Nueva Publicación: Investigación sobre dos asentamientos informales de la ciudad de Cali. 2018

Nueva Publicación: Investigación sobre dos asentamientos informales de la ciudad de Cali. 2018
2 asentamientos: Los Samanes del Cauca y Navarro, ubicados en el jarillón del río Cauca.

NUEVA PUBLICACIÓN. PERIODISMO Y DESPLAZAMIENTO FORZOSO EN COLOMBIA.

NUEVA PUBLICACIÓN. PERIODISMO Y DESPLAZAMIENTO FORZOSO EN COLOMBIA.
Resultado de un proceso investigativo, este libro en coautoría da cuenta del tratamiento periodístico dado por el Diario El País de Cali, a los hechos y circunstancias que hicieron posible el desplazamiento forzado en Colombia y la aparición de la categoría Desplazados. 2016

lunes, 16 de julio de 2018

EL GABINETE DE DUQUE



Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo


A  cuenta gotas el electo presidente de Colombia viene dejando saber los nombres  de las personas que lo acompañarán en su gobierno. Ya escogió a los ministros de Hacienda, de Relaciones Exteriores, de Comercio, Industria y Turismo, de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de Agricultura y Desarrollo Rural, de Salud, de Educación y del Interior, de Cultura y Defensa.

Si bien en  el equipo ministerial que viene anunciando el presidente electo, Iván Duque Márquez, se advierte un carácter corporativo, la elección está inscrita en el proceso que definió Ignacio Lewkowicz: “el proceso práctico hoy está liquidando el arraigo del Estado en la nación. El Estado actual ya no se define prácticamente como nacional sino como técnico-administrativo, o técnico-burocrático[1]

A esta circunstancia contextual (conceptual y académica) se suman las condiciones en las que operan ética y políticamente las regiones en el país, en las que se advierten, con claridad, históricas transacciones entre grupos paramilitares, narcotraficantes, bandas sicariales y élites tradicionales. Esto es, un connubio entre autoridades y grupos de interés, legales e ilegales, que han coadyuvado a la consolidación de un “Doble Estado”[2] en Colombia, en el marco de un modelo presidencialista que alimenta y consolida el ethos mafioso del que se sirve, justamente, ese “Doble Estado” para permanecer en el tiempo y naturalizarse.  

De igual manera, se asocian las prácticas corruptas y el talante ético-político de las dos administraciones de Uribe[3] (2002-2010), legitimadas por los empresarios, industriales y banqueros que lo acompañaron en sus 8 años de gobierno, los mismos que hoy están detrás de muchos de los elegidos por Duque, o directamente a cargo de una o de varias carteras; y, por supuesto, no se puede dejar de lado la deuda política que tiene Duque con el ex presidente y ganadero  antioqueño, la misma que de muchas maneras afectará las decisiones de Estado  tomará a partir del 7 de agosto de 2018 cuando se posesione como Presidente de la República; como no es de menor valía, hay que señalar la insana gratitud y lealtad que ya exhibe  el Presidente electo con el propietario del Centro Democrático, a quien de manera temprana llamó “el eterno presidente” y por quien “mete las manos al fuego", para defender su ya cuestionada honorabilidad como político y ciudadano.

A juzgar por el talante de muchos de los elegidos, el gabinete de Duque desde ya exhibe un perfil plutocrático, técnico-administrativo, empresarial y neoliberal, anclado fuertemente al viejo Establecimiento colombiano. Miremos algunos de los perfiles de los recién elegidos jefes de las carteras ministeriales y el sentido mismo de sus nombramientos, a partir de las siguientes categorías: nombramientos de tipo Político y amoral y Técnico-burocrático y Empresarial.

De tipo Político y amoral

Dentro de esta categoría se incluyen aquellos ministros elegidos que arrastran investigaciones bien por parte de la Fiscalía, de la Corte Suprema de Justicia o de los órganos de control, como la Contraloría General de la República, o cuyas conductas están asociadas a prácticas corruptas, o a escándalos mediáticos por corrupción.

En ese marco,  la elección de Nancy Patricia Gutiérrez, como ministra del Interior, responde a una elección de carácter político que supera, por supuesto, el perfil del cargo, ancorado de manera natural al ejercicio de la política, en el contexto de un deseado equilibrio de poderes.

Investigada por vínculos con grupos paramilitares[4] y por haber usado su investidura de presidenta del Congreso para espiar a la senadora liberal, Piedad Córdoba, su nombramiento bien puede obedecer a presiones o recomendaciones directas de Uribe Vélez, a juzgar por la lealtad mostrada por  la ex congresista. O quizás, por su cercanía con el también uribista y ex ministro de Uribe, Juan Lozano. En cualquier caso, su nombramiento en la cartera de la política debe interpretarse como el puente directo que el presidente Duque establece con un Congreso moral  y éticamente comprometido en sus mayorías con el ethos mafioso y el funcionamiento del “Doble Estado”. Es decir, el nombramiento de Gutiérrez manda un mensaje claro al Congreso: vamos a mantener las históricas, sinuosas y perniciosas relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo.

Dentro de la misma categoría se incluye el nombramiento de Alberto Carrasquilla, quien no solo es un economista de corte neoliberal, sino que su nombre está asociado de tiempo atrás a escándalos como el de Reficar y los Panamá Papers y al desmonte de la mesada 14. Su elección en la cartera de Hacienda, siendo un declarado neoliberal, muy seguramente hará todo lo que esté a su alcance para mantener controlada la inflación, siguiendo las recetas del Fondo Monetario Internacional.

