorio y los derechos colectivos que exigen la
detención de la obra, la reparación a las víctimas, la realización de un nuevo
censo y la consulta con las comunidades sobre su futuro”[1].
Si es cierto que detrás estaba el
negocio de vender energía a países de Centro América (quizás en el marco del
Plan Puebla Panamá), esa sola circunstancia debió servir para que los Estudios
de Impacto Ambiental (EIA) tuvieran en cuenta las incertidumbres sociales de
las comunidades afectadas, los riesgos en la construcción de la obra y por
supuesto, los procesos de mitigación de los impactos que de manera natural
produce la construcción de una hidroeléctrica.
En cuanto a la apuesta de financiar
otras obras con las ganancias logradas por la venta de energía, huelga recordar
la intención de “pignorar” los futuros
recursos económicos que dejaría la generación de energía de
HidroItuango. El Colombiano, periódico
regional de talante conservador,
registró en su momento que “se habla de, al menos, 2 billones de pesos que tendrían como
fuente financiación los beneficios que reciba el Departamento de la
hidroeléctrica, como socio principal junto con el Instituto para el Desarrollo
de Antioquia (Idea), con una participación de 52,89 %, mientras EPM,
constructor y operador del megaproyecto, tiene el 46,47 %; otro 0,64 % es de
minoritarios. Pero anticipar esos recursos compromete los flujos que
llegaría a las arcas departamentales 20 años después de que se prenda la
primera turbina y comience la generación de energía, hecho que deberá darse en
diciembre de 2018. La propuesta de
comprometer los ingresos futuros de Hidroituango para ayudar a financiar
proyectos de infraestructura en este cuatrienio fue sustentada por la
Administración Departamental en la necesidad de ejecutar obras que serán motor
del desarrollo. Mauricio Tobón Franco, gerente del Idea, y quien anunció la propuesta, atribuyó
el modelo a una apuesta por el progreso en que se buscan mecanismos financieros
con la banca de inversión para adelantar ingresos futuros de Hidroituango por 2
billones de pesos, y financiar megaproyectos que propone el gobernador Luis Pérez. Al respecto, Mauricio Cabrera, exdirector de Crédito Público, experto
en banca de inversión y representante de la firma Cabrera y Bedoya, explicó que
“al hacer esto la administración departamental actual dispone de unos recursos
futuros y, por lo tanto, las próximas no contarán con esa plata”. Cabrera, a su
vez, cuestionó que se trata de una especie de pignoración en que se deben tener
en cuenta obligaciones adquiridas por el proyecto. “Uno no puede pignorar todos
los ingresos que vaya a tener Hidroituango, porque existen compromisos de pago
propios. Hidroituango se está financiando actualmente con créditos y los tendrá
que pagar, por lo que deberá contar con lo que queda de esa resta para los
accionistas”. En ese sentido, Remberto Rhenals, profesor de economía de la Universidad
de Antioquia, sostuvo que el modelo propuesto por la Administración Seccional
supone que la empresa tiene recursos futuros previstos. Añadió que para avanzar
en la propuesta de comprometer los recursos se debe contratar una banca para
que estime el valor de esos ingresos futuros. “Se debe saber cómo valoran la
empresa de acuerdo con el flujo futuro. Ese es el primer paso”, apuntó”[2].
De todo lo anterior se colige
que subsiste en la construcción de mega obras como HidroItuango, un sentido
corporativo del Estado, en particular del Estado regional antioqueño, que al
parecer no sopesó los negativos impactos socio ambientales que generaría
HidroItuango. Sobre la vida de las comunidades asentadas en el territorio
inundable y el bienestar de los cientos de miles de colombianos que viven en
las riberas del Cauca, tanto aguas arriba, como aguas abajo, se privilegió el
negocio de la venta de energía. Dirán algunos que resulta positivo que el
Estado participe de un negocio que le pueda dar réditos económicos que aseguren
inversiones para el mejoramiento de las condiciones de vida de los más
vulnerables y por supuesto, en la construcción de infraestructuras físicas para
el departamento de Antioquia. La pregunta es: con lo que está sucediendo en
HidroItuango, ¿vale la pena insistir en construir más hidroeléctricas para vender
energía a otros países, sin estimar económicamente los riesgos en su
construcción y en los impactos socio ambientales que generan ese tipo de obras
de ingeniería en comunidades que se benefician de los servicios ecosistémicos
del río Cauca?
Lo cierto es que EPM desestimó
las recomendaciones y los reclamos de los habitantes de la zona. Pudo más la
arrogancia de los ingenieros y de la clase dirigente regional, que el sentido
de la precaución que debería ser connatural a la construcción de este tipo de
hidroeléctricas. Por ello, insisto en que en HidroItuango confluyen todas las
formas de violencia que en nombre del desarrollo se vienen produciendo en
Colombia. Tipos de violencia que tienen un común denominador: que las víctimas
siempre son los más pobres, vulnerables y los menos reconocidos por quienes
dicen agenciar y velar por el crecimiento económico, en el marco de un Estado Social de Derecho que suele quedar
sepultado en presas o arrastrado aguas abajo por la desidia de quienes agencian
un tipo de desarrollo que violenta tanto a los ecosistemas, como a los socio
ecosistemas.
Adenda: la
respuesta del Presidente Santos a la carta enviada por EPM y el Gobernador de
Antioquia, confirma que no existe unidad conceptual y política alrededor de lo
que es el Estado nacional. Si bien no se trata de pensar en un Estado
idealmente monolítico, lo que sí debería de haber es un mínimo consenso y responsabilidad
en torno a las directrices, mandatos y políticas relacionadas con la generación
de energía. A lo mejor es hora de buscar alternativas a la construcción de
hidroeléctricas.
Adenda 2: la ejecución de dicha obra involucra a Àlvaro Uribe en su calidad de gobernador de Antioquia y como Presidente de Colombia. Véase la columna: https://www.elespectador.com/opinion/lo-que-mal-empieza-columna-789531
Imagen tomada de El Espectador.
[1]
Colombia Nunca Más, el caso Ituango. Corporación Jurídica Libertad. p. 6
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