Nueva Publicación: Investigación sobre dos asentamientos informales de la ciudad de Cali. 2018

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2 asentamientos: Los Samanes del Cauca y Navarro, ubicados en el jarillón del río Cauca.

NUEVA PUBLICACIÓN. PERIODISMO Y DESPLAZAMIENTO FORZOSO EN COLOMBIA.

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Resultado de un proceso investigativo, este libro en coautoría da cuenta del tratamiento periodístico dado por el Diario El País de Cali, a los hechos y circunstancias que hicieron posible el desplazamiento forzado en Colombia y la aparición de la categoría Desplazados. 2016

miércoles, 31 de enero de 2018

¡SAS !, SE ROBARON LA TIERRA (RESEÑA)

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

El siguiente documento pretende dar cuenta, a manera de reseña, del contenido del libro que Wilson Arias Castillo publicó recientemente, y en el que hace serias denuncias sobre el acaparamiento de tierras en la altillanura colombiana.

El autor de esta reseña considera de gran valor académico y político el contenido del libro Así se roban la tierra en Colombia. Y por ello, invita a estudiantes y profesores a que lo lean y divulguen las ideas y denuncias allí plasmadas, por cuanto refieren a hechos y asuntos públicos que comprometen no solo la seguridad alimentaria del país, la subsistencia del campesinado, sino al propio Estado en su rol garante de lo público, gravemente afectado por las acciones jurídicas emprendidas por poderosos agentes privados.

Así se roban la tierra en Colombia es el título del libro que recién publica Wilson Arias Castillo, quien por esta época aspira a llegar al Senado de la República.

El texto en cuestión constituye una pieza investigativa de enorme valor político y periodístico e incluso, tendría que servir como prueba a las investigaciones que la Fiscalía General de la Nación debería de adelantar, en el contexto de un proceso disciplinario y penal que se ha dilatado en el tiempo, debido a la débil institucionalidad estatal y al poder intimidatorio de las familias y firmas que se apoderaron de manera irregular de baldíos en la altillanura colombiana.

El libro de Arias Castillo tiene un carácter de denuncia pública alrededor de unos hechos que el grueso de la población colombiana quizás ignore, porque los pocos registros periodísticos que se dieron en torno a los hechos denunciados,  no sirvieron para elevarlos a un asunto público de indiscutible importancia, trascendencia y relevancia.

En tres acápites, Wilson Arias soporta sus denuncias en los documentos oficiales recogidos, al tiempo que ubica las acciones emprendidas por empresas multinacionales, nacionales y poderosas familias, en un complejo contexto internacional en el que aparecen el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, instituciones que de manera directa e indirecta aúpan los procesos de concentración de la tierra, la modernización del campo y el crecimiento urbanístico en las condiciones propias de un Estado privatizado como el colombiano, que actúa en función de  los intereses de poderosos particulares.

En el texto se lee: “…este libro presenta una mirada del contexto internacional de la <<fiebre por la tierra>>, resaltando los actores que participan de dicha dinámica y la manera como se inserta la agricultura del Siglo XXI, propuesta por el gobierno de Juan Manuel Santos. La premisa fundamental de esta visión es que el Estado debe estar en función de las necesidades de los inversionistas” (Arias, 2017; p.11).

En el primer capítulo, intitulado Contexto internacional, fiebre por la tierra, el autor llama la atención sobre las compras masivas de tierras por parte de “multinacionales agrícolas, gobiernos, fondos privados financieros y fondos de pensiones, entre otros”(Arias, 2017; p.13), todos agentes que encontraron en Colombia las condiciones para acaparar tierras baldías, aprovechando la precariedad de las instituciones del Estado, la ineficiencia, ineficacia o el generalizado desinterés de organismos de control y de investigación como la Fiscalía, para vigilar de cerca las actuaciones de poderosos particulares que, de disímiles maneras, manipularon las normas y violaron las leyes en y para su propio beneficio.

Arias señala al respecto que “este fenómeno global encontró en Colombia dos factores claves para su desarrollo. De un lado, una región con características que la hacen atractiva para dinámicas globales de acaparamiento y por otra parte, un modelo de política pública que coincide ampliamente y promueve este tipo de inversiones” (Arias, 2017; p. 15).

El político vallecaucano advierte sobre los alcances de lo que se conoce como la agricultura del siglo XXI, que no solo representará la desaparición de la figura del campesino, sino que coadyuvará en buena medida a consolidar regiones ambientalmente insostenibles debido al modelo de plantación que se propone imponer en la altillanura colombiana y que no es más que el correlato del viejo latifundio y las prácticas propias de la agroindustria cañera y palmicultora.

En la publicación se lee lo siguiente: “Así, la agricultura del Siglo XXI considera que el sector privado debe hacer las inversiones, y el Estado debe hacer todos los esfuerzos que estén a su alcance para que ellos hagan su labor. La locomotora del agro de Santos coincide con la denominada Agricultura del Siglo XXI. Una agricultura <<moderna>>, donde se prioriza la escala de producción, en grandes volúmenes de inversión, con una pretendida sostenibilidad ambiental y donde los pequeños productores (ya no denominados campesinos) <<solo pueden subsistir>> en el campo si se asocian con grandes inversionistas” (Arias, 2017; p. 15).