Que el presidente electo haya dejado de lado los escándalos de corrupción y la evasión de impuestos en los que estuvo y está involucrado Carrasquilla[5], manda un negativo mensaje alrededor de la supuesta lucha que el entonces candidato uribista dijo que emprendería contra el mayor problema del país: la corrupción público y privada. En este caso, pudo más la necesidad de llevar a la cartera de Hacienda a un reconocido, aconductado  y obediente economista neoliberal, que los impedimentos éticos y morales que acompañan al señor Carrasquilla.

La elección de Holmes Trujillo en el ministerio de Relaciones Exteriores se puede entender como un premio y reconocimiento a un político vallecaucano de origen liberal, que en el ocaso de su vida burocrática, buscó el mejor lugar en donde anidar sus aspiraciones personales. Representa su elección una especie de contentillo para el Valle del Cauca y para su vieja y decadente clase política. Se espera que mantenga el impulso al multilateralismo, pero ya dejó claro Duque que hará todo para que la agenda narcotizada con Estados Unidos sea lo suficientemente fuerte para bajarle la presión que todas maneras sentirá su gobierno, de parte de los países europeos que ven con algún temor que la implementación del Acuerdo Final (II) fracase. 

La elección de Alicia Arango, antigua secretaria privada de Uribe, corresponde, sin lugar a dudas, al reconocimiento  y el premio a la obediencia y la lealtad mostrada de tiempo atrás por la hoy nueva ministra de Cultura. Corresponde la designación, al poco valor que el gobierno de Uribe le dio a la cultura. Lo más probable es que Duque siga esa línea de acción y subvaloración, a juzgar no solo por el talante de la nueva ministra, sino por el hecho de que su elección obedeció al pago de favores políticos. No sobra decir que Arango es ajena a los temas de la cartera.

De tipo Técnico-burocrático y empresarial

Dentro de esta categoría se instalan los nombramientos de ciudadanos cuyos desarrollos profesionales están asociados al ámbito privado, sin que ello sea garantía de transparencia y eficiencia, pues saben de antemano que entrarán a defender los intereses corporativos de aquellos sectores de poder económico y político que de tiempo atrás se apoderaron del Estado, justamente para arrebatarle el sentido de lo colectivo y de lo público que tanto desagrada a quienes desde el empresariado hacen ingentes esfuerzos pata mantener las condiciones de injusticia social, exclusión y pobreza que los beneficia como agentes plutocráticos, en el contexto de una clara y evidente kakistrocracia y oclocracia que se consolidó en el país.

En ese espacio categorial caben los nombramientos de los ministros Andrés Valencia Pinzón[6] (Agricultura y Desarrollo Rural), José Manuel Restrepo (Comercio, Industria y Turismo), María Victoria Angulo (Educación), Juan Pablo Uribe[7] (Salud) y Ricardo Lozano (Ambiente y Desarrollo Sostenible).

El caso del ministro de Agricultura, su elección debe entenderse como un espaldarazo a la política agraria asociada de tiempo atrás a los monocultivos de la caña de azúcar y la palma africana para producir agro combustibles. Es decir, la llegada de Valencia a esta cartera servirá para impulsar las Zidres y coadyuvar, en buena medida, a ralentizar los procesos administrativos que desde esa cartera deberían asegurarse con miras a consolidar el proceso de implementación de lo acordado en La Habana y firmado en el teatro Colón (Acuerdo Final II). De igual manera, su cartera podría facilitar procesos de concentración de la tierra en pocas manos, y acciones conducentes a correr la cerca urbana para irle ganando espacio a lo rural (y selvático).

Entre tanto, la elección de Restrepo (Comercio, Industria y Turismo) debe comprenderse en el marco del ya convenido proceso de desindustrialización del país y el mantenimiento de un sector productivo acorde con las aspiraciones de la clase empresarial y las élites dominantes. Es decir, prolongar en el tiempo un débil aparato productivo.

Lo más probable es que las actividades propias de los ministerios de Comercio, Industria y Turismo y Agricultura y Desarrollo Rural choquen con las ideas y propuestas que traiga el ministro Lozano, de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Lo más probable es que el SINA (Sistema Nacional Ambiental) se debilite y que, como sucedió en los tiempos de Uribe, la institucionalidad ambiental[7] se vea menguada o sea subsumida por los intereses corporativos de quienes buscan hacer del turismo ambiental un negocio, cuando saben de antemano que no existe una fuerte infraestructura y  mucho menos hay sólidas instituciones para garantizar que se haga de manera sostenible desde la perspectiva ambiental. No creo que los nuevos ministros de las tres carteras señaladas, se hayan hecho la pregunta de si es posible hacer un turismo ambiental responsable.

En lo que concierne a Ricardo Lozano[8], el nuevo jefe de la cartera ambiental, su perfil de geólogo y el venir del  Centro Nacional del Agua de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), sugieren que tendrá la capacidad académica para discutir temas álgidos como el fracking y la sobre explotación del agua, en particular la que hacen sectores agroindustriales como la caña de azúcar y los arroceros. No sería extraño que mantuviera los privilegios que en esta materia tienen los señalados sectores económicos y la poca vigilancia que las CAR hacen a las actividades desarrolladas por ingenios azucareros y las empresas arroceras colombianas.

