Nueva Publicación: Investigación sobre dos asentamientos informales de la ciudad de Cali. 2018

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2 asentamientos: Los Samanes del Cauca y Navarro, ubicados en el jarillón del río Cauca.

NUEVA PUBLICACIÓN. PERIODISMO Y DESPLAZAMIENTO FORZOSO EN COLOMBIA.

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Resultado de un proceso investigativo, este libro en coautoría da cuenta del tratamiento periodístico dado por el Diario El País de Cali, a los hechos y circunstancias que hicieron posible el desplazamiento forzado en Colombia y la aparición de la categoría Desplazados. 2016

jueves, 6 de abril de 2017

¿PALACIO A LA JEP?

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social- periodista y politólogo

Permitir que los casos de Diego Palacio y los de otros ex funcionarios de la administración de Uribe Vélez lleguen a la JEP, es facilitarle el trabajo que el Centro Democrático (CD) y otros sectores de poder emprenderán para deslegitimar dicha jurisdicción, reduciendo su origen y talante eminentemente jurídico, a un carácter político.

La probada compra de la reelección presidencial que permitió que Uribe (2002- 2010) extendiera su mandado hasta el 2010 (buscó quedarse otro período), obedece a una práctica corrupta que dio origen a lo que el país conoció como la “yidispolítica”. La condena proferida por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en contra de Diego Palacio no debería ser de conocimiento de los magistrados de la JEP, en tanto que en razón y en el contexto del conflicto armado interno no se puede justificar la comisión del delito de cohecho en el que están comprometidos Palacio y otros ex ministros, y la también condenada, la ex congresista Yidis Medina.

Según se colige de la carta enviada por Palacio al Secretario General de la JEP, el ex ministro insiste en su inocencia y espera una segunda instancia que pueda revisar la sentencia proferida por la CSJ y reversar dicho fallo condenatorio. Resulta inaceptable que el condenado ex funcionario de Uribe Vélez pretenda que la Jurisdicción Especial para la Paz funja como una especie de corte de revisión y/o instancia de casación de lo que es un abierto y probado caso de corrupción política.

En su carta, Palacio señala que existe una conexión natural entre la PDSD (Política de Defensa y Seguridad Democrática), su continuidad a través de la reelección de Uribe Vélez, su mentor, y el devenir del conflicto armado interno, en la medida en que gracias a su aplicación, los hechos bélicos se escalaron, se profundizó el desplazamiento forzado, aumentaron los “falsos positivos” y se degradó el conflicto armado, todo en el marco del objetivo estratégico (con un carácter vindicativo por parte de Uribe) de eliminar militarmente a las Farc. En la misiva del ex ministro, se lee que la reelección… tenía como pilar fundamental y principal motivador la continuidad de la Política de Seguridad Democrática, eje central de su plataforma (2006-2010) la cual integraba una serie de medidas que impactaban directamente el desarrollo de la lucha contra grupos armados[1].

Lo que olvida Diego Palacio es que el documento jurídico-político que dio vida a dicha política pública y justificó la acción militar del Estado para acabar militarmente con las guerrillas (en especial, con las Farc) no se reconoce la existencia del conflicto armado y por el contrario, se reducen las acciones armadas de la subversión a una amenaza terrorista. De esa forma, Uribe, su gobierno y por lo tanto sus altos funcionarios, desconocieron los derechos de las víctimas, así como invalidaron la tesis histórica que señala que el Estado y las guerrillas son actores políticos armados enfrentados de tiempo atrás por el control del territorio y la conquista de la población civil. 

Quizás, entonces, el magistrado que revise la solicitud elevada por Palacio encuentre en dicha contradicción, conceptual y política, y en el hecho punible por el que fue condenado el solicitante, razones para impedir que a la JEP lleguen asuntos y casos de corrupción que claramente afectarían la imagen y el carácter jurídico que los negociadores del Gobierno y las propias Farc le dieron a dicha jurisdicción  en el Acuerdo Final.   

El argumento que esgrime Diego Palacio es deleznable en la medida en que Uribe y las fuerzas estatales actuaron militarmente no para reducir o para someter a las fuerzas subversivas, sino a unos terroristas. En esa línea, pretender conectar la espuria reelección de Uribe con el devenir del conflicto y en particular con la "necesidad" de acabar con las Farc resulta un exabrupto jurídico-político dado que se desconoció el estatus político de las guerrillas, el origen social, económico y político del conflicto armado interno y por esa vía, se concluye que las decisiones militares adoptadas durante el mandato de Uribe estuvieron siempre alejadas del propósito u objetivo del que habla Palacio al aludir a la imperiosa necesidad de extender cuatro años más la aplicación de la Política de Seguridad Democrática.