Una vez expuesto ese marco contextual y axiológico, el autor ubica y le explica al lector qué es eso de la altillanura colombiana, para posteriormente denunciar a los acaparadores que, en una suerte de un fino ethos mafioso, burlaron la ley y debilitaron la ya precaria institucionalidad estatal, con acciones jurídicas que claramente dan cuenta de para qué es el Poder.

El ex congresista Arias Castillo dice en su texto, que “la región de la Orinoquia está comprendida por los departamentos del Meta, Arauca, Casanare, Guainía, Guaviare y Vichada. Dentro de esta hay una subregión  conocida como la Altillanura, que abarca 7 millones  de hectáreas y comprende los municipios de Puerto López, Puerto Gaitán y Mapiripàn en el departamento del Meta, y Santa Rosalía, La Primavera, Cumaribo y Puerto Carreño en el Vichada. Los casos de acaparamiento de tierras investigados y presentados ante la opinión pública se circunscriben a esta región” (Arias, 2017; p. 20).

La región a la que se alude, es de un enorme potencial por la disponibilidad del agua, la presencia del solo durante todo el año, las condiciones planas y otros elementos que acercan a quienes hoy acaparan grandes extensiones  de  esa tierra, al mercado inmobiliario, sector económico altamente especulativo.  

Pero Arias no solo denuncia con nombres propios a empresas multinacionales, nacionales y miembros de familias con enorme poder económico y político. Por el contrario, el autor del libro Así se roban la tierra en Colombia señala con claridad las acciones y decisiones de política pública adoptadas por el Gobierno de Juan Manuel Santos entre el 2010 y el 2018. En el texto se lee: “Diferentes propuestas normativas se han planteado” para dar cuenta de las exigencias que los agentes privados le han hecho al actual Gobierno.  El “derecho de superficie, los Bonos agrarios y la política forestal y agua y la seguridad jurídica” constituyen acciones de política pública, en el marco de un Estado que prácticamente se puso al servicio de los mezquinos intereses de unos muy particulares agentes privados (Arias, 2017; p. 30 y 31).

En el segundo acápite del libro, el autor registra los casos de acaparamiento de tierras en la altillanura, analizados en el periodo legislativo 2010-2014. En cuadros muy bien dispuestos, Arias Castillo describe las empresas a través de las cuales agentes económicos se apoderaron de tierras baldías en la altillanura, las mismas que por ley deben entregarse a familias campesinas con un objetivo claro: asegurar la supervivencia del campesinado y por esa vía garantizar la seguridad alimentaria de todos los colombianos.

En la relación de los agentes acaparadores de tierras aparece la familia Sarmiento Angulo y el Grupo Corficolombiana. Las empresas Mavalle, Unipalma e Ingenio Sicarare hacen parte de los procedimientos y las acciones jurídicas y de hecho emprendidas por la poderosa familia del banquero colombiano. Las hectáreas suman 28.900, cifra que confirma no solo el particular acaparamiento, sino que expone el ignominioso indicador de Gini que oscila entre 0,85 y 0.9, siendo 1 el límite con el que se indica la mayor concentración de tierra, para este caso.

En la misma relación aparece la familia Eder, del Grupo Manuelita, con 37 mil hectáreas. De igual manera, aparece el núcleo familiar Santa Domingo y el Grupo Valorem, con 5.500 hectáreas.  Y el grupo Aliar (Sindicato Antioqueño) con más de 40 mil hectáreas.

En el listado de multinacionales se reseñan al Grupo  Mònica del Brasil,  con 7 empresas que, según se lee en el libro de Arias, suman 13 mil hectáreas. A renglón seguido aparece Cargill con 25 mil Ha y el principal accionista de Avianca, Germán Efremovich y el Grupo Sinergy, con 8.000 hectáreas aproximadamente.

En lo denunciado por el autor, aparece Riopaila Castilla. Arias dice lo siguiente: “El caso Riopaila muestra cómo el acaparamiento de tierras en la Altillanura no ha sido responsabilidad exclusiva de actores extranjeros. También se han visto inmiscuidos empresarios colombianos, algunos con larga trayectoria en actividades agroindustriales, que buscando ampliar su portafolio de negocios decidieron invertir en esa región. Este hecho confirma la gravedad de la concentración de la tierra en la Altillanura: las mismas empresas, los mismos apellidos que han copado las mejores tierras del suroccidente del país, como las del Valle del Cauca, pretenden quedarse también con la última frontera agrícola… Este ingenio azucarero adquirió cerca de 34 mil hectáreas en el departamento del Vichada, en el proyecto conocido como Veracruz, para la siembra de palma de aceite y cereales” (Arias, 2017; p. 49).