La llegada de Angulo a la cartera de Educación simplemente es consistente con la política de debilitamiento de la educación pública. Que venga de la Secretaría de Educación de Bogotá, en la administración de Peñalosa, es un claro indicador de que llegará a la cartera a mantener las condiciones presupuestales y de calidad de la educación de acuerdo con el proyecto de país que encarnó Uribe en su momento y del que Duque muy difícilmente tomará distancia. Es decir, no podemos esperar, por ejemplo, una propuesta de “revolución educativa” de parte de la nueva ministra. Por el contrario, podemos esperar el debilitamiento de la educación pública y el consecuente fortalecimiento de la privada.  

En cuanto al ministro de Salud, no hay que pensar en que el sistema de salud cambiará radicalmente en pro de garantizar la prestación de un servicio de calidad y los derechos de los pacientes. Ojalá se mantengan la política de control y de intervención a los precios de medicamentos esenciales desarrollada por el ministro Gaviria, en la presidencia de Juan Manuel Santos (2010-2018). Imagino un dialogo gremial conducente a monopolizar la prestación de los servicios, a través de dos grandes EPS.

La designación del economista guajiro, Jonathan Malagón, como ministro de Vivienda, confirma el talante tecnocrático-privado-empresarial con el que Duque busca conformar su equipo de gobierno. Muy seguramente su gestión estará dedicada a mantener las condiciones del mercado y las institucionales para un sector productivo importante para la economía del país. Eso sí, no creo que el nuevo ministro asuma con actitud crítica el análisis del crecimiento desordenado  de las ciudades y el avance de un urbanismo que va corriendo las fronteras de lo rural y por esa vía, provocando un (re) ordenamiento del territorio sobre la base de un crecimiento extensivo de las urbes y la consolidación del espíritu especulativo con el que latifundistas, finqueros y ganaderos mantienen sus propiedades rurales. Todo lo anterior, sin el menor asomo de preocupaciones o de consideraciones ambientales y de cuidado de la biodiversidad. 

Acerca de la elección de Gloria Alonso Másmela como  directora del Departamento de Planeación Nacional, hay que señalar que su perfil técnico poco o nada cambiará la lógica con la que viene funcionando dicha entidad. Huelga decir que el DNP no ha estado en los grandes debates sobre el desarrollo del país. ¿Acaso ha servido el Departamento de Planeación Nacional como faro para discutir el proceso de desindustrialización del país? Será capaz la directora de acompañar el debate nacional que recién propuso, sobre el tema de la tierra en Colombia, el actual director de la Agencia Nacional de Tierras, Miguel Samper[9]?

Después de especulaciones mediáticas, se confirmó el nombramiento de Guillermo Botero como  ministro de Defensa. Quien fuera por varios años el presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), orientará una de las carteras ministeriales más importantes. Botero es detractor y enemigo del proceso de paz con las Farc, situación que no solo lo acercaba a Uribe Vélez, sino a un amplio sector de los militares que no acompañaron los diálogos de paz y el sentido de la negociación, a pesar de los beneficios que la JEP otorgó y otorgará a oficiales y suboficiales comprometidos con la muerte de civiles (Falsos Positivos). Su elección se entiende como una acción de agradecimiento del ex presidente Uribe hacia quien desde esa instancia de poder, apoyó su política económica.

Su evidente desconocimiento del tema de la seguridad nacional y de la operación de la Fuerza Pública, le hará fácil la tarea a aquellos sectores de las fuerzas militares que no solo no acompañaron el proceso de paz con las Farc, sino que estarían dispuestos a facilitar las condiciones para que se dé el 'renacimiento' de las Farc, o para que las GAO (Grupos Armados Organizados) se extiendan y se consoliden territorialmente. Y todos sabemos que la mejor forma de hacerlo es evitar u omitir operaciones militares o, por el contrario, extenderlas en el tiempo para así mantener la presión presupuestal hacia un gobierno que hará todo para mantener la lógica y los principios de la doctrina de seguridad nacional. Romper el proceso de diálogo con el ELN sería una acción que confirmaría dicho objetivo. Lo dicho horas después de confirmarse públicamente su nombramiento, Botero señaló que “las protestas sociales hay que reglamentarlas”[10]. En lugar de expresar su preocupación por el sistemático asesinato de líderes y lideresas sociales o señalar que liderará una lucha frontal contra las redes, legales e ilegales, de tráfico de armas, el ex presidente de Fenalco, claramente exhibe su clara animadversión contra todo lo que huela a protesta social y reclamación de derechos.

Como se puede observar, los nombramientos del equipo ministerial de Duque confirman el talante del nuevo gobierno. Esto es, más de lo mismo. Con Duque, el viejo Régimen[11] recuperó el poder, lo que significa mantener las condiciones morales, éticas e institucionales de un país manejado por una élite que jamás tuvo un proyecto de nación. Ahora lo difícil es saber si será posible arrebatárselo en el 2022. 

Es posible colegir que de las designaciones ministeriales, por lo menos en cuatro, el ex presidente Uribe metió sus manos y usó a su favor su condición de jefe político y mentor del electo Presidente. Su injerencia se daría en la elección de la ministra del Interior, en la del ministro de la Defensa, y en las designaciones en las carteras de Hacienda y Cultura.

Nota: después de cerrar esta columna, se conocieron los nombramientos en las carteras de Minas y Energía y Justicia. Para la primera, fue designada María Fernanda Suárez; y para la segunda, Gloria María Borrero.



