Nueva Publicación: Investigación sobre dos asentamientos informales de la ciudad de Cali. 2018

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2 asentamientos: Los Samanes del Cauca y Navarro, ubicados en el jarillón del río Cauca.

NUEVA PUBLICACIÓN. PERIODISMO Y DESPLAZAMIENTO FORZOSO EN COLOMBIA.

NUEVA PUBLICACIÓN. PERIODISMO Y DESPLAZAMIENTO FORZOSO EN COLOMBIA.
Resultado de un proceso investigativo, este libro en coautoría da cuenta del tratamiento periodístico dado por el Diario El País de Cali, a los hechos y circunstancias que hicieron posible el desplazamiento forzado en Colombia y la aparición de la categoría Desplazados. 2016

jueves, 18 de enero de 2018

CHIRAJARA

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

El desplome de una parte de la estructura del puente Chirajara  golpea la confianza social, técnica y política que sobre  la ingeniería colombiana se venía construyendo con promocionadas vías 4G y con otras ejecutorias a nivel nacional; además,  deja entrever con claridad la detestable práctica de los actores involucrados en el hecho, de no asumir con rapidez y diligencia la responsabilidad correspondiente. No basta con salir a  los medios[1] a lamentar la muerte de los 9 trabajadores que cayeron en el colapso de la estructura. Antes de que la Fiscalía investigue y señale responsabilidades penales, se esperaría que alguien, por lo menos políticamente, asuma la responsabilidad de lo sucedido. Bien podrían asumirlas el propio Presidente Santos y el empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo.

Por el contrario, asumir responsabilidades por lo acontecido se torna complejo y difícil porque el enrevesado esquema de subcontratación facilita la aceptada práctica cultural de evitar asumirlas hasta tanto no haya una presión de la justicia o exista una sentencia judicial que así lo señale. Y sobre la presión que puede ejercer la prensa, ellos saben que a través de titulares[2] se puede matizar el vergonzoso episodio.

Sin duda, la caída del pontón Chirajara es un hecho, además de técnico e ingenieril, público, y por lo tanto, tiene un carácter político. De allí la necesidad de “politizar” el hecho, dado que allí están comprometidos el Estado en su conjunto, el Gobierno de Santos como garante político y ético de unas obras, así como los consorcios y firmas que las diseñaron, financiaron y ejecutaron.

Una vez ocurrido el desplome de la estructura, se esperaría que las firmas comprometidas en la ejecución técnica de la obra desplazaran un equipo, con el acompañamiento de grupos privados  de ingenieros y la vigilancia de los entes de control estatal, para evaluar con rapidez y diligencia lo sucedido y explicar las causas del desprendimiento de una parte del puente en cuestión.

Resulta inaceptable que los voceros de las firmas comprometidas no le hayan anunciado al país la conformación de un equipo de trabajo que busque establecer qué sucedió con el puente. Pero no, es más fuerte la práctica de “esperar a ver qué pasa”, para luego asumir responsabilidades civiles y penales.

Esos silencios hacen parte de lo que en varias columnas llamo el ethos mafioso. Como sociedad hemos naturalizado no solo las coimas que pagaron funcionarios de Odebrecht a políticos para que adjudicaran obras civiles de gran calado como el proyecto Ocaña-Gamarra (4G), sino la permisividad en la ejecución de obras, en la aceptación de las mismas por parte de interventores que a pesar de saber de riesgos por problemas técnicos, comprometen sus firmas y las avalan, participando así de actos de corrupción. Lo más probable es que en el desplome de la obra se descubran problemas de cálculo o aquellos surgidos por la mala calidad de materiales usados en la estructura que se vino al suelo.  

Lo que deben entender las entidades comprometidas en este caso es que no solo se desplomó una estructura, sino que se vino abajo la confianza, el buen nombre, la respetabilidad y el actuar  ético de unas firmas de ingenieros y de un Gobierno que le apuntó a la construcción de vías para conectar y hacer más competitivo el país.

Y ojalá que el proceso de reparación a las familias de las víctimas del siniestro sea transparente y justo y ojalá cuente con el acompañamiento  de alguna entidad del Estado, porque es de esperar que se ofrezcan compensaciones económicas que no alcanzan a compensar el dolor infringido. Y esto se puede dar, porque no generan confianza quienes guardan un desacertado y cómplice silencio frente a un suceso en el que de manera directa e indirecta, hay responsables naturales.





Foto tomada de El Espectador, cortesía de Periódico del Meta.

[2] El titular de EL TIEMPO, medio que pertenece a Sarmiento Angulo, comprometido en la obra en cuestión, es una clara muestra de un ejercicio de salvaguardar el nombre del propietario: http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/puente-en-via-bogota-villavicencio-se-desplomo-y-deja-victimas-mortales-171458

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