Arias Castillo no solo relaciona a estas empresas y familias, al igual que a otras, sino que señala las cuantías de dinero que, a título de subsidios, recibieron del Estado colombiano. De igual manera, Arias detalla las argucias legales a las que apelaron estas firmas y familias para hacerse con las tierras baldías en la altillanura.

En todo este proceso de concentración de la tierra a través de sinuosos caminos jurídicos aparecen sospechosas omisiones como lo denuncia y enuncia en su libro Wilson Arias Castillo. En particular, refiere a la omisión del Gobierno de Uribe Vélez frente al caso del grupo Mónica Colombia. En el libro se lee: “Por ejemplo, en carta enviada el 27 de marzo de 2009 al entonces Presidente de la República Álvaro Uribe Vélez, el representante legal de Mónica Semillas, Ricardo Cambruzzi, contaba lo siguiente: “Se conformó el grupo empresarial Mónica Colombia con otras seis empresas subordinadas. En síntesis, inversionistas nacionales o foráneos con capacidad de explotar grandes extensiones se ven limitados porque no pueden adquirir terrenos  que sobrepasen la mensura establecida en hectáreas para la UAF[1]. Este solo hecho desestimula la inversión, pues hace necesario recurrir a la creación de muchas sociedades, para poner en cabeza de socios o terceros, cada UA que se adquiere para plasmar proyectos agrícolas” (Arias, 2017; p. 43).

Ante semejante omisión presidencial, el autor cuenta que se elevó la denuncia correspondiente en la Comisión de Acusaciones o "de Absoluciones" de la Cámara de Representantes, en donde duerme el sueño de los justos.

Y en el tercer acápite o capítulo, intitulado Política de tierras  en el post-acuerdo, Arias Castillo analiza y cuestiona los alcances de lo acordado entre las Farc-Ep y el Gobierno de Santos, en el marco de lo que se conoce el Acuerdo Final II (versión firmada en el teatro Colón de Bogotá).

Los cuestionamientos que hace el autor de Así es como se roban la tierra en Colombia, comienzan con la ley Zidres[2] y se presentan en este sentido: “Dentro de nuestras principales preocupaciones y críticas en contra de esta figura  se encuentran: i) que el gobierno eliminó el régimen de baldíos de la nación  para responder a exigencias como las planteadas  por la multinacional Mónica Semillas, que veían en la UAF una <<traba burocrática>>; ii) por otra parte, se concentrará en mayor medida la propiedad y el uso de la tierra, en un país que de lejos es de los más desiguales del mundo con un Gini que ronda el 0,9 yiii) complementario a lo anterior, se modificará el ordenamiento del territorio en función de los intereses corporativos de compañías que… buscan expandirse  y acaparar no sólo tierras, fuentes hídricas  y bienes públicos, sino que con las Zidres  lograron legalizar  las acumulaciones expuestas, y podrán expandirse  y ampliar el tamaño de sus emprendimientos, ahora con la entrega de tierras por parte del Estado” (Arias, 2017; p. 83).

 Arias Castillo deja entrever sus dudas alrededor de lo que se negoció en La Habana en materia de acceso a la tierra, en el marco del punto de Reforma Agraria Integral. Se colige de lo planteado en el libro, que al parecer el Secretariado de las Farc terminó aceptando una negociación que en materia de tierras y reforma agraria integral poco o nada beneficia a los campesinos por los que dijeron sostener su lucha armada  por más de 50 años; y por el contrario, lo negociado y lo aceptado después de firmado el Acuerdo Final, ya se sabe que beneficia y beneficiará a los grandes capitales, familias y empresas interesadas en imponer el modelo de las grandes plantaciones y por esa vía, eliminar, simbólica y físicamente a los campesinos colombianos, convirtiéndolo en empobrecidos jornaleros.

Insisto en que el libro de Arias Castillo, en sus 93 páginas, constituye un buen ejemplo de seguimiento y análisis a un fenómeno como el de la concentración ilegal de la tierra en pocas manos. Con ejemplos bien documentados, el autor señala y acusa a poderosas multinacionales, empresas nacionales y sus filiales, como a miembros de “prestigiosas” familias, de  emprender maniobras sinuosas para arrebatarle a la Nación y a los campesinos, los baldíos de la altillanura.

Nota: muchos pensaràn que incurro en un error al usar la figura jurìdica empresarial SAS en lugar de zas, expresiòn muy usada para señalar un ruido que se produce por la caìda o la ruptura de algo. No. Al usar la voz SAS, hago referencia a esta figura dando cuenta de que fue usada por los acaparadores de tierras como estrategia para poder torcer el cuello a la ley. Y en los casos reseñados aquì es claro que a travès de varias SAS, se produjo un fuerte !zas! en la institucionalidad estatal, debido al rompimiento del orden jurìdico a travès de estratagemas de todo tipo. 


Imagen tomada de Radiomacondo.fm



[1] Unidad Agrícola Familiar, UAF.
[2] Zonas de Interés de Desarrollo Rural Económico y Social, Zidres. 

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