[1] Lewkowicz, I. (2006). Pensar sin Estado. La subjetividad en la era de la fluidez. Paidós, Argentina. p. 31.
[8] Su condición u orientación sexual no se puede entender como una decisión política de Duque en el marco del respeto a lo que se conoce como la comunidad LGTBI. Habrá que esperar en dónde ubica el presidente electo a los homofóbicos Alejandro Ordóñez Maldonado  y Vivian Morales.
[9] Se dieron muchos debates en el interior del gobierno, pero creo que llegó el momento de que los debates se den hacia afuera, un debate nacional sobre la tierra. No me cabe la menor duda, por todas las dificultades que se presentan en territorio y las aristas que tiene este tema, que se requiere una reforma a la ley de tierras como lo recomendó en su momento la Misión Rural. Esa debería ser una de las prioridades del gobierno entrante, hacer esa modificación, y que la inversión en el campo sea integral porque la tierra sola no sirve, tiene que estar acompasada con las medidas del desarrollo rural, tener una visión de que en ciertos territorios sirve hacer una reforma rural integral, en otros tal vez sirve hacer proyectos agroindustriales. Estamos convencidos de que en esta tierra tenemos que caber todos y esa es la visión que se debería imprimir en la nueva ley de tierras. Tomado de: Véase: https://colombia2020.elespectador.com/pais/se-necesita-un-gran-debate-nacional-sobre-las-tierras-miguel-samper








Imagen tomada de la revista Semana.com



lunes, 9 de julio de 2018

ESTATUTO DE LA OPOSICIÓN Y PERIODISMO EN COLOMBIA


Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo


Debieron pasar 27 años desde la promulgación de la Carta Política de 1991 y que se firmara el tratado de paz con el que se puso fin al conflicto armado entre el Estado y las Farc, para que la restringida y formal democracia colombiana pudiera ofrecer y exhibir un Estatuto de la Oposición; eso sí, un estatuto a la medida del régimen democrático y de acuerdo con la empobrecida cultura democrática que por años han activado quienes al triunfar en las elecciones, saben que se trata de una victoria que otorga derechos ilimitados, que terminan aplastando a todo aquello que huela a crítica y a oposición política.

A pesar de todo, es un logro del proceso de paz adelantado en La Habana  y un reto cultural tanto para el Establecimiento, como para aquellos que harán oposición. Eso sí, no será fácil garantizar los derechos a aquellas fuerzas políticas que abierta y formalmente se declaren en oposición al gobierno de Iván Duque[1], en lo nacional, y a todos los gobiernos en los ámbitos regional y local que se elegirán en el 2019.

Que el Estatuto de la Oposición es un pequeño avance, por supuesto. Que se pudo lograr más, también es cierto. Pero hoy es una realidad y lo que realmente queda es aprovechar su existencia y potenciar a las fuerzas políticas que decididamente se instalen en esa acción y actitud política, que claramente deberá beneficiar a la democracia, a la opinión pública y a la sociedad en general.

Eso sí, hay factores, actores y circunstancias contextuales que harán difícil la tarea a los partidos y a  los grupos y movimientos sociales con vocación política que se declaren en oposición. En primer lugar, la baja cultura política, la debilidad manifiesta de los partidos políticos, el empobrecimiento de la Política, no pensada y asumida por los políticos profesionales como el mecanismo o el camino para alcanzar el bienestar de la sociedad y la felicidad de los individuos. 

Se suman, el ethos mafioso[2] que se entronizó en el país a partir de 2002 y con este, las prácticas corruptas de funcionarios estatales y agentes privados que, en contubernio, han cooptado y capturado el Estado para garantizar sus mezquinos intereses y los de la clase dirigente (empresarios, industriales y banqueros) que los patrocina y sostiene; extienden la lista, la posibilidad de que los opositores sean asesinados por las sempiternas “fuerzas oscuras”, instaladas y promovidas por ese “Doble Estado”[3] que existe en Colombia. Así las cosas, es posible que a los crímenes de reclamantes de tierras, de defensores del medio ambiente y recientemente, de líderes y lideresas que acompañaron la campaña presidencial de Petro, se sumen los de aquellos que se declaren en oposición política.

Además de lo anterior, la Oposición necesitará de una institucionalidad que garantice su operación y sus derechos. Y es claro que subsiste, a todo nivel, una débil institucionalidad que hace que los procedimientos terminen reducidos a los caprichos de un mando medio que suele entorpecer las decisiones, los consensos, las garantías y los derechos consagrados en las leyes.

Por ese camino, no bastará con que exista una norma que dé vida y garantías a la oposición política en Colombia. De allí que huelga recordar al pensador Gianfranco Pasquino, quien señaló en su libro La oposición, que “cuando el país tenga una vida social dinámica y competitiva, hecha de un pluralismo asociativo amplio y articulado, no sometido a los partidos, su oposición social será fuerte y vigorosa. Finalmente, si el país dispone de un sistema institucional bien trabado, dispondrá también de una oposición parlamentaria capaz de cumplir con eficacia  su cometido control, crítica y propuesta. Y si el poder político está distribuido <<por las ramas>> y no concentrado en las cimas político- burocráticas, la oposición estará también en condiciones  de gobernar algunas autonomías locales, liberar sinergias y entrar en una competición de resultados no establecidos previamente, aunque desequilibrada de partida, con la capacidad y el rendimiento del gobierno nacional. Como es lógico, la oposición resulta eficaz y se convierte en alternativa concreta allí donde consigue  una presencia social, una difusión cultural y un papel político-parlamentario…Cuando el país cuente con un sistema de medios de comunicación libres, independientes y profesionalizados, su oposición cultural encontrará espacios para expresarse, instrumentos para comunicar y vehículos para informar[4].