Concuerdo con la posición editorial asumida por EL ESPECTADOR. Señala la nota del diario de los Cano que “Según aclararon los voceros de Palacio, lo que pretende el exfuncionario es que la JEP sirva como una segunda instancia que modifique la sentencia de la Corte Suprema de Justicia. Al respecto, son dos las principales preocupaciones. Primera: no es para nada clara la relación que los hechos por los que fue condenado Palacio pudieran tener con el conflicto armado, embudo para entrar a la JEP. No sobra recordar que la justicia colombiana condenó a la excongresista Yidis Medina por el delito de cohecho al vender su voto para que fuera aprobada en Comisión Primera de Cámara la reelección del expresidente Álvaro Uribe. Éste habría sido comprado con el nombramiento de un gerente para una Empresa Social del Estado, en Barrancabermeja, ofrecido por Palacio. La Corte Suprema encontró suficientes argumentos para dar por probados esos hechos y por eso profirió su condena. Ese argumento, como lo dijimos en su momento, nos parece estirar de manera inadecuada la influencia del conflicto armado. Llevándolo al ridículo, los involucrados por los sobornos de Odebrecht podrían argumentar que el país necesitaba la construcción de vías para que el Estado pudiera llegar a las zonas de conflicto. El filtro que se aplique tiene que ser estricto si se quiere argumentar que la JEP es, en realidad, una justicia excepcional y no un espacio donde cualquiera busque ser liberado. Lo que nos lleva al segundo argumento: si Palacio no tiene en sus planes confesar, ¿qué es lo que le aporta al país a cambio de su eventual libertad? Si en efecto se acepta a la JEP y de nuevo se encuentra como culpable, sabemos que perdería los beneficios y tendría una condena incluso mayor a la que actualmente opera sobre él. ¿De verdad eso es lo que desea? Y, más importante aún, ¿qué tan conveniente es que la JEP sea usada como una segunda instancia cuando su propósito es contarle la verdad al país sobre los casos del conflicto armado? ¿No es eso una perversión oportunista del objetivo para el que fue aprobada? Ya tiene la JEP su primer reto para demostrar que no es un tribunal político. Ojalá no permita que le pongan palos a la rueda de la columna vertebral del posconflicto[2].
Ahora bien, dada la evidente y explicable lealtad de Diego Palacio con el hoy senador Uribe Vélez, bien podríamos pensar que la solicitud del ex ministro hace parte de una muy bien pensada estratagema política del CD y de su líder para deslegitimar una jurisdicción que les preocupa, en la medida en que allí muy seguramente comparecerán militares y otros ex ministros que bien pueden dar cuenta de la responsabilidad política que recae en Uribe y en los consejos de ministros, por aquello de la responsabilidad de mando, en donde se tomaron decisiones militares que de manera directa o indirecta terminaron en la violación de los derechos humanos y en la comisión de delitos de lesa humanidad por parte de agentes del Estado.

Es probable que aparezcan otras solicitudes como la que acaba de elevar a la JEP el ex ministro Diego Palacio. Ojalá no se caiga en el error de convertir la jurisdicción especial para la paz en una instancia para revisar prácticas dolosas y corruptas de quienes usaron las circunstancias del conflicto armado interno para concentrar el poder y debilitar el orden constitucional, al tiempo que desconocieron la naturaleza política de la guerra interna.


Nota de actualización: hoy, 26 de octubre de 2017, se conoce que la CSJ abre la posibilidad de que Palacio vaya a la JEP. Dejo el enlace: http://www.semana.com/on-line/nacion/articulo/diego-palacio-betancourt-puede-ir-a-la-jep-corte-suprema-de-justicia/544947





Imagen tomada de semana.com



[1] Tomado de la carta enviada por  Diego Palacio.
[2] ¿Un soborno por culpa del conflicto? El Espectador. http://www.elespectador.com/opinion/editorial/un-soborno-por-culpa-del-conflicto-articulo-688002  Abril 6 de 2017. 5:48pm.

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