Nueva Publicación: Investigación sobre dos asentamientos informales de la ciudad de Cali. 2018

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2 asentamientos: Los Samanes del Cauca y Navarro, ubicados en el jarillón del río Cauca.

NUEVA PUBLICACIÓN. PERIODISMO Y DESPLAZAMIENTO FORZOSO EN COLOMBIA.

NUEVA PUBLICACIÓN. PERIODISMO Y DESPLAZAMIENTO FORZOSO EN COLOMBIA.
Resultado de un proceso investigativo, este libro en coautoría da cuenta del tratamiento periodístico dado por el Diario El País de Cali, a los hechos y circunstancias que hicieron posible el desplazamiento forzado en Colombia y la aparición de la categoría Desplazados. 2016

lunes, 16 de abril de 2018

DOBLE ESTADO


Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

Varios académicos coinciden en que el Estado colombiano es pre moderno porque no ha podido garantizar tres monopolios: el monopolio legítimo de la fuerza, el de la renta y el de la justicia. Se suma a lo anterior, que no ha podido copar el territorio nacional, lo que confirma su débil institucionalidad y la consecuente aparición de actores ilegales que compiten con su autoridad y llegan hasta remplazarlo en sus funciones naturales de brindar seguridad y garantizar la operación de la sociedad y el mercado en condiciones de normalidad, en el marco de complejos procesos civilizatorios.

Las enormes dificultades que arrastra el Estado colombiano para erigirse como un orden viable, justo y guía moral para sus asociados, tienen un profundo anclaje cultural, que se hace visible en ese ethos mafioso que guía el actuar de ciudadanos, de particulares y de funcionarios estatales.

En ese ethos mafioso confluyen toda suerte de prácticas y formas de entender no solo el papel del Estado, sino de entender y asumir lo Público, que no es otra cosa que aquello que nos interesa y beneficia a todos; y de diferenciarlo de lo privado, ámbito que se circunscribe estrictamente a las actividades de los particulares y a los intereses de aquellos que actúan dentro de este ámbito. Eso sí, siempre en una natural conexión con lo que se conoce como el colectivo y el interés general.

En ese ethos mafioso, ya arraigado y entronizado, se hacen visibles actitudes proclives a engañar, a torcerle el sentido a la ley,  a las normas; a buscar atajos, a mentir, a suplantar. Se suman a estas actitudes, la falta de profesionalismo, la desidia, la irresponsabilidad, y la falta de compromiso, especialmente en funcionarios del Estado.  

Todo lo anterior, hace posible que tengamos los colombianos un Doble Estado. Es decir, un Estado que actúa dentro de la legalidad, y un sector o sectores de éste, que lo hacen por fuera de la ley.

Pero así como hay consenso académico en torno a la debilidad del Estado y a su condición pre moderna, que comparte con la sociedad, no parece haber unidad de criterio en el sector académico alrededor de la idea de que en Colombia hay un Doble Estado. Es decir, que dentro del mismo aparataje estatal funcionan sectores de poder que se mueven entre lo legal y lo ilegal.

El caso del asesinato de Enrique Areiza, testigo clave en el proceso que  la Corte Suprema de Justicia sigue en el caso Uribe-Cepeda, es un ejemplo claro de ese Doble Estado. Los magistrados del alto tribunal ordenaron redoblar la seguridad del testigo. Según las autoridades, el señor Areiza fue asesinado este fin de semana en el municipio de Bello, en zona metropolitana de Medellín.

¿Por qué no se cumplió la orden de la Corte Suprema? Las respuestas pueden ser varias: quizás por desidia de los funcionarios que debieron asumir el compromiso de cuidar la vida del testigo; o es posible que lo ordenado por la CSJ haya sido desoído por interés de alguien con poder político y económico con la capacidad de incidir en decisiones de este tipo; en cualquier sentido que se encuentren o se den las explicaciones que muy seguramente exigirá el alto tribunal, o por cualquier otra circunstancia, lo cierto es que lo sucedido permite evidenciar la existencia de lo que aquí llamo un Doble Estado.

Así entonces, el Doble Estado en Colombia se sostiene y opera en un ya arraigado ethos mafioso, compartido por periodistas, ciudadanos del común, clase política y dirigente, abogados, magistrados, policías, militares, estudiantes y profesores, entre otros.

Mientras no logremos proscribir ese ethos mafioso y se desmantelen las estructuras mafiosas y criminales que se enquistaron en el Estado y en su institucionalidad, será muy difícil consolidar la paz y condiciones de convivencia social.

En plena campaña electoral, los candidatos presidenciales hablan y prometen acabar con la corrupción. Loable que así lo quieran hacer, pero lo que primero que deberían hacer los aspirantes a llegar a  la Casa de Nariño es reconocer que efectivamente hay un Doble Estado en Colombia, auspiciado en un ethos mafioso compartido por funcionarios estatales y dirigentes gremiales, lo que da como resultado que la corrupción público-privada sea el real problema a resolver por parte de los colombianos.




Imagen tomada de banderadecolombia.com

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