Frente al papel de los medios, hay que decir que en Colombia la Gran Prensa es afecta, cercana e incondicional al Régimen y sus periodistas suelen comportarse como agentes incorporados[5] y canales legitimadores. Será un reto político y periodístico cumplir con lo estipulado en la ley. Los periodistas deben asumir el derecho a la réplica  más allá del principio periodístico que es connatural al ejercicio de informar. Lo deben asumir como la oportunidad de encontrar  y esculcar, con criterio, las razones por las cuales el régimen miente, difama y confronta a la Oposición.

Sea esta la oportunidad para cambiar la cultura política en Colombia, en especial, tratar de proscribir las prácticas  mafiosas que de tiempo atrás se naturalizaron. 





viernes, 6 de julio de 2018

ESCENARIOS DE POSCONFLICTO EN COLOMBIA: ¿RECONSTRUCCIÓN O REDIRECCIONAMIENTO?

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

Es posible que las esperanzas que hoy débilmente gravitan alrededor del proceso de paz que se adelanta en La Habana, en la perspectiva de que se firme la paz con las Farc, tenga a muchos pensando en la aparición rápida y casi que natural de escenarios de posconflicto. 

Creo que es hora de que entremos en la discusión, tratando de pensar qué es eso de los escenarios de posconflicto, para un país como Colombia con dificultades históricas y jurídico-políticas para reconocer y enfrentar la existencia de un conflicto armado, de una guerra interna de más 50 años.

Antes, es clave reconocer un elemento categórico en la idea del posconflicto: la reconstrucción. Es decir, la posguerra es, en sí misma, un estadio en el que la reconstrucción física (infraestructura afectada), política, económica y cultural (ética y moral) deviene como un proceso normal y esperado no sólo por los combatientes, sino por la sociedad que en general reconoce los graves efectos dejados por la guerra y desea claramente, pasar la página de una larga confrontación armada.

Para el caso colombiano, en donde el Estado no ha colapsado como consecuencia de la guerra interna, el posconflicto adquiere unas dimensiones particulares. Y es así, porque dada la dinámica de un conflicto irregular, el mismo Estado repara a diario la infraestructura golpeada por los grupos al margen de la ley. Es más, en medio de una guerra interna de más de 50 años, Colombia, como país, ha logrado crecer económicamente y mantiene efectivas transacciones con el sistema financiero internacional y con las dinámicas de un mercado globalizado.

¿Qué hay entonces, por reconstruir en Colombia de llegarse a firmar la paz con los grupos al margen de la ley que enfrentan al Estado desde hace décadas? Más allá de esa idea, lo que debe dejar años y años de guerra interna no es en sí misma una reconstrucción física y económica del país, sino el redireccionamiento de una Nación y de un Estado, que como ideales, exhiben problemas graves de expresión y funcionamiento no sólo como consecuencia de 50 años de guerra interna, sino como causa del levantamiento armado.

Así las cosas, el posconflicto se debe entender como la posibilidad y la necesidad de repensar a Colombia, en la idea de someter a la Nación y al Estado a un fuerte proceso de redireccionamiento, que les permita a los colombianos edificar un país posible y viable.

Enumeraré seis elementos que podrían hacer parte de ese gran escenario de posconflicto que se espera que el país y la sociedad colombianas diseñen y recorran, una vez se firme la paz con los grupos al margen de la ley que desconocen la autoridad del Estadio y que lo combaten militar y políticamente.

El primero, la revisión del orden social y político, en aras de hacer confluir lo imaginado y prescrito en la Carta Política, con las dinámicas políticas, sociales y culturales que ese orden irradia y emana hacia quienes viven dentro del territorio nacional y guían, de muchas maneras, los destinos de la Nación. Ello implica hacer ingentes esfuerzos institucionales para consolidar el Estado, aceptando no sólo su debilidad y precariedad, sino sometiéndolo a procesos propios de reingeniería, política y administrativa, con el propósito claro de desmontar las redes mafiosas que lo han cooptado de tiempo atrás.

Lo anterior amerita la constitución de un nuevo pacto social, pensado más allá de la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. Pacto que supone la revisión crítica del sistema político, del sistema de partidos, pero por sobre todo, del actual modelo político de regionalización. Un país de países como Colombia exige la discusión de un modelo federal que remplace el modelo de república centralizada que hoy subsiste en Colombia.

El segundo elemento tiene que ver con el agenciamiento de una política post bélica que vaya más allá de enfrentar los frentes guerrilleros que muy seguramente quedarán por fuera de la negociación, y se asuma la violencia urbana que producen bandas criminales y pandillas, entre otros fenómenos y focos de inseguridad y violencia, como un asunto político que obligue al Estado a enfrentarlos superando el carácter policivo con el que suelen asumirse dichos fenómenos.

De igual forma, esa política posbélica debe contener una nueva idea de la seguridad nacional y de sus formas de expresión, a través de las actuaciones de la fuerza pública. Una doctrina de seguridad que realmente asegure que las fuerzas armadas estén sometidas al poder civil y que actúen bajo criterios compartidos que haga pensar en una sola organización militar, monolítica y guiada por el bien común, que borren totalmente, el espíritu paramilitar que se enquistó en varias unidades de combate.

Es importante, en esa medida, reducir el número de efectivos a proporciones adecuadas, asegurar el bienestar social y económico de los combatientes. Finalmente, lo que debe garantizarse es que las fuerzas militares se dediquen al cumplimiento de funciones de control fronterizo.

El tercer elemento tiene que ver con la revisión a fondo del modelo económico. El ajuste de este factor debe hacerse de acuerdo con las demandas ciudadanas y las históricas condiciones de inequidad, pobreza y exclusión que se evidencian en Colombia. La redistribución de la riqueza y la puesta en marcha de un proceso de neo industrialización pueden ayudar a aclimatar ese soñado escenario de posconflicto.   

Lo anterior implicaría revisar a fondo las maneras como el país se viene insertando en un dinámico proceso de globalización, basado en viejas formas de dominación y en relaciones asimétricas entre Norte y Sur, hoy invisibilizadas por fuerzas del mercado y en particular, por  el consumo y la especulación financiera.

El cuarto elemento tiene que ver con la necesidad de modificar el modelo educativo y con él, la cultura política de los colombianos. Hay claras evidencias de la presencia de un ethos mafioso con el cual los ciudadanos transan con autoridades estatales y privadas, en una suerte de ‘cultura del atajo’ y del ‘todo vale’ que borra las fronteras entre lo legal y lo ilegal, entre lo legítimo y lo ilegítimo, entre lo correcto y lo incorrecto. Debe sumarse a esa nueva cultura que se promueve en ambientes educativos, públicos y privados, la urgente necesidad de modificar los imaginarios alrededor de lo masculino, sobre la base del desmonte progresivo de la sociedad patriarcal y machista que hoy subiste en Colombia.

Un quinto elemento que resulta clave tiene que ver con los movimientos sociales, prácticamente abolidos de la discusión pública de asuntos públicos, bien por la presencia otoñal de las guerrillas y por la persecución oficial. Es urgente que desde el Estado, desde las universidades y desde todos los actores sociales de la sociedad civil, se promueva la creación de sindicatos y de movimientos sociales que aporten a la ampliación de la participación política y de una cultura política sostenida en claras ideas de lo que debe ser el bien común.

Y finalmente, un sexto elemento guarda relación con el ejercicio periodístico. La concentración de medios de comunicación cierra todas las posibilidades para asegurar la pluralidad de pensamiento. El unanimismo ideológico y político que acompaña hoy en Colombia al ejercicio periodístico, empobrece la democracia. Es urgente una política pública que otorgue de verdad, a medios y periodistas, el papel vigilante que demanda un país que necesita reconstruirse moral y éticamente en escenarios de posconflicto. Escenarios estos que justamente se sostengan sobre otras formas de entender lo público y en acciones ciudadanas alrededor de lo que es lo correcto y de una ética pública que modifique las relaciones entre el Estado y la sociedad.

Así las cosas, firmar la paz con las Farc será apenas el preámbulo de un largo proceso de reconstrucción moral, ético, político, económico y social, que no sólo requiere del silenciamiento de los fusiles, sino del concurso de quienes hoy, desde diversas instancias militares y políticas se han declarado enemigos del proceso de negociación que se lleva a cabo en La Habana, Cuba.

jueves, 5 de julio de 2018

¿QUÉ HACER?


Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo


La pregunta que da vida al titular de esta columna, nace de la impotencia que se siente al contar y al ver en la distancia los sistemáticos asesinatos de lideresas y líderes, reclamantes de tierras, defensores de derechos humanos y del medio ambiente y simpatizantes de Izquierda y de la Colombia Humana. Muchos se preguntan: ¿qué se puede hacer?

Aparte de condenar en redes sociales, hacer plantones, marchar y exigirle al Estado acciones concretas conducentes a detener este bien planeado exterminio de ciudadanos incómodos para sectores de poder militar, económico y político, considero que es muy poco lo que se puede hacer. Explico.

En otras columnas he señalado que en Colombia hay un “Doble Estado”[1]. Es decir, coexisten y cohabitan la legalidad y la ilegalidad dentro de lo que se conoce como el Estado colombiano. Es más: los Presidentes en Colombia tienen el control de una cara del Estado. La otra cara de ese mismo Estado es manejada por mafias y grupos de poder que establecen finas relaciones con agentes estatales instalados en sectores estratégicos del poder militar y político. Hay varias circunstancias y hechos que bien podrían corroborar aquella sentencia.

El genocidio de más de 4.000 miembros y simpatizantes de la Unión Patriótica es el más claro ejemplo de la existencia de un “Doble Estado” en Colombia. Es claro que de esa campaña de exterminio participaron militares, policías, agentes de seguridad del Estado, del propio DAS y por supuesto, agentes de poder económico y político.  Unos por acción directa y otros, por omisión. Eso sí, hay que señalar que dentro de estos cuerpos armados y de seguridad estatal hay gente honorable que jamás participaría de crímenes y de actos impropios.

De igual manera, los crímenes de Álvaro Gómez Hurtado, Luis Carlos Galán Sarmiento, Bernardo Jaramillo Ossa, y Carlos Pizarro Leóngomez, entre otros, confirman que en Colombia hay un “Doble Estado”. En particular los casos de los magnicidios de Gómez y Galán, dan cuenta de esa circunstancia que deviene histórica. Y es así porque a pesar de hacer parte del Establecimiento, fueron señalados como incómodos por sectores de poder, legal e ilegal, que de manera coordinada decidieron que lo mejor era asesinarlos. Se trató de operativos planeados y consensuados entre grupos de poder económico, político y militar, que están por encima de los tres poderes públicos. Los momentos históricos también definieron la suerte de los dos políticos asesinados.

El desmonte de este “Doble Estado” es casi imposible, debido a que el Establecimiento necesita de dichas estructuras para mantenerse, en especial cuando aparecen líderes carismáticos que buscan cambiar las lógicas del poder y de la política, como en el caso de Galán; o aquellos que, como Gómez Hurtado, quien en las complejas circunstancias del Proceso 8.000 y la crisis de gobernabilidad del gobierno de Samper, vio con simpatía el proyecto político que le plantearon militares y la propia Embajada de los Estados Unidos, para sacar de la Casa de Nariño al Presidente que el cartel de Cali ayudó a elegir.

Pero hay otras circunstancias que me hacen pensar en que es muy poco lo que se puede hacer. No conozco política pública alguna diseñada y aplicada por las fuerzas de seguridad del Estado que tenga por objetivo acabar con el tráfico de armas y por esa vía, lograr que el monopolio de las mismas esté en el Estado. Es más, nunca he escuchado que ese sea un objetivo estratégico de ningún Gobierno.  Me pregunto: ¿de dónde salen las armas con las que fueron  asesinados más de 200 líderes, lideresas y miembros de comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas? ¿Quién las provee? ¿Se trata de armas amparadas por particulares? ¿ Se trata de armas oficiales? ¿Se trata de armas que ya habían sido decomisadas y que por arte de birlibirloque nuevamente, alguna autoridad las puso a circular? ¿Qué tan difícil resulta desmantelar las redes de traficantes de armas? ¿Es suficiente con desarticularlas, cuando dentro del Estado hay intereses en mantenerlas activas? ¿Qué tipo de control existen para las armas que son decomisadas a diario? ¿Quién las maneja, la Policía, el Ejército? Sería interesante solicitar a la ONU una misión de vigilancia al material bélico decomisado y a las armas incautadas por las propias autoridades.

Pero hay más. En buena medida, los crímenes selectivos que vienen ocurriendo desde 2016 contra lideresas y líderes, están amparados y “justificados” por la histórica animadversión que sectores poblacionales, agentes de la sociedad civil y funcionarios estatales sienten y profesan contra ciudadanos alinderados a la Izquierda o aquellos que exhiben posturas críticas frente  al modelo de desarrollo extractivo o que deciden enfrentar a mafias de distinto pelambre. Es más, hay sectores de la sociedad urbana colombiana que ven con desdén la vida de campesinos, indígenas y afrocolombianos, lo que se convierte en un motivo para asesinarlos y desplazarlos.

Desmontar ese “Doble Estado” necesita del compromiso de cada comandante militar y policial, al igual que del propio Presidente de la República, ministros, directores de los Partidos Políticos y los políticos profesionales. A los que se deben de sumar los grandes ricos, banqueros, industriales y los agentes de la sociedad civil que a diario salen en los medios. Y por supuesto, el grueso de la sociedad.

Todos deben asumir el compromiso de defender la Vida por encima de cualquier consideración política e ideológica. Ese mensaje debe ir acompañado de acciones concretas al interior de los organismos de seguridad y la Fuerza Pública, como mejorar los filtros de reclutamiento de agentes, suboficiales y oficiales y sobre todo, acciones de contrainteligencia que permitan reconocer, vigilar y desmantelar las estructuras mafiosas que muy seguramente funcionan en su interior y que estarían comprometidas, por acción u omisión, en los crímenes que por estos días condenamos.  

En los crímenes de las últimas horas hay un objetivo social y político. Con el asesinato de Ana María Cortés, secretaria de la campaña de la Colombia Humana en Cáceres, Antioquia, se pone de manifiesto la estrategia de los sectores de poder que están detrás de este crimen: meter miedo en las bases sociales de la Izquierda y de los progresistas que acompañaron a Gustavo Petro en su pasada campaña presidencial. El mensaje es claro: evitar, a toda costa, que la Colombia Humana se consolide de cara a las elecciones regionales en 2019 y a la presidencial en 2022.

Si estos móviles políticos se confirman, muy probablemente los asesinatos, persecuciones  y los hostigamientos continuarán. Hay que estar alerta y atentos.







miércoles, 4 de julio de 2018

A PROPÓSITO DE LA ELIMINACIÓN Y DE LOS ELIMINADOS


Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

Debido al “duelo nacional” por la eliminación de la Selección Colombia de Fútbol de Mayores del Mundial de Rusia (2018) y a los asesinatos sistemáticos de líderes y lideresas sociales, medioambientales y reclamantes de tierras, decidí recuperar una columna[1] que escribí el 2 de diciembre de 2016. Si bien los hechos que motivaron la redacción de dicha columna son diferentes a los que hoy ocupan a la opinión pública y a la Gran Prensa futboleras, estos comparten una misma circunstancia social y psicológica: la selectiva solidaridad que exhiben los colombianos cuando se trata de acompañar a las víctimas de la violencia política (paramilitar) que se resiste a desaparecer en Colombia, a pesar del proceso de paz adelantado entre el Gobierno de Santos y las Farc.

Hoy, hay drama por la eliminación del combinado nacional, como lo hubo en su momento cuando el pueblo futbolero se lamentó por la lesión del delantero, Radamel Falcao García[2]. Pero subsiste poco interés mediático, gubernamental y social por la empresa criminal, estatal y privada que está detrás de la muerte de más de un centenar de líderes y lideresas desde 2016.

Recupero esta columna con el propósito de llamar la atención de aquellos sectores sociales a los que les duele más la pérdida de un partido de fútbol, que la vida de cientos de compatriotas asesinados con la anuencia del Estado. Es claro que como sociedad debemos revisar muy bien el lugar que le damos al fútbol, frente al que le damos a la vida y a la imperiosa necesidad de asumirnos como ciudadanos solidarios y críticos de un Régimen de poder que coadyuva a la desaparición física y cultural de indígenas, afro colombianos y campesinos.


El escenario no podía resultar más conmovedor: el estadio Atanasio Girardot, de Medellín, Colombia, repleto de hinchas del fútbol, afligidos y en franca actitud de  acompañamiento a los familiares de los jugadores del equipo que enfrentaría al Atlético Nacional, en el primer partido de la final (Copa Sudamericana), y que murieron en el siniestro aéreo registrado muy cerca del aeropuerto de Rionegro.

Resulta difícil no conmoverse ante semejante tragedia: un avión, en el que viajaba el equipo de fútbol Chapecoense, del Brasil, se precipitó a tierra, con el saldo trágico que la opinión pública, nacional e internacional, ya conoce.

La convocatoria a honrar, masivamente, la vida de los jugadores que murieron en el siniestro aéreo, se explica por el lugar que le hemos dado al fútbol, como deporte espectáculo. Anclado en lo más profundo de las entrañas de millones de colombianos, el fútbol convoca, atrae, distrae, mueve y conmueve a las masas, aupadas, claro está, por la fuerza arrolladora y enceguecedora de los Medios masivos. Hasta allí una simple constatación cultural.

En cualquier circunstancia en la que la muerte se presente ante nosotros, a través de los Medios masivos, queremos saber quién murió, cómo murió y por qué murió. Pero ello no se traduce, inexorablemente, en que el insuceso de expiración de la vida, registrado bajo la selectiva lógica noticiosa, haga que pasemos de la curiosidad, a la solidaridad.

Prueba de lo anterior es el asesinato selectivo de líderes sociales, indígenas, campesinos,  defensores de derechos humanos y del medio ambiente, así como de reclamantes de tierras y militantes de Marcha Patriótica. La cifra da cuenta de más 70 ciudadanos asesinados, solo en 2016.  A pesar del registro noticioso y de la preocupación expresada del actual Gobierno, las demostraciones de solidaridad no alcanzan ni para llenar una plaza pública. Y mucho menos, para llenar un estadio de fútbol. He allí otra simple constatación cultural.

Me pregunto: ¿por qué resulta tan aparentemente fácil llenar un estadio de fútbol (con cerca de 40 mil personas) para rendir homenaje a los jugadores que perecieron a su llegada a Medellín y tan relativamente difícil movilizarnos para defender la vida de compatriotas que sobreviven en difíciles condiciones de vida, por la constante amenaza de grupos al margen de la ley, en el contexto de un degradado conflicto armado y de prácticas infames de múltiples violencias?

Intentaré responderme el interrogante. En primer lugar, como ya se dijo líneas atrás, el lugar preponderante que en nuestras vidas le hemos dado al fútbol, hace que reduzcamos nuestra capacidad de asombro y las respuestas solidarias, a todo lo que tenga relación directa con esa disciplina deportiva y deporte espectáculo. Así entonces, la pasión por el fútbol serviría de coraza social y política no solo para protegernos de los problemas de violencia que a diario vive el país, sino para no reconocer las dimensiones sociales, económicas, étnicas y políticas que subyacen a esas múltiples violencias que exhibe Colombia históricamente.

En segundo lugar, la solidaria y masiva respuesta de la gente del fútbol, de Medellín y de otras ciudades, se entiende por el adolorido cubrimiento periodístico-noticioso de unas empresas mediáticas que saben explotar económicamente la pasión por el fútbol, cada que juega la selección Colombia de Mayores y en las transmisiones de los partidos del rentado nacional. De allí que del cubrimiento noticioso se pueda colegir lo siguiente: ¡es que se murió un equipo de fútbol¡ y además, ¡iba a enfrentar una final con el Nacional, el Rey de Copas¡   Es una verdadera tragedia, ¡porque el fútbol no tiene fronteras¡ Al parecer, nada ni nadie más importante que la vida de los jugadores de fútbol. Muchos elevaron a los jugadores fallecidos al estatus de Héroes, vencidos, eso sí, por la fatalidad. El calificativo, claro está, no alcanzó para el resto de los ocupantes de la aeronave siniestrada.

Y en tercer y último lugar, podría explicarse la masiva reacción de dolor y de solidaridad en momentos de dolor, porque cuando amplificamos nuestra condición de Hinchas del Fútbol, identitariamente borramos a todos aquellos grupos humanos que histórica y sistemáticamente han sido víctimas del acoso de los actores armados, en el marco de un degradado conflicto armado interno. Lo anterior se alimenta por una no declarada animadversión que como citadinos sentimos y profesamos contra todos aquellos que sobreviven en el sector rural: afrocolombianos, campesinos e indígenas, símbolos del atraso, de la pereza y de la malicia de ese país que nos avergüenza.


Adenda: paz en la tumba para todas las personas que viajaban en el avión siniestrado. Y para todos, recordarles que la muerte es una certeza y que la vida es un sinuoso camino lleno de incertidumbres y avatares, que termina cuando llega la hora de partir. Lo demás, son veleidades, discursos y justificaciones